Decreto “anti-crisis” del gobierno: Que la crisis la pague el capital, no la clase trabajadora

El Gobierno aprobó el pasado viernes 20 de marzo un paquete de 80 medidas para amortiguar el impacto provocado por la subida de la electricidad y de los combustibles en las empresas, los autónomos y la población en general. Dicha subida está provocada por el aumento del precio del petróleo y del gas por la guerra imperialista desatada contra Irán. Estas medidas incluyen reducciones del IVA y de otros impuestos en la electricidad y carburantes, ayudas directas a sectores empresariales y a los autónomos del transporte, y algunas ayudas sociales. Tendrán un coste de 5.000 millones de euros para las arcas públicas, bien sea por ayudas directas como por la pérdida de ingresos públicos por las reducciones de impuestos. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró: “Esta guerra nos va a costar a los españoles 5.000 millones de nuestros impuestos. Un dinero que podríamos dedicar a becas, a sanidad, a dependencia”. Esto confirma lo que dijimos en declaraciones anteriores: que la clase obrera pagaría la factura de esta guerra imperialista con subidas de precios, con subvenciones de dinero público que provienen de los impuestos que paga de su bolsillo, y con recortes del gasto social.

Paralelamente, el gobierno aprobó otro decreto, por insistencia de los miembros de SUMAR, que incluye una prórroga prórroga extraordinaria durante dos años de los contratos de alquiler que iban a vencer en 2026 y 2027, y que implicaría una subida máxima de un 2% en los alquileres.

Si bien parece que el primer decreto cuenta ya con los votos favorables en el Congreso para que salga adelante, el segundo es muy probable que sea rechazado por la negativa que se espera, no sólo de PP y Vox, sino también de Junts.

En relación al primer decreto, el asunto es que esos 5.000 millones de euros movilizados tienen un marco temporal de aplicación de 3 meses, hasta finales de junio; de manera que no está descartado que haya que renovarlo y extenderlo en el tiempo, drenando nuevos recursos del Estado y del gasto social. La pregunta crucial que debemos hacer es la siguiente: ¿estas medidas beneficiarán realmente a las familias obreras o fundamentalmente vienen a garantizar los fabulosos beneficios de las grandes empresas?

Las medidas principales de este decreto son las siguientes:

– Se reduce al 10% el IVA del gasóleo y la gasolina, además de la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos “hasta el mínimo permitido en la Unión Europea”. La reducción del IVA implica un impacto de 507 millones, mientras que la reducción en hidrocarburos alcanza los 656,5 millones. Según el gobierno, eso supondrá una reducción de hasta 30 céntimos por litro, unos 20 euros de ahorro al llenar el depósito de un coche promedio.

– En la electricidad, según el gobierno, se plantea una bajada de impuestos “del 60%”, por la reducción del IVA de la luz y del gas al 10%, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y la reducción del 5% al 0,5% del impuesto especial sobre electricidad. El impuesto sobre la electricidad es un tributo que grava el consumo de energía eléctrica y que pagan los consumidores. Por su parte, el que afecta al valor de la producción de la energía eléctrica grava la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico. Lo pagan las compañías eléctricas y se calcula sobre el importe total que obtienen por generar esa electricidad, aplicando un tipo impositivo del 7%, que también es repercutido en los consumidores en la factura de la luz. Ahora, no se pagaría nada por esto. Por otro lado, se bonifica en un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, hasta el 31 de diciembre, ahorrándoles 220 millones de euros. La eliminación temporal del impuesto del 7% a la producción de electricidad supondrá un ahorro de 450 millones para el oligopolio eléctrico.

También habrá una disminución hasta el 10% del IVA para el gas natural, los pellets y la leña.

Otras medidas incluyen deducciones del IRPF a empresas y particulares para instalaciones de placas solares o puntos de recarga, así como para la compra de vehículos eléctricos.

Se topa el precio máximo que se establece para las bombonas de butano y propano, pero su coste será pagado por los usuarios en facturas futuras, ¡incluyendo los intereses de demora! Muy diferente es el caso de las ayudas directas a los empresarios agrícolas, de la pesca y del transporte, que recibirán 20 céntimos por litro de combustible, que será sufragado por el Estado. También habrá una ayuda equivalente a la compra de fertilizantes “para que todos esos sectores puedan capear la crisis y así contener los precios de la cesta de la compra”, según Sánchez.

Como una pequeña concesión a las familias trabajadoras más humildes, se extenderán durante todo el año los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares vulnerables.

El plan también prohibirá a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas en el marco de esta crisis, lo cual es muy positivo siempre que se cumpla. Más complicado y abstracto es lo que se propone de controlar los márgenes empresariales (beneficios) a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin añadir más detalles ni su alcance real, lo que va a quedarse en una mera declaración de intenciones sin impacto real.

Dicho todo lo anterior, ¿Qué balance podemos hacer de este decreto? Por principio, no podemos avalar un decreto que carga indirectamente sobre las familias trabajadoras el grueso del coste de estas medidas, como se decía al principio. Además, el destino principal de las ayudas tienen como objetivo proteger a las grandes empresas del país, excluida la banca: las compañías eléctricas y petroleras, y las grandes industrias. Pero, ¿es que tan mal andan estas grandes empresas que justifique, incluso desde un punto de vista capitalista, que se las ayude? Nada de eso.

El año pasado las 100 mayores empresas del país, cotizadas en la Bolsa de Madrid, obtuvieron 71.118 millones de euros de beneficios que suponen, según El País: “los mayores beneficios jamás vistos y una cantidad que supone un incremento del 4,36% frente a las cifras logradas en 2024, ejercicio que tenía hasta ahora el récord”. Por contra, los salarios aún siguen un 2% por debajo del poder adquisitivo que tenían en 2021, pese a la reciente subida del SMI. Y ahora ese poder adquisitivo va a retroceder aún más con las subidas explosivas de precios que se avecinan. Nuestra posición es clara: esta crisis debe pagarla la clase capitalista en su conjunto, comenzando por quienes se están haciendo de oro con la misma: las grandes petroleras, la industria de armamento y las compañías eléctricas.

Así, las grandes energéticas españolas -Iberdrola, Naturgy, Endesa y Redeia- han registrado un beneficio neto conjunto de 11.100 millones de euros en 2025, un 10 % más que en 2024. Por su parte, las petroleras (Repsol, Moeve, Galp, British Petroleum, Enagás) consiguieron más de 5.000 millones, sobre un precio medio del barril de petróleo de entre 65-70 dólares en 2025. Ahora, estos beneficios se van a disparar con el barril de petróleo disparado por encima de los 100$US/barril, y Repsol en particular va a incrementar su negocio de ventas un 50% en Venezuela, tras llegar a un acuerdo con la administración Trump.

Lo cierto es que las petroleras que operan en España, ya están estafando a los consumidores y al Estado desde el día 1 que entraron en vigor las medidas del gobierno. Ayer mismo (23 de marzo) la rebaja en los precios de las gasolineras sólo eran de 10-15 céntimos por litro, en lugar de los 30 céntimos prometidos, porque las compañías han seguido aumentando los precios del combustible quedándose con parte de la rebaja del IVA; es decir, ¡el Estado está subvencionando con 15 céntimos por litro a estos piratas, que ya acumulan beneficios históricos, en lugar de a los consumidores! ¿Dónde está la intervención prometida de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en este asunto?

Ahora mismo, el precio medio se sitúa alrededor de 1,71 para la gasolina E5 y de 1,84 para el diésel, cuando el año pasado por estas fechas el precio medio de ambos estaba en 1,51 (gasolina 95) y 1,44 el diésel.

Y aquí llegamos al meollo del asunto: no se puede controlar lo que no se posee. No podemos confiar en organismos estatales que escapan al control mismo de la población. Lo que hace falta es impulsar comités de precios en cada zona, formado por los sindicatos, trabajadores de gasolineras y asociaciones de consumidores, que fiscalicen los precios de los gasolinas. Pero incluso eso, es insuficiente. Podemos plantea que hay que topar los precios de los combustibles frente a estas prácticas piratas de las petroleras. Suena muy bien, pero en el mundo de la “libre empresa” las compañías son libres para ofertar y retirar productos, y cualquier intento de topar precios desde arriba se enfrentaría a maniobras de retención y retirada de combustible, amenazando con la escasez del suministro. Lo que hace falta es intervenir estas compañías, expropiarlas sin indemnización bajo control obrero (salvo a cooperativas y pequeñas empresas, cuyos precios solo siguen a los que imponen las grandes) para que, de esta manera, el consumidor y los pequeños transportistas puedan recibir precios justos y mucho más baratos que los actuales. Medidas “prácticas “ y “razonables” como plantean sectores de la izquierda reformista de crear una empresa pública de energía para hacer frente a los grandes monopolios, son humo. Una empresa de energía necesita instalaciones, refinerías, acceso a la materia prima, distribución, etc. ¿Cómo se va a crear una empresa pública de estas características y con una posición dominante en el mercado desde la nada? Este tipo de “practicismo” son frases vacías. La única alternativa “razonable” es la expropiación de estas enormes compañías privadas como señalamos antes.

Y lo mismo se impone para las grandes compañías eléctricas que, con la subida esperada de la luz, por el incremento del precio del gas, también aumentarán sensiblemente sus beneficios. ¿Por qué hay que subvencionar, vía reducción de impuestos, a estas compañías eléctricas con cerca de 700 millones de euros cuando solo el año pasado obtuvieron más de 11.000 millones de beneficios?

Y ¿De qué sirven las lágrimas del presidente Pedro Sánchez por el gasto de 5.000 millones de euros del presupuesto público por la crisis de Irán, cuando la semana pasada cerró un nuevo acuerdo con Ucrania para gastarse otros 1.000 millones de euros en ayuda militar para una guerra que solo sirve a intereses imperialistas y que ya está perdida? ¿Calculó Sánchez “cuanto podríamos dedicar a becas, a sanidad, a dependencia” con este dinero? ¿Y con los 34.000 millones destinados a gasto militar sólo este año?

Ante la crisis energética provocada por una guerra imperialista de la que los trabajadores no tenemos ninguna responsabilidad, decimos: No es nuestra guerra y no la tenemos que pagar. Que la paguen los que directa o indirectamente se benefician de la misma: las grandes empresas, bancos y monopolios energéticos. Por eso planteamos:

– Que los sindicatos y asociaciones de consumidores impulsen la formación de comités de precios en cada ciudad y barrio, para denunciar las subidas de precios y movilizar a la población local contra las mismas.

– Creación de comité de trabajadores en todas las empresas que reciban ayudas del Estado para evitar despidos encubiertos. Si una empresa necesita ayuda pública para sobrevivir que sea nacionalizada sin indemnización, bajo el control de sus trabajadores.

– Frente a la subida de precios que se avecina, los sindicatos deben preparar un plan de lucha general con la reivindicación principal de aumento automático de los salarios con la inflación.

– Expropiación sin indemnización (salvo a pequeños accionistas sin recursos) y bajo control obrero, de las grandes compañías petroleras y eléctricas que permita reducir drásticamente la factura de la luz y de los combustibles, destinando sus beneficios al bienestar social, infraestructuras e inversión productiva.

– Expropiación sin indemnización y bajo control obrero de toda la industria de armamento y su reconversión para fines sociales útiles.

– No a los presupuestos militares, ese dinero debe ir al gasto social.

– Contra la guerra imperialista, salida del estado español de la OTAN y cierre de las bases norteamericanas de Rota y Morón

– Movilizarse contra la guerra imperialista y contra el sistema capitalista que las promueve y cobija.