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Para enfrentar el juicio al independentismo: frente republicano y anti-represivo unitario en Catalunya y en todo el Estado

Hoy se han conocido las penas que pide la Fiscalía del Estado español para los procesados en el juicio por el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. A 9 de los procesados se les pide penas por el delito de rebelión que van desde los 25 años para Oriol Junqueras, a los 17 años para Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Carmen Forcadell, y 16 años para los otros cinco (Turull, Forn, Romeva, Rull y Bassa). A otros nueve imputados se les pide penas que van desde 10 años de cárcel a multa de 10 meses por delitos de desobediencia y malversación. Un total de más de 177 años de prisión para 12 procesados por el único delito de querer ejercer el derecho de autodeterminación.

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Golpe del Estado español contra la democracia en Catalunya

El pasado sábado 450.000 personas se manifestaron en Barcelona (según la policía local) junto a decenas de miles más que se concentraron en otros pueblos y ciudades de Cataluña, para exigir la libertad de los dos Jordis (detenidos sin fianza por cargos de sedición) y rechazar el golpe del artículo 155 anunciado por Rajoy durante la mañana.

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El derecho del pueblo catalán y de la clase trabajadora española a rebelarse contra el orden establecido

España no pertenece a los españoles, pertenece a la oligarquía de 200 familias que dominan su economía, los partidos del régimen y la casi totalidad de los medios de comunicación. Dominan las universidades y las tribunas de la Iglesia, y tienen a sueldo a los intelectuales y artistas de renombre. Todos los altos poderes del Estado (judicatura, fiscalía, altos funcionarios, y mandos policiales y del ejército) se reclutan, casi sin excepción, en la clase dominante para que sirvan a sus intereses. Con todo ello, dominan nuestro presente y nuestro futuro. Por eso, es la más ilusa e ingenua convicción pretender, como creen muchos trabajadores y gente honesta en España, que Cataluña, de algún modo, les pertenece.