El amago de dimisión de Sánchez y la lucha contra un aparato judicial podrido

La carta pública difundida ayer por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde insinúa la posibilidad de dimitir de su puesto, ha conmocionado la situación política española. Esto viene después de que un juez de Madrid haya decidido iniciar un caso judicial contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias a favor de empresarios amigos, a instancias de la organización de ultraderecha Manos Limpias, que basa su denuncia en informaciones periodísticas publicadas en medios afines. Sánchez argumenta en su carta que este ataque a su entorno familiar directo es un límite que le lleva a meditar sobre su continuidad como presidente del gobierno.

Lo que ha trascendido de la denuncia, ya que el juez ha decretado secretas sus pesquisas, serían simples conjeturas pero sin aportar una sola prueba hasta el momento. Los propios directivos de Manos Limpias, algunos de los cuales estuvieron implicados en el pasado en casos de chantaje y acusaciones falsas, reconocen que no pueden probar la veracidad de sus acusaciones. En realidad, los rumores y bulos contra Begoña Gómez vienen sucediéndose desde hace dos años en los medios basura de la derecha y la ultraderecha.

El hecho más significativo es que este juez de simpatías derechistas, como la inmensa mayoría, haya dado trámite a esta denuncia sin una base inicial probatoria, y en vísperas del inicio de las elecciones autonómicas en Catalunya, donde el PSC-PSOE parte como favorito para ganar las elecciones.

Sánchez se caracteriza por los golpes de efecto y las decisiones aventuradas para zafarse de las situaciones políticas más complicadas, y queda abierto a la especulación, dada la novedad del instrumento utilizado ayer: una carta abierta a la población, cuánto pesan el aspecto personal –que es el que él arguye en exclusiva– y la maniobra política.

Una eventual dimisión de Sánchez sería un regalo fabuloso para la derecha. Quedaría claro que basta una campaña político-judicial bien sostenida en el tiempo para derribar a cualquier rival político, e incluso daría pábulo a la idea de que habría alguna base real en la denuncia contra la esposa del presidente, todo lo cual causaría decepción y desmoralización en la base electoral del gobierno.

Por lo pronto, tanto el aparato de su partido como todos sus aliados políticos en el gobierno y el parlamento han entrado en pánico ante una eventual dimisión de Sánchez. Las direcciones sindicales de CCOO y UGT han manifestado la misma preocupación. Los dirigentes y ministros de SUMAR y de IU se han atropellado unos contra otros para pedirle a Sánchez que no dimita. La misma reacción han tenido en ERC, e incluso Carles Puigdemont en un tuit ha instado a Sánchez a resolver su situación sometiéndose a una moción de confianza en el Congreso, en lugar de dimitir, afirmando que “lo que realmente está en juego es el futuro político de Catalunya”.

Sin otro dirigente de su peso en el gobierno ni en el partido, el escenario que se abriría en caso de dimisión de Sánchez serían unas elecciones anticipadas, donde la confusión y el desaliento llevarían a una abstención elevada y a la más que probable victoria de la derecha. Para los dirigentes de SUMAR, que no comprenden su papel fuera de los despachos y los cargos públicos, pasar a la oposición con una representación política muy disminuida, y perder sus puestos en el gobierno, representaría una catástrofe. Con un eventual gobierno de la derecha en Madrid, y la inevitable entrada de Vox en el mismo, la ley de amnistía quedaría seriamente amenazada y volvería a recrudecerse la cuestión catalana. La frustración y el odio hacia lo que muchos en la base de la izquierda interpretarían como un “golpe blando” de la derecha, sumado a las políticas impopulares y reaccionarias del nuevo gobierno prepararían las condiciones para una explosión social generalizada. De ahí que los sectores más inteligentes de la clase dominante deben estar profundamente alarmados por las consecuencias de una eventual dimisión de Sánchez.

La realidad es que el actual gobierno no representa ningún peligro para el gran capital. Un reciente estudio de CCOO revela que desde 2018, cuando Sánchez entró al gobierno, los beneficios empresariales han aumentado un 64%, mientras que los salarios han perdido peso en la renta nacional. El gobierno “progresista” está completamente alineado con las políticas imperialistas y militaristas occidentales y, pese a sus críticas hacia fuera contra la política genocida de Israel en Gaza, le sigue suministrando armamento. Tras las credenciales “progresistas” de Sánchez se oculta un representante político que en última instancia defiende el statu quo y santifica el dominio de clase de la burguesía dentro y fuera de casa. El mismo hecho que su compañera esté desarrollando su vida profesional en un medio abiertamente empresarial también es significativo del carácter de los actuales dirigentes al frente de partidos y gobiernos socialdemócratas, y lo alejados que están de las masas de la clase trabajadora, en sus condiciones de vida y en sus relaciones sociales.

¿Qué hipótesis podemos manejar, entonces, sobre el movimiento de Pedro Sánchez? Podría ser que este movimiento, independientemente de la incomodidad personal de ver comprometido su prestigio personal y el de su esposa en una denuncia aparentemente falsa, tenga que ver con la próximas elecciones en Catalunya, que son vitales para el gobierno de Sánchez ante un entorno autonómico dominado por la derecha y las exigencias independentistas en el parlamento de Madrid. El PSC-PSOE va por delante en las encuestas. Claramente, el movimiento del Juez Peinado responde a una maniobra político-judicial de la derecha para tratar de influir en este resultado. Dos semanas de portadas contra Sánchez y su compañera para enturbiar la campaña catalana tendrían el objetivo de tirar hacia abajo los resultados del PSC y de mejorar los resultados de la derecha y la ultraderecha. Al amagar con dimitir, Sánchez devuelve la pelota al campo contrario. La denuncia queda comprometida ante la opinión pública como lo que parece ser, una maniobra político-judicial sin base; de manera que su efectividad mediática quedaría muy mermada. Y esto está ocurriendo ya, a ojos vista de todo el mundo. Por otro lado, al presentarse como una víctima que no se arrodilla, renunciando a dimitir, Sánchez emergería reforzado asegurando su victoria en Catalunya con la inestimable ayuda de los propios dirigentes de los partidos independentistas quienes, al no ocultar su miedo por su amenaza de dimisión, con su apoyo a Sánchez reforzarían involuntariamente las opciones de victoria del PSC.

Ante todo esto, ¿cuál es nuestra posición? ¿Somos los comunistas indiferentes a este asunto, vemos todo esto como una simple puesta en escena o como meros fuegos artificiales del parlamentarismo burgués? Nada de eso. Un sector significativo de la clase obrera, por no hablar de la base electoral de la izquierda, está inquieta por todo esto, e indignada por lo que interpreta como una política de acoso y derribo desenfrenada de la derecha y del aparato del Estado contra el gobierno. En esto hay un instinto de clase correcto contra sus enemigos y de profunda desconfianza hacia el aparato del Estado burgués, con el que tenemos la máxima simpatía. De lo que se trata es de sacar todas las conclusiones que se derivan de esto.

Como ya planteamos durante las algaradas de la extrema derecha en noviembre contra la ley de amnistía frente a la sede central del PSOE en Ferraz, la única manera de hacer frente a la derecha y sus maquinaciones es con la movilización popular más extensa posible. Esto haría consciente a cientos de miles de su fuerza y ayudaría a desacreditar aún más el podrido aparato judicial español, conectado con el resto del aparato policíaco-militar y la propia monarquía, y la necesidad de derribarlo. Parece ser que el propio PSOE ha convocado a su militancia este sábado a concentrarse en Ferraz en apoyo a Pedro Sánchez, ya veremos con qué energía moviliza el aparato del partido a sus militantes; pero es una iniciativa que la izquierda oficial, los sindicatos y las fuerzas independentistas, que cuentan con todos los recursos para hacerlo, deberían impulsar en toda la geografía del Estado, si es que se creen sus propias palabras de que “la democracia está en peligro”. Si es así, deberían pasar de las palabras a los hechos.

Al final, el carácter reaccionario del aparato judicial español no reside en la naturaleza individual de sus integrantes, es un resultado de siglos y decenios de conformación de una casta inamovible con privilegios materiales y legales escandalosos, cuyos miembros actúan como reyezuelos sin control popular alguno. Es una casta que proviene sin depurar del franquismo, como sus hermanos de casta del ejército, la policía, la Guardia Civil y la alta administración del Estado. Al frente de todos ellos se sitúa la testa coronada de Felipe VI. Todos ellos están a su vez conectados por mil hilos con las 100 familias oligárquicas que dominan los consejos de administración de las principales empresas del país. Derribar este aparato podrido está vinculado a derribar el capitalismo mismo. Esta es la lucha que animamos a dar los comunistas de la OCR ¡Únete a nosotros en esta lucha!