Nuevo Estado de Alarma: una medida insuficiente para garantizar la salud de la clase trabajadora
En el día de hoy se ha aprobado la prórroga de 6 meses de la declaración de Estado de Alarma, anunciada por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 25 de octubre. No obstante, este nuevo Estado de Alarma dista mucho del declarado el pasado 14 de marzo, a través del cual se ordenó el confinamiento domiciliario de toda la población y el cierre de comercios y bares.
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Una mera garantía jurídica
Desde la suspensión del anterior Estado de Alarma, las medidas del gobierno han llevado consigo dudas jurídicas en cuanto a la posible invasión de competencias de las Comunidades Autónomas por parte del Gobierno Central.
Fue el caso de la orden del Ministerio de Sanidad que estableció el confinamiento perimetral a varios municipios de la Comunidad de Madrid, entre los cuales se encontraba la propia capital. Tras el recurso del Gobierno de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a Ayuso, considerando insuficiente la ley utilizada por el Ministerio de Sanidad, ante lo cual el Gobierno Central se vio obligado a decretar el Estado de Alarma en la Comunidad de Madrid.
Ante el aumento de los casos en todas las comunidades, el Gobierno optó por este mecanismo legal para apartar todas las dudas y debates en torno a la legalidad de las nuevas restricciones entre las que se encuentran el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas y la prohibición de reuniones de más de seis personas, tanto en espacios públicos como privados.
No obstante, aunque se decretan medidas de obligado cumplimiento en todo el Estado, se ofrece cierta flexibilidad para modular dichas restricciones por parte de las Comunidades Autónomas e incluye la posibilidad de limitar la entrada y salida de sus territorios, completamente o en una parte de ellos y que varias comunidades están llevando a cabo.
Medidas insuficientes
Con el récord de contagios diarios batiéndose cada día y con una presión hospitalaria cada vez mayor, las medidas de restricción de la movilidad tomadas por el gobierno, que acompaña el Estado de Alarma, se antojan del todo insuficientes.
Ya denunciamos en un artículo anterior que el hecho de mantener la actividad productiva en niveles ordinarios, es lo que obliga a millones de trabajadores y de trabajadoras a salir de casa para ir a sus centros de trabajo, donde se exponen diariamente al virus y lo propagan en el ámbito familiar. Por tanto, el hecho de que en esta declaración de Estado de alarma no establezca ningún tipo de limitación de la actividad empresarial, pone en entredicho la efectividad que pudieran tener las medidas aprobadas.
Llegados al punto en el que estamos de descontrol de la pandemia, por no haber destinado recursos suficientes a la atención primaria y a la contratación de un mayor número de rastreadores cuando los niveles de contagio estaban al mínimo a principios de verano, es de nuevo necesaria la paralización de la actividad en todas aquellas empresas no esenciales. Para lo cual es preciso nacionalizar y centralizar las palancas económicas fundamentales e implantar un plan de producción que atienda las necesidades sociales, bajo el control de los trabajadores.
Estas medidas deben ir necesariamente acompañadas del refuerzo del Sistema Nacional de Salud. En el anterior Estado de Alarma se incluía la posibilidad de intervenir empresas privadas del sector sanitario y la incautación de material en manos de ésta. Es cierto que esto se aplicó muy levemente pero el hecho de no incorporar tan siquiera la posibilidad en el actual decreto impide que puedan tomarse decisiones drásticas y urgentes en este sentido, en un momento en el que la presión hospitalaria no deja de aumentar y la atención primaria está ya colapsada.
En cuanto al ámbito educativo, es inasumible que con la actual prohibición de reuniones de más de 6 personas, en los centros educativos haya aulas con 25 alumnos y alumnas en las que no puede garantizarse la distancia mínima. La primera ola de la pandemia evidenció que la educación presencial es insustituible por la educación telemática, que además ahondaba en las desigualdades ya existentes en la sociedad, por lo cual es imprescindible que para continuar con la asistencia a clase se reduzca notablemente la ratio de alumnos por aula, se contrate el personal docente necesario y se habiliten espacios alternativos que puedan servir de aulas.
Restricciones de derechos democráticos
La falta de inversiones en prevención de la enfermedad, obliga ahora a los gobiernos a tomar medidas restrictivas, que si bien actualmente son bastante más tímidas que las de marzo, gobiernos como el de Macron en Francia o Merkel en Alemania ya están poniendo sobre la mesa medidas más duras.
Ante el descontrol de la pandemia, como marxistas defendemos la necesidad de tomar medidas de disciplina social. No obstante estas medidas deben ser controladas por la clase trabajadora organizada en comités de barrio y en comités de emergencia en los centros de trabajo y no a través de un fortalecimiento del aparato del Estado como se produjo en marzo.
Si bien es cierto que en este decreto de estado de Alarma no se otorgan poderes extraordinarios al ejercicio y la policía, sí que queda expresamente fijado la limitación del derecho a reunión y de manifestación, algo de lo que como marxista debemos estar frontalmente en contra.
En estos momentos hay convocadas varias huelgas importantes, entre las que se encuentran la Huelga General convocada por CGT para el 11 de noviembre en Madrid, ante la desastrosa gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de PP y Ciudadanos. Este es el camino a seguir y al que no debemos renunciar en ningún caso.
En las actuales circunstancias es más necesario que nunca organizarnos contra este sistema capitalista que nos hace pagar a la clase trabajadora las consecuencias de una pandemia de la que no somos responsables. Desde el mes de marzo se han perdido más de 500.000 puestos de trabajos, aún hay 728.909 trabajadores afectados por ERTEs y otros miles viven bajo la amenaza del despido. Es fundamental que los trabajadores nos organicemos para luchar por defender nuestros puestos de trabajo, nuestras condiciones laborales y por unos servicios públicos de calidad, sin limitaciones a la hora de ejercer nuestros derechos. Sólo a través de la movilización en la calle, aun con Estado de Alarma, podremos ejercer la presión necesaria que obligue a los gobiernos a atender nuestras necesidades.
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