Escándalo en el Hospital de Torrejón: una prueba más del fraude de la sanidad privatizada

El reciente escándalo desvelado en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) es solo un crudo ejemplo del resultado de la privatización de la sanidad, que inevitablemente, prioriza los beneficios económicos y pone en riesgo la salud y dignidad de pacientes y profesionales.

Todo comenzó con unos audios internos filtrados de Pablo Gallart, consejero delegado (CEO) de Ribera Salud durante una reunión el pasado 25 de septiembre con una veintena de mandos del grupo y del hospital, dando instrucciones de alargar las listas de espera y descartar pacientes con intervenciones que no fueran rentables, con el objetivo de hacer ajustes y “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”. (El País, 3/12/25)

Desde entonces, siguen saliendo a la luz nuevos hechos: tres directivos fueron despedidos un día después de denunciar por el canal ético interno estas medidas junto con otras como la reutilización de catéteres con marcado “de un solo uso”, comprometiendo la seguridad de los pacientes. Y si vamos más atrás, en mayo, 260 trabajadores del hospital firmaron un manifiesto denunciando presiones para abaratar los costes y en junio, Ribera Salud recibió 33 millones de euros de la Comunidad de Madrid para equilibrar las cuentas. (RTVE, 4/12/25)

Por supuesto, el grupo Ribera ha negado la relación entre estos hechos y ha anunciado que el CEO, Pablo Gallart, ha dimitido de la gestión del centro hospitalario mientras se lleva a cabo “una auditoría en profundidad» (aunque sigue manteniendo su puesto en el grupo). (El País, 3/12/25)

Por su parte, la Comunidad de Madrid se ha reunido con el presidente de la compañía, Emmanuel de Geuser, y ambas partes coinciden en negar cualquier tipo de instrucción dada desde la empresa para aumentar los beneficios; la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha añadido que se trata (cómo no) de una conspiración político-empresarial. (El País, 9/12/25)

No estamos ante un error puntual o una mala praxis aislada, tampoco se trata de un simple caso de corrupción ni “rencillas entre directivos”, tal y como dijo Ayuso: estas son las consecuencias inevitables de entregar hospitales públicos a empresas privadas cuyo objetivo es hacer negocio a costa de la salud pública.

Privatizar: la trampa del lucro

En el modelo de gestión del Hospital Universitario de Torrejón, la empresa lo construye y gestiona durante un periodo de tiempo (en este caso, 30 años) a cambio de un canon fijo por atender a la población de la zona. Esto supone un mayor beneficio cuánto más se ahorre en procesos y recursos, ya que la cantidad de financiación pública depende del número de habitantes y no de la cantidad de servicios proporcionados. Se trata de un diseño del propio grupo Ribera Salud, que se aplicó primero en la Comunidad Valenciana y se ha extendido a Madrid y Galicia, todas ellas gobernadas por el PP. (El País, 5/12/25)

Mientras siga existiendo esta mercantilización, y más aún combinada con la deuda generalizada y la crisis orgánica del sistema capitalista, los escándalos solo irán en aumento, como ya comentamos hace apenas unos meses con el caso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la batalla contra el derecho al aborto de Ayuso o la política criminal en Valencia con el desastre de la DANA. Este sistema utiliza la salud como una mercancía con la que lucrarse, mientras nos intentan vender que los recortes y medidas son necesarias para la “supervivencia” del hospital, como se oye en los propios audios de Gallart.

Reformas insuficientes

Ante la presión social y mediática, el Ministerio de Sanidad ha anunciado su intención de reformar la ley para vetar contratos de concesión como el de Torrejón si se confirman vulneraciones (EL ESPAÑOL, 4/12/25).

Pero estas medidas de sanción y limitación sobre el mercado (si acaso se llega a aplicar alguna), son completamente inútiles a la hora de controlar una privatización que no ha hecho más que avanzar: un tercio de los hospitales del Sistema Nacional de Salud del estado Español están gestionados por la privada y el gasto en estos centros se ha incrementado en un 84%, entre 2011 y 2023, hasta los 4.800 millones de euros (El País, 9/12/25). Esto acompaña niveles récord en las listas de espera (media de 121 días para intervención quirúrgica), un déficit de 4.500 médicos de familia y de 100.000 enfermeras, con una de cada cuatro planteándose abandonar la profesión debido a la precariedad y sobrecarga laboral. (El País 13/1/25)

Pero tampoco es suficiente aumentar la financiación si una gran parte (y cada vez mayor) acaba en manos de empresas privadas, lo que necesitamos es transformar el sistema de forma radical. Necesitamos poner la sanidad bajo control de los trabajadores sanitarios, que conocen mejor que nadie las necesidades y los recursos.

La única solución: sanidad 100% pública, bajo el control de los trabajadores

Todo esto está coincidiendo con una huelga a nivel nacional de 4 días contra el nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, esta protesta está limitada a los médicos por la mejora de sus condiciones, como la reducción de horas máximas semanales (El País 9/12/25). De esta manera, el alcance de la lucha es limitado mientras no conecte con la mejora de condiciones de todos los profesionales de la salud, incluyendo enfermeras y celadores, y de ahí, al resto de sectores afectados por el mismo problema de privatización y recortes, más directamente el de la educación. La lucha es el único camino, todos los trabajadores unidos contra el enemigo común: la clase capitalista, cada vez más desesperada por recuperar sus inversiones y mantener sus márgenes de beneficio, a costa de todo lo demás, incluida nuestra salud y nuestras vidas.

Para garantizar la salud como un derecho de todos, nuestra única alternativa es la lucha organizada por una sanidad 100 % pública y de calidad:

• Por la nacionalización integral del sistema de salud, bajo control de los propios trabajadores sanitarios ¡No a la sanidad privada!
• Atención sanitaria integral, que incluya todos los ámbitos de salud física y mental, con servicio de psicología y odontología públicos y gratuitos
• Nacionalización del monopolio farmacéutico que se lucra con la vida y la muerte de las familias trabajadoras, sin indemnización y bajo control obrero
• Eliminación del gasto militar para reorientarlo a cubrir necesidades sociales
• No pagar la deuda pública: que la banca devuelva todas las ayudas recibidas
• Revertir todos los ajustes y recortes sociales