De nuevo nos hallamos ante un inicio de curso donde el PP toma medidas para volver a una situación, como en la dictadura franquista, donde acceder a una enseñanza digna sea un privilegio de los ricos. Esto es lo que define a la ley aprobada por el gobierno Rajoy, la LOMCE.

Las manifestaciones vividas este pasado domingo, con cerca de 100.000 personas en Palma, 10.000 en Eivissa Vila y Maó y 500 en Sant Francesc en Formentera marcan un antes y un después dentro de una huelga de docentes que ha canalizado toda la furia acumulada y que ha movilizado el conjunto de la sociedad en contra del Govern, hasta el punto de minar toda su autoridad, dejarlo completamente aislado a merced de la dirección nacional del PP y preparando el camino para una gran división en el seno de la derecha balear.

A lo largo de los últimos años hemos vivido un incremento de los ataques sobre los trabajadores docentes. Intensificados con la crisis, todos los gobiernos reaccionarios, empujados por las directrices de austeridad provenientes de las patronales, la banca y la Troika (UE, BCE, FMI...), han tenido que preparar el terreno para iniciar un ataque sin precedentes contra la educación pública. El objetivo es claro, ante esta crisis, la mayor del capitalismo, se han de sacrificar todos los avances conseguidos hasta ahora mediante la lucha. Con tal de iniciar el desmantelamiento, era indispensable empezar por una precarización de las condiciones de trabajo de los docentes, así como forzar una campaña de desprestigio hacia estos, con el objetivo de crear enfrentamiento entre sectores de los trabajadores y tratar de “suavizar” de alguna forma la respuesta social.