Un año después de la desaparición de los normalistas, insistimos: ¡Fue el Estado!

Seis personas fallecieron, incluyendo tres estudiantes normalistas, diez resultaron heridos y 43 estudiantes fueron desaparecidos. Estos acontecimientos desataron protestas multitudinarias que pusieron en jaque al gobierno de Peña Nieto y evidenciaron la relación siniestra que existe entre el Estado y el crimen organizado.

 

 

Las normales rurales nacieron como una necesidad de brindarles educación a las comunidades campesinas [a partir de la revolución mexicana, en la décad de 1920]. En su historial de lucha se encuentra la organización estudiantil más antigua del país: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), fundada en 1935.

 

La fundación de las normales rurales fue recibida con recelo por la alta jerarquía de la iglesia católica, catalogándolas incluso como “escuelas del diablo”, amenazando incluso con ex comulgar a los jóvenes que recibían educación en esos centros de estudio.

 

El modelo de educación, que se denominó socialista, consistía en abrirle la puerta a la educación pública a los trabajadores, campesinos pobres y a sus hijos, fundando nuevas instituciones en el terreno tecnológico, dándole un impulso a la educación básica por medio de las normales rurales, para combatir el fanatismo y el analfabetismo e impulsar un proyecto de desarrollo económico y político independiente a nivel nacional. El modelo educativo contemplaba el apoyo asistencial a los estudiantes, desde dormitorios, comedores a becas, todo lo necesario para que el estudiante lograse terminar su formación profesional sin ninguna limitante económica.

 

La primera ofensiva contra el normalismo rural sucedió durante el gobierno posterior a su fundación, con Manuel Ávila Camacho, quién se propuso terminar con la llamada educación socialista. El presupuesto de las normales rurales fue reducido al mínimo, se homologó los planes de estudio con las normales del sector urbano, renunciando el Estado a preparar docentes especializados en el ámbito rural. A partir de ahí la resistencia de los estudiantes normalistas rurales ha sido épica. Su identificación con las comunidades campesinas y su acercamiento y participación constante en las luchas populares, de los trabajadores y campesinas del país las puso en la mira del Estado.

 

Ante su participación activa en el movimiento estudiantil de 1968 el gobierno federal respondió con el cierre de 17 normales rurales. Más tarde, en el año 2006, fue cerrada la emblemática Escuela Normal Rural del Mexe, en Hidalgo.

 

Cada año los normalistas rurales realizan una lucha constante por mantener las escuelas abiertas, porque sus egresados puedan desarrollarse en el ámbito profesional y han mantenido un compromiso social con las luchas del pueblo trabajador El ataque del 26 de Septiembre del 2014 no fue fortuito, debemos enmarcarlo en la ofensiva general contra las normales rurales y en particular con la política represiva de los gobiernos locales hacia la lucha de los trabajadores, los campesinos pobres y la juventud.

 

 

El gran negocio del narcotráfico en México está valuado en 40,000 millones de dólares por año, ese gran negocio se lo disputan al menos siente grandes carteles y por lo menos veinte bandas locales en el territorio nacional.

 

El Cartel de Sinaloa, encabezada por Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, es considerado incluso la organización criminal más poderoso de América Latina,  otros carteles están encabezados por ex militares de élite y policías, cuya principal característica es la violencia con la que actúan, como es el caso de Los Zetas.

 

El poderío del narcotráfico ha logrado infiltrar la estructura a policías locales, estatales e incluso el propio ejército, también ha logrado imponer candidatos y gobernantes en cada una de las elecciones, sus negocios incluso han roto la barrera del tráfico de drogas y han incursionado en sectores productivos de la economía, como es el caso de la minería.

 

El antiguo comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, reconoció en marzo del 2014, que la principal fuente de financiamiento del cartel de los Caballeros Templarios, no era el tráfico de drogas sino el negocio de la minería. El mineral de hierro se convirtió en su principal fuente de financiamiento.  En el mismo sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, reconoció que, tan sólo en 2013, el crimen organizado obtuvo mil millones de dólares de ganancia por la exportación de 10 millones de toneladas de hierro.

 

Los carteles de la droga han dejado de ser simples grupos criminales para ser inversionistas en sectores productivos. “Son corporaciones multinacionales que reaccionan a las presiones del mercado y hacen lo que tengan que hacer para entrar en el negocio”, así los ha descrito el director de una consultoría de seguridad.

 

La llamada guerra contra el narcotráfico impulsada desde el gobierno de Calderón, no logró terminar con el negocio del narcotráfico, lo que sí dejó fue un saldo de 150 mil personas asesinadas en todo el territorio nacional y 22 desaparecidos, las cifras no cambian con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, durante sus primeros 32 meses de gobierno la suma de ejecuciones suman ya más de 83 mil.

 

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa destapó la relación que existe entre el narcotráfico, sectores del Estado y políticos locales en una serie de regiones del país.  El 76% del territorio del Estado Guerrero está controlado por diversos grupos criminales, el 60% de la goma de opio y la amapola que se trafica en México proviene de ese Estado, la disputa por el territorio por diversas bandas del crimen organizado, ha sido sumamente violenta.

 

Uno de los acusados y responsables del caso Ayotzinapa, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda, eran algunas de las cabezas de la pandilla criminal “Guerreros Unidos”, los cuales tienen su origen en el cártel dirigido por los Beltrán Leyva. Al ser detenido éste, su cabecilla se balcanizó y dio origen a pandillas criminales regionales. Más que ser fuertes en términos numéricos, esas pandillas se caracterizan por ser sumamente violentas.

 

Los informes posteriores han sacado a la luz la participación activa en la noche del 26 de septiembre de 2014, no solo de los criminales y los policías municipales, sino de la policía federal y el mismo ejército, en particular el 27 Batallón con sede en Iguala. La participación activa del Estado ha quedado en evidencia.

 

 

En la tarde del 26 de Septiembre de 2014, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, se preparaban para la marcha conmemorativa del 2 de Octubre [día de la matanza de Tlatelolco, en 1968]. Para conseguir fondos tomaron algunos autobuses para trasladarse al municipio de Iguala. En la terminal de autobuses toman algunos autobuses más, la resistencia de uno de los choferes ocasiona que algunos normalistas sean encerrados dentro del autobús, por lo que se trasladan algunos estudiantes más para liberarlos. De la terminal salen cinco autobuses con normalistas a bordo, los dos donde se trasladaban originalmente y tres más que tomaron en la terminal de Iguala. Minutos después son atacados por elementos de la policía y el crimen organizado, son desaparecidos 43 estudiantes, algunos de los heridos se trasladan a un hospital privado durante la madrugada, donde elementos del ejército intervienen. 

 

Las versiones oficiales y la llamada “verdad histórica” del gobierno federal se han convertido en una gran mentira histórica, ahora se sabe que no solo la policía municipal y el crimen organizado participaron en el ataque de los normalistas, sino que elementos de la Policía Federal intervinieron en aquella noche; que incluso el ejército tuvo conocimiento del ataque sufrido por los normalistas y no hicieron esfuerzo alguno por evitarlo, horas después elementos del ejército acudieron a un hospital privado donde se encontraban normalistas heridos, pero para amedrentarlos.

 

La revelación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), ha hecho añicos la tan cuestionada versión oficial del gobierno federal.

 

Un quinto autobús fue “omitido” en las investigaciones del gobierno federal, el informe menciona que al salir de la terminal de Iguala, la Policía Federal lo interceptó, encañonaron a los normalistas que se trasladaban en el mismo y los persiguieron a balazos, el autobús fue destruido por la propia policía. Ese quinto autobús probablemente contenía droga o armas que pertenecían al grupo delincuencial “Guerreros Unidos”.

 

También el informe cuestiona fuertemente el que los cuerpos de 43 normalistas desaparecidos en esa misma noche hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. “Los daños que se encuentran en el contexto del basurero no son consistentes con un incendio de las dimensiones requeridas, que hubiera dejado trazas de fuego en todo el entorno. Lo que se ve en el terreno es una zona donde no ha habido un incendio de grandes dimensiones sino múltiples focos de fuego pequeños que se pueden remontar a un tiempo imposible de determinar”. Además, las llamadas entrantes a un celular de un estudiante hasta el mes de Octubre pone en entredicho la versión oficial.

 

La acción de la Policía Federal y municipal con respecto al quinto autobús en el que supuestamente había droga o armas de un grupo de delincuentes, la inacción del ejército durante las horas del ataque hacia los normalistas y su posterior acción de intimidación a los normalistas, nos dan indicios de que altos mandos de la Policía Federal y el Ejército están involucrados en el tráfico de drogas y en la protección a narcotraficantes. Y confirman lo que durante meses las manifestaciones por Ayotzinapa corearon: fue el Estado. Un Estado al servicio del crimen organizado y de intereses privados, un Estado que defiende los intereses de los privilegiados, de los ricos y poderosos y se ensaña con las manifestaciones y las luchas de los pobres y oprimidos.

 

 

Los padres de familia de los normalistas desaparecidos han llamado a una nueva jornada de lucha para el 26 de Septiembre, las manifestaciones multitudinarias del año pasado exigieron la renuncia de Peña Nieto. La lucha debe continuar, ha quedado en evidencia al servicio de quien está el Estado y sus instituciones, la saña con la que actuaron contra los normalistas rurales fue porque eran estudiantes, normalistas, pobres y opositores a este gobierno y al sistema, además de que se pondría en evidencia la interrelación de la delincuencia organizada y el Estado.

 

Las fuerzas de oposición de izquierda, revolucionarias debemos discutir la necesidad de un gran frente nacional de lucha para hacerle frente a este gobierno y a la violencia del Estado. La necesidad de un programa que sustituya este sistema de hambre y opresión. También es necesario, levantar la bandera de uno de los egresados de la normal rural de Ayotzinapa, Lucio Cabañas: la lucha por el socialismo es irreversible.