Apuesta del PCE por la soberanía alimentaria: la cuestión es la planificación de la producción-distribución-consumo

Y en esa línea analizábamos, desde la Secretaría Federal de Programa, que el modelo alimentario actual no resuelve la falta de acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente, sino que por el contrario lo agrava. En este momento, en el que convergen no solo crisis económica, sino también ambiental y alimentaria, es imprescindible y más urgente que nunca reclamar la planificación democrática de la economía y nuevas formas de participación obrera en relación a los medios de producción, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y haciendo un cambio significativo que pase por desplazar el punto de partida de la producción desde las políticas de oferta y planear la organización social y económica desde la perspectiva de las políticas de demanda, que contemplen la satisfacción de necesidades de las sociedades que habitan los territorios y planifiquen la economía en función de esas necesidades y en función de los recursos materiales y territoriales disponibles.

De esta forma, abordar la cuestión de la crisis alimentaria desde perspectivas socialistas pasa inevitablemente por abordar e incorporar la cuestión de la soberanía alimentaria.

Por otra parte, señalar que en la esfera de la producción de alimentos, el capitalismo ha generado fuertes desigualdades sociales y territoriales y ha producido fuertes focos de contaminación en el planeta. Desde que la revolución verde llegara en los años 50 para extender el uso de agroquímicos en la agricultura mundial, se ha producido un fenómeno global no sólo de uso de sustancias químicas (con un elevado impacto sobre la salud y el planeta), en forma de fertilizantes y pesticidas en los cultivos, sino también un fenómeno de concentración de la tierra y la generalización del uso intensivo del territorio en grandes superficies de monocultivo, lo que ha producido una pérdida de diversidad de especies vegetales comestibles autóctonas y pérdidas de diversidad local, así como una merma de los bancos de semillas por el uso de monocultivo a través del uso de transgénicos y agrocombustibles, lo que ha provocado una pérdida considerable del poder las comunidades campesinas sobre lo qué comen y como lo producen, alejándose de aquello que defendemos: la soberanía alimentaria.

Todo ello se agrava con la división internacional del trabajo y el diseño del capitalismo global, que ha generado una política de acumulación de territorio a través de conflictos armados y desplazamiento de comunidades campesinas y ha construido un modelo de producción de alimentos en países de la periferia en los que se dan focos de exclusión y pobreza, para producir pocas variedades de cultivos, muy especialmente cultivos transgénicos, que se consumirán preferiblemente en los países enriquecidos, en muchos casos para alimentar al ganado o fabricar agro combustibles.

Frente a todo esto, la soberanía alimentaria apuesta por la agroecología como forma de producción y consumo.

La agroecología se basa en la agricultura que no usa fertilizantes y pesticidas artificiales, es decir, agrotóxicos. Apuesta por un gestión sustentable de la producción agrícola incluyendo la perspectiva de justicia social y trabajo digno y por lo tanto promueve un modelo económico que apuesta por un desarrollo endógeno sobre la base de la gestión de la demanda y la reorganización de la propiedad de la tierra. Es una forma de producir alimentos que se adapta a la realidad territorial y recursos locales y que contribuye al desarrollo de un nuevo modelo productivo, para lo que recupera el valor del trabajo en el sector primario. Es imprescindible que las cuestiones que derivan de la soberanía alimentaria vertebren líneas de acción política dentro de nuestro discurso, todo ello insertado en un esquema de planificación democrática de la economía.

En esta línea encontramos que organismos como la ONU, muy poco sospechosos de izquierdistas, respaldan la agricultura campesina y la agroecología. Así lo constata el resultado de una exhaustiva consulta internacional impulsada por el Banco Mundial en partenariado con la FAO, el PNUD, la UNESCO, representantes de gobiernos, instituciones privadas, científicas, sociales, etc., diseñado como un modelo de consultoría híbrida, que involucró a más de 400 científicos y expertos en alimentación y desarrollo rural durante cuatro años.

Es interesante observar cómo, a pesar de que el informe tenía detrás a estas instituciones, concluía que la producción agroecológica proveía de ingresos alimentarios y monetarios a los más pobres, a la vez que generaba excedentes para el mercado, siendo mejor garante de la seguridad alimentaria que la producción transgénica. El informe del IAASTD (Evaluación Internacional de las Ciencias y Tecnologías Agrícolas para el Desarrollo), publicado a principios de 2009, apostaba por la producción local, campesina y familiar y por la redistribución de las tierras a manos de las comunidades rurales. El informe, por razones obvias, fue rechazado por el agronegocio y archivado por el Banco Mundial.

Más recientemente, en septiembre de este año, encontramos nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que afirma que la agricultura en países ricos y pobres por igual debería alejarse de los monocultivos para impulsar una mayor variedad de cultivos, reducir el uso de fertilizantes y otros insumos, apoyar más a los agricultores en pequeña escala y a enfocar más localmente la producción y el consumo de alimentos. afirma que los métodos industriales de monocultivo no están situando los suficientes alimentos costeables donde son necesarios, mientras crece y se torna insostenible el daño ambiental provocado por este enfoque («Wake up before it is too late. Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate»)

Y en este modelo agroalimentario que defienden grandes multinacionales tienen un papel central los transgénicos , que lleva a un modelo agrícola de altos insumos, altamente dependiente de decisiones externas, y que quita autonomía al agricultor, lo cual resulta totalmente incompatible con el modelo agroecológico que defendemos. La producción agrícola con transgénicos, además de no garantizar un verdadero mayor rendimiento, provoca el deterioro y pérdida de la biodiversidad agrícola, y favorece la privatización y control de las semillas. La experiencia internacional, donde la tecnología de los transgénicos no ha solucionado el hambre ni la pobreza, sino que ha servido para agravar los problemas existentes, desplazando la agricultura familiar.

Por aclarar las posiciones, desde el PCE jamás se ha renunciado a la ciencia y los avances que conlleva, entendemos siempre que la ciencia, como todo, no es neutral y que depende de la clase dominante, que decide en qué y cómo se investiga. Aún así, reconocemos que, en el caso que nos ocupa, el uso de la tecnología recombinante en microorganismos confinados en reactores ha permitido la elaboración de gran cantidad de medicamentos con un claro beneficio social.

Dicho esto, no podemos aceptar el cultivo de especies transgénicas en ambientes no confinados (aire libre). En primer lugar, los transgénicos comercializados hasta ahora no suponen un beneficio social o ambiental. Más bien al contrario. La inmensa mayoría son transgénicos que presentan una o dos de las siguientes características: resistencia al glifosfato y/o producción de la toxina BT contra artrópodos. En el primer caso, ha fomentado el abuso del herbicida, con la consiguiente contaminación de suelos. Ya empieza a haber plantas resistentes al herbicida debido a la alta presión selectiva que produce.

Igualmente pasa con la toxina BT. Utilizada como tratamiento ocasional es inocua para animales no artrópodos, controlándose las plagas de forma efectiva y sin contaminación. El hecho de que una planta transgénica esté produciendo la toxina BT durante todo el tiempo genera tal presión selectiva que a la larga es más que probable la generación insectos resistentes, lo que invalidará el uso de esta toxina en el futuro.

Asimismo, la OMS advierte en su informe 20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados : «no es posible hacer afirmaciones generales sobre la inocuidad de todos los alimentos GM».

El uso de transgénicos, al estar bajo la patente y comercialización de multinacionales, supone dejar un recurso tan vital como los alimentos en manos de unos pocos. Por tanto genera un oligopolio ajeno al control de los pequeños productores y de los consumidores/ciudadanos en general.

Por otra parte, el cultivo de transgénicos en una zona dificulta la producción de cultivos ecológicos en su proximidad, por la dispersión e hibridación del polen.

La ciencia y la investigación responden en demasiados casos, lamentablemente, a intereses económicos muy determinados. De hecho es muy difícil encontrar informes científicos independientes que avalen la inocuidad de los transgénicos, siendo la mayoría de carácter confidencial y financiados por las grandes corporaciones transnacionales. Hace unos meses se presentaba triunfante una variedad de arroz que podía servir como «vacuna» frente al rotavirus, causante de alrededor de 450.000 de muertes de niños menores de 5 años anualmente. Este efecto «vacuna» sólo se mantenía mientras se ingiriera de manera regular el arroz (lo que, entre otras cosas, dejaba fuera de las personas potencialmente beneficiarias a las menores de 6 meses). La noticia podría parecer muy interesante, pero si analizamos un poco más allá el propio artículo de la empresa que lo desarrollaba, podemos leer que es un virus relativamente fácil de curar, para el que existe vacuna y para combatir los síntomas es fundamental la rehidratación. ¿Cuál es el problema entonces? la falta de acceso a vacunas y agua en calidad y cantidad suficiente. La respuesta capitalista no es otra que proponer miles de dólares en estudios para venderles a las comunidades empobrecidas un arroz más caro, liquidando de paso los mercados locales. Y ni rastro de inversión en que el agua sea un derecho humano, ni en garantizar planes de vacunación suficientes.

Desde el PCE, y junto a otros partidos de la izquierda europea y mundial, así como agentes sociales, entendemos que hay motivos suficientes para pedir la moratoria en el cultivo en espacios no confinados de estos cultivos, en virtud del principio de precaución que recoge la Unión Europea. Y abordar la necesidad de reflexionar sobre un modelo agroalimentario con vocación social y ambiental que responda a las necesidades de la sociedad y no a los intereses de unos cuantos.

 

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