Los incendios en el Estado español: Crisis ecológica bajo el capitalismo

Los incendios que actualmente están afectando al Estado español no deben entenderse simplemente como una serie de desastres naturales desafortunados. Es parte de una crisis ecológica y social más amplia, donde el cambio climático, el abandono de las zonas rurales, la falta de servicios de prevención y la forma en que está organizado el Estado se relacionan entre sí. Lo que a primera vista parece ser solamente un problema de incendios también es una cuestión de cómo la sociedad organiza su relación con la naturaleza, el trabajo y los recursos públicos.

La magnitud de la crisis actual es enorme. Hasta finales de agosto los incendios han quemado 265.000 hectáreas, y solo hasta fines de julio más de 115.000 personas habían sido evacuadas de sus hogares o permanecido confinadas. Al mismo tiempo, el gobierno nacional ha propuesto un Pacto de Estado sobre los incendios, mientras que el Partido Popular ha rechazado el acuerdo hasta ahora. Un Pacto de Estado pretende establecer un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y administraciones para coordinar la prevención, la gestión de las emergencias y las políticas de recuperación a largo plazo. En teoría un pacto de ese tipo debería permitir establecer una estrategia que no dependa de los cambios de gobierno y que garantice recursos suficientes para la prevención y la protección de los territorios rurales. Como señala El País, los gobiernos no han logrado establecer “una estrategia común a largo plazo” frente a los incendios (El País, 28/07/2026). La confrontación política entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular, incluido el rechazo de Feijóo al pacto propuesto, muestra como una crisis que requiere planificación a largo plazo continua atravesada por conflictos políticos inmediatos.

Para las familias de estos pueblos, esto no significa solamente abandonar una casa durante unas horas: significa ver como años de trabajo, recuerdos, tierras y formas de vida pueden desaparecer en cuestión de días, mientras quienes toman las decisiones políticas continúan discutiendo quien tiene la culpa.

Las causas inmediatas son relativamente claras. El calor extremo, las sequías, la vegetación cada vez más seca y el abandono de las zonas rurales han creado condiciones en las que los incendios pueden extenderse más rápido y ser mucho más difíciles de controlar. Pero las condiciones climáticas por sí solas no explican la magnitud de la catástrofe. La cuestión de la prevención también es fundamental.

La experiencia de los bomberos forestales de Madrid deja esto muy claro. En abril, antes de que llegara el calor del verano, los trabajadores advirtieron que los trabajos de prevención habían bajado al 50% de lo normal. Según elDiario.es, los equipos de bomberos pasaron de tener siete integrantes a cinco. Un bombero explicó que “con cinco personas en lugar de siete, este ataque es más corto y más lento” (24/07/2026).

Más importante todavía es que estos trabajadores llevan años advirtiendo sobre el problema. Jesús Molina, presidente del comité de empresa de los bomberos forestales, declaró: “No es que llevemos meses, es que llevamos años avisando de que algo así podía pasar” (Ibid.).

Este es uno de los hechos más importantes de toda la crisis. Las personas cuyo trabajo las pone directamente en contacto con los bosques entendieron el peligro antes de que las instituciones políticas actuaran. Esto plantea una cuestión fundamental sobre quién debe tener el poder para decidir cómo se gestionan los bosques y cómo se organizan los recursos destinados a la prevención. Los bomberos forestales no deberían limitarse a ejecutar las decisiones tomadas desde los despachos de las administraciones, sino deberían tener una participación directa y decisiva en la planificación de la prevención.

Esto significa poner la gestión de los servicios forestales en manos de quienes realizan este trabajo, junto con las comunidades rurales y el conjunto de la población trabajadora. Los bomberos forestales deberían poder intervenir directamente en decisiones como dónde se necesitan trabajos de limpieza y mantenimiento, qué zonas presentan mayor riesgo, cómo deben organizarse las brigadas y qué recursos son necesarios para responder a una emergencia. Esto permitiría que la planificación no estuviera determinada principalmente por criterios de reducción de costes o por intereses políticos de corto plazo.

Desde una perspectiva marxista, esta contradicción merece algo más que una crítica a la mala administración. Nos lleva a criticar el propio modo de producción capitalista. El capitalismo organiza la producción en base a la acumulación de capital. Las necesidades sociales y ecológicas pasan a segundo plano. La prevención de incendios presenta un problema particular: no genera una ganancia inmediata. Un bosque que no se quema, difícilmente aparece como un “éxito económico”, aunque su conservación sea fundamental para la vida humana y la biosfera.

El abandono de las zonas rurales del Estado español también debe entenderse dentro de este contexto. La despoblación rural muchas veces se presenta como un fenómeno demográfico lamentablemente, pero un análisis materialista busca entender qué produjo esta situación. La concentración de la producción agrícola, el desplazamiento de los pequeños productores, la migración hacia las ciudades en búsqueda de oportunidades laborales y la transformación de las economías rurales han cambiado la relación entre las personas y la tierra.

El capitalismo no solo expulsa a las personas del campo hacia las ciudades; también deja atrás territorios cada vez más vulnerables, donde quienes permanecen deben enfrentarse a incendios, falta de servicios y precariedad con recursos cada vez más limitados.

Los propios bomberos forestales señalan una posible alternativa. Julio Chana relaciona la prevención de incendios con mantener vivas las comunidades rurales, apoyar la ganadería y mantener la actividad agrícola alrededor de los pueblos. Este tipo de paisaje, según explica, puede ayudar a crear una variedad de terrenos que dificulta la propagación de los incendios (Ibid.). Va más allá de simplemente contratar más bomberos.

La situación en la Comunidad de Madrid ofrece un ejemplo concreto de estas contradicciones. Ayuso, describió la situación como una “tormenta perfecta” y se refirió a ella como “el incendio más grave de la historia de la Comunidad de Madrid”. Al mismo tiempo, elDiario.es informa que los bomberos forestales ya habían advertido que la mitad de los trabajos preventivos habituales no se habían realizado (Ibid.).

El punto no es decir que Ayuso personalmente causó los incendios. Eso reduciría un problema estructural a una sola persona. Más bien, podemos analizar las políticas de su gobierno como una expresión concreta de un enfoque capitalista de la administración pública. El artículo describe al sector forestal como “precarizado y externalizado” por la Comunidad de Madrid, mientras que los trabajadores acusan a la administración de ignorar sus demandas.

Como marxistas entendemos que el Estado no existe fuera de la sociedad de clases como una institución completamente neutral. Funciona dentro de las relaciones sociales del capitalismo y ayuda a mantener las condiciones necesarias para que esas relaciones continúen. Por eso, los servicios públicos están constantemente bajo presión para reducir costos, aumentar la “eficiencia”, privatizar y externalizar servicios.

Por lo tanto, la solución no puede ser simplemente tener una mejor respuesta de emergencia después de que comience el próximo incendio. Se necesita una inversión pública constante en prevención, servicios forestales públicos más fuertes, empleos estables para los trabajadores forestales, apoyo a las comunidades rurales y una planificación democrática del territorio y de los recursos naturales en todo el país. Pero, para llevar a cabo esto de manera eficiente se necesita expropiar la gran propiedad forestal, sin indemnización, para que pase a dominio público.

Los incendios demuestran que las crisis ecológicas nunca son solamente ecológicas. Se convierten en crisis sociales dependiendo de cómo la sociedad organiza el trabajo, la tierra, la producción y los recursos públicos. Los trabajadores que advirtieron sobre los incendios entendieron esto sobre su propia experiencia.

La lección principal que debemos tomar de esta crisis no es simplemente que hay que apagar los incendios de manera más eficiente en el Estado español. Es que la sociedad capitalista, además de haber generado las condiciones para esta crisis, es incapaz de dar una respuesta eficaz a sus síntomas. La crisis ecológica exige más que una mejor administración. Exige transformar las relaciones sociales que determinan qué se produce, dónde se invierten los recursos y, en última instancia, a qué intereses sirven esas decisiones. Por eso es necesario expropiar a los capitalistas que destrozan el medioambiente y no les importa el impacto ni les importa prevenir el destrozo. Hay que poner la gestión de los bosques bajo control obrero para preservar la naturaleza y la calidad de vida en las comunidades rurales.