Del cáncer de mama al aborto: ¡Abajo la política criminal del PP, abajo este sistema enfermo!

Editorial revista Lucha de Clases nº119

Desde hace ya más de año y medio que la Junta de Andalucía tuvo conocimiento de los primeros casos de la crisis de cribado de cáncer de mama, casos que denunciaban grandes retrasos en los diagnósticos o incluso desconocimiento de los resultados dudosos de las mamografías. El escándalo afecta ya como mínimo a 2.000 mujeres en Sevilla, y a muchos miles más de otras provincias, con consecuencias inimaginables para su salud. En las últimas semanas, Amama (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama) no ha parado de recibir llamadas de mujeres que relatan sus casos. Esto no es un “error de comunicación”, es fruto de un sistema podrido.

El famoso “plan de choque” impulsado por el gobierno de Moreno Bonilla (PP), que prevé hacer todas las pruebas pendientes para las mujeres con diagnóstico no concluyente antes del 30 de noviembre, es un plan que llega demasiado tarde para revertir el problema. La medida, que buscaba la supervivencia política del partido, es insuficiente para los miles de personas que salieron a manifestarse a principios de octubre bajo el lema “nuestras vidas no pueden esperar”. Tras la jornada de protestas, Moreno Bonilla anunció la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, mientras aún se oían en la calle los gritos de “Bonilla, fuera de Sevilla”. El malestar por el deterioro de la sanidad pública ya era significativo, pero ahora el escándalo ha puesto a la población en pie de guerra contra la gestión criminal del PP.

La crisis andaluza: la punta del iceberg

A pesar de que el gobierno de Bonilla insiste en que el 90% de los casos están focalizados en un solo hospital de Sevilla, el problema parece ser mucho más profundo. Están emergiendo casos idénticos en otras provincias andaluzas, por no hablar de las que pueda haber en otras comunidades autónomas. ¡Solo en la Comunidad Valenciana hay 90.000 mujeres que no fueron citadas para el cribado de cáncer de mama en 2024! (Público, 17/10/2025). La falta de personal sanitario, especialmente de radiólogos, es preocupante, ya que podría estar afectando también a la detección de otras patologías, como el cáncer de colon, cérvix y cuello de útero, entre otros. De hecho, el maravilloso plan de Bonilla de contratar a 65 radiólogos choca con la realidad: no hay tales especialistas en la bolsa de empleo andaluza.

Hay una escasez generalizada: en el Estado español hay un 15% menos de profesionales que la media europea, mientras que la demanda de pruebas aumenta sin parar. Concretamente, esto significa que hay poco más de 100 radiólogos por cada millón de habitantes. En palabras de Mónica Alloza, una radióloga de Madrid: “(…) no damos abasto. Podemos tener máquinas que hagan 50 estudios en una mañana, pero eso luego alguien tiene que leerlo, interpretarlo e informar. No podemos trabajar al mismo ritmo y se nos acumula”. En el Hospital de Torrejón donde trabaja, hay 7 especialistas en la plantilla, aunque serían necesarios unos 10 o 15 (elDiario.es, 16/10/2025). Por tanto, a las interminables listas de espera, se suma la espera del tiempo que pasa hasta recibir el resultado de la prueba. Esta escasez de personal tiene mucho que ver con las pésimas condiciones de trabajo, que provoca la huida al sector privado.

El informe sobre la situación de la Sanidad Pública Andaluza de CCOO, UGT, CSIF, SATSE y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (2025) aporta datos muy reveladores. Este año, se han destinado más de 15.000 millones de euros a la sanidad pública andaluza, un 7% más que el año pasado, pero casi la mitad del incremento presupuestario ha ido a parar a empresas privadas: 88,8 millones en conciertos sanitarios para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, y 337,4 millones para gasto farmacéutico. De hecho, entre 2018 y 2024, prácticamente coincidiendo con la llegada del PP al gobierno autonómico, el presupuesto para la privada aumentó un escandaloso 38% según la Fundación Idis (Público, 25/04/2024). En ese tiempo, no les ha temblado el pulso para derivar 311.000 mamografías a la privada (elDiario.es, 09/10/2025) y conceder 160 millones de euros de más a empresas, pero a Bonilla le ha parecido suficiente invertir 12 millones para abordar una gravísima crisis sanitaria. Cuando Bonilla promete más financiación para 2026, sin especificar a dónde irá a parar el dinero, da qué pensar.

No se trata solamente de invertir más dinero en la sanidad pública, lo cual es necesario, sino que es imprescindible transformar el sistema actual. Necesitamos un sistema de salud 100% público y de calidad, gestionado por los propios trabajadores sanitarios, que son quienes mejor conocen el sector, para eso debemos nacionalizar la sanidad privada. La privatización de la sanidad no se explica por la “mala gestión” del PP, eso es solo una cara de la moneda, en el fondo, es la crisis del sistema capitalista lo que empuja en todas partes a la privatización de los servicios sociales y la austeridad, a la precariedad de las condiciones de trabajo, al deterioro de los recursos y servicios, etc. Es un sistema decadente y enfermo, que, sin duda, pone el beneficio privado por delante de las necesidades de la clase trabajadora.

Crisis dentro del PP

Está claro que el bienestar de las personas, la vida de estas mujeres y la transparencia del sistema sanitario no son una prioridad para el Partido Popular. Por eso, no es extraño que Ayuso vuelva a dar la batalla con el aborto, aunque incomode a unos cuantos de su propio partido. Esto ha provocado un nuevo terremoto político al PP, ya debilitado, entre otras cosas, por su posición proisraelí, que contrasta frontalmente con el sentimiento propalestino generalizado entre la población, y por su política criminal en Valencia (desastre de la DANA) y en Andalucía (cribados de cáncer).

Ayuso se ha negado a elaborar el registro de médicos objetores de conciencia, necesario para asegurar que cada hospital pueda cubrir el servicio sin tener que derivarlo a centros privados. Cuando ella dice “váyanse a otro lado a abortar” se refiere a que los mismos médicos que se niegan a practicar abortos en la pública, pueden hacerlo en la privada sin cargo de conciencia ninguna, tal y como advierte CCOO que actualmente ocurre (elDiario.es, 14/10/2025), aunque esto sea expresamente ilegal. En 2024, el 79% de todas las IVE (interrupciones voluntarias del embarazo) se realizaron en clínicas privadas: aquí Ayuso guarda silencio. Peor aún en Madrid: en los últimos 10 años, apenas 177 del total de 162.000 IVE se han realizado en hospitales públicos (El País, 11/10/2025).

Ahora bien, tan hipócritas son los del PP, como los del PSOE, quienes hablan de blindar el aborto en la Constitución siendo conscientes de que no pueden hacerlo sin el apoyo del PP, participan de la política sanitaria de conciertos con la privada, y aumentan el gasto militar sin precedentes a costa del gasto social. Del “derecho al aborto” que tanto alardea el PSOE, parece que solo queda “el derecho a que la sanidad pública cubra el gasto, sea donde sea”.

Planteamos que, quienes no quieran practicar abortos, se dediquen a otra especialidad; que se nacionalice todo el sector privado, comenzando por las clínicas privadas abortistas, para garantizar el derecho a abortar bajo control público; y que aumente la promoción y contratación de médicos dispuestos a practicar abortos que sustituyan a los objetores.

Nuestros derechos (al aborto, a la atención sanitaria de calidad, etc.) no están garantizados bajo el capitalismo, lo que un día se conquistó gracias a la lucha de la clase trabajadora, mañana lo pueden atacar, por eso debemos luchar continuamente. Además, tener derecho legal no significa tener acceso: es probable que muchas personas se vean obligadas a recurrir a la privada para poder abortar o hacer un cribado de cáncer. Quien pueda permitírselo, lo hará. Para la mayoría de mujeres trabajadoras, esto supone un obstáculo enorme. Para la gran mayoría de la sociedad, la salud no está garantizada bajo un sistema que busca el lucro privado.

Como comunistas revolucionarios, nos proponemos luchar más allá del papel para transformar radicalmente las condiciones materiales de miles de trabajadores que, actualmente, reciben una atención médica deplorable. Solo con una economía planificada bajo control de los trabajadores podremos poner por fin las necesidades de la mayoría de la sociedad como prioridad, y quedará atrás la época en la que se compraban derechos y servicios básicos con los que una minoría se enriquece hoy.