Desahucio del B9: la crueldad del capitalismo expuesta

El pasado miércoles, en Badalona, ​​se llevó a cabo el mayor desahucio del Estado español. El alcalde, Xavier García Albiol (PP), presumía de ello en las redes sociales mientras 400 personas se encuentran, en estos momentos sin ninguna opción de vivienda. En pleno diciembre se ven expuestos al frío y lluvias. Se abre el “debate” sobre la inmigración y el derecho a la vivienda, pero ¿cuál es la raíz material de la cuestión?

Antecedentes

Lo que ahora se conoce como “B9” es un viejo Instituto de Educación Secundaria que cerró hace ya más de veinte años, encajonado en el polígono industrial de Badalona Sur.

Desde 2023 han vivido más de 400 personas. Las aulas se han convertido en habitaciones con colchones en el suelo y delimitaciones hechas con maderas y otros materiales que pudieran conseguir. También hay zonas comunes delimitadas donde cada domingo se realizan asambleas.

Vivían principalmente hombres en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Muchos se dedicaban a la chatarra, otros tenían trabajos asalariados que, aun así, no les permitían acceder a una vivienda. Había otros con estudios universitarios. Personas que en su país de origen tenían trabajos que requieren calificación como es capitán de barco. Personas a las que, por medio de largos trámites administrativos y otros impedimentos de carácter burocrático, se les fuerza a vivir en situación de calle.

Muchas de estas personas ya venían de haber sido desplazadas de otras naves ocupadas o, por ejemplo, del asentamiento en el barrio de Gorg que sufrió un incendio en el 2020 que se cobró la vida de cinco personas y dejó otras 30 heridas.

El miércoles se hizo efectivo el desahucio de todas estas personas. A las siete de la mañana ya había un gran despliegue policial de los Mossos d’Esquadra ya las 8.00 se veían los primeros coches de la Policía Nacional.

Una vez expulsados ​​del instituto se quedaron en la plaza completamente desamparados, atendidos sólo por las entidades sociales de Badalona que les ofrecieron apoyo y algunos productos alimenticios. Allí, en tiendas de campaña completamente insuficientes para cobijarlos del frío pasaron las primeras noches hasta que el viernes a las 7.00h la Guardia Urbana y los antidisturbios los amenazaron con un nuevo desahucio por la fuerza si no se marchaban antes de las 10.00h.

Albiol y el resto

La titular del juzgado concluyó que resultaba «necesaria y proporcionada» la ejecución del desahucio de los B9.

El alcalde de Badalona, ​​el único cargo importante del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha presumido en varias ocasiones de ser el responsable del “mayor desalojo de la historia de España”. «Dije que echaríamos a esta gente y lo hemos hecho». «Esta» gente. No cabe duda, sobre todo si se presta atención al discurso con el que ha cultivado su popularidad, de quién habla cuando se refiere con ese desprecio. Albiol lleva años dirigiendo una campaña de criminalización de los sin techo e inmigrantes.

Sin embargo, no sólo se trata de la postura de la derecha. A su vez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa del PSC ha defendido la acción como «un desalojo con valores». Los valores de los que habla definitivamente no son los de nuestra clase. Continuaba diciendo que el Gobierno «procura atender a todos los que hay que atender».

«A los que hay que atender». ¿A quién hay que atender? ¿Quién es merecedor de un techo y quién no? ¿Y quién lo decidirá? El alcalde de Badalona tiene claro que esta decisión le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por un lado, de parte del Gobierno de la Generalitat se ha pedido la reapertura del albergue municipal de Can Bofí Vell, que cerró hace dos años por el impago del Ayuntamiento del PP a la cooperativa Suara, que gestionaba el servicio. Aunque ha habido entidades que se han mostrado dispuestas a hacerse cargo de éste, Albiol ha descartado esta propuesta a razón de «graves deficiencias estructurales», alegando que no se puede garantizar la seguridad de las personas.

Una de las opciones sobre la mesa era que estas personas se movieran de Badalona, ​​y ante la idea, la comisionada de Acción Social del consistorio barcelonés, Sònia Fuertes, también se ha desentendido declarando: “Estamos observando la situación dinámica, pero entendemos que no corresponde a Barcelona generar una respuesta hacia Badalona”.

Tampoco se han quedado atrás desde el Gobierno para echar balones fuera. Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya, ha defendido que las competencias de cada administración son claras y cada uno ha hecho lo que le correspondía, excepto el consistorio.

El domingo, Cáritas y otras entidades religiosas anunciaron que se habilitaría un espacio en la parroquia de la Verge de Montserrat para alojar a 15 de las personas desahuciadas. En respuesta a esto, mientras Cruz Roja transportaba el material para acondicionar el espacio, se concentraron unas 100 personas a las puertas para protestar contra la medida.

¿Cómo se explica este hecho? A cuatro días de Navidad, cuando las temperaturas son más bajas y ninguna otra opción ha sido ofrecida para estas personas, que ahora están durmiendo a la intemperie bajo un puente de la autopista C-31. Sería un error realizar una lectura únicamente moralista o intentar obviar los hechos como caso puntual. La campaña de criminalización contra los inmigrantes se ha intensificado últimamente y tiene como fin dirigir el malestar social causado por el capitalismo a un chivo expiatorio. Y en estas acciones y reacciones vemos los resultados concretos. Tal y como veíamos hace unos meses con los ataques organizados en Torre Pacheco, los casos de asesinatos y agresiones a inmigrantes por motivos racistas están en alza.

Las políticas reaccionarias y la falta de una verdadera dirección de izquierdas no está causando más que la división de la clase obrera en la que unas capas se divorcian de la masa del proletariado y se posicionan del lado de los intereses de una clase dominante, que nada hará para compensarles este esfuerzo, ya que los mismos que salen a protestar contra la acogida de los desalojados hoy, mañana continuarán con las mismas dificultades para pagar el alquiler.

¿Y ahora qué?

La pregunta que más se repite es precisamente, ¿qué se hará con estas personas? Gente que ya ha sufrido varios desahucios y cuya situación no está siendo abordada por ninguna institución de forma efectiva.

Se ha hablado de ofrecer alojamientos temporales (una o dos noches) a 30 de las 166 personas que están bajo el radar de los servicios sociales (el caso de la parroquia de la Verge de Montserrat nos indica cuánto confiar en ellos). Entidades como Cáritas se están haciendo cargo de ayudar con alimentos y cobijo temporal. El Gobierno insta a la reapertura del Albergue Can Bofí Vell.

Pero estas medidas no son más que parches en una herida que no puede parar de sangrar en el marco de este sistema. Aunque se reabriera el albergue, ni sería capaz de alojar a todo el mundo ni responde a la necesidad, el derecho, de todos a contar con una vivienda donde vivir. Ni mucho menos pone fin a la causa a raíz de que tanta gente se encuentre en esta situación cuando en España hay aproximadamente cuatro millones de viviendas vacías.

Lo que sabemos es que medio millón de euros será destinado por el Ayuntamiento de Badalona a limpiar por dentro el edificio del B9 y derribarlo (los techos son mayoritariamente de uralita) para construir una comisaría conjunta de la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra.

Lo más probable es que ya se estén abriendo procedimientos para expulsar del país a aquellos que se hayan podido identificar y estén en situación irregular o internarlos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona.

Otra vez poniendo énfasis en la irregularidad de la situación de estas personas y, para recordar palabras del propio Albiol, «En Badalona lo tenemos muy claro, no priorizaremos facilitar una vivienda a una persona conflictiva antes que a un vecino». Para empezar, pediríamos al señor Albiol explicaciones sobre cómo exactamente SÍ se está facilitando el acceso a la vivienda y de qué vecinos de Badalona habla. Pero por otra, debemos entender este señalamiento como lo que es: una herramienta más para dividir la clase obrera. Las personas que están en situaciones de irregularidad tienen condiciones de trabajo y vida desoladoras. Que se den episodios puntuales de criminalidad protagonizados por inmigrantes (los únicos que interesa destacar por todos los medios de comunicación) en ese ambiente de racismo social e institucional, ¿a quién le puede sorprender? No es más que el resultado de las condiciones materiales a las que están sometidos.

La raíz del problema es el mismo sistema que ahora les apunta con el dedo. Un sistema imperialista que, en primer lugar, sienta las bases que causan la necesidad de que uno tenga que huir de su país en busca de una vida digna o una forma de asegurarla para sus familiares. Un imperialismo precisamente defendido y aplaudido, como hemos visto con el apoyo al saqueo de los países pobres y genocidios como el de Gaza, por PP, Vox, Aliança Catalana y Junts. Pero en esas mismas filas nacionalistas, ¿qué deberían haberles aconsejado, por ejemplo, al medio millón de republicanos españoles y catalanes que escaparon de una muerte segura por la frontera francesa huyendo de los fascistas? ¿Que se quedaran en España y Cataluña para que fueran masacrados? PP; Vox, Aliança y sectores de Junts aplaudieron a Netanyahu por desatar un infierno contra 2 millones de gazatíes. ¿Se extrañarían de que estos 2 millones escaparan a Europa si se les permitiera? Pero también con ERC y el PSOE en Ucrania. ¿Dejan millones de empobrecidos y de vidas arruinadas y ahora se extrañan que esto tenga como consecuencia desplazamientos humanos para escapar de la miseria, el hambre y el sufrimiento? Todos ellos son cómplices y responsables de esto.

Y precisamente porque dentro de este sistema no se puede responder al “¿y ahora qué?” es que es necesario formular la superación de éste.

Conclusiones y programa

La inmigración no sólo es utilizada como chivo expiatorio por el Ayuntamiento de Badalona o los partidos de derechas, en el período se ha convertido en uno de los puntos centrales de todos los programas políticos en el Parlament. Y al respecto debemos poner en claro la objetividad de los datos: la “conflictividad” no es en ningún caso derivada de la procedencia o la tan mencionada “incapacidad para la adaptación” de los migrantes sino de las situaciones de miseria en las que se encuentran. Miseria fruto de las condiciones de trabajo que se les presentan encontrándose en situación de irregularidad. Condiciones de las que los capitalistas no hacen más que aprovecharse; mano de obra barata en la que pueden maltratar y amenazar con la deportación.

Después de todo, la migración es parte constituyente del sistema capitalista como lo demuestran sus doscientos años de historia en todas partes, es una economía global y, al igual que el libre comercio de materias primas, componentes y tecnología que se mueve de un país y continente a otro, es progresista y pone de manifiesto el papel atrasado que representan ya las fronteras nacionales, que deben ser barridas junto con la propiedad privada. En realidad, el país receptor siempre gana: se ahorra la alimentación e instrucción de trabajadores jóvenes y vigorosos que llegan completamente formados y listos para trabajar, en igual proporción que empobrece al país emisor que no aprovechará los esfuerzos y recursos destinados a criarlos y formarlos al marcharse de sus países.

El migrante es perfectamente consciente de su debilidad legal y lo que más desea es pasar desapercibido. Existe un interés consciente por parte de los empresarios y policía de situarlo en la marginalidad para evitar esa integración que incrementaría la fuerza de la clase obrera. Esta marginalidad es la que alimenta la idea de la “conflictividad”. Allí donde los migrantes tienen iguales derechos y condiciones de vida que los nativos no existe tal «conflictividad». Ahora resultará que los problemas sociales ya no causan los banqueros, rentistas o grandes empresarios que evaden impuestos, que pagan bajos salarios y nos piden un sueldo imposible para adquirir la vivienda, sino los migrantes pobres que tratan de ganarse la vida dignamente contribuyendo con su trabajo al bienestar general y a enriquecer a los empresarios.

Tenemos, pues, la obligación de señalar este debate como lo que es: una disuasión más para que la clase trabajadora se divida y rechace luchar de forma unida con quienes son también hermanos de clase.

El tema que tratar es el derecho ineludible a una vivienda digna que sigue anulada por el “derecho” a la propiedad privada y el lucro capitalista. Cabe señalar también que el problema real son los grandes bancos y tenedores como CaixaBank, Blackstone y la SAREB, además una empresa con importante financiación pública, que monopolizan la oferta de inmuebles en las grandes ciudades, mientras el gobierno sólo invierte un 0,2% del PIB en vivienda social. Ante esta situación ni se puede «apelar a la solidaridad» de los rentistas como se ha estado instando desde el Gobierno Central ni aceptar medidas meramente temporales como es la puesta en marcha de albergues. Hay que entender que la lucha por la vivienda es parte de la lucha contra el sistema capitalista en su conjunto.

La crisis de la vivienda no se podrá resolver mientras el capitalismo continúe de pie. ¡Expropiemos a los grandes capitalistas y propietarios y pongamos la vivienda de una vez bajo el control de los vecinos y los trabajadores!

En la fase actual del capitalismo se produce comida suficiente para alimentar a 10.000 millones de personas, cada año se producen más de 100.000 millones de prendas, se estima que sólo en Europa hay unos 38 millones de viviendas vacías. El nivel de desarrollo tecnológico permite construir un coche en cuestión de horas y los recientes desarrollos en la inteligencia artificial permiten automatizar un gran número de tareas y avances muy importantes en campos de investigación.

Sin embargo, más de 20.000 personas mueren al día por hambre, el 20% de la población no tiene una vivienda digna, alrededor de 2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y, según el Informe anual de ACNUR, a finales de abril de 2025 había 122 millones de personas desplazadas por la fuerza (guerra, violencia y persecución). Así pues, está claro que existen los recursos para dar cobijo a todo el que lo necesita. Contribuimos con nuestro trabajo para crear no sólo nuestro salario sino los beneficios que nutren a los empresarios, ahora de lo que se trata es de que ellos paguen de vuelta.

Este sistema ha demostrado estar a su límite y es necesario superarlo.

Repetimos: Socialismo o barbarie.

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