Bomberos forestales: está ardiendo todo menos lo que debería arder

200.000 hectáreas calcinadas en cuatro meses, 344.000 hectáreas este año 2025, lo que significa un 0,7 % de la superficie total del país. Más de la mitad del territorio está en llamas, pocas son las comunidades que se libran de las brasas, aunque ninguna de ellas se escapa de la avaricia capitalista que lo arrasa todo con sus feroces fauces de fuego.

En definitiva, camaradas, es la avaricia capitalista la que prende y aviva el fuego mediante la deforestación, las grandes explotaciones latifundistas, la presión inmobiliaria, la privatización de los servicios de limpieza y prevención de incendios forestales y, cómo no, la precarización de los trabajadores del sector y de los medios de trabajo.

Cabe resaltar que, de los 28,4 millones de hectáreas de bosque, es decir, el equivalente al 55% total del territorio, casi tres cuartas partes, el 72 %, son de propiedad privada. Bosques privados a merced de las manos de capitalistas despiadados que lo abandonan a su suerte para luego quemarlo e implantar su ganadería extensiva, plantaciones infinitas que agotan la ya azotada tierra o construir chalets de lujo…

Si a todo esto le sumamos el cambio climático y sus consecuencias como la sequía y la desertificación, y le añadimos el uso cultural que hacemos del fuego, ya tenemos el cocktail que estamos degustando amargamente estos días.

No obstante, como dato muy importante, no podemos olvidar que el 95% de los incendios son por causa humana. No voy a entrar en tecnicismos de tipo ecológico porque esa tarea es mejor que la tome alguien cualificado. Para acabar este breve análisis no quiero dejar de mencionar que hemos recibido bastante ayuda de varios países de la Unión Europea. Así, los Paises Bajos han puesto a disposición del gobierno de España dos helicópteros, Eslovaquia otro y República Checa también, dos aviones franceses y 100 bomberos forestales galos movilizados, aviones italianos y por último 21 vehículos y 66 bomberos desde Alemania.

Todo esto son datos que podemos encontrar en cualquier medio de comunicación al uso, pero poco se habla de todo lo que esto lleva consigo, todo lo que pasa en el “backstage”.

Prendamos una antorcha para alumbrar las luchas de los valientes soldados del fuego, fijos y voluntarios, tenaces en la defensa de nuestro bosque, su flora y fauna, incansables en la pelea por salvar vidas humanas, viendo cómo todo queda hecho cenizas. Agradezcamos a nuestros camaradas bomberos, que día a día se dejan la vida, literalmente la vida, por todos nosotros, pero no aplaudiendo desde los balcones como en la pandemia, eso es hipócritamente falso y denigrante para la clase trabajadora.

Camaradas, salgamos a la calle a apoyar sus reivindicaciones laborales, hombro con hombro haciendo frente a esos gobiernos autonómicos reaccionarios y al central reformista y colaborador de clase.

De Norte a Sur y de Este a Oeste el conflicto laboral del sector de la extinción de incendios existe en el mismo grado, pero me centraré en el conflicto de la Comunidad de Madrid.

Las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid comenzaron una huelga el 15 de julio de una duración de un mes, es decir, hasta el 15 de agosto. Estamos hablando que la movilización empezó antes del tsunami de incendios que está asolando el territorio. Si no llegan a un acuerdo, obviamente, la huelga se convertirá en indefinida. Ayuso ha decretado servicios mínimos del 80%.

Reivindican un nuevo convenio que no se ha renovado desde el año 2008, lo que supone la pérdida de su poder adquisitivo, que ha cifrado en un 34,6% debido a la inflación acumulada. Los salarios están congelados desde 2010, apenas se han movido y hay categorías que rozan el salario mínimo. Hay bomberos en los tramos más bajos que están cobrando 1.250 euros mensuales de salario base.

Este convenio caducado hace casi 20 años no tiene en cuenta la peligrosidad, penosidad ni toxicidad de sus intervenciones. Tampoco se les protege contra riesgos cancerígenos con todas las implicaciones negativas que ello podría suponer para su salud.

Así mismo han pedido que se aplique la Ley 5/2024, aprobada el 8 de noviembre de 2024, que establece un marco para los bomberos forestales en España, regulando sus funciones, derechos y condiciones laborales. Esta norma no se ha aplicado a día de hoy en la Comunidad de Madrid donde aún reciben la denominación de brigada forestal. Esta situación podría cambiar a partir del 1 de enero de 2026, cuando se renueve el encargo del servicio a Tragsa, la empresa pública asignada a la extinción de incendios, aplicando la nueva ley.

Es sorprendente que en invierno son «unos 350 aproximadamente», aumentando el número en verano cerca del 40%, compañeros y compañeras que están durante cuatro meses únicamente, que tiene, como consecuencia de esto, precariedad y falta de profesionalidad en el seno de los equipos.

Por otro lado, la empresa descarta a cualquier persona que no supere el reconocimiento médico o la prueba de aptitud física, motivo de despido desde que Tragsa gestiona el servicio.

Son trabajadores desechables, trabajadores Klinex, a los que la empresa desecha después de haberles castigado en un trabajo tan duro durante décadas. No cobran pluses por peligrosidad, penosidad ni toxicidad. Es como si su trabajo no conllevara un riesgo extra. Ya que lo sufren, al menos que quede reflejado en nuestras nóminas.

No acaban aquí las penurias de los camaradas bomberos. En relación con las condiciones en el entorno laboral, denuncian que ninguna de las bases que hay en Madrid, unas 25, cumple la normativa de higiene y seguridad en el trabajo. Todavía tienen que ajustarse al real decreto sobre agentes cancerígenos, el llamado cáncer mutágeno. No tienen ni siquiera zona sucia y limpia diferenciada. Para decirlo más claramente, se refiere a la inexistencia de espacios en los que poder quitarse sus EPI, el traje con el que trabajan, cargado de suciedad y humo que impregna su propia ropa, sin contaminar al resto de compañeros.

En cuestión de pago de complementos, la cuestión de la disponibilidad es otra de las quejas que plantea la plantilla. Les imponen unas 800 horas anuales de disponibilidad. En cualquier momento, si son avisados, tienen que estar en 90 minutos en la base y, si no, son sancionados. No les retribuyen ni un euro por esa disponibilidad.

Tampoco se les reconoce la antigüedad. Un bombero con casi tres décadas integrado en el cuerpo de Bomberos Forestales, jefe de equipo de una brigada helitransportada, que van en helicóptero a los incendios y los atacan cuerpo a cuerpo, cobra lo mismo que un recién llegado al mismo puesto. De nada le sirven las casi tres décadas de experiencia.

El bloqueo de Tragsa ha sido constante y total. Uno de los representantes sindicales y miembro del comité de empresa que en una reciente comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Asamblea de Madrid, conminó a la empresa pública y al Gobierno regional a sentarse en una mesa tripartita de diálogo para desatascar el conflicto.

Por su parte el comité de empresa ha mantenido dos reuniones con Tragsa sin obtener nada concreto. La actual huelga es una consecuencia directa del desprecio institucional y la miseria laboral a la que se les condena y no cesará hasta que se sienten a negociar con propuestas reales, fechas concretas y compromisos firmes, afirman los representantes sindicales.

La Comunidad de Madrid, tras más de dos décadas adjudicando a empresas privadas el servicio de prevención y apoyo a la extinción de incendios forestales, pasó en 2022 a encargarlo a Tragsa, con un gasto anual de 27,2 millones de euros.

La huelga se plantea contra Tragsa, pero desde la plantilla también apuntan a la responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, pero el responsable directo es el gobierno de Díaz Ayuso.

La adjudicación expira este año y, previsiblemente, se renovará a partir de 2026. Firet, CGT y UGT exigen a la Comunidad que imponga a Tragsa, como condiciones para la nueva adjudicación, la mejora económica de la plantilla y la apertura de negociaciones para el nuevo convenio.

La respuesta institucional no se hace esperar. Abre varios frentes para reventar la huelga, uno es el de los servicios mínimos, legal, pero seguidamente llega el otro, el ilegal, es simple pero no siempre efectivo. Me explico: la administración y la empresa están combinando algunas brigadas con otras, incluso sin un responsable que las coordine. Estos movimientos por la parte patronal ya son conocidos por los servicios jurídicos del comité de empresa.

Al hilo de esta represión sindical, la Comunidad de Madrid acusa a las Brigadas Forestales de Madrid de sabotear 16 bases de la región en plena huelga: un helicóptero Pegasus dañado entre ellos, todo mediante su vocero mediático, el diario ABC. Por supuesto, no tardaron en denunciarlo ante la Guardia Civil debido al riesgo que suponen tales hechos para el medioambiente y el personal en plena temporada.

Pero nada de eso que cuenta ABC se ha corroborado ni la denuncia ha seguido adelante, solo es una argucia más para desprestigiar y reventar la huelga. Por supuesto que el comité de huelga niega cualquier implicación y nadie con dos dedos de frente puede creer las falacias vertidas por la Comunidad de Madrid y la patronal.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha pedido «responsabilidad», argumentando los logros que se hicieron con el cambio de empresa, evadiendo su propia responsabilidad y la de su gabinete, y por ende, la responsabilidad de la Comunidad de Madrid dirigida por Ayuso, al menos quiere insertar la cuña de la responsabilidad compartida, esa panacea capitalista que diluye todos los males, o sea, que ninguno de ellos tiene que dar la cara y explicar por qué se gastan todo el presupuesto en festividades taurinas y eventos lujosos para sus camarillas.

Por otro lado, Ayuso dice que “le sorprende» la huelga de bomberos en la Comunidad con condiciones «ni mucho menos las peores en España». Como de costumbre, la realidad choca frontalmente con su realidad. Pero eso es algo recurrente. Debería de tomar ejemplo de integridad escuchando a los bomberos, que finalmente y ante el trágico giro de los últimos acontecimientos incendiarios, han decidido desconvocar la huelga. Para que luego se les tache de saboteadores. Han decidido interrumpirla hasta el día 25 para intentar ayudar el máximo posible en los incendios.

Aunque la respuesta a sus peticiones ha sido nula por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de la empresa pública Tragsa, dependiente del Gobierno central, conceden un plazo de 10 días también para dar oportunidad a sentarse a negociar a los diferentes interlocutores para llegar a un acuerdo.

Han dejado claro que sus condiciones de trabajo no se corresponden con el esfuerzo y la dedicación que conlleva. Seguiremos trabajando por 1300 € al mes. Trabajando con humo y con jornadas interminables. Pese a ello, darán el 100 por 100, como siempre desde hace más de 40 años. Esperemos que la presidenta Ayuso junto al consejero Carlos Cillo hagan lo mismo.

Estaremos pendientes del desarrollo de la lucha de nuestros compañeros, apoyándolos en sus reivindicaciones, que sirvan de ejemplo para todo el proletariado.

Una vez más, camaradas, hay que recalcar la necesidad de la nacionalización, en este caso mediante la gestión estatal de los montes y de los medios de extinción de incendios, la búsqueda de soluciones sostenibles para la limpieza y conservación de los bosques, control sobre las explotaciones forestales y coordinación entre ganaderos y agricultores, ambos beneficiarios de la buena gestión forestal.

Foto de portada: Oficina de Comunicación del Gobierno de Cantabria, licencia CC BY 3.0 ES