Contra la dictadura de las togas, movilización popular

Editorial del número 102 de Lucha de Clases – El aparato judicial se ha embarcado en una guerra reaccionaria, abierta y declarada, contra el gobierno PSOE-SUMAR. Es una continuación de los intentos de la derecha y la ultraderecha de derribarlo por cualquier medio. Frente a esta arremetida, denunciamos las conspiraciones desestabilizadoras de estos enemigos de la clase obrera, independientemente de la opinión que nos merezca la política del gobierno de Sánchez, con la que tenemos serias divergencias.

La piedra de toque del acoso es el proyecto de ley de amnistía que está negociando el gobierno con los independentistas de Junts, que la derecha y el aparato del Estado neofranquista quieren hacer fracasar a cualquier costo.

Nosotros saludamos la amnistía para los encausados y condenados por el Procés, como una reparación por el acoso sufrido por miles de personas en Catalunya por tratar de ejercer el derecho democrático del pueblo catalán a decidir su destino. Debe ser un derecho elemental que cualquier pueblo con una conciencia nacional propia y aspiraciones soberanistas decida democráticamente si quiere formar un Estado independiente. Contra lo que opinan los “rojipardos” (defensores del nacionalismo español opresor dominante, disfrazados con una máscara izquierdista), asegurar el derecho de autodeterminación al pueblo catalán ayuda a diluir las suspicacias nacionales y a forjar lazos de simpatía y de unidad de la clase obrera en ambas orillas del río Ebro, para combatir al capitalismo y al nacionalismo burgués, español y catalán, y luchar por el socialismo.

El proyecto inicial de Ley de Amnistía presentado a comienzos de diciembre era impecable, desde el punto de vista de la legalidad constitucional española. Pero la casta judicial tenía otras ideas. El primero en salir a la palestra fue el juez Manuel Garcia-Castellón, un reaccionario recalcitrante, que decidió caratular como “terrorismo” las protestas populares impulsadas por la plataforma Tsunami Democràtic tras conocerse la sentencia del Procés en noviembre de 2019, y que incluyeron el rodeo del aeropuerto de Barcelona y una semana de enfrentamientos callejeros con la policía en el centro de Barcelona, acciones que solo podrían considerarse como “desórdenes públicos”. Garcia-Castellón sitúa arbitrariamente a Puigdemont y a Marta Rovira, dirigente de ERC, al frente de esta plataforma. Al ser acusados de terrorismo “con atentado grave a los derechos humanos”, quedarían fuera de la amnistía. Por otro lado, el juez del juzgado de instrucción nº1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha resucitado la olvidada y rocambolesca “trama rusa” del Procés, que acusa a Puigdemont de confabularse con el gobierno ruso en el proceso de independencia de Catalunya del otoño de 2017, acusándolo de “alta traición”, delito por el que también quedaría fuera de la amnistía.

Todas estas maniobras judiciales, sin base alguna en los hechos, tienen como fin abrir una fisura insalvable entre Junts y el gobierno para hacer caer a este último, pero también impedir del modo que sea, la amnistía a los procesados por el Procés. Con toda razón, estas damas y caballeros consideran la amnistía una humillación al aparato del Estado y a la monarquía, cuando millones de catalanes rompieron la ley burguesa a través de la desobediencia civil de masas y celebraron un referéndum independentista “ilegal” ante las narices de la policía, demostrando en los hechos una fuerza colectiva colosal contra el orden establecido que podría ser un ejemplo a seguir por todos los oprimidos.

Cada intento de Junts y el PSOE de introducir enmiendas al proyecto de ley de amnistía, para sortear las trampas de la casta judicial, es boicoteado por ésta añadiendo nuevas acusaciones contra Puigdemont y sus allegados para evitar que sean amparados por la ley. Esto ha llevado al fracaso del primer trámite parlamentario. La perspectiva de un bloqueo indefinido es real.

Las acciones de estos jueces reaccionarios también son una amenaza a nuestros derechos democráticos: cualquier protesta social de cierta envergadura podría ser considerada “terrorismo”, y cualquier juez venal podría derogar a voluntad leyes progresistas aprobadas por el parlamento.

La ofensiva contra la amnistía demuestra, una vez más, que el Poder Judicial es un aparato reaccionario, fuera completamente de cualquier control popular, que sólo defiende los intereses de la clase dominante y sus propios intereses de casta; una verdadera dictadura de las togas amparada por el capital.

Esto está provocando divisiones abiertas en la casta judicial y preocupación en la clase dominante. La continuidad de este “sainete”, desacredita aún más, cada día que pasa, a todo el sistema judicial. Realmente, los estrategas del capital saben que la amnistía de los dirigentes independentistas, empezando por el propio Carles Puigdemont, es esencial para reintegrarlos al sistema político del régimen del 78. Pero tanto la derecha como una parte del aparato del Estado han escapado a su control.

Una eventual reacción masiva de la clase obrera y de las bases nacionalistas vascas y catalanas, contra estas maniobras podría adquirir rápidamente un carácter antirrégimen, contra el andamiaje corrupto y reaccionario del aparato del Estado y la monarquía. Ya, el descrédito del aparato judicial es total, con unos jueces reaccionarios que no ocultan sus objetivos desestabilizadores y con un Consejo General del Poder Judicial con mayoría derechista, desprestigiado tras funcionar 5 años con su mandato caducado.

La movilización popular, en Catalunya y en todo el Estado, es por tanto indispensable para acelerar el descrédito del aparato judicial, arrinconar a la clase dominante para forzar la mano de la casta judicial, y conseguir la amnistía para todos los procesados sin excepción.

Que una parte significativa de la población, ya hoy, señale al aparato del Estado como un enemigo de los intereses populares, es un avance extraordinario en el nivel de conciencia y un logro de gran alcance. Cuando se rompe el carácter místico del Estado, y por tanto su miedo a él, nadie podrá detener a millones de oprimidos cuando se levanten.