¡Basta ya de alquileres caros y desahucios! Control obrero de la vivienda

Aunque el gobierno hace mucho autobombo de lo bien que va la economía con casi un 3% de crecimiento del PIB en 2025, la clase obrera no siente el efecto positivo en su economía personal. Los salarios se han estancado, subiendo apenas un 2% entre 2008 y 2020, mientras que han subido los precios de todo, haciendo que la gente mire sus cuentas con desasosiego cuando se acerca el fin de mes.

Lo que está impactando en los bolsillos particularmente es la vivienda, cuyo precio ha subido entre un 10-12% en 2025 (Podcast Carne Cruda: ¿Por qué España va bien y tú no?, 08/01/2026). En una sola generación, el sueño de comprar tu propia casa y vivir cómodamente ha desaparecido. Ya que la compra de una casa es inalcanzable para la mayoría de la juventud trabajadora, el alquiler se ha convertido en la norma. Hoy en día un 25% de la población alquila, lo cual es un aumento de un 2% desde 2022. Además, la media de edad para alquiler ya es de 38 años, lo cual indica que alquilar ha dejado de ser una etapa transitoria para ser la norma (Infobae, 23/06/25).

Desafortunadamente, alquilar tampoco es una opción barata. En un año ha subido un 9,9% a un nuevo récord histórico de 14,50€ por metro cuadrado (Infobae, 23/06/25). Esto es peor en ciudades más grandes como Madrid, Valencia o Málaga donde, desde 2023, el precio del alquiler ha subido un 35%, un 33% y un 27% respectivamente (El País, 18/01/26).

Frente a esta emergencia social, el gobierno ofrece parches patéticos. En 2023 aprobó la creación de zonas tensionadas, donde el gobierno interviene para poner límites de precio. Sin embargo, solo hay 304 municipios con estas zonas y están en Catalunya, Galicia, Navarra y Euskadi (El País, 18/01/26). Además, el gobierno deja la implementación en manos de las CCAA, lo cual hace que las regiones más caras, gobernadas por el PP, no tengan zonas tensionadas. Para colmo, donde sí existen estas zonas, los arrendadores se aprovechan de varias lagunas. En primer lugar, el desconocimiento de la ley por parte de los inquilinos les permite fijar el precio que quieren. En segundo lugar, la ley no se aplica a alquileres por temporada ni por habitación. En Catalunya por ejemplo hay 20 veces más alquileres por temporada desde 2023 (El País, 18/01/26). En vez de castigar a los arrendadores por su comportamiento avaro, el gobierno ha aprobado una nueva medida de bonificar el 100% del IRPF a los que no suben el precio de alquiler en la renovación del contrato (Podcast Hoy en El País: ¿Me van a bajar el alquiler?, 16/01/26). Es el equivalente a dar un caramelo a un niño que acaba de pegar a alguien en el recreo para persuadirlo de que no pegue a nadie más.

Para meter el dedo en la llaga, las pocas medidas que existen para proteger a los más vulnerables acaban de ser barridas. Por segunda vez, PP, Vox y Junts votaron en contra del Real Decreto-Ley ómnibus el 27 de enero. Esta ley incluía una moratoria en los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad hasta el fin de 2026 y una prohibición al corte de suministros básicos como el agua y la luz (elDiario.es, 27/01/26). Ha caído el escudo social. Cuando pierdes tu trabajo y no puedes pagar tu alquiler, el gobierno no te va a proteger del desahucio forzado de tu casa por parte de la policía.

Lo que vemos aquí es un bucle horrible: comprar una casa ya no es asequible, entonces más gente alquila; sube el precio del alquiler a niveles no asequibles o difíciles de cubrir junto con el resto de los gastos corrientes; reduces tus gastos quitando la calefacción o saltando una comida, o aumentas tus ingresos con dos o más trabajos precarios; pero cuando ya no te alcanza para la renta, te echan a la calle. Esta es la nueva realidad para la gran mayoría de los jóvenes y trabajadores. La vivienda debería ser un derecho, no una mercancía, hay que expropiar a los grandes propietarios y poner la vivienda bajo control obrero para asegurar una vida digna para todos.