Sánchez sigue: ¿Qué posición deben tomar los Comunistas?

Después de la sorprendente decisión de Pedro Sánchez de tomarse 5 días para reflexionar y decidir si seguía a la cabeza del gobierno, el dirigente del PSOE se queda. El movimiento de Sánchez tomó a adversarios y amigos por sorpresa, con los primeros echando espuma por la boca (incluso más de lo habitual) y los segundos suplicando que no se fuera. Los acontecimientos de los últimos días, y las declaraciones de Sánchez después de anunciar que sigue, son una viva muestra de la crisis por la que atraviesa el régimen del 78 y de la bancarrota de la democracia burguesa.

El ataque de la reacción

El régimen del 78 ha mostrado, una vez más, su carácter totalmente reaccionario. El aparato judicial del Estado y la derecha de PP y VOX usaron uno de sus métodos habituales para defender sus intereses: la mentira y falsificación como base de un caso judicial para atacar a sus adversarios, en esta ocasión a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. Su carácter putrefacto, viva expresión de este régimen carcomido, salta a la vista de nuevo con este caso, de características tan burdas, basado en titulares de la prensa digital amarilla sin pruebas contrastadas. El esperpento es tal que al día siguiente de presentar su denuncia, Manos Limpias vino a decir públicamente que desconocía si tales informaciones eran ciertas o falsas.

La cosa no acaba ahí. Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dijo que lo que hizo el juez al aceptar la denuncia de Manos Limpias “bien hecho está”. Feijóo y Ayuso salieron a criticar a Sánchez, una vez anunció que no dimitía, diciendo que este no “quiere someterse al control de los jueces, medios y oposición”. Es tan burda la posición que solo hace falta recordarle a la campeona de la “libertad” que es de conocimiento público que su pareja es un corrupto, que se lucró durante los momentos más duros de la pandemia y que ha aceptado su delito. Para Ayuso esto es un ataque de la “izquierda” a su pobre persona, y, desde su punto de vista, no le falta razón: como baluarte destacada de la reacción, defiende descaradamente su derecho a enriquecerse mediante la corrupción, explotación y opresión.

Y es que al aparato del Estado burgués y a la derecha les importa poco respetar sus propias leyes e instituciones; en una palabra, su democracia burguesa. Esto es así porque parten de la posición, que no carece de verdad, de que este es su cortijo: la España grande y libre, de la monarquía, la Iglesia, el IBEX 35 y las grandes empresas. La “libertad” que defienden es la descarada libertad para explotar y oprimir sin oposición de la clase obrera, sin lucha de clases.

Aunque el gobierno de PSOE-SUMAR haya demostrado en estos años sus credenciales como junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa, el ala más reaccionaria y franquista del régimen del 78 no lo puede tolerar. La cuestión fundamental es que este gobierno, a pesar de defender consecuentemente los intereses del imperialismo español, ha sido votado por la clase obrera y la izquierda. Su base social es la izquierda, guste o no, hayan sido votados con más o menos entusiasmo. PP y VOX y los franquistas en toga comprenden esto muy bien.

Sánchez muestra sus credenciales de político burgués

El actual clima de embate de la reacción, que está totalmente desquiciada por su derrota electoral y la ley de amnistía al independentismo catalán, hace que esta se sienta impune. La verdad es que los gobiernos de Sánchez han facilitado este ambiente mediante sus políticas pro burguesas.

Esto es así porque la dirección del PSOE y la burocracia del partido son la pata izquierda del régimen. Su gobierno ha defendido sus intereses fundamentales, en casa e internacionalmente. Cabe recordar que Sánchez, en las elecciones del 10-N de 2019 buscó pactar con Ciudadanos, el partido del IBEX-35. Antes de eso, apoyó la represión reaccionaria del régimen del 78 contra el movimiento independentista catalán, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía catalana.

Desde 2018, los márgenes empresariales han aumentado un 64% mientras que la precariedad, salarios y condiciones de vida han empeorado considerablemente para la clase obrera. Sánchez, y su gobierno, es el hombre de la burguesía española más inteligente, como bien expresa su vocero, El País.

Es precisamente por eso que en cuestiones primordiales para los intereses de la mayoría, no ha cumplido ni con su propio programa: la derogación de la reforma laboral se ha convertido en la consolidación de los aspectos fundamentales para la burguesía, con algún retoque secundario; la crisis de la vivienda ha empeorado sustancialmente, y la ley de la vivienda, aprobada hace tan solo unos meses, es totalmente insuficiente; no se ha derogado la infame Ley Mordaza, y cuando esta se ha discutido, solo se ha planteado su modificación.

Durante la pandemia, el gobierno actuó motivado por las mismas razones de clase que la mayoría de gobiernos burgueses: defender los beneficios de las grandes empresas y los ricos a costa de dinero público y deuda, recursos que paga la clase obrera. Ante la inflación ha aplicado medidas extremadamente tímidas, para no enfadar a la burguesía y los banqueros, que gracias a eso, están batiendo todos los récords en beneficios, mientras que la clase obrera sufre cada vez más sus consecuencias. Un ejemplo sumamente claro del carácter real de este gobierno se pudo ver cuando los obreros del metal en Cádiz fueron a la huelga y salieron a la calle a protestar. El gobierno respondió mandando tanquetas, los antidisturbios y con la represión.

En su política exterior, la expresión internacional de su política interior, ha defendido con firmeza los intereses del imperialismo español. Los ejemplos más claros son su apoyo y envío de armas en la guerra del imperialismo de la OTAN en Ucrania, la traición al pueblo saharaui reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y su apoyo al “derecho de Israel a defenderse”. Que ahora el gobierno se declare dispuesto a reconocer un Estado palestino o que se desgañite contra la carnicería sionista, palidece por el hecho de que sigue permitiendo la exportación española de armamento a Israel para que este continúe con su genocidio en Gaza.

El carácter pro régimen del 78 y en defensa del capitalismo español de Sánchez volvió a relucir ayer. En defensa de la “democracia”, Sánchez comunicó en primer lugar, como educado y sirviente vasallo, al monarca Felipe VI su decisión de continuar al frente del gobierno escogido en las urnas al baluarte de la reacción.

En su entrevista en TVE, insistió una y otra vez en la necesidad de la “convivencia”, es decir, en la paz social entre el explotador que cada día se enriquece más y el explotado que vive cada vez peor. Insistió igualmente en que confía plenamente en la justicia, en su independencia, y que este “es un pilar fundamental de la democracia”. Avisó a la derecha y al aparato del Estado de que sus políticas reaccionarias solo contribuyen a minar el crédito de las instituciones burguesas, queriendo decir que por sus estúpidas y abiertas actuaciones la reacción está mostrando el verdadero carácter de las instituciones burguesas.

Aquí podemos ver lo que es el meollo del conflicto desde el punto de vista de Pedro Sánchez: la utilización partidista descarada del aparato judicial por parte de la reacción desacredita las instituciones de la justicia burguesa en su conjunto. Sánchez quiere ponerle coto, justamente para restablecer la maltrecha reputación de la justicia, que en cualquier país capitalista es siempre una justicia de clase, es decir, que sirve a los intereses de la clase capitalista.

Sin margen de maniobra, ante la pregunta de por qué no había hecho nada antes cuando Pablo Iglesias sufría estos ataques, dijo que no había prestado “suficiente atención” y se disculpó por “no haber visto y actuado antes”. ¿Será acaso que su amor por la “democracia” y la “independencia” del poder judicial le cegaron? ¿O es más bien que, como defensor del régimen, aceptó e incluso formó parte de algunos de estos ataques?

Ahora que parece que por fin el dirigente “socialista” ha abierto los ojos y ha percibido que “no solo me pasa a mí” (en alusión a los ataques de la reacción), ¿qué propuestas concretas planteó en la entrevista? A pesar de ser preguntado varias veces, lo único concreto que propuso fue la renovación de la cúpula del CGPJ, bien con un acuerdo con el PP, o bien a través “de una mayoría en el parlamento”. Esto parecería abrir la perspectiva de cambiar la ley para que fuera suficiente una mayoría absoluta para elegir los miembros de este organismo, en lugar de los tres quintos actuales. El CGPJ lleva 5 años con mandato caducado, con mayoría de jueces reaccionarios, que utilizan este organismo para posicionar a jueces abiertamente derechistas y reaccionarios en lugares clave del aparato judicial.

Mediante sus frases vacías, apelaciones a la cordura a la reacción, seriedad y porte de Estado, Sánchez se presentó una vez más como responsable político burgués que es. Por todo lo expuesto, podemos decir con confianza que no dirigirá nada significativo y de calado contra la reacción. La socialdemocracia en el poder, gestionando la crisis del capitalismo, prepara el camino para su derrota electoral y la victoria de la derecha.

Sumar y el PCE, o el “amor a la democracia”

Sus socios de gobierno, tomados por sorpresa y ansiosos por no perder sus sillones, salieron en tromba a suplicarle a Sánchez que no se fuera. Yolanda Díaz tuiteó que “hay que defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del Gobierno de coalición que tanto ha mejorado la vida de la gente.” Con el aumento de la pobreza para la mayoría y la desigualdad entre ricos y pobres, no nos es posible ver qué medidas se han tomado que han mejorado tanto la vida de la gente, pero lo que sí sabemos es que los sillones tan bien remunerados que ocupan los arribistas de Sumar sí que deben haber mejorado sus vidas.

Por el vacío dejado por Sánchez al ni siquiera plantear medidas concretas para su “punto y aparte”, Díaz y sus correligionarios arribistas están intentando posar como un partido a la izquierda del PSOE. Pero, ¿cuál es su punto de partida? El “amor a la democracia”, es decir, a la democracia en abstracto. En la “democracia” concreta del Estado español, la monarquía es un pilar indiscutible, el aparato estatal (burocracia, justicia, policía, ejército) está infestado de franquistas, la derecha es heredera del franquismo, y la burguesía es la clase dominante. España y su “democracia” pertenece a la minoría, que explota, oprime y vive del trabajo de la clase obrera. Su contenido de clase es burgués. En otras palabras, y de forma cada vez más clara, la “democracia española” es una cortina que cubre la dictadura del capital que hay detrás.

En defensa de su apasionado amor por la democracia, Sumar y el PCE han formado parte de la coalición pro imperialista de este gobierno. Se han ido quejando de los exabruptos más claramente capitalistas de sus socios, pero no como oposición en la izquierda, sino como consejeros en defensa de la “paz social”.

Ciertamente, apoyamos medidas como la subida del SMI, pero en contraste con la situación objetiva real, son completamente insuficientes desde el punto de vista de la clase obrera. No es de extrañar entonces que SUMAR y sus socios no sean vistos como alternativa al PSOE. La clase obrera y los jóvenes ya le han tomado la medida a este partido, como socio subalterno del PSOE.

Así las cosas, fluyendo de su política de reformistas de derecha con un barniz de izquierda, sus propuestas concretas para “llenar de contenido” el punto y aparte responden principalmente a dos cuestiones. Por un lado, posicionarse a la izquierda al PSOE ante las elecciones catalanas y europeas que se avecinan. Por otro lado, reforzar su posición en el gobierno para asegurar más y mejor su sillón.

Nuevamente, estos supuestos dirigentes de la izquierda serán incapaces de defender consecuentemente los derechos democráticos de la clase obrera ante la derecha y su aparato.

La lucha contra la reacción es una lucha contra el capitalismo

Este análisis fluye, como no puede ser de otra manera, de la lucha entre las clases. Marx explicó que el motor de la sociedad es la lucha de clases. Para los comunistas, esta premisa debe ser siempre el punto de partida de nuestra política.

Por mucho que los dirigentes de PSOE, SUMAR, el PCE, y CCOO y UGT pongan el grito al cielo por el flagrante ataque reaccionario a la “democracia”, el contenido de clase de la misma no cambia. Por mucho que planteen la necesidad de pelear por el Estado, ese órgano según ellos neutral, este no deja de ser burgués, hecho y controlado para los intereses de la propiedad privada.

Partiendo de estas ideas pequeño burguesas, el dirigente del PCE, Enrique Santiago, mientras denuncia el genocidio en Gaza, que apoya políticamente el gobierno del que forma parte, respondió al ataque de la reacción con lo siguiente:

“El secuestro del CGPJ está llevando a la justicia a un nivel de descomposición nunca visto. Nadie al mando y tribunales haciendo política, mientras la ciudadanía pierde la confianza en el servicio público de Justicia. No puede dilatarse más la reforma de Ley del Poder Judicial.”

La ciudadanía, es decir, la clase obrera en su mayoría, querido Santiago, pierde la confianza en la justicia porque esta muestra su carácter de clase, porque demuestra que es una herramienta en manos de los ricos y para los ricos, en contra de la mayoría, empezando por la izquierda. Pero ¿Podría ser que Santiago, cogido por la emoción del momento y el peligro material para su persona en forma de pérdida de sillón, se había olvidado de que Dani Alves hace nada salió de prisión después de pagar un millón de euros? ¿O qué el monarca Juan Carlos campa a sus anchas? ¿O qué Pablo Hasél lleva años en prisión por cantar canciones? La lista de ejemplos notorios es tan larga que nos vemos forzados a descartar que todo ha sido un desliz en la memoria del “comunista” Santiago, y que en realidad es el producto de su política, el reformismo.

La tarea de los comunistas genuinos es, precisamente, desenmascarar el carácter de clase burgués de la justicia, del Estado y de la “democracia”. Detrás y ligado a todo esto están los intereses de los oligopolios empresariales, del imperialismo español. Todo esto lo explicaron Marx y Engels, y lo elaboró Lenin en su obra El Estado y la revolución.

Pero el arte de conectar ideas generales correctas con consignas y un programa concreto ha sido siempre uno de los problemas fundamentales para los revolucionarios. Para lograr esto correctamente, hay que partir de la situación concreta tal y como es.

A pesar del carácter pro-capitalista de este gobierno, de la desconfianza, falta de entusiasmo y frustración de amplias capas ante el mismo, no deja de ser un gobierno que tiene como base social a la clase obrera y a la izquierda. A pesar de sus dirigentes, amplias capas de la clase obrera se han opuesto firmemente al ataque de la reacción, porque su instinto de clase les hace comprender que delante tienen a su enemigo de clase. Solo hace falta ver los gobiernos autonómicos y municipales en manos de la derecha para darse cuenta de esto. Perciben que la victoria de la derecha, y su eventual toma del poder, se convertiría en un ataque salvaje a la clase obrera y los oprimidos.

Basándonos sobre esta conciencia de clase obrera, de rechazo al ataque de la derecha y de profunda desconfianza hacia el aparato del Estado burgués, los comunistas tenemos la obligación de conectar con ella para elevar su horizonte. Así, planteamos un frente único con todas las organizaciones que defiendan los derechos democráticos para movilizar a las masas en la calle y puestos de trabajo contra el ataque.

¿Quiere decir esto que los comunistas confiamos en el PSOE, SUMAR, las direcciones de CCOO y UGT? Precisamente lo contrario. Solo mediante la más firme defensa de los derechos democráticos, no solo de palabra, sino en los hechos, los comunistas podemos disputarle al reformismo la dirección del proletariado; solo desenmascarando a los reformistas en la práctica se les puede exponer a los ojos de las masas como lo que son, defensores del status quo. La crítica y la denuncia son insuficientes, las masas aprenden principalmente a través de su propia experiencia. Todas estas lecciones fueron formuladas y aplicadas por Lenin y los bolcheviques, y por la 3ª Internacional Comunista antes de su degeneración estalinista.

La cuestión básica del Frente Único es que se fomenta sobre un acuerdo práctico, en este caso el rechazo al ataque de la reacción, mientras se mantiene la independencia política. Se resume en la idea de golpear juntos, marchar separados. Precisamente por esto conlleva implícitamente la necesidad de criticar los titubeos, demagogia, cobardía y políticas falsas de los reformistas y demócratas de nombre, porque son incapaces de defender de forma efectiva los intereses de la clase obrera ante la reacción.

Lo más fundamental es explicar pacientemente a la clase obrera la naturaleza de clase de la tarea, es decir, que para acabar con toda explotación y opresión, base objetiva del ataque de la reacción, es necesaria la lucha de clases, la lucha entre la clase obrera y los oprimidos y la burguesía y su aparato Estatal.

Pero la situación actual no es prerrevolucionaria o revolucionaria, es decir, la conciencia de nuestra clase todavía marcha a regazo de los acontecimientos objetivos de crisis capitalista y ataques de la burguesía. Dicho de otra manera, no está a la orden del día la toma del poder de nuestra clase. Por eso es necesario plantear demandas parciales, que fluyan de la situación concreta, para conectarlas con la necesidad de la lucha por derrocar el capitalismo y de esta forma contribuir a desarrollar una conciencia anticapitalista.

Así, proponemos la elección por sufragio universal de los jueces y fiscales, desde las instancias territoriales más pequeñas hasta los jueces del Tribunal Supremo y Constitucional. Además, deberían ser revocables en cualquier momento por quienes los eligieron. Esta medida permitiría a la clase trabajadora y sectores progresistas de la sociedad favorecer la elección de jueces y fiscales más progresistas y sensibles a los intereses de los trabajadores y de las capas más oprimidas de la sociedad, y proponer la revocación de los más reaccionarios y derechistas.

Esto debe completarse con ¡ningún privilegio! para jueces y fiscales. Como funcionarios públicos, deben tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier funcionario medio, con salarios ajustados al nivel correspondiente.

Así mismo habría que generalizar el sistema del Jurado, como una manera de equilibrar el carácter estamental y de clase de los jueces con la participación, aunque sea limitada, de la gente común para decidir sobre la culpabilidad o no de un supuesto delito.

Defendemos la abolición de los altos tribunales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y tribunales superiores de cada territorio autónomo. El primero es heredero directo del Tribunal de Orden Público del franquismo y los segundos tienen potestad, entre otras, de suprimir decisiones democráticas tomadas por el único órgano de representación popular en esta democracia burguesa, los parlamentos estatal y autonómicos. Todos los asuntos deben ser llevados a los tribunales territoriales ordinarios, donde las garantías son mayores y la población puede ejercer una presión más directa ante juicios o sentencias injustas.

Hay que introducir igualmente medidas democratizadoras que limpien en la medida de lo posible el aparato del Estado. La principal debe ser la depuración del aparato del Estado de fascistas y reaccionarios, comenzando por aquellos jueces, fiscales, mandos de la policía y de la Guardia Civil que ocuparon puestos en la dictadura. Debería crearse un comité formado por las organizaciones de izquierda, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones progresistas y democráticas de jueces, fiscales, militares, soldados, policías y guardias civiles de base, entre otras, que identifiquen a esos elementos fascistas y reaccionarios para que sean apartados del aparato del estado. Este mismo comité debería encargarse del control de las academias de la policía, de la Guardia Civil y del Ejército y de los idearios con que se forma a sus integrantes. En este sentido, hay que dar plena libertad a los soldados y guardias civiles para que organicen sindicatos, y terminar con el carácter militar de la Guardia Civil para, en determinada etapa, fusionarla con la policía en un único cuerpo.

En relación con la propuesta de renovar el CGPJ por mayoría absoluta para que su composición refleje la mayoría “progresista” del Congreso actual, la apoyamos críticamente. Siempre será mejor laminar la mayoría hiperreaccionaria que puebla hoy este organismo a dejarlo tal como está. Ahora bien, no depositamos ninguna ilusión en que una supuesta mayoría de jueces “progresistas” en el CGPJ cambie sustancialmente la situación actual; y en ningún caso va a cambiar el carácter de clase burgués de la Justicia. Las leyes son burguesas, asientan el dominio sobre la sociedad de la propiedad privada, el acatamiento a la Constitución del régimen del 78, su monarquía y sus prebendas. Por su origen de clase, educación, relaciones sociales y papel en el Estado, los jueces, por muy “progresistas” que se declaren, siempre van a salvaguardar el statu quo frente a los intentos desde abajo de derribarlo.

En lo que se refiere a limitar, censurar o perseguir las llamadas Fake News (noticias falsas) que pululan en la prensa digital reaccionaria, estamos en contra de ello, por una razón muy simple: toda la historia demuestra que las leyes aprobadas inicialmente para perseguir a bandas reaccionarias y fascistas y sus medios de expresión, han sido luego utilizadas para suprimir a la izquierda revolucionaria con el argumento de que buscan “subvertir el orden establecido”, particularmente (aunque no solo) cuando gobiernos derechistas toman el control. Tenemos el claro ejemplo del “delito de odio” aprobado por el gobierno de Zapatero, supuestamente para proteger a las minorías étnicas y de género de los abusos y violencias de los reaccionarios. Sin embargo, fueron luego utilizadas contra activistas de izquierda, en el gobierno de M. Rajoy, cuando aquellos se enfrentaban a la policía, e incluso, a los nazis en contramanifestaciones antifascistas. La única manera de aislar y combatir a la reacción en todos sus ámbitos (calle, redes sociales, medios informativos, etc.) es a través de la conciencia y la lucha de masas, para arrinconarlos y desmoralizarlos.

Insistimos: estas medidas son parciales, de carácter limitado, pero también condicionales. Este último punto es de suma importancia, ya que para los comunistas está claro que estas medidas no son la solución al problema de la sociedad dividida en clases, sino un programa para movilizar a los batallones de la clase obrera en la lucha viva entre las clases. Que estas medidas puedan aplicarse, total o parcialmente, dependerá de la amplitud que adquiera la lucha de la clase obrera y demás sectores oprimidos contra la reacción y, en todo caso, pueden ayudar a convencer a capas más amplias de la necesidad de luchar por derribar el aparato de Estado burgués y por una transformación completa de la sociedad. Como ha demostrado incontables veces la historia, en la lucha por la defensa de los derechos democráticos, la clase obrera siempre tiende a ir más allá para reivindicar demandas sociales, es decir, contra la base material del capitalismo.

Ligado a este programa, apelamos a la movilización más extensa y masiva de la clase obrera por todo el Estado. A diferencia del cretinismo parlamentario del gobierno y demás organizaciones supuestamente demócratas y de izquierda, que creen o fingen creer que se puede llevar a cabo la lucha contra la reacción a través de las instituciones burguesas, los comunistas sabemos que la lucha real y verdaderamente efectiva se da en la calle y los puestos de trabajo. Por un lado, porque la movilización hace consciente de su fuerza a la clase obrera y la juventud, y, por otro lado, porque le golpea ahí dónde más le duele a la burguesía, en su bolsillo.

Vinculado a todo esto, es igualmente necesario agitar demandas sociales, contra la precariedad, la crisis de la vivienda, a favor de subidas salariales, pensiones dignas, inversiones masivas en la sanidad y la educación, etc. La lucha por los derechos democráticos está vinculada a la lucha social.

La situación actual, y el panorama en la izquierda, confirman una vez más la necesidad objetiva y urgente de construir un Partido Comunista Revolucionario de masas que pueda disputarle la dirección del movimiento obrero a los reformistas, y que, mediante esta disputa, conquiste a las masas al programa de la revolución socialista, única salida posible en el declive existencial de este sistema podrido.

Desde la Organización Comunista Revolucionaria estamos construyendo activamente esta organización, armados con las ideas y métodos del bolchevismo. ¡Si estás de acuerdo con nuestras posiciones, y también estás harto de los ataques de la reacción, de que los ricos se están haciendo más ricos, del cambio climático, de las guerras imperialistas, etc. únete a nosotros y ayúdanos a construir el partido de la revolución!