Condena del Fiscal General del Estado, una muestra de la dictadura de la casta judicial

La condena del Fiscal General del Estado (FGE) era el desenlace esperado para cualquiera que tuviera un mínimo conocimiento de la situación política y del carácter particular del aparato del Estado español. La condena de Álvaro García Ortiz no resiste el más mínimo escrutinio de la legalidad burguesa: sin una sola prueba de cargo; es decir, de evidencia directa, se lo condena acusado de revelar a la prensa datos reservados relativos a los delitos fiscales de la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A eso debe añadirse que los propios periodistas que publicaron la carta reservada de González Amador, donde éste reconocía el delito, afirmaron bajo juramento en el juicio que no fue Álvaro Ortiz quien se la proporcionó.

¿Por qué, entonces, este resultado?

El carácter reaccionario de los altos tribunales

Comencemos diciendo que el Tribunal Supremo, como el resto de altos tribunales (Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y Audiencias provinciales) son los organismos más antidemocráticos del sistema de justicia burgués. Sus miembros son elegidos a dedo por el Consejo General del Poder Judicial, y son inamovibles hasta su jubilación. Por ejemplo, el presidente del tribunal que ha juzgado al FGE, Andrés Martínez Arrieta, lleva 27 años en el Tribunal Supremo, con sueldazos y privilegios de todo tipo, y escapa, como todos los demás, a cualquier control popular. Demás está decir que la composición del Tribunal Supremo está copada por los miembros más derechistas de la casta judicial. La carrera judicial en sí misma es un patrimonio casi exclusivo de las familias burguesas y adineradas, y quienes suben en la escala son los elementos más directamente ligados al establishment y a los partidos políticos de la derecha; es decir, quienes con más rotundidad y vehemencia han mostrado su apego y defensa del régimen capitalista español.

No olvidemos que, en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, cuando PP y PSOE negociaban la composición del Consejo general del Poder Judicial, uno de los negociadores del PP, el exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, afirmó en un chat reservado que habían acordado proponer como presidente del Tribunal Supremo al juez Marchena (que también ha sido parte del tribunal que ha juzgado al Fiscal General del Estado y que dirigió la persecución judicial contra los dirigentes independentistas catalanes en 2018-2019), lo que le iba a permitir al PP “controlar la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo [la más importante, porque enjuicia los delitos penales] por la puerta de atrás”. Lo que venía a decir Cosidó es que Marchena trabajaba para ellos, ¡y vaya si lo ha hecho!

No es ningún secreto para nadie que esta casta reaccionaria en los altos tribunales está confabulada desde hace años con la derecha y la ultraderecha para descabalgar de un modo u otro al gobierno de Sánchez.  En este juicio en particular, aunque no sólo, han contado  con la participación del aparato policial, en este caso de sectores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a cuyo frente está Antonio Balas, que ha aportado pruebas sesgadas y manipuladas, y apreciaciones subjetivas en el juicio al Fiscal General del Estado, con el pleno conocimiento del Tribunal.

¿Por qué se condenó sin pruebas a García Ortiz?

Volvamos entonces a las razones de la condena de García Ortiz. Un fallo absolutorio de García Ortiz habría sido visto por el público como una victoria y un respaldo al gobierno de Sánchez, habría desacreditado la campaña judicial de acoso y derribo de la derecha, y dejado visto para sentencia condenatoria el juicio inminente a la pareja de Ayuso, González Amador, como el defraudador fiscal que es y sus turbios negocios con el dinero público que le proporciona la Comunidad de Madrid. Tan importante o más que todo lo anterior, un fallo absolutorio del FGE habría desacreditado el proceder del juez instructor, Ángel Hurtado y por extensión los del resto de instructores de casos que afectan al gobierno (caso Begoña Gómez, caso Koldo-Abalos-Cerdán, etc.), también llenos de irregularidades. Sobre todo, habría desacreditado a la UCO, rebajando el perfil profesional de sus agentes al de meros aficionados y manipuladores de pruebas, dándole un golpe moral irreparable a la autoridad de esta unidad de la Guardia Civil que aún debe prestar grandes servicios a la derecha en su lucha actual contra el gobierno y más adelante contra cualquiera que desafíe al establishment del  régimen capitalista español. No lo podían permitir.

El momento político español, para estos jueces derechistas del Tribunal Supremo era el de “ahora o  nunca”, para tratar de darle una puntilla a un gobierno que camina en la cuerda floja tras la ruptura de Junts con el gobierno Sánchez, y donde está planteada la posibilidad de un adelantamiento electoral que podría otorgarle la victoria a la derecha.

Llama la atención que lo último que ha pensado la banda al frente de este tribunal es cuidar las formas. Apenas han necesitado una semana para publicar su fallo, cuando se esperaba que lo hicieran para bien entrado diciembre, y sobre todo que lo hayan hecho sin acompañar ninguna argumentación; esto es, sin detallar la sentencia por escrito, sólo la condena. Esto no ha sido por el motivo tonto que han excusado, que una dilatación de la sentencia podía filtrar el fallo antes de su publicación, lo que querían es mostrar arrogancia, enseñar el músculo del aparato del Estado y ningunear y humillar a García Ortiz y, de paso, al gobierno de Sánchez. Más aún, a algunos puede haber llamado la atención de que el Supremo no haya tenido la “delicadeza” de esperar a que pasara la fecha de este 20 de noviembre, donde se cumplía el 50 aniversario de la muerte del sangriento dictador Franco, para hacer público su fallo. Esto tampoco es casualidad, lo hicieron coincidir para darle un volumen aún mayor a su fallo y hacer pasar a un segundo plano las declaraciones y actividades institucionales del gobierno contra la dictadura franquista. No hay que olvidar que el actual aparato de Estado, comenzando por el aparato judicial, fue trasplantado sin ningún cambio del Estado franquista al Estado “democrático” que disfrutamos. La mayoría de los actuales miembros del Tribunal Supremo, igual que los de la Audiencia Nacional y demás tribunales superiores, no son más que herederos y usufructuarios del régimen franquista.

La casta judicial, al servicio de los ricos y poderosos

El poder despótico del aparato judicial, reclutado casi sin excepciones de entre la clase burguesa y la alta clase media, tiene preeminencia sobre cualquier poder elegido por el voto popular, incluido el parlamento; es el remate de la dictadura del capital en nuestra sociedad. Se consideran todopoderosos e intocables.  Hoy acosa y acorrala al gobierno de Sánchez, como ayer lo hacía con los independentistas catalanes y Podemos. Claro está que, en ese momento, el acoso a estos últimos contaba con el apoyo cómplice de los dirigentes del PSOE, incluido Pedro Sánchez, que estaban comprometidos con el PP en aislar y reprimir a quienes desafiaban el statu quo y subvertir el régimen del 78. De igual manera, estos altos tribunales siempre han sido utilizados contra quienes luchamos por el socialismo. No hay reforma “inteligente” posible de esta casta reaccionaria ni de su sistema judicial. Ambos deben ser barridos y desmantelados de raíz, junto con el sistema capitalista mismo del que forman parte y al que sirven.

Sin esperar a la sentencia, que detallará los “motivos” que llevan al tribunal a considerar a García Ortiz como culpable, éste acaba de presentar su dimisión, y el gobierno se prepara para nombrar un sustituto. Ahora solo queda presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, supuestamente “progresista”, que podría anular la sentencia acusatoria del Tribunal Supremo contra García Ortiz, pero podrían pasar meses o incluso uno o dos años antes de un veredicto, cuando ya este asunto aparezca lejano y remoto, sin apenas consecuencias prácticas.

Una casta irreformable, hay que derribarla

Hoy, todo el mundo “progresista” en la prensa, la judicatura y los partidos de izquierdas reformistas y socialdemócratas (PSOE, Sumar, IU, Podemos) lloran amargamente sobre la iniquidad y descaro de estos jueces reaccionarios, como si pudiera cambiarse con imprecaciones morales, decretos y leyes el carácter reaccionario de la casta judicial, como proponen de manera cretina Pablo Iglesias y los dirigentes de Podemos. Lo que hay que entender es que la posición de juez y fiscal tiene un contenido de clase definido. Están para defender el orden establecido, su mentalidad y formación está amoldada a eso. Acceder a la carrera judicial exige años dedicados a memorizar textos sin preocupaciones materiales que distraigan de esa tarea y, por lo tanto, sólo está disponible para familias con recursos. Las relaciones sociales de jueces y fiscales, se circunscriben a gente de su mismo status y convicciones, por eso están plagados de derechistas. La alternativa de la izquierda del régimen, como el PSOE, es igualmente mala. Finalmente, después de 5 años arrodillado implorándole al PP negociar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se llegó a un acuerdo el año pasado que se nos vendió como una maravilla. Sobre el papel, había  una mayoría de jueces “progresistas” frente a los “derechistas”. ¿Y qué pasó? Que hace apenas unas semanas, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y Carlos Hugo Preciado, que daban la mayoría al ala “progre” del CGPJ, se vendieron a la “derecha” y traicionaron a sus compañeros de la “progresía” judicial. Para esta gente, la etiqueta de “progre” es sólo una marca comercial para venderse en el mercado y prosperar hacia donde mejor sople el viento y haya menos competencia. Pero una vez asegurado el puesto, 8 de cada 10 “progresistas” se venderán al mejor postor para hacer carrera y avanzar hacia una vida regalada y llena de privilegios. Así, ahora la derecha vuelve a controlar el CGPJ, por 5 años más, como controla el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y todos los demás tribunales superiores. Esto prueba que no se puede confiar en ninguna reforma “inteligente” del aparato judicial ni de su forma de elección. No hay reforma posible, salvo derribarlo de arriba hacia abajo.

¿Qué se puede hacer? La necesidad de un programa

Ante todo esto, ¿qué hacer? En primer lugar, debemos apelar a la más amplia movilización popular para manifestar el repudio a esta casta reaccionaria. Hoy van por Sánchez, como ayer fueron a por Podemos y los independentistas catalanes, mañana y siempre irán contra los comunistas y socialistas revolucionarios. Todo lo que ayude a debilitar la fuerza y la autoridad de estos organismos reaccionarios, a hacer consciente ante la clase trabajadora de su carácter de clase a favor de los ricos y poderosos, debemos apoyarlo y extenderlo. Si la fuerza de la presión popular llega al nivel de hacer dimitir a algunos de sus miembros o a echar para atrás algunos de sus fallos reaccionarios, mejor que mejor.

En segundo lugar, debemos exigir la disolución de estos organismos “superiores” de la justicia burguesa: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales superiores de las comunidades autónomas, audiencias provinciales. No juegan ningún papel esencial, sólo reservarse para sí los casos que afectan al corazón del Estado (terrorismo, narcotráfico y, sobre todo, supuestos delitos de los cargos públicos electos por el voto popular). Para los comunistas, la investigación y enjuiciamiento de cualquier delito, sea cual sea su naturaleza, debe hacerse a través de los juzgados de primera instancia, adscritos a cada distrito. De esta manera, los jueces estarán más cerca del escrutinio popular, más vigilados desde abajo, en el lugar donde se cometen los supuestos delitos, donde todo el mundo se conoce y donde la presión popular puede influir más poderosamente en los veredictos que en los casos de los tribunales “superiores”, donde los jueces han sido claramente seleccionados por el régimen,  son “intocables”, y están alejados de la población y tutelados directamente por sus amos en el aparato del Estado y las grandes empresas.

En tercer lugar, planteamos la elección popular de todos los jueces, de esta manera se terminaría con una casta de funcionarios inamovibles y que no responden ante nadie, salvo a intereses de clase ocultos. Esta no es una medida socialista, sino democrática, y se aplica parcialmente en los EEUU y ahora en México.

Por último, proponemos la extensión plena del jurado popular, para arrebatar el monopolio del decreto de culpabilidad o inocencia a los jueces. Un jurado que emane del pueblo y sometido a la presión, debate y movilización de éste será menos proclive a la arbitrariedad a la hora de sentenciar que individuos aislados, como los jueces, separados del pueblo.

Todas estas medidas democratizarían enormemente el sistema judicial burgués, como una manera transitoria, en el camino a su completa transformación y superación con el derribo del capitalismo y la transformación socialista de la sociedad.

Para resumir:

¡Movilización popular contra la arbitrariedad de los golpistas con toga contra el FGE y contra cualquier otra!

¡Disolución de los altos tribunales!

¡Sistema judicial territorial de única instancia, bajo estrecho control popular!

¡Extensión del sistema del jurado!

¡Elección popular de los jueces, como paso previo a una verdadera justicia popular organizada desde abajo!