Que la crisis desatada por la guerra la pague el capital, no la clase trabajadora

Los imperialistas estadounidenses e israelíes han impuesto a la clase obrera mundial una nueva guerra de acoso y saqueo, esta vez contra Irán, y cuyo desenlace final no está establecido pese a la débil tregua que se acaba de acordar. Ahora, los gobiernos y empresas capitalistas de todos los países se preparan para hacernos pagar la factura de la crisis que esta guerra ha generado, y de la que no tenemos ninguna responsabilidad. Por un lado, ya vemos una estampida de los precios provocada por el aumento del precio del petróleo y del gas, que reduce nuestro poder adquisitivo. Y, por otro, vemos el incremento del gasto público y de la deuda pública para enfrentar la crisis, que se financian con los impuestos que también paga en su mayor parte la clase trabajadora.

Los trabajadores pagan, el capital se enriquece

Para arrojar sal a la herida, los bancos están aumentando los tipos de interés para asegurarse el pago del valor original de las hipotecas, ante el aumento de la inflación. Esto encarecerá las hipotecas y traerá más estrechez y pobreza a las familias trabajadoras afectadas. Vemos así como, de una u otra forma, todos los sectores de la burguesía (banqueros, petroleras, eléctricas, alimentación, transporte, etc.) se confabulan para salvaguardar sus ganancias, haciendo pagar a la clase trabajadora la crisis de su sistema.

En este sentido, tenemos que analizar las medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados. Estas medidas incluyen reducciones del IVA y de otros impuestos en la electricidad y carburantes, ayudas directas a sectores empresariales y a los autónomos del transporte, y algunas ayudas sociales. Tendrán un coste de 5.000 millones de euros para las arcas públicas, bien sea por ayudas directas o por la pérdida de ingresos por las reducciones de impuestos.

El gobierno aprobó otro decreto, por insistencia de los miembros de SUMAR, que incluye una prórroga extraordinaria durante dos años de los contratos de alquiler que iban a vencer en 2026 y 2027, y que implicaría una subida máxima de un 2% en los alquileres, pero fue rechazado por el Congreso por la oposición de PP, Vox y Junts, de manera que este decreto decaerá a fines de abril.

Los 5.000 millones de euros movilizados con el primer decreto tienen un marco temporal de aplicación de 3 meses, hasta finales de junio; y probablemente será renovado y extendido en el tiempo, drenando nuevos recursos del Estado y del gasto social.

Nuestra posición

Por principio, no podemos avalar un decreto que carga sobre las familias trabajadoras el grueso del coste de estas medidas, como decíamos al principio. Además, el destino principal de las ayudas tiene como objetivo proteger a las grandes empresas del país: las compañías eléctricas y petroleras, y la gran industria. Las compañías eléctricas se ahorrarán 700 millones de euros en impuestos, y la gran industria electrointensiva 220 millones al abaratarse un 80% sus peajes eléctricos. Pero ¿tan mal andan estas grandes empresas para justificar estas ayudas? Nada de eso.

El año pasado las 100 mayores empresas del país, cotizadas en la Bolsa de Madrid, obtuvieron 71.118 millones de euros de beneficios que suponen, según El País: “los mayores beneficios jamás vistos y una cantidad que supone un incremento del 4,36% frente a las cifras logradas en 2024, ejercicio que tenía hasta ahora el récord” (28/02/26). En concreto, las grandes energéticas españolas —Iberdrola, Naturgy, Endesa y Redeia— registraron un beneficio neto conjunto de 11.100 millones de euros en 2025, un 10% más que en 2024.

Por su parte, las petroleras (Repsol, Moeve, Galp, British Petroleum, Enagás) consiguieron más de 5.000 millones de euros en 2025, sobre un precio medio del barril de petróleo de entre 65-70 dólares. Ahora, estos beneficios se van a disparar con el barril de petróleo disparado por encima de los 115 $US/barril, y Repsol en particular va a incrementar su negocio de ventas un 50% en Venezuela, tras llegar a un acuerdo con la administración Trump.

Por contra, los salarios aún siguen un 2% por debajo del poder adquisitivo que tenían en 2021 (gaceta.es, 23/03/26), pese a la reciente subida del SMI. Y ahora ese poder adquisitivo va a retroceder aún más con las subidas explosivas de precios que se avecinan. Nuestra posición es clara: esta crisis debe pagarla la clase capitalista en su conjunto, comenzando por quienes se están haciendo de oro con la misma: las grandes petroleras, la industria de armamento, las compañías eléctricas y los bancos.

Las petroleras estafan

Lo cierto es que las petroleras ya están estafando a los consumidores y al Estado desde el mismo día que entraron en vigor las medidas del gobierno. La rebaja real en los precios de las gasolineras han quedado en 10-15 céntimos por litro, en lugar de los 30 céntimos prometidos, porque las compañías han seguido aumentando los precios del combustible quedándose con parte de la rebaja del IVA; es decir, ¡el Estado está subvencionando con 15 céntimos por litro a estos piratas, que ya acumulan beneficios históricos, en lugar de a los consumidores!

Y aquí llegamos al meollo del asunto: no se puede controlar lo que no se posee. No podemos confiar en organismos estatales que escapan al control mismo de la población. Lo que hace falta es impulsar comités de control de precios en cada zona, formado por los sindicatos, trabajadores de gasolineras y asociaciones de consumidores, que fiscalicen los precios de las gasolinas. Pero incluso eso es insuficiente. Algunos en la izquierda plantean que hay que topar los precios de los combustibles. Suena muy bien, pero en el mundo de la “libre empresa” cualquier intento de topar precios desde arriba se enfrentará a maniobras de retención y retirada de combustible, amenazando con la escasez del suministro. Lo que hace falta es intervenir en estas compañías, expropiarlas sin indemnización bajo control obrero para que, de esta manera, el consumidor y los pequeños transportistas puedan recibir precios justos y mucho más baratos que los actuales. Otros sectores de la izquierda reformista proponen crear una empresa pública de energía para hacer frente a los grandes monopolios. Esto es humo. Una empresa de energía necesita instalaciones, refinerías, acceso a la materia prima, distribución, etc. ¿Cómo se va a crear una empresa pública de estas características y con una posición dominante en el mercado desde la nada? La única alternativa “razonable” es la expropiación de estas enormes compañías privadas como señalamos antes.

Y lo mismo se impone para las grandes compañías eléctricas que, con la subida esperada de la luz, por el incremento del precio del gas, también aumentarán sensiblemente sus beneficios. ¿Por qué hay que subvencionar, vía reducción de impuestos, a estas compañías eléctricas con cerca de 700 millones de euros cuando solo el año pasado obtuvieron más de 11.000 millones de beneficios?

¿De qué sirven las lágrimas del presidente Pedro Sánchez por el gasto de 5.000 millones de euros del presupuesto público por la crisis de Irán lamentándose por “cuánto podríamos dedicar a becas, a sanidad, a dependencia”, con este dinero? Su gobierno destinará solo este año 34.000 millones a gasto militar. ¿Calculó Sánchez “cuánto podríamos dedicar a becas, a sanidad, a dependencia” con estos recursos?

La banca, que en 2025 obtuvo los beneficios más grandes de su historia, 34.000 millones de euros, no puede seguir amasando dinero de las lágrimas y las necesidades de las familias obreras, aumentando las hipotecas y créditos al consumo. Debe ser expropiada, sin indemnización, bajo control obrero.

Un programa comunista contra la crisis

No es nuestra guerra y no la tenemos que pagar. Que la paguen los que directa o indirectamente se benefician de la misma: las grandes empresas, bancos y monopolios energéticos. Por eso planteamos:

– Los sindicatos y asociaciones de consumidores deben impulsar la formación de comités de control de precios en cada ciudad y barrio, para denunciar las subidas de precios y movilizar a la población local contra las mismas.

– Creación de comité de trabajadores en las empresas que reciban ayudas del Estado, para evitar despidos encubiertos. Si una empresa necesita ayuda pública para sobrevivir, que sea nacionalizada sin indemnización, bajo el control de sus trabajadores.

– Frente a la subida de precios que se avecina, los sindicatos deben preparar un plan de lucha general con la reivindicación principal de aumento automático de los salarios con la inflación.

– Expropiar sin indemnización (salvo a pequeños accionistas sin recursos) y bajo control obrero, las grandes compañías petroleras y eléctricas, para reducir la factura de la luz y de los combustibles, destinando sus beneficios al bienestar social, infraestructuras e inversión productiva. Expropiar la banca, para abaratar los créditos hipotecarios al 10% de los ingresos familiares como máximo.

– Expropiar sin indemnización y bajo control obrero la industria armamentística y su reconversión para fines sociales útiles.

– Presupuestos militares para gastos sociales.

– Salida del Estado español de la OTAN. Cierre de las bases norteamericanas de Rota y Morón.

– Movilizarse contra la guerra imperialista y contra el sistema capitalista que la promueve y prohíja.