Catalunya: Ante el preacuerdo de USTEC y Aspepc: ¿cuál es el potencial de la huelga educativa?

La lucha de la comunidad educativa catalana en las últimas semanas es de una importancia histórica. Ésta tuvo como punto de inflexión el falso acuerdo alcanzado en marzo por el Departamento d’Ensenyament con las grandes centrales sindicales de CCOO y UGT, minoritarias en el sector educativo, que pretendía, como tantas otras veces, desactivar la lucha ofreciendo unas mínimas mejoras salariales. Sin embargo, esta vez el efecto fue lo contrario, al ser recibido como una completa burla, marcando el disparo a un ciclo movilizatorio de semanas de huelgas territoriales y a nivel nacional.
Esta lucha no sólo ha representado un salto adelante respecto a luchas anteriores por su grado de participación y determinación, sino también por la constitución de una unidad sindical entre los sindicatos llamados “combativos” (USTEC, Aspepc, CGT), con la participación también de la Intersindical y COS; la unión de los diferentes sectores de la comunidad educativa (docentes, PAE, PAS, 0-3, veladoras, ocio) y, sobre todo, la recuperación de tradiciones de lucha, con la creación y extensión de las asambleas de centro como órgano de organización y decisión desde la base. En sí mismo, esto constituye una gran conquista y una valiosa experiencia de cara a futuros combates.
Finalmente, el pasado viernes 29 de mayo, aún con una semana de huelgas territoriales por delante que pretendía culminar el día 5 de junio con una nueva huelga de toda Catalunya, los sindicatos USTEC y Aspepc (Profesores de Secundaria) anunciaron un preacuerdo con el Departament y la desconvocatoria de las huelgas territoriales del 1-4 de junio, manteniendo la del viernes 5 de junio a la espera de conocer la consulta a la comunidad educativa el jueves 4 de junio a las 12h. Este preacuerdo se presentó por parte de los sindicatos firmantes como «el mejor de los posibles». ¿Es ese realmente el caso?

El preacuerdo

En primer lugar, el preacuerdo se logró rompiendo la unidad sindical sostenida hasta ahora, después de que la consejera Niubó citara a cada sindicato por separado utilizando la tradicional táctica del “divide y vencerás”. En líneas generales, éste se diferencia del acuerdo de marzo con CCOO y UGT por ampliar el complemento salarial con 173€ respecto al aumento de 200€ acordados en marzo, a alcanzar en los próximos 4 años. El preacuerdo también incluye la creación de 5.000 nuevas cátedras en secundaria, que implica una mayor retribución salarial, pero se aplica únicamente a una parte de los profesores de secundaria, mientras excluye al resto de la comunidad educativa, dejando fuera al PAE, PAS, 0-3 o el ocio, que se han estado movilizando en los últimos meses pero han quedado fuera del preacuerdo, introduciendo asi una división en la unidad que se había sostenido hasta ahora. En materia de inclusiva, el acuerdo habla de 6.143 nuevas plazas pero en realidad, éstas se hallaban implícitas en el acuerdo de marzo y la novedad se limita realmente a su concreción y calendarización. Lo mismo se aplica a la devolución de la deuda de los estadis (un complemento vinculado a la formación).
Así, a pesar de estos avances en el terreno salarial, el preacuerdo deja fuera a las demás demandas centrales del movimiento, que hacen referencia a la situación de emergencia educativa, las condiciones de trabajo y la calidad de la educación. En relación a los ratios, uno de los principales puntos, no existe mejora alguna respecto al acuerdo de marzo, totalmente insuficiente. Como se ha planteado, prácticamente no hay ninguna novedad en relación a la inclusiva, y tampoco hay avances sustanciales en la democratización de los centros ni se deroga el decreto de plantillas, no se detiene el cierre de líneas, ni se plantea la consecución del 6% del PIB destinado a educación, tal y como plantea la LEC, aprobada el 2009 e incumplida sistemáticamente desde entonces.
También hay que decir que los avances en términos salariales, no recuperan todo el poder adquisitivo perdido, además su implementación escalonada, permite que esta recuperación sea aún menor, al no estar vinculadas al IPC. Esto es aún más importante en un contexto de inestabilidad en la economía mundial y con la previsión de una nueva ola inflacionaria derivada de la guerra por parte del imperialismo americano y sionista contra Irán, cuyas consecuencias, incluso si terminara en un futuro inmediato, se harán notar sobre todo a partir de otoño y durante 2027. Incluso, debido a su calendarización, puede dudarse si los compromisos conseguidos, se acabarán haciendo efectivos. Es significativo que el despliegue del complemento salarial se concentra al final del período de 4 años (2026: 50,€; 2027: 52,25€; 2028: 103,30€ y 2029: 173,30€), y lo mismo sucede con las nuevas dotaciones de personal (1.088+1.651+1.651+2.023). Es decir, ¡el 40% del complemento salarial y el 33% de las nuevas dotaciones deberían implementarse en 2029, cuando la actual legislatura termina en junio de 2028! Esto debería ser otro elemento de cautela a la hora de valorar el acuerdo.

El carácter de la lucha educativa

Como se ha explicado, las demandas centrales en relación con las condiciones y la calidad de la educación quedan en su mayoría fuera de este preacuerdo. Son precisamente todos estos aspectos los que este ciclo movilizatorio ha permitido poner sobre la mesa y no sólo las reivindicaciones salariales. Como algunos docentes planteaban en las huelgas territoriales de esta semana, mantenidas por CGT, Intersindical y COS, “¿de qué nos sirve cobrar 173€ más si seguimos sin tener los recursos para realizar nuestro trabajo y debemos seguir marchando a casa sin haber podido atender a las necesidades del alumnado?”.
Este foco en los recursos, condiciones y calidad de la educación no sólo ha sido un aspecto central de las movilizaciones, sino también lo que también ha permitido la implicación de muchas familias y lo que constituye un mayor potencial para extender la lucha más allá del personal educativo. No por casualidad, durante estas semanas de lucha, hemos sido testigos de una campaña propagandística por parte del gobierno, presentando las reivindicaciones salariales como la única motivación de las huelgas, y tratando de dar la imagen de una lucha “egoísta”, de un sector ya “suficientemente privilegiado” para “tener más vacaciones”, etc. Esto ha constituido un claro intento de frenar cualquier simpatía o muestra de solidaridad, y aislar la lucha de la comunidad educativa, en un intento de oponerla al resto de la sociedad, quien se vería «entorpecida en su día a día» a causa de las movilizaciones. Incluso se ha llegado a plantear que ésta va en detrimento de las familias y los alumnos, «quienes no pueden acabar el curso en normalidad».
La aceptación de este preacuerdo, aparte de allanar el terreno para el mantenimiento de una mayor paz social durante los próximos 4 años, hace el juego a la propaganda del gobierno en este sentido, al trasladar la idea de que todo se trataba de las condiciones salariales de un sector particular de docentes, borrando así el contenido y el alcance público de la educación, la defensa de la educación, la defensa de la hijos de la clase trabajadora en su conjunto. Es sobre esta base que la lucha puede conectarse en el contexto de la ofensiva general contra los servicios públicos (sanidad, educación, transporte), esto es, el salario indirecto de la clase trabajadora, así como la crisis del coste de la vida en general (inflación, vivienda, etc). Es decir, pasar de presentarse como lucha económica de carácter corporativo a una lucha de clase.

Niubó y el gobierno de Illa

En las últimas semanas, el gobierno ha estado echando un pulso a la comunidad educativa. Pese a las palabras bonitas sobre «justicia social», «defensa de los servicios públicos» por parte del PSC, en el terreno de los hechos, el gobierno ha tratado de resistir sin hacer ninguna concesión en un intento de que la lucha se apaciguara. En medio del conflicto, de forma totalmente provocadra, hemos tenido el inicio del plan piloto “EDUSEG”, que plantea el despliegue de Mossos d’Esquadra en institutos de secundaria “conflictivos” al tiempo que se han reducido el número de integradores sociales de 420 el curso pasado a 300 este curso. A esto es necesario sumar el caso de infiltración policial en una asamblea de docentes, un caso claro de vulneración de los derechos sindicales y de protesta.
Esto es aún más escandaloso cuando se mira el contexto más amplio a nivel estatal, en un momento en que la clase dominante, a través del aparato del Estado y la derecha política y mediática, está entregando una campaña de acoso contra el gobierno de Pedro Sánchez a través del “caso Zapatero”, con la intención de hacerlo caer sin esperar alas próximas elecciones. Incluso en esta situación, mientras Illa habla de “no doblegarse” ante estos ataques, su gobierno antepone a toda costa mostrarse como el mejor garante de la estabilidad social y del dominio de clase de quienes están pidiendo su cabeza, antes que satisfacer las demandas de la comunidad educativa y su propia base social, que le ha llevado al poder. ¡Tal es el grado de servidumbre y el compromiso inquebrantable del PSC con la clase capitalista!

El potencial de la lucha educativa

En el contexto de este pulso, en que el gobierno estaba siendo incapaz de resolver la situación, es también relevante consultar cuál es la posición de la consellera y el Govern. Por su parte, Niubó «se mostró muy satisfecha» de haber alcanzado un preacuerdo y haber «desbloqueado el conflicto eduactivo», definiendo el acuerdo como «muy generoso» y agradeciendo «el esfuerzo, la responsabilidad y la generosidad» de los sindicatos firmantes. Y añadía que «Los buenos acuerdos son aquellos en los que al final nadie está del todo contento, pero todos ganamos». Illa también celebró el preacuerdo, calificándolo de histórico, y agradeciendo «el trabajo y la actitud de diálogo» de los sindicatos y del Departament.
Si bien es cierto que este preacuerdo no era la voluntad inicial del Govern, estas declaraciones con un tono claro de alivio, muestran que éste ofrece un respiro al Govern. Esto debe poder darnos una idea de cuál es el potencial de la lucha educativa. Los dirigentes de USTEC y Aspepc han defendido el preacuerdo como el «mejor posible», sembrando dudas de la capacidad de movilización y haciendo referencia a una menor participación en las últimas jornadas de huelga.
Cierto grado de cansancio es inherente a una lucha larga, en la que los trabajadores de la educación están haciendo un sacrificio cada día de huelga. Pero ninguna lucha sigue una línea recta ascendente sino que en el proceso pueden surgir altibajos, momentos con menor movilización, que pueden venir seguidos de una reorganización de las fuerzas y un nuevo salto adelante. Asimismo, la respuesta de una parte importante de la comunidad, mostrando su insatisfacción ante el preacuerdo, así como la continuación de las huelgas territoriales durante esta semana, demuestra que existen reservas para seguir luchando. En este sentido, es engañosa la disyuntiva planteada por los sindicatos firmantes de aprobar el preacuerdo o ir a la huelga indefinida, a dos semanas del fin de curso. En todo caso, serán las asambleas las que tendrán que discutir cómo avanzar y con qué métodos de lucha si el acuerdo es rechazado.
Cabe decir que, al señalar únicamente la menor participación de las últimas jornadas en comparación con las iniciales y olvidar aquellas muestras de energía y combatividad que también hemos visto en estos días, estos dirigentes obvian el papel que ellos mismos juegan como dirección a la hora de movilizar y mantener los ánimos del movimiento. Ciertamente una dirección sindical debe tener una visión sobria de la correlación de fuerzas y el estado de ánimo, pero lo que se espera de ella es plantear cómo avanzar y no sembrar dudas o transmitir pesimismo y desmoralización. En todo caso, lo que debería plantearse es la necesidad de extender y ampliar la lucha, mostrando netamente el contenido de la infrafinanciación de la educación como un ataque a la clase trabajadora en su conjunto. Involucrar de manera mucho más decisiva a los estudiantes, principales beneficiarios de esta lucha, y entre los que existe todavía un gran margen de capacidad de movilización, especialmente en lo que se refiere a las universidades, donde la CGT también había convocado huelga para el personal universitario para el día 5. O, por ejemplo, el hecho de que la cláusula vinculada al IPC no se haya incluido en el preacuerdo Generalitat”, en lugar de servir de lamento por no haber conseguido más, podría servir de punto de partida para ampliar la lucha en el resto del sector público.
Por último, cabe decir que la desconvocatoria por parte de USTEC y Aspepc de las huelgas previstas antes de que el acuerdo haya sido ratificado parecería que tiene el objetivo de desmovilizar el movimiento y favorecer la aceptación del acuerdo. Una dirección sindical realmente honesta y combativa habría mantenido las jornadas de huelga y las habría aprovechado para realizar asambleas en los centros para debatir democráticamente el acuerdo, defendiéndolo si se considera conveniente, al tiempo que se habría mantenido la presión para comprobar si era posible arrancar nuevas concesiones al Govern. Sin embargo, esta decisión instala un sentimiento de cierre del conflicto por adelantado, reflejando una falta de confianza en la continuidad de la lucha por parte de estas direcciones. Además, incluso en caso de aprobarse el preacuerdo, esta forma de cerrar el proceso ha generado divisiones innecesarias dentro del movimiento y el riesgo de una retirada desordenada, mientras que una decisión tomada tras un debate amplio y avalada por la mayoría de las asambleas permitiría un cierre unitario y habría dejado una base más sólida para continuar la lucha. La legitimidad para decidir que ya no era posible conseguir mayores mejoras durante estas jornadas correspondía a los trabajadores de la enseñanza.
La votación sobre el preacuerdo, que finalizará mañana (jueves 4 de junio), incluye al conjunto de trabajadores educativos, también a aquellos que no necesariamente han participado de las movilizaciones. También es posible que un sector de quienes han estado participando, después de días de huelga con su sacrificio económico, opten por este preacuerdo como una opción más “pragmática”. Así, no puede descartarse un resultado favorable al preacuerdo. Incluso en este caso, a pesar del Govern, no habrá sido derrotado, al que se habrá torcido el brazo respecto a sus intenciones iniciales únicamente como resultado de las huelgas, y permanecerán como conquista de esta lucha las asambleas de centro, que deben servir como base para los próximos combates.
Pero en caso de ser rechazado el preacuerdo, el potencial existe para extender la lucha y avanzar hasta que el Govern sea derrotado. Esta perspectiva no sólo significaría una victoria en el sentido de la consecución de más demandas, sino en el desarrollo de la consciencia de clase de los trabajadores movilizados, imbuyendo de confianza en las propias fuerzas y trasladando la idea de que la lucha vale la pena. Este impacto no se limitaría a los trabajadores de la enseñanza, sino que encontraría un eco en el resto de la clase trabajadora, animando a otros sectores a la lucha, desmitificando la “omnipotencia” del Govern y de las instituciones del Estado, y mostrando que a través de la organización la clase trabajadora es capaz de hacer frente a los planes de la clase dominante y decidir lo que sucede. Plantearía la cuestión de quien decide en qué, cómo y en favor de quien se invierte la riqueza creada por el trabajo de toda la sociedad, en un contexto en el que la clase dominante se prepara para aplicar un programa de austeridad para financiar el militarismo y hacer pagar la crisis de su sistema a los trabajadores. Dicho de otro modo, la huelga educativa tiene el potencial de ser el acto inaugural en una nueva etapa de lucha de clases.

Miércoles, 3 de junio de 2026

ÚLTIMA HORA: Acabamos de saber que el 65,1% de los docentes catalanes han rechazado el preacuerdo firmado porel Gvern de Illa y los sindicatos USTEC y Aspepc, con un 61% de participación. Reafirmamos, por tanto, la conclusión de nuestro artículo de ayer, que la huelga educativa catalana tiene el potencial de ser el acto inaugural en una nueva etapa de lucha de clases.