La corrupción extrema que exhala el Partido Popular se ha convertido en un elemento principal de la crisis de régimen que atraviesa el Estado español. La última trama que ha saltado a la luz –la llamada “operación Lezo”– ha golpeado de lleno en el aparato judicial, al desvelar los mecanismos utilizados por el gobierno para influir en el nombramiento de jueces y fiscales a fin de limitar, ocultar o paralizar las investigaciones de las tramas corruptas en que está implicado el PP.