¿Es la ola de incendios un desastre climático inevitable?

Más de 400.000 hectáreas han sido calcinadas por las llamas que azotan con gran voracidad Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura. A las hectáreas perdidas ante el avance del fuego se añade la dolorosa e innecesaria cifra de 8 fallecidos a causa de los incendios. Se trata, sin duda, del episodio de incendios forestales más devastador en la historia reciente del Estado español.

Mientras bomberos, la UME e incluso vecinos y vecinas luchaban como podían contra las lenguas de fuego, el alcance de la catástrofe y la indignación popular ejercían presión sobre los partidos políticos. ¿Su respuesta inmediata? Desplazar el foco de atención de las causas reales de la catástrofe hacia demagógicos discursos partidistas, principalmente esgrimidos por PP, pero también por Vox.

Ambos partidos han desatado una campaña política de tergiversación muy coherente con su trayectoria de estos últimos años, basada en no mencionar el cambio climático, en mentir sobre las restricciones a la limpieza de los parques naturales afectados y en distorsionar las causas registradas de los incendios.

Bajo toda esta confusión se esconde el abandono del sector agrícola por su baja rentabilidad, la privatización del suelo que entorpece su mantenimiento y la infrafinanciación, tanto autonómica como desde el gobierno central, de los servicios de emergencias, cuerpos de bomberos, etc. No, el antagonista no es el pirómano; como veremos, el antagonista es el sistema que toda la clase dominante española y sus lacayos defienden.

La situación del campo español: cambio climático y  abandono rural

El 24 de agosto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publicaba en la red social X un gráfico en que se veía claramente la tendencia ascendente en los grados de las olas de calor desde hace 50 años. Este verano se ha batido el récord con una anomalía de 4,6 grados y una duración de 16 días.

Para la mayor parte de la población que la ha sufrido, la ola de calor no necesita ser expresada con estadísticas para ser entendida. El cambio climático está dejando de ser fruto de la locura de los científicos para transformarse en una verdad de sentido común, a pesar de la obstinación de PP y Vox en negarlo por motivos económicos. Como agravante, por su posición geográfica, el Estado español está más expuesto que el resto de países de Europa a sus efectos: desertificación del suelo, sequías, subida del nivel del mar y, por supuesto, oleadas de incendios forestales.

Tales consecuencias llevan años sufriéndose, sobre todo, en el sector de la agricultura y la ganadería, en los que la sequía lleva casi 3 años afectando la productividad del trabajo y forzando al abandono tanto de tierras que antes se cosechaban como de la actividad rural en general (El País, 13/10/24). Pero ese no es el único problema que afecta a la agricultura: la posesión privada del suelo favorece su abandono cuando deja de ser rentable.

La actividad agrícola jugaba un cierto papel en evitar la propagación de incendios, pues los campos y las tierras cuidadas servían de contención natural y como garantía del buen estado de las tierras —desbrozadas, sin vegetación descontrolada, etc.—. Para tomar perspectiva del riesgo que supone el abandono rural y su acicate, la propiedad privada del suelo, observemos los datos de las autonomías afectadas por los incendios. En Galicia, el 53% del suelo rústico es de propiedad privada, el 46,8% del cual no se está empleando. El 30% del suelo forestal es privado, pero de 680.000 propietarios —grandes, medianos o pequeños, no se especifica— se sabe que solo 80.000 realizan tareas de cuidados regularmente (La Voz de Galicia, 15/04/18).

Para Castilla y León no existen datos concretos, pero haciendo uso de los públicos, a saber, que desde 2016 se han convertido un millón de hectáreas cosechables en zonas forestales, nos podemos hacer una idea del nivel de abandono de la agricultura. En Extremadura, el nivel de acumulación ha alcanzado tales niveles que el 0,6% de las explotaciones ocupan el 43% de la tierra cultivable (NR, 17/04/25). A esto se le suma que una de cada cinco hectáreas cosechables están abandonadas (Revista Campo, 16/01/24). La relación entre propiedad privada de la tierra y abandono está clara, así como la relación entre el abandono de la agricultura y los incendios. Por mucho que intenten desviar la atención, bajo el actual régimen político y económico, la responsabilidad de mantener limpios los campos era de sus propietarios.

Y esto nos lleva a la cuestión del origen de los incendios, profundamente vinculada con la propiedad de la tierra. Solamente el 7,6% de los incendios detectados el 2023 fueron intencionados, siendo el resto de causa desconocida (67,2%), por accidente humano (7,5%), accidente natural (8,2%) o fruto de negligencias (9,5%). Dentro de los intencionados, la mayoría de los incendios de causa conocida fueron provocados por intereses y conflictos ganaderos, agrícolas y por venganza u odio (71%). Está claro, pues, cuál es el problema: que vivimos bajo un régimen productivo que fuerza a una lucha bárbara entre productores que compiten en condiciones de desigualdad absolutas.

El papel del gobierno central y de los gobiernos autonómicos

Según la Ley de Montes de 2003, es obligación de los dueños y gestores de los montes llevar a cabo las tareas de limpieza y desbroce pertinentes. Los parques naturales del Estado español tienen, en general, titularidad mixta, combinando zonas públicas bajo gestión de las autonomías y ayuntamientos con zonas privadas gestionadas por sus dueños. En Galicia, por ejemplo, un 80% está en manos privadas. Por tanto, es un bulo descarado por parte de PP y Vox decir que el problema es que la “Agenda 2030” impida desbrozar los montes. Solamente en determinadas autonomías se tiene que pedir permiso por anticipado si se quiere realizar una quema controlada. Nada más.

Para entender el papel criminal del PP y del gobierno central en la gestión de los incendios bastará con centrarnos en su prevención.  El riesgo de incendios en el Estado español es algo sabido por todo el mundo, científicos y legos por igual. Aparte, es sabido que la prevención de incendios cuesta mucho menos que su extinción, 3.000 y 19.000 euros de media  por hectárea respectivamente (ASEMFO, 2022). Aun así, en las autonomías afectadas del PP, en los últimos años la tendencia fue a recortar los presupuestos en prevención de incendios. En Castilla y León, el presidente autonómico Mañueco abogó por recortar el 90% del presupuesto en prevención, aduciendo simpáticamente que se trataba de “un despilfarro”; en Galicia también se obraron recortes y en Extremadura se cedió la política forestal a Vox, partido conocido por negar el cambio climático y reírse de la ciencia. Con Vox nos arriesgamos a un retorno descarado al feudalismo, simple y llanamente.

Desde el 2009 se han recortado de los presupuestos generales el 50% de fondos destinados a la prevención de incendios (El País, 14/08/2025). Esto incluye los anteriores mandatos del PP, pero también el actual gobierno PSOE-Sumar, gobierno que, presionado por las amenazas del gigante estadounidense, está subiendo el presupuesto “en defensa” a costa de recortes a los servicios públicos. La consecuencia: insuficiencia absoluta de helicópteros y aviones cisterna, de maquinaria terrestre como autobombas, mangueras, palas para extinguir fuegos, etc. Por no hablar de las condiciones laborales injustas de los compañeros bomberos.

La privatización de las tareas de extinción también dificulta su coordinación. Este sector está actualmente controlado por un oligopolio de empresas que pueden imponer el precio que sea a sus servicios. Por ello, reciben enormes cantidades de dinero público, respaldados por el Real Decreto Legislativo 15/2022 y el artículo 148 de la Constitución Española, que permiten la externalización de tales tareas. En los últimos dos años estas empresas han recibido 384,61 millones de las distintas autonomías, a parte de 270 millones del Ministerio de Transición Ecológica (NR, 22/08/25). Es la receta perfecta para el desastre.

La crisis de los incendios es la crisis del capitalismo

Los incendios nos han mostrado la decadencia del capitalismo como sistema. Que la propiedad privada de los medios de producción viva significa, como estamos viendo, que la naturaleza y sus especies —incluídos nosotros— perezcamos. Las decisiones que la clase dominante toma no son racionales, no se basan en la ciencia ni en los hechos. Como hemos visto, solo tienen un aliciente: su propio beneficio, así tenga que arder el mundo.

¡Expropiemos los parques naturales y los terratenientes, sin indemnización!

¡Pongamos toda esta tierra bajo el control de quienes la trabajan y la cuidan, para beneficio de todos!

¡Por una financiación suficiente de los planes antiincendios!

¡Dinero para hidroaviones y bomberos, no para tanques y armas!

¡Equipamiento antiincendios, no bombas incendiarias!

¡Nacionalización bajo control obrero de los servicios de extinción!

¡Condiciones laborales dignas para el cuerpo de bomberos!