El PP se ríe de las 7291 víctimas de covid en las residencias de Madrid

El mes pasado vimos una escena en la Asamblea de Madrid que podríamos describir de asquerosa como mínimo. Almeida, alcalde de Madrid y líder del PP municipal se ríe, se jacta y burla junto a sus compañeros de partido de los diputados de Más Madrid llamando la atención a las víctimas de covid. Asistían al pleno con camisetas en las que se leía “7291 víctimas” con motivo del quinto aniversario de la primera ola de la pandemia y en recuerdo de los fallecidos en las residencias. A los representantes del PP para el ayuntamiento les hace gracia que Ayuso dejase morir en condiciones infrahumanas a más de siete mil personas y se burlan de los que protestan, aunque de forma simbólica, hablando de “merchandising”. Es asqueroso, repulsivo y la peor de las muchas caras visibles de la derecha.

Almeida ha querido retractarse y decir que no se reían de las víctimas, sino del “proyecto” de Más Madrid, es decir, “solo” de darles visibilidad y buscar justicia para ellas. Además, da la sensación por la forma en la que todo el PP habla de ello de que les es algo externo, como si no tuviera que ver con ellos, y, en muchas ocasiones, como si ni siquiera fuese real. Desde la OCR condenamos a Almeida, a Ayuso, a Feijóo y a toda la “gente de bien” del PP por reírse y no aceptar culpabilidad por la muerte de ancianos inocentes que murieron explícitamente debido a sus políticas nefastas.

7291 fueron las personas fallecidas en residencias de la Comunidad de Madrid (CAM) durante la aplicación de “los protocolos de la vergüenza”, consistentes en cuatro versiones de protocolos de actuación para las residencias con un nexo común, la exclusión a la derivación hospitalaria de aquellos residentes que no dispusieran de seguro médico privado. 7291 personas que fallecieron sin atención hospitalaria, muchos sin los adecuados cuidados paliativos y entre dolores insoportables. Y son esas 7291 víctimas las que dan nombre al documental que abarca las dos comisiones de investigación, una institucional y otra ciudadana, que trataron de esclarecer lo sucedido. Este documental, dirigido por Juan Castro, se emitió en La 2 de RTVE en el 5º aniversario de esa primera ola de la pandemia en el Estado español (y está disponible en streaming en RTVE Play). No sin varias polémicas, entre las que destacan el sabotaje de un cine en Móstoles el 25 de febrero cuando se iba a proyectar el documental, o que el mismo día de la emisión en TVE el PP solicitase a la televisión pública que antes del documental emitieran un vídeo “aclarativo” en el que la presidenta autonómica contaba su versión de lo sucedido en las residencias, a lo que TVE se negó.

En el documental se nos recuerda que en julio de 2020 se inició una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Una comisión que la nueva Asamblea de Madrid, con mayoría absoluta del PP tras las elecciones de 2021, decide no continuar, dejando exentos de declarar a los responsables políticos de la CAM y quedando finalmente inconclusa la comisión. No es hasta septiembre de 2023 que las asociaciones de afectados sacaron adelante una comisión ciudadana con el mismo objetivo que la de la Asamblea de Madrid: determinar la responsabilidad de lo ocurrido. Alberto Reyero, el que fuera en la primera ola de la pandemia consejero de políticas sociales, es el único miembro del gobierno de Ayuso del 2020 que se presta a declarar en esta comisión. También es el único miembro de aquel gobierno que comparece para el documental más allá de lo obtenido a través de las grabaciones de las comisiones.

Como fuere, los datos sobre la mesa, datos que el propio gobierno de Ayuso facilitó en 2020 y que ahora, 5 años después niega, son terribles; el 3 de marzo de 2020 falleció la primera persona por covid en la CAM, Carmen Rosa, de 99 años. Tras ella durante los meses de marzo y abril de 2020, 9470 personas que vivían en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid murieron. De ellas, 7291 no fueron derivadas, no tuvieron atención hospitalaria.

El documental combina las grabaciones de ambas comisiones de investigación donde destacan las intervenciones de expertos en atención sociosanitaria, pero, sobre todo, los testimonios de los familiares de las víctimas y del personal de las residencias. Relatan cómo ninguno podía hacer nada y, mientras unos veían en directo ahogarse a los ancianos, los familiares tenían que sufrir además el presenciar telemáticamente como sus mayores morían agónicamente. “Siento que podríamos haber hecho más, pero no nos dejaron” lamenta José Ángel Gómez-Chamorro, presidente de la comisión de investigación institucional.

A estas alturas no debería sorprendernos la mezquindad del PP y de la derecha española entorpeciendo las investigaciones y los procesos de justicia, y mintiendo u ocultando la verdad sobre las tragedias de las que son responsables. Lo hicieron en 2002 tratando de minimizar la gravedad del vertido del Prestige, en 2004 mintiendo sobre la autoría de los atentados del 11M y enfangando mediáticamente las investigaciones oficiales. Lo hicieron en 2021 al forzar el cese de la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias y aún lo hacen mintiendo 5 años después acerca de la responsabilidad y de las cifras de fallecidos. Lo mismo que hacen también ahora sosteniendo cada una de las ya incontables versiones de Mazón sobre su ausencia el 29 de octubre y la responsabilidad de la emergencia en Valencia. Nada nuevo en el horizonte: la clase privilegiada usando los muchos medios bajo su control para desviar la mirada de todo el daño que causan al conjunto de la sociedad.

Desde el principio, el documental hace hincapié también en la situación de las residencias de Madrid en 2020, llama la atención que de un total de 475 residencias, solo 43 eran públicas, de esas 43 además 18 eran de gestión privada.

El documental ha hecho un buen trabajo en llamar atención al caso y recordar a todos que el tema no se ha cerrado porque no hay justicia. Demuestra la falta de empatía y rechazo de culpabilidad de los representantes del capital, el PP, que siempre va a buscar protegerse a sí mismo y a los intereses de la clase dominante, a coste de las vidas de la clase obrera. Para ellos, un anciano ya no genera beneficios, entonces no les importa dejarlos morir en condiciones pésimas cuando podría haber sido evitado. Dejan todos los servicios públicos sin inversión necesaria para asegurar su calidad, ni en las residencias, ni los hospitales, ni las escuelas, ni las viviendas ni tampoco el suministro de luz.

Pero no es solo el PP a quien hay que señalar a dedo. Más Madrid llamó la atención al caso con sus camisetas de protesta, pero no han logrado reabrir la investigación del caso ni el PSOE ha prestado atención para condenar al PP de Madrid por sus políticas criminales. Hay que echar a todos del gobierno, nacionalizar las residencias privadas sin indemnización y proveer los recursos necesarios para que la pública funcione bien y cuide a nuestros familiares mayores, que es lo mínimo que merecen. Hay que poner toda la sanidad bajo control obrero democrático para asegurar su calidad y cubrir las necesidades plenamente, quitando el motivo de lucro de la ecuación.

 

Imagen de portada: Marea de Residencias