Reforma de la Ley Mordaza, una nueva traición del gobierno “progresista”
A comienzos de octubre se anunció un acuerdo entre el gobierno y EH Bildu para reformar la Ley Mordaza, que fue refrendado posteriormente por el resto del “bloque de la investidura”. La Ley Mordaza fue la medida más reaccionaria (junto con la Reforma laboral) introducida por el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018). Lesionó gravemente los derechos democráticos y tenía como único objetivo incrementar la represión de la protesta social, particularmente las manifestaciones y concentraciones públicas. Así las cosas, ¿qué alcance va a tener esta “reforma”? ¿Volveremos a la situación anterior a la ley, o simplemente se limarán algunos de sus aspectos más regresivos?
La ley mordaza fue introducida por el entonces gobierno del PP debido al pánico que se generó en la clase dominante la situación prerrevolucionaria que vivió el país en el bienio 2014-2015, preparada por las enormes movilizaciones de masas que lo sacudieron entre 2011 y 2013. Sólo entre 2012 y 2013 se registraron alrededor de 45.000 manifestaciones al año, ¡un promedio de 123 manifestaciones diarias, durante dos años consecutivos!
Un aspecto particularmente regresivo y reaccionario de la Ley Mordaza fue que dio valor probatorio a la simple declaración de policías sin necesidad de aportar prueba alguna, en los delitos supuestos de “resistencia, desobediencia y falta de respeto a la autoridad”. Esto ha dejado en total indefensión a los manifestantes desde entonces, ante cuerpos policiales plagados de militantes y simpatizantes ultraderechistas. La ley mordaza también otorgó funciones policiales a los guardias de seguridad, ¡e incluso a cualquier trabajador y funcionario público! Uno de los principales agravantes de esta ley es que penaliza al «infractor» a base de multas de cientos y miles de euros por vía administrativa y sin juicio previo. Reclamar por vía contencioso-administrativa para forzar un juicio oral puede llevar varios años y terminar con el denunciado pagando las costas del proceso.
En este periodo, el balance de la Ley Mordaza es demoledor: según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, se han impuesto 1,8 millones de multas entre 2015 y 2022 (sin incluir las impuestas en la pandemia por desobediencia durante el Estado de Alarma). Casi una cuarta parte de las mismas correspondieron a dos únicos artículos: el 36.6, que sanciona la “resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” ante la policía, y el 37.4, que multa las faltas de “respeto a la autoridad”.
Ejemplos recientes de la aplicación de la ley mordaza han tenido como víctimas al Sindicato de Vivienda de Carabanchel (Madrid), que acumula más de 44.000 euros en multas sólo desde 2021, o la plataforma Defendemos Palestina con 21.000 euros en multas por la protesta de estudiantes en febrero de 2023 ante la visita de la Embajadora de Israel a la Universidad Complutense de Madrid. Aquí, un agente secreto israelí amenazó con una pistola a los estudiantes con total impunidad.
Otro caso representativo reciente es el de “Los 6 de Zaragoza”, tres de los cuales ya han entrado en prisión por haber participado en la protesta contra un mitin de VOX el 17 de enero de 2019 en el Auditorio de Zaragoza. Uno de los encarcelados, Javitxu, fue condenado por el tribunal Supremo a cuatro años y nueve meses por los delitos de atentado y desórdenes. La condena de Javitxu se fundamenta únicamente en las declaraciones de seis agentes policiales. Según Amnistía Internacional, ninguno de los tres tribunales que ha revisado el caso ha logrado demostrar que Javitxu y los otros tres jóvenes encarcelados hubieran participado en los actos específicos que provocaron daños a los vehículos y lesiones a los policías.
No es casual entonces que la exigencia de la derogación integral de la Ley Mordaza, igual que la Reforma Laboral de Rajoy, haya sido una de las banderas principales de la protesta social en todos estos años, hasta el punto que PODEMOS-SUMAR y el PSOE la llevaban inscrita en sus programa electorales y en su acuerdo de gobierno de 2019.
Lamentablemente, PODEMOS, SUMAR y PSOE ya cedieron ante la presión de la clase dominante, y traicionaron las expectativas populares al negarse a derogar la reforma laboral del PP, manteniendo lo esencial de la misma, como se ufanó en su momento el mismo José María Aznar. Por tanto, las referencias no eran muy auspiciosas cuando se anunció el acuerdo para reformar la Ley Mordaza. Y la realidad no ha defraudado estas malas perspectivas. Así, no se derogará la Ley Mordaza para volver a la situación anterior a 2015, traicionando nuevamente al electorado de izquierdas.
La “reforma” sólo suaviza algunos aspectos de la ley pero no elimina ninguno de los nuevos delitos que introdujo, ni las multas administrativas, ni los poderes añadidos a policías y guardias de seguridad.
Así, dejará de castigarse con multa un acto de protesta que no hubiese sido previamente comunicado a la autoridad gubernativa, siempre que se trate de una “rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social” y “no se desarrolle con violencia”. Pero, ¿quién podrá evaluar el grado “indudable” de repercusión social de un acontecimiento? En última instancia, no los manifestantes sino los policías y jueces, lo cual no es ninguna garantía objetiva, más aún tratándose de cuerpos tan reaccionarios. También se retiran las sanciones graves, que pasan a ser leves, por manifestarse ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Aquí, el único efecto es que bajan las cuantías de las multas pero se mantiene el “delito” de manifestarse ante estas instituciones burguesas. Un tímido avance se da en el hecho de que no se considerará a los convocantes de una manifestación responsables de los actos que cometan algunos de los asistentes, actos promovidos en muchos casos por los propios infiltrados policiales.
En lo que respecta a la desobediencia a la autoridad, ésta pasará de infracción grave a leve y se añadirá un criterio por el que dicha infracción debe ser “manifiesta, clara y objetivable” para que sea castigable. Pero ¿cuándo se considerará “manifiesta y clara”? El acuerdo dice: “cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal”. Pero ¿Quién evalúa esto? Obviamente, los propios policías. El término “objetivable” es ambiguo. Podría interpretarse como que deben presentarse pruebas objetivas al margen de la declaración policial. Sin embargo, el acuerdo gobierno-EH Bildu mantiene el principio de “presunción de veracidad” de los policías, cuya sola palabra tiene valor probatorio del delito del que se quiera acusar a una persona en una protesta pública, sin necesidad de aportar pruebas. El único cambio que se propone a la ley sobre esto es el añadido de que el testimonio del policía debe ser “coherente, lógico y razonable”, lo cual deja un margen muy estrecho para probar que el policía miente o tergiversa los hechos.
De igual manera a lo anterior pasan a regularse los delitos de resistencia a la autoridad –que exigiría ahora la existencia de “oposición corporal”– y los de “negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes”, así como la alegación “de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.
Los insultos o injurias «cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones” también pasan a ser delitos leves y se añade el cambio de que deberá tratarse “de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión”. Todo lo cual también resulta ambiguo –¿quién valora lo que es una “expresión relevante”?– y vuelve a quedar al arbitrio del policía o el juez. Asimismo, se dejará sin efecto la sanción en este último caso cuando el sancionado “acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”, incorporándose así la autoinculpación con el agravante de la humillación, para eludir la multa o no tener líos con la policía.
En definitiva, en el articulado más utilizado para reprimir la protesta social, se introducen de manera ambigua algunas matizaciones y restricciones a la actuación policial, pero lo fundamental es que la presunción de veracidad de los policías se mantiene. El perfil arbitrariamente represivo de la ley permanece sin cambios, en líneas generales. El cambio más significativo sólo se da en el carácter de las infracciones, que pasan de graves a leves. Esto implica que el arco de multas pasa de 601 a 30.000 euros a “sólo” entre 100 y 600 euros.
En relación a esto, si los sancionados ganan menos de 1,5 del salario mínimo interprofesional (SMI), se les aplicará una reducción de la sanción del 50%, y si es 2,5 veces inferior al SMI la multa sería del 25% sobre la cuantía prevista.
En el acuerdo se consignan unas pocas más de suavizaciones, siempre condicionales. Así, se rebajaría de seis a dos horas el tiempo que la policía podrá retener a una persona en comisaría, excepto que concurra una “causa justificada y excepcional”. Nuevamente, ¿quién valora esto?: la policía. Por su parte, a iniciativa del gobierno, y al margen de este acuerdo, se reducirá la calificación de la sanción por la difusión de imágenes de actuaciones policiales en manifestaciones y actos represivos. De nuevo, no se elimina el delito, simplemente se aliviará la sanción.
Otras medidas acordadas entre el gobierno y EH Bildu, al margen de la Ley Mordaza, incluyen el fin de las llamadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes ilegales tras cruzar la frontera, “en un plazo de 6 meses” después de entrar en vigor estas reformas. Lo tragicómico de esto es que las actuales devoluciones en caliente en España son, de hecho, ilegales; con lo que simplemente tenemos una promesa de que esta vez sí se cumplirá la ley; es decir, permitir a inmigrantes y refugiados disponer de la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar su expulsión.
El último compromiso de este acuerdo es el de que se eliminará “progresivamente” la utilización de pelotas de goma como material antidisturbios, pero sin plazo definido. El acuerdo, en todo caso, no especifica cuál será el material que reemplace a las pelotas de goma. En Catalunya y Euskadi se utilizan pelotas de foam, confeccionadas con un material plástico menos lesivo, pero son igualmente peligrosas. Pesan 220 gramos y puede alcanzar los 300km/h. Como denuncia Amnistía Internacional, los proyectiles de foam han causado lesiones graves, incluso provocando la pérdida de un ojo a varias personas y han sido empleados para dispersar multitudes, debiendo suspenderse su uso en algunos casos.
En definitiva, pese al alivio de algunas infracciones y penas, la nueva ley mordaza remozada seguirá actuando como un arma represiva contra miles de activistas y luchadores, acosados por multas y penas de prisión por luchar por sus derechos y condiciones de vida.
¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar que, igual que la izquierda oficial cedió a la presión de los grandes empresarios para mantener casi íntegra la reforma laboral del PP, ahora, en materia represiva, ha vuelto a ceder ante la propia clase dominante y el aparato del Estado. En particular, han cedido ante los reaccionarios sindicatos policiales ultraderechistas, como Jupol, SUP y otros. El sentido de obediencia de las direcciones oficiales de la izquierda es más firme ante los poderosos que ante los humildes millones de trabajadores y jóvenes, a quienes prometieron derogar la Ley Mordaza.
La dirección del PSOE, sea ahora con Sánchez fuera décadas atrás con Felipe González, vuelve a aparecer como el pilar más confiable e indispensable del Régimen del 78 para que la burguesía española y su aparato de Estado puedan mantener su dominación. Al final, estos dirigentes entienden que sus prebendas y lugar en esta sociedad –donde usufructúan cargos públicos vitalicios bien remunerados– dependen de sostener el sistema capitalista, la dominación económica de la burguesía y asegurar un grado de represión social adecuado que mantenga el malestar popular dentro de canales seguros.
De la misma manera que no puedes tener capitalismo sin opresión ni explotación económica, tampoco puedes tener capitalismo sin represión, terminar de una vez con ambos es parte de la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
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