Galicia: Altri non! Movilización masiva contra una amenaza al ecosistema

El pasado 26 de marzo, decenas de miles de personas colapsaron las calles de Palas de Rei (Lugo), un municipio de 3.400 habitantes, para rechazar la instalación de una macrocelulosa promovida por las empresas Altri y Greenalia. La protesta, bajo el lema “A auga é nosa e non da celulosa” (El agua es nuestra y no de la celulosa), marcó un hito en la lucha contra un proyecto que consumirá 46 millones de litros diarios del río Ulla, equivalente al consumo humano de toda la provincia de Lugo, y ocupará 366 hectáreas, lindando con espacios protegidos.

Este proyecto delata la indiferencia tanto de las grandes empresas como de los gobiernos por las vidas de la clase trabajadora, de la cual extraen toda su riqueza. Con el beneplácito de la Xunta de Galicia, Altri y Greenalia buscan imponer un modelo que ya ha devastado regiones como el Alentejo portugués, donde el monocultivo de eucalipto agrava incendios y desertificación. Mientras, el gobierno de Alfonso Rueda (del PP) ignora el clamor social, aliándose con intereses que vulneran la soberanía territorial e hídrica.

Galicia lleva décadas sufriendo ataques de este tipo. La celulosa ENCE en Pontevedra y la mina de Touro son ejemplos de afrentas contra la salud de los gallegos y su tierra, en favor del beneficio de un puñado de capitalistas e inversores. El proyecto Gama, nombre comercial de la macrocelulosa, repite este patrón: osa llamarse “sostenible”, mientras planea usar madera de eucalipto, una especie invasora beneficiosa por su rápido crecimiento y propagación que desplaza especies nativas, y agua pública del Ulloa que pretenden devolver contaminada para que acabe en la ya ensuciada ría de Arousa.

La movilización en Palas de Rei no es una excepción. Desde 2023, la Plataforma Ulloa Viva ha llevado su protesta al Parlamento gallego, al Congreso español y a Bruselas. En marzo de 2024, una manifestación marítima y terrestre en A Pobra do Caramiñal reunió a 50.000 personas contra la celulosa y la mina de Touro, desafiando incluso alertas meteorológicas. Estas acciones han unido a sectores dispares: mariscadores, ganaderos y ecologistas.

La fábrica captaría 46 millones de litros de agua del embalse de Portodemouros y devolvería 30 millones de litros diarios al Ulloa, supuestamente depurados. Sin embargo, los expertos alertan de que los tratamientos no eliminan contaminantes como metales pesados o disruptores endocrinos.

La corrupción política tampoco huelga en el proyecto: Greenalia, socia menor del proyecto, cuenta en su consejo con Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente de Feijóo. Además, el exministro socialista José Blanco asesoró a Altri a través de su consultora, Acento Public Affairs. Además, depende de 250 millones de euros de fondos Next Generation de la UE, que el Gobierno central aún no ha aprobado. El BNG ha amenazado a Pedro Sánchez con romper su alianza si continúa apoyando a Altri.

La Xunta y las empresas insisten en que la celulosa es “clave para la industrialización de Galicia”. Pero, como señalan los vecinos y las asociaciones, “si el proyecto es tan bueno, ¿por qué no lo quieren en Portugal?”. La respuesta está en los antecedentes de Altri: en su país, la empresa está vinculada a incendios masivos por monocultivos de eucalipto y a la contaminación de cuencas fluviales. Bruno Dapena, director del Proyecto Gama, afirmó en 2023 que “tres grados más en el agua no afectan los ecosistemas”. Una vez más, los representantes de la burguesía nos demuestran que la única lógica que son capaces de entender es la del capital.

El “greenwashing” corporativo debe ser desenmascarado. Proyectos como el de Altri se venden como “verdes”, pero su lógica es la misma de siempre: extraer, contaminar, lucrarse.

La presión social ya da resultados. La masiva movilización ha hecho que el PP se haya quedado como único apoyo político a la celulosa. El partido socialista se ha visto obligado a retirar su apoyo al ver el calibre de la movilización.

La lucha contra Altri nos demuestra la fuerza, vehemencia y conciencia de la clase trabajadora gallega. El movimiento es robusto, pero necesita unidad ideológica y una dirección decidida para triunfar.

Nuestra postura es clara: no a la mercantilización del agua y del territorio. Debemos expropiar sin indemnizar a los grandes terratenientes y poner estos recursos en manos de la sociedad, bajo el control de quienes los trabajan.