Sánchez contra las cuerdas: entre la guerra judicial y la corrupción

El gobierno de Sánchez vive el peor momento de la legislatura, atrapado entre la guerra que le ha lanzado el aparato del Estado y el caso de corrupción “Koldo-Ábalos”, que acaba de salpicar al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, quien ha dimitido de todos sus cargos.

En estos momentos, Sánchez está recibiendo presiones fuertísimas para que adelante las elecciones generales. Y éstas no vienen sólo, como hasta ahora, de la derecha y del ala neoliberal de su partido, sino que parecen venir de amplios sectores de la clase dominante. Un ala de la misma que, hasta ahora se encontraba cómoda con el gobierno de Sánchez y desconfiaba de un gobierno PP-Vox, por la inestabilidad social que traería, estaría ahora evaluando las ventajas de unas elecciones anticipadas. Con una izquierda desmovilizada electoralmente, eso podría traer un gobierno del Partido Popular en solitario, si se garantizara la neutralidad parlamentaria del PSOE y del PNV, dejando fuera a Vox. Los “anti-sistema” de Podemos (una pálida sombra de lo que fue), Bildu, ERC y Junts ya no condicionarían al nuevo gobierno. Y SUMAR es una jaula de grillos irrelevante. Sánchez, un aventurero incómodo para la burguesía, les ha prestado grandes servicios: liquidó políticamente a Podemos y “pacificó” Catalunya. Ahora tocaría que las cosas vuelvan a su cauce con un PP no condicionado por Vox, en el corto plazo. La cuestión es ver si Sánchez aceptará este envite de la clase dominante o se resistirá.

Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, necesitamos echar un vistazo sobre lo acontecido en las últimas semanas y días.

La embestida del aparato del Estado

Con los últimos casos judiciales, hemos visto cómo el aparato judicial y policial, operando al servicio de sus intereses de casta, de la derecha PP-Vox y del gran capital, se está vengando del sanchismo, no importa cuánto éste se haya arrastrado ante sus pies.

El aparato del Estado, que se considera propietario del mismo, no ha ocultado su desprecio por un gobierno electo por el voto popular que no le es afín y al que se ha propuesto descabalgar a cualquier costo.

La nueva embestida del aparato judicial contra Sánchez venía precedida del caso “Begoña Gómez”, un supuesto caso de gestión de favores a empresas por parte de la esposa del presidente, del que no ha trascendido ni una sola prueba inculpatoria, y que sigue adelante con el único fin de desgastar al gobierno.

El caso más reciente tiene como objetivo el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el gobierno, quien irá a juicio acusado de revelación de secretos por filtrar a la prensa, supuestamente, una declaración de González Amador –novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso– en la que éste aceptaba su culpabilidad por defraudar 300.000 euros y proponía un acuerdo a Hacienda. García Ortiz afirma que él no filtró esa información a la prensa, que ya estaba circulando en los medios antes de que la Fiscalía la usara para desmentir una información falsa de González Amador sobre su caso. Pese a que numerosos periodistas han confirmado al Juez Hurtado, encargado del caso, que esa información la tenían en su poder antes de que la fiscalía general del estado la usara públicamente, el juez les negó credibilidad, pese a no disponer de ninguna prueba de la filtración de la información por la Fiscalía General del Estado.

El último ariete del aparato judicial contra el gobierno ha sido su oposición al proyecto de Ley de Eficiencia Judicial, o “Ley Bolaños”. Dicho proyecto pretende rebajar la carga de trabajo de los juzgados con mecanismos de conciliación previa, incentiva el acceso a las carreras de Juez y Fiscal de personas con bajos recursos por medio de becas de estudio, y pone la fase de instrucción de los casos en manos de los fiscales en lugar de los jueces. Toda la casta judicial conservadora, es decir el 80% del cuerpo, ha reaccionado con concentraciones y amenaza de paros porque creen perder privilegios.

Todo esto coincide con el inicio de los juicios del propio González Amador y del caso de las residencias de Madrid contra el gobierno de Díaz Ayuso, donde murieron 7291 ancianos sin atención médica durante las primeras semanas del Covid. No es casual la coincidencia de esta arremetida judicial contra el gobierno Sánchez con los problemas judiciales de una de las principales referentes de la derecha española.

No obstante, la verdad tiene que ser dicha. No hace mucho, Sánchez y el PSOE miraban para otro lado o simpatizaban, cuando no impulsaban, maniobras similares del aparato del Estado contra Podemos y los independentistas catalanes; y, mucho antes, contra el independentismo vasco. Más aún, Sánchez ha defendido la infiltración policial de movimientos sociales y organizaciones de izquierda radicales, y apenas ha hecho un lavado de cara a la Ley Mordaza del PP, que ha mantenido con toda su carga represiva (con 2 millones de multas en 5 años), pese a sus promesas incumplidas de derogarla. Es un sirviente fiel del imperialismo de EEUU y europeo y consiente todos los caprichos, en armas y sueldazos, a la cúpula militar y policial española.

La UCO en el punto de mira

En medio de este marasmo, se filtraron audios que ponen el foco en la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de investigar casos de corrupción. Según fuentes del PSOE, recogidas por varios medios, dentro de la UCO hay un sector que trabaja para conspirar contra el gobierno, en conjunción con la derecha, en lo que se ha llamado la “UCO patriótica”. Por ejemplo, ha trascendido que un exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, ahora un cargo relevante en el gobierno de Díaz Ayuso, maniobraba para conseguir información comprometedora contra cargos socialistas y hacer caer a Sánchez. Aunque el caso de corrupción Koldo-Ábalos es indudable, con el amaño de contratos de obras públicas a favor de determinadas empresas a cambio de mordidas, la UCO también pasó información falsa al juez de este caso, como acusar a Ábalos de cobrar dietas de 500.000 euros o inflar el valor de una propiedad suya en Colombia. Un exjefe de la UCO, Sánchez Corbí, cesado por el ministro del interior, Grande-Marlaska en 2018, fichó posteriormente por la constructora Acciona, una de las beneficiadas con contratos públicos por las mordidas del caso Koldo-Ábalos. Vemos aquí la estrecha relación entre el aparato del Estado, las grandes empresas y la corrupción del sistema. Aldama, el jefe de la banda Koldo-Ábalos y procesado en el caso, es un actor principal en la filtración de muchos de estos audios que implican a estos exaltos cargos socialistas.

El golpe más fuerte recibido por el gobierno ha sido el informe de la UCO que recogía unas transcripciones de supuestas conversaciones entre Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que atestiguan el pago de estas comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. Santos Cerdán, en declaraciones a los medios y en una nota de prensa afirma que “no se reconoce” en esas conversaciones y que es inocente. Sin embargo, en su comparecencia de prensa, Pedro Sánchez no las puso en duda, pese a las reservas que el gobierno tiene hacia la UCO.

La corrupción, parte integrante del sistema

El caso Koldo-Ábalos-Cerdán es un ejemplo de manual de cómo el régimen capitalista burgués es capaz de integrar a los representantes políticos de la izquierda oficial haciéndolos hocicar en el lodazal de la corrupción para comprarlos primero, y desecharlos después, desmoralizando de paso a su base electoral.

La corrupción es parte integral del sistema capitalista. Es el pan de cada día que las grandes y medianas empresas, y todo tipo de aventureros con conexiones políticas, defrauden impuestos y practiquen sobornos a funcionarios del Estado y representantes políticos para conseguir contratos lucrativos en ayuntamientos, diputaciones, autonomías y el Estado central. Si aceptas el capitalismo, estás obligado a aceptar su campo de juego, y participar en él.

El papel del aparato del Estado en todo esto, por medio de sus policías y jueces, es registrar con detalle toda esta corrupción y sacarla a la luz en el momento que considere conveniente, según sus intereses y los de la clase dominante, a la que sirve en última instancia.

El problema es el capitalismo

No existe ninguna posibilidad de “democratizar” este aparato de Estado ni de evitar la corrupción de los políticos del sistema, sean de derechas o de “izquierdas”. Existe un vínculo íntimo entre ambos y el sistema capitalista que lo sustenta. De lo que se trata es de luchar por derribarlos a todos.

Lo que estamos viendo es el fracaso de un proyecto socialdemócrata que ha pretendido gestionar un sistema capitalista en crisis, y ha quedado enredado en él.

Ante el fracaso de la socialdemocracia cómplice con la bancarrota del sistema, hay que oponer una alternativa comunista revolucionaria.