Acoso judicial contra el PSOE: una trama para derribar al gobierno Sánchez – Editorial LdC nº126

Aprovechando la cascada de iniciativas judiciales en marcha, la derecha se ha lanzado en tropel con todos sus aparatos mediáticos, políticos y judiciales para forzar la caída del gobierno Sánchez y adelantar las elecciones generales. Ahí tenemos desde los casos Zapatero y de Leire Díez, hasta los casos del hermano de Sánchez y de su esposa, Begoña Gómez, estos últimos sin base judicial y probatoria seria.

Esto contrasta fuertemente con los casos que afectan a la derecha y a personajes relevantes del régimen: gente como Aznar, Felipe González, Rajoy, Ayuso, el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, o Juan Carlos I, por solo mencionar algunos de ellos. Según el caso, todos han estado envueltos en negocios de enriquecimiento personal con labores de “lobby” y tráfico de influencias, en contratos públicos a favor de familiares directos, sobresueldos no declarados, tramas mafiosas para eliminar pruebas inculpatorias en su contra, etc. Algunas de estas tramas nunca fueron objeto de investigación judicial, otras quedaron empantanadas durante años, en algunos casos fueron descartadas pruebas inculpatorias claras en la fase de instrucción, o bien prescribió el delito. El régimen y el aparato del Estado protegen a los suyos.

Debemos añadir que los equipos policiales de investigación, UCO y UDEF, son un nido de la derecha y la extrema derecha, caracterizados por la forma chapucera con la que suelen armar sus investigaciones, con un sesgo claro de buscar casos de corrupción en las filas del gobierno para luego filtrarlos a la derecha, a sus medios afines y al aparato judicial.

La causa contra Zapatero

Tras dos semanas intensas de “caso Zapatero”, repentinamente y sin ninguna explicación, este desapareció casi completamente de las portadas de los medios de comunicación a comienzos de junio, como si se lo hubiera tragado la tierra o nunca hubiera existido. En su lugar, vimos desplegarse con mayor intensidad aún el llamado “caso Leire Díez”. No había ningún misterio en esto. El “caso Zapatero” no consiguió el objetivo que la clase dominante y su aparato de Estado se proponían: derribar inmediatamente al gobierno de Sánchez, que se aferra obstinadamente al poder.

El caso Zapatero pasó a un lugar secundario, no solo porque no consiguió el objetivo político que perseguía, sino porque muy pronto empezó a desportillarse por muchas de sus partes. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, sobre el que basó el juez Calama su acusación, además de no ofrecer ninguna prueba directa que implique a Zapatero en las acusaciones en su contra, se mostró lleno de errores fácticos y omisiones deliberadas. Por ejemplo, decía que la supuesta comisión recibida por Zapatero de la aerolínea Plus Ultra (474.000 euros) por su mediación en el rescate de la compañía por el Estado por 53 millones de euros fue empleada en pagar la hipoteca de un terreno comprado para hacerse una casa, cuando en realidad fue pagada con la venta de su antigua casa en la población madrileña de Aravaca. Y así todo.

El “caso Leire Díez”

Con el “caso Leire Díez”, la reacción se lanzó a un segundo asalto, que espera sea el definitivo. ¿Lo conseguirá esta vez? Leire Díez es una exalto cargo del partido que trató de reunir pruebas de las maniobras de la UCO contra el PSOE, haciéndose pasar por una conseguidora de favores administrativos a empresarios con problemas fiscales, así como a policías y fiscales caídos en desgracia, a cambio de información que implicara a miembros de la UCO en sus maniobras; en sus propias palabras, “iba de farol” y realmente nunca concretó ni una sola de sus promesas. El aparato judicial, la policía y los medios de la derecha han presentado el caso presentando a Díez como alguien que pretendía sobornar a fiscales, testigos y empresarios para impedir investigaciones judiciales contra miembros del gobierno y contra el PSOE. Esto es falso. El fiscal anticorrupción, José Grinda, al que según la UCO Leire Díez ofreció 300.000 euros para que archivara causas contra el PSOE, ha declarado que nunca recibió esta propuesta. Simpatizamos con el objetivo de Leire Díez de probar las maniobras reaccionarias de la UCO, que mañana serán usadas contra cualquiera que trate de desafiar el statu quo, pero diferimos completamente con su metodología, y por eso ha resultado en un fracaso. En lugar de apelar a corruptos y a maniobras desmoralizantes copiadas de la misma policía, de lo que se trata es de apelar pública y abiertamente a la clase trabajadora para movilizarla contra sus enemigos de clase en el aparato del Estado.

El aparato del Estado

La actuación de los aparatos judicial y policial, en estrecha conexión con la clase dominante y sus medios de comunicación afines, ha estado guiada desde la gran crisis de 2008 por combatir sin freno todos los elementos de desestabilización política que podían amenazar al Régimen del 78. Las actuaciones de estos aparatos contra el independentismo catalán y Podemos fueron incontables.

Aunque el gobierno PSOE-SUMAR no representa, ni de lejos, la amenaza para el aparato del Estado y la clase dominante que representaron el independentismo catalán y Podemos entre 2012 y 2018; el aparato del Estado le ha cogido gusto a considerarse el verdadero poder en la sociedad. Y se puso desde el minuto uno al servicio del PP y Vox para participar en campañas de desestabilización contra el gobierno de Sánchez, al que no perdona entre muchas otras cosas la ley de amnistía a favor de los independentistas catalanes que recibió como una bofetada en la cara.

Claramente, esta maniobra político-judicial tiene el consenso del conjunto de la clase dominante, incluido el sector que ha estado sosteniendo incómodamente al gobierno de Sánchez hasta hace muy poco tiempo (los grandes bancos y la gran industria), por el miedo a una llegada precipitada de Vox al gobierno, de la mano del PP, que, con sus políticas demagógicas reaccionarias, podría detonar en muy poco tiempo una reacción explosiva hacia la izquierda en amplios sectores de la clase obrera y la juventud.

El objetivo final de todo es forzar un adelanto electoral y descabezar la actual cúpula del PSOE, en manos ahora de un advenedizo y aventurero como Sánchez al que no controlan completamente, no obstante los buenos servicios que ha hecho a favor de la clase dominante. Su idea es contar con una nueva dirección completamente dócil a la clase dominante que preste apoyo parlamentario, junto al PNV y otros, a la investidura de un próximo gobierno del PP que evite a este la molestia de apoyarse en Vox y margine definitivamente de la política nacional a los «apestados» de Bildu, ERC, Junts y Podemos.

¿Qué perspectivas se abren?

Existe una preocupación comprensible en la base de la izquierda por el miedo a que esta arremetida del poder judicial conduzca a la caída del gobierno y a la llegada de la derecha al poder. Aunque tenga éxito en esto, es indudable que la autoridad del aparato del Estado (judicial y policial) ha sufrido un golpe irreparable ante millones de trabajadores, y este es un paso muy positivo en su proceso de toma de conciencia. Eso hará que la próxima oleada de la lucha de clases incorpore elementos más resueltos, radicales y profundos, contra la arbitrariedad de los aparatos judicial y policial y la exigencia de su desmantelamiento.

Nos interesa subrayar que los movimientos por arriba en la superestructura política y estatal no son un reflejo directo de la situación en la base de la sociedad. La insatisfacción con las condiciones de vida es evidente. Y aunque haya mucha frustración con el gobierno “progresista” tampoco existen expectativas hacia un gobierno de la derecha que, en cualquier caso, tampoco tiene ninguna solución al problema de la vivienda (más bien al contrario, ella es la máxima valedora de los rentistas), a la carestía de la vida y al deterioro de los servicios públicos.

Hay un odio ardiente hacia la derecha como nunca se había conocido en la base de la izquierda. La arrogancia de los dirigentes del PP y Vox, sus discursos reaccionarios sobre todo tipo de asuntos generan un rencor indisimulado en millones de trabajadores y jóvenes. En este ambiente, un gobierno de la derecha, ya sea del PP en solitario o con Vox, sobre la base de una desmovilización electoral significativa, se enfrentaría en muy poco tiempo a la ira de millones de jóvenes y trabajadores. Debería afrontar la crisis económica que se avecina acelerada por la guerra de Irán. Además de desmontar conquistas sociales y democráticas, acometería agudos recortes en el gasto social. Todo estaría servido para un conflicto social de una envergadura desconocida en años, y un potente giro a la izquierda en el terreno político y social. Debemos prepararnos para esto. El fracaso del posibilismo reformista PSOE-SUMAR subraya la urgencia de construir una alternativa comunista revolucionaria, no para cuando lleguen esos momentos, sino para ahora mismo.