Acuerdo sindicatos-CEOE: UGT y CCOO claudican nuevamente ante la patronal

El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado por las cúpulas sindicales de UGT y CCOO con la CEOE, significa una nueva claudicación ante la patronal. Consolida la pérdida de poder adquisitivo de los dos años atrás, no garantiza el poder adquisitivo de este año ni de los siguientes, y refuerza la precariedad y sobreexplotación con el incremento de la flexibilidad de la jornada laboral en las empresas.

El acuerdo salarial

Como decíamos, este acuerdo consolida la pérdida de poder adquisitivo de 2021 y 2022, asume la pérdida que podría haber en 2023, y ata de pies y manos las luchas de los convenios aún pendientes de este año y los siguientes.

El acuerdo implica una subida salarial del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025, e incluye una cláusula de revisión salarial de hasta el 1% si la inflación superara esos porcentajes. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la inflación interanual hasta abril ya se situaba en el 4,1%, y que organismos como FUNCAS (Fundación de las cajas de Ahorro) pronostican una inflación interanual al cierre de 2023 del 5,2%. De ser así, el acuerdo implicaría una nueva pérdida de poder adquisitivo en los salarios, como mínimo, del 0,2%.

Los sindicatos tragaron con la exigencia patronal de no recuperar nada del poder adquisitivo perdido en 2021 (1,61%) y 2022 (5,71%), un acumulado de 7,32%. Esto es escandaloso porque los beneficios empresariales crecieron en 2022 ¡un 18,8%!, según datos de la Contabilidad Nacional (INE), mientras que los sueldos lo hicieron un 1,9%, según la misma fuente. O sea, las empresas han tenido márgenes más que suficientes para aumentar los sueldos, al menos, tanto como la inflación media del año pasado, un 8,4%.

No es sólo esto. Según la proyección de beneficios de la misma Contabilidad Nacional, los márgenes empresariales crecerán en 2023 un 7,5%, frente al 4% acordado ahora para el aumento del salario. Es decir, aun con este aumento salarial, las empresas seguirán obteniendo un margen mayor de ganancias.

Refuerzo de las mutuas por baja traumatológica

Por otro lado, el acuerdo “insta” a las administraciones públicas a que las bajas laborales comunes de origen traumatológico, producidas fuera del centro de trabajo, sean tratadas por las mutuas, en vez de por la Seguridad Social, avalando así una mayor privatización del sistema de salud, como han alertado los sindicatos ELA, CIG, CGT y CNT.

Concretamente, el acuerdo dice que se realizará “un mejor aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud y con plena libertad de la persona trabajadora”. “Al objeto de cumplir esta finalidad, las Organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico”.

El periodista actualmente referente de la “progresía” sindical y del ministerio de trabajo, Daniel Bernabé, flamante columnista en los medios de PRISA como Hora 25 y El País, ha tratado de justificar con todo el cinismo del mundo esta concesión inaceptable a la medicina privada en un artículo en elplural.es. Bernabé argumenta que: “tan sólo se abre la posibilidad de que un trabajador pueda utilizar una mutua en caso, por ejemplo, de sufrir una lumbalgia, frente a una situación real que es de largas listas de espera en la sanidad pública. Tanto que cuando llega el momento del tratamiento ya no hay incapacidad temporal porque la dolencia se ha malcurado por sí misma” (Las negritas están en el original).

Pero, un momento, amigo Bernabé: ¿no es ésta, acaso, la justificación que esgrimen Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, también con énfasis en negrita, para justificar el papel positivo de la medicina privada y de los cuantiosos conciertos que tiene la sanidad pública con la sanidad privada en esos territorios? ¿No venimos criticando desde años en la izquierda a los gobiernos privatizadores del PP (y del PSOE) por utilizar la infrafinanciación de la sanidad pública para justificar la externalización de servicios, pruebas y especialidades médicas, “porque la gente no puede esperar”? ¿No son estas prácticas las que refuerzan la desatención de la sanidad pública y eterniza el actual estado de cosas? Un sindicato de clase lo que debe hacer, en primer lugar, es parar los pies a las presiones de la patronal de profundizar la externalización privada de servicios médicos que deben ser públicos, y exigir a la Administración más financiación y recursos para la misma. Y es lo mismo que debía esperarse de un periodista de izquierdas que se afama con tomar a la clase trabajadora como su referencia periodística.

“Fórmulas flexibles en el tiempo de trabajo”

Otro de los grandes pasos atrás de este acuerdo es que recomienda fijar las jornadas en cómputo anual para “facilitar fórmulas flexibles de ordenación del tiempo de trabajo”, así como la aplicación de la distribución irregular de la jornada para “compatibilizar las necesidades organizativas de las empresas con la vida personal de los trabajadores”. Esto deja al trabajador a los pies de los caballos de la voluntad empresarial, amenazando una vida horaria laboral estable.

Esto es particularmente grave con el fomento que se hace en el acuerdo a la contratación a tiempo parcial. Y más específicamente en los contratos que ya son precarios en sí, como los llamados fijos-discontinuos. Esta puerta ya estaba abierta en la reforma laboral de Yolanda Díaz, en el artículo 16.5., en caso de convenios que admitan la parcialidad en estos contratos. Tal y como alerta Antonio Ruíz en elsaltodiario.com, el tercer punto del apartado sobre convenios sectoriales en el acuerdo del AENC (página 12) afirma que se podrán “celebrar contratos a tiempo parcial [de los fijos-discontinuos] cuando las peculiaridades del sector así lo justifiquen”. E insta a realizar el “censo anual del personal fijo-discontinuo” que requiere el artículo 16.5 para poder aplicar la parcialidad a este modelo contractual.

Ruíz añade: “Los fijos-discontinuos son una de las precariedades del siglo XXI. Implican que tengo trabajo, que me van a llamar en algún momento, pero, en este caso, significa además que me van a llamar solo parcialmente. Algo que afecta de lleno a la mujer trabajadora. Fomentarlos es un error y aún precarizará más el empleo”.

Todo lo anterior se agrava con la desaparición de las horas extras en muchos sectores precarizados con contratos a tiempo parcial, que son sustituidas por “horas complementarias”, que se pagan igual que una hora de trabajo normal. Así, el empresario puede añadir a voluntad “horas complementarias” que no pasan como “horas extras”, que deben pagarse más caras.

Así, el texto firmado permite “ampliar el número de interrupciones en la jornada cuando esta se lleve a cabo de forma partida” (Íbidem), lo que permite contratar a un mismo trabajador “por tramos horarios” varias veces al día, haciendo venir al trabajador a su puesto de trabajo dos o tres veces al día, si fuera el caso.

La patronal no puede creerse su suerte con las dóciles direcciones sindicales con las que le ha tocado lidiar. Estas últimas tienen tanto o más miedo que los empresarios ante una espiral de luchas obreras, como hemos visto en Gran Bretaña o Francia, habiendo asimilado la lógica capitalista de que los beneficios empresariales deben tener prioridad sobre las condiciones de vida de millones de familias obreras.

Tarde o temprano se abrirá una contestación amplia en las bases sindicales de CCOO y UGT y un ciclo de huelgas espontáneas que desafiarán la autoridad de estos dirigentes. Lo que hace falta es construir corrientes de oposición antiburocráticas que puedan postularse como alternativa a estas cúpulas domesticadas por el gran capital.