El “caso Zapatero”: Una trama para descabalgar al gobierno Sánchez

La imputación del expresidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, por tráfico de influencias y lavado de dinero, ha levantado una enorme polvareda política. Esto se suma a una cascada de iniciativas judiciales del aparato del Estado que tiene como objetivo arrinconar al gobierno de Pedro Sánchez. La derecha se ha lanzado en tropel con todos sus aparatos mediáticos y políticos para vincular a Sánchez con Zapatero y las demás causas judiciales abiertas contra el PSOE, para forzar la caída del gobierno y adelantar las elecciones generales. La divisa de la clase dominante parece ser: ahora o nunca.

La causa contra Zapatero

La causa judicial contra Zapatero está siendo instruida por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que como todos los jueces de los altos tribunales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) es un reputado derechista.

El asunto se centra en investigar el rescate por el Estado, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), de la aerolínea Plus Ultra, de capital mayoritariamente venezolano. Como otras  aerolíneas (Air Europa, Volotea y Air Nostrum), Plus Ultra fue rescatada por los perjuicios económicos derivados de la pandemia de Covid-19 en 2020-2021. Recibió 53 millones de euros de la SEPI, otorgados en marzo de 2021.

La causa se inició hace 19 meses ante la denuncia de que parte del préstamo fue utilizado para el enriquecimiento y blanqueo de dinero de actividades ilícitas de sus propietarios. Conforme avanzaba la causa se amplió el foco para ver si estaba justificado el rescate, y si se había conseguido a través de influencias políticas. Aquí es donde aparece la figura de Rodríguez Zapatero, colocado en el centro de la trama por ser amigo personal del empresario español Julio Martínez, que trabajaba para Plus Ultra a través de su empresa Análisis Relevante, y que tiene su propia causa abierta por presuntos delitos económicos.

Rodríguez Zapatero ha hecho trabajos de consultor para Análisis Relevante por 474.000 euros y el juez, a través de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, atribuye este dinero a una comisión recibida de Plus Ultra por gestionar el rescate de la aerolínea ante el gobierno español, algo que Zapatero niega rotundamente. No solo eso, el juez Calama, también a través de los informes de la UDEF, acusa a Zapatero de dirigir una trama de favores políticos a empresas y de blanqueo de dinero en paraísos fiscales (como Dubái), usando como intermediario al mencionado Julio Martínez. Es decir, atribuye a Zapatero los supuestos delitos de Julio Martínez. Calama atribuye a Zapatero unos ingresos en 5 años de más de 2 millones de euros (400.000 de los cuales ingresados por una empresa de marketing que gestionan sus hijas), que afirma que provienen de sus actividades ilícitas. Esto también es negado vehementemente por Zapatero, quien tendrá que declarar ante el juez el próximo 17 de junio.

Uno de los datos más chocantes en el informe de la UDEF es el que afirma que los 474.000 euros recibidos supuestamente de la comisión de Plus Ultra se destinaron a liquidar una hipoteca de 480.000 euros de unos terrenos comprados por Zapatero y su esposa, acusando a Zapatero de blanquear ese dinero con esta compra. Pero Zapatero acusa a la UDEF de haber ocultado en su informe que esa propiedad fue pagada con la venta de su vivienda en Aravaca por la que recibió 500.000 euros, pese a que la UDEF tenía pleno acceso a las cuentas bancarias de Rodríguez Zapatero y de su esposa y, por lo tanto, tenía conocimiento de los 500.000 euros recibidos por esa venta.

Otro elemento destacado en esta trama judicial ha sido la intervención de la policía de EEUU, quien hace un par de años requisó el teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes, uno de los directivos de Plus Ultra, investigado por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU por posible blanqueo de dinero. Su contenido ha sido utilizado en esta causa. Es llamativo que en las últimas semanas todos los dirigentes de la derecha española (Feijóo, Abascal, Díaz Ayuso) hayan desfilado por la Embajada de EEUU en Madrid para rendirle pleitesía al embajador yanqui, quien se ha quejado con increíble arrogancia que Sánchez no le haya visitado. La implicación del gobierno de Trump en este tema, como venganza por los “desaires” de Sánchez es algo que revolotea en todo esto.

Pero lo más llamativo de esta causa, aparte de errores de fechas y de hechos que se mencionan, es que el juez, en su sumario, no aporta una sola prueba directa (papeles, audios, mensajes) del mismo Rodríguez Zapatero, ni reuniones donde esté acreditada la participación personal de Zapatero, que puedan incriminarle; todo se basa en conversaciones y mensajes de terceros, indicios indirectos, y en las insinuaciones y conjeturas de los policías de la UDEF, que el juez copia literalmente en su auto como si fueran sus propias conclusiones.

También destaca en el auto del juez Calama que no considere a Rodríguez Zapatero un “presunto” delincuente, como debería corresponder en la fase de instrucción, más cuando aún no ha tomado testimonio a Zapatero ni le ha dado la oportunidad de recibir su alegato ni de que aporte contrapruebas que rebatan los indicios y conclusiones de la UDEF. El juez Calama afirma una y otra vez que Zapatero es el jefe de una banda criminal, como si ya hubiera sido juzgado y condenado. Este es el elemento más irregular del sumario de Calama.

Doble rasero

Independientemente de la culpabilidad final o no de Zapatero en algunos de los delitos que se le atribuyen en este caso, esta cacería judicial no se hubiera producido contra personajes políticos que son los “tótem” de la derecha y del corazón del aparato del Estado: Aznar, Felipe González, Rajoy, Ayuso, el exministro de hacienda del PP Cristóbal Montoro, y por supuesto Juan Carlos I, por solo mencionar algunos de ellos. Según el caso, todos ellos han estado envueltos en negocios oscuros de enriquecimiento personal con labores de “lobby” y tráfico de influencias, con contratos públicos a favor de familiares directos, sobresueldos no declarados, tramas mafiosas para eliminar pruebas inculpatorias en su contra, etc. Por razones evidentes, todas estas tramas nunca fueron objeto de denuncia o investigación judicial, han sido desechadas por la justicia, quedaron empantanadas durante años, fueron descartadas pruebas inculpatorias claras en la fase de instrucción, o prescribió el delito. El régimen y el aparato del Estado protegen a los suyos.

Así, tanto González como Aznar entraron a formar parte de directorios de empresas y realizar labores  de “lobby” para aprovechar los contactos de sus épocas de presidentes del gobierno, como ahora se le imputa a Zapatero.

A Felipe González, siendo aún presidente del gobierno, se lo relacionó con favores al empresario Enrique Sarasola, para obtener la concesión de la licitación del Metro de Medellín (Colombia) y negocios en Panamá; su pareja Mar García Baquero apareció en los famosos (y olvidados) Papeles de Panamá con cuentas opacas en el extranjero. González también medió con dictadores africanos, siendo ya expresidente del gobierno, para conseguir contratos mineros y petroleros para empresarios afines, entre otros muchos negocios. No hablemos de la clara implicación de González en la trama terrorista de los GAL, a mediados de la década de los 80.

Uno de los casos más sonados de la acciones ‘lobbystas’ de Aznar fue en 2010 cuando pactó una comisión del 1% con la empresa Abengoa por intermediar en contratos en Libia, aparte de ser “consultor” y miembro de consejos de administración de innumerables firmas multinacionales. El propio Aznar aparece en uno de los documentos del pederasta Epstein donde se registra un pago de 1.050 dólares a nombre de José María Aznar que no ha merecido la atención de jueces y fiscales.

Todo el clan familiar de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha estado involucrado en contratos públicos y negocios con la sanidad. Desde la madre de Ayuso hasta su hermano, pasando por ella misma y por su novio, todos ellos se han enriquecido con contratos de la sanidad pública y privada de la Comunidad de Madrid. La única iniciativa judicial ha sido contra el novio de Ayuso, y ha partido de la hacienda estatal por fraude fiscal.

Los sobresueldos recibidos sin declarar por el expresidente del gobierno del PP, M. Rajoy (hasta 10.000 euros al mes), no pudieron ser probados porque el juez instructor de la causa (Manuel García Castellón) nunca pudo averiguar quién era M. Rajoy. Los implicados en la trama Kitchen, como la exsecretaria general del PP, García de Cospedal, nunca fue imputada por participar en la organización de la red policial mafiosa que robó pruebas inculpatorias del PP por financiación ilegal, en posesión del extesorero del partido, Luis Bárcenas, pese a los numerosos audios que probaban su participación y que no fueron admitidos como prueba en el llamado «caso Kitchen», que se juzga actualmente.

El exministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, tiene abierta una causa judicial en Tarragona por haber hecho leyes a medida para empresas a cambio de dinero, cuando era ministro. Por alguna razón, desde hace más de un año la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado tiempo para hacer un informe sobre los movimientos de cuentas de Montoro. De las más de 200 cuentas bancarias relacionadas con su despacho de abogados, la UCO solo ha analizado 10.

Un tipejo como el comisionista y corrupto Victor de Aldama, que está en el centro del caso de corrupción Koldo-Ábalos, en la trama de hidrocarburos y en las comisiones por tráfico de mascarillas en la pandemia, que ha defraudado más de 200 millones de dinero público entre comisiones, IVA no pagado y fraude fiscal, anda libre correteando por los platós de TV y las manifestaciones de la extrema derecha sin haber devuelto ni un euro de lo robado, porque es una pieza útil para la casta judicial y la derecha, mientras que a Zapatero le han bloqueado las cuentas.

¿Y qué decir del Emérito? Fue sobreseído de sus delitos de blanqueo de dinero por el tribunal Supremo acogiéndose al hecho de que su figura era inviolable (podía delinquir sin consecuencias), a que había prescrito algunos de sus delitos tras abdicar como Rey, y porque el Ministerio de Hacienda de Pedro Sánchez (María Jesús Montero) se confabuló con esto aceptando simplemente que Juan Carlos pagara una pequeña multa.

Hay que añadir que los equipos policiales de investigación, UCO y UDEF, son un nido de la derecha y la extrema derecha, caracterizados por la forma chapucera con la que suelen armar sus investigaciones, con un sesgo claro de buscar casos de corrupción en las filas del gobierno. Este tipo de organismo atrae a individuos muy peculiares. Baste decir que el antiguo Jefe Antiblanqueo de la UDEF, Óscar Sánchez, está acusado de narcotráfico, tras encontrársele 20 millones de euros emparedados en su casa, en 2024. Otro comisario de la UDEF está sentado en el banquillo en el Caso Kitchen. Precisamente, esto se engarza con una nueva arremetida judicial contra el PSOE en el caso de Leire Díaz, una exalto cargo del partido que se propuso reunir pruebas de las maquinaciones de la UCO en contra del PSOE, haciéndose pasar por una conseguidora de favores administrativos a determinados empresarios con problemas con el fisco, a cambio de información que implicara a altos miembros de la UCO en sus maniobras contra el partido. El PSOE niega estar detrás de las actuaciones de Leire Díaz ni haber financiado estas actividades.

Es a partir der aquí que debemos extraer las conclusiones políticas de toda esta trama.

Derribar al gobierno de Sánchez

No hay que ser muy avezado para apreciar la intencionalidad política del aparato judicial y policial contra Zapatero en todo esto, por sus vínculos políticos claros con el gobierno de Sánchez, al que ha defendido a capa y espada en todos estos años. A ello se suma el hecho de que Zapatero se opuso a las maniobras golpistas contra el régimen de Maduro impulsadas por los imperialismos de EEUU y Europa, tratando de mediar entre ellos, ganándose el odio de la derecha española y venezolana.

El caso Zapatero sigue a los casos de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y del exFiscal General del Estado, que fue condenado sin pruebas por el Tribunal Supremo por revelación de datos en la causa que se sigue contra el novio de Díaz Ayuso por evasión fiscal. A esto se suma el más reciente caso de Leire Díaz.

Es evidente para cualquiera, por tanto, que lo que impulsa el “caso Zapatero”, como los demás casos judiciales mencionados, es provocar la caída del gobierno de Sánchez, y acelerar la llegada del PP al gobierno, a través de un adelanto electoral.

Toda la actuación de los aparatos judicial y policial, en estrecha conexión con la clase dominante y sus medios de comunicación afines, ha estado guiado desde la gran crisis de 2008 por combatir sin freno todos los elementos de desestabilización política que podían amenazar al Régimen del 78. Las actuaciones de estos aparatos contra el independentismo catalán y Podemos fueron incontables. Pero, ligado a la fabricación de casos vinculados a corrupción, dinero oculto o fraude fiscal, los casos más sonados fueron el caso Trias (2013) y el caso Granadinas (2016). En el primero, se acusó el político burgués e independentista catalán Xavier Trias, que era en ese momento alcalde de Barcelona, de tener 3 cuentas ocultas en Suiza lo cual fue desmentido varios años más tarde. En el segundo caso, se fabricó una trama que acusaba a Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, de recibir dinero del gobierno venezolano en un cuenta oculta en la isla Granadinas del Caribe. Tras meses de revuelo, el caso fue rechazado. De lo que se trataba era de armar el mayor escándalo posible para desacreditar a las víctimas y los proyectos políticos que representaban. Por supuesto, ningún policía, periodista o ministro de la derecha fue encausado por estos casos flagrantes de calumnias y prácticas mafiosas; y ningún fiscal ni juez de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo consideró relevante solicitar o instruir causas para castigar a los responsables de esto. Cierto es que eso ocurría en esos momentos con el silencio, cuando no la simpatía cómplice de la dirección del PSOE.

Es cierto que el actual gobierno del PSOE-SUMAR no representa, ni de lejos, la amenaza para el aparato del Estado y la clase dominante que llegaron a representar el independentismo catalán y Podemos entre 2012 y 2018; pero el aparato del Estado al que la clase dominante llamó en su ayuda en ese período para sacarla del atolladero, se ha acostumbrado y le ha cogido gusto a considerarse como el verdadero poder en la sociedad: puede derogar leyes, destituir presidentes autonómicos (Catalunya), condenar sin pruebas a Fiscales Generales del Estado, escudriñar en las cuentas de partidos de izquierda y sindicatos, mostrar abiertamente sus simpatías por la derecha, y utilizar el aparato policial para hurgar hasta en las encías de cualquier ciudadano. Y, desde luego, se puso desde el minuto uno al servicio del PP (y luego también de Vox) para participar en cualquier campaña de desestabilización tendente a derribar el gobierno de Sánchez, al que no perdona entre muchas otras cosas la ley de amnistía a favor de los independentistas catalanes que ha sentido como una bofetada en la cara.

No es desdeñable añadir que toda esta patulea de jueces, fiscales y mandos policiales, son un cuerpo privilegiado e intocable con innumerables prebendas pagadas por el fisco. Estamos hablando de ingresos de decenas de miles de euros al año, y múltiples negocios privados. Salvo los mandos policiales, son inamovibles por ley. Son auténticos reyezuelos para quienes el Estado, es suyo.

Ya el 2 de mayo de 2023, pocos meses antes de las elecciones generales de julio de 2023, Núñez Feijóo se reunió en secreto con las asociaciones de fiscales de derecha, que tiene la mayoría absoluta en este cuerpo, donde se comprometió ante ellos derogar leyes del gobierno de Sánchez que no le gustaban si llegaba al gobierno. Según trascendió de esa reunión, estos fiscales calificaron como “filoetarras” a los aliados del gobierno. Esta es la naturaleza de la inmensa mayoría del aparato judicial español: son enemigos irreconciliables de la clase obrera y de todo lo que existe de progresista y vivo en la sociedad, reaccionarios irreductibles al servicio de sus intereses y de sus patrones en los consejos de administración de los bancos y las grandes empresas.

Y lo que parece claro es que esta maniobra tiene el consenso del conjunto de la clase dominante, incluido el sector que ha estado sosteniendo incómodamente al gobierno de Sánchez hasta hace muy poco tiempo (los grandes bancos y la gran industria), por el miedo a una llegada precipitada de Vox al gobierno, de la mano del PP. Este sector tiene motivos sobrados para recelar de Vox porque condicionaría a un gobierno del PP con políticas demagógicas reaccionarias que podrían en muy poco tiempo provocar una reacción explosiva hacia la izquierda en amplios sectores de la clase obrera y la juventud.

Ya en el otoño pasado, el sector que expresaba los intereses de esta capa de la clase dominante, a través del grupo de comunicación PRISA (el diario El País, Cadena Ser), emplazó públicamente a Sánchez a través de sus periodistas a sueldo para que diera un paso al lado y aceptara como inevitable un nuevo gobierno del PP. Su esperanza era que un PSOE sin Sánchez y el PNV apoyaran parlamentariamente un gobierno de Feijóo. Necesitan un gobierno proburgués fuerte, firmemente embridado por la clase dominante, con un respaldo parlamentario suficiente, y sin la presencia de Vox, a fin de terminar con los apoyos incómodos de SUMAR, Podemos, Bildu, ERC y Junts. La turbulenta agenda internacional en Oriente Medio (Gaza, Irán) aparcó temporalmente esta campaña, pero una vez que un atisbo de estabilidad precaria parece haberse instalado en la zona, han vuelto a retomar la maniobra para asegurar esta vez sí, salirse con la suya. Hace pocos días se filtró que directivos de la Cadena Ser presionaron al portavoz del PP, Borja Sémper, que había sido invitado a un programa de la cadena, instándolo a que su partido presentara cuanto antes una moción de censura contra Sánchez.

No es casual el giro brusco de El País a la derecha en las últimas semanas. Ha abrazado como propio el sumario del juez Camala, dando por buenos los cargos contra Zapatero. Los agentes más directos de la burguesía en el entorno socialista (Felipe Gonzalez, Page) han emplazado públicamente a Sánchez a convocar elecciones. El PNV también las ha exigido, temeroso de que Sánchez unifique en mayo de 2027 las elecciones municipales y las Juntas Generales (en el caso de Euskadi) y las elecciones generales, ya que eso podría beneficiar no solo al PSOE (con un último llamamiento agónico a “parar a la derecha”) sino, sobre todo, a Bildu, ya que el voto más numeroso a Bildu en las elecciones generales en detrimento del PNV podría arrastrar también a favor de aquél el voto en las elecciones municipales y las Juntas Generales (cámaras de representación propias en cada una de las 3 provincias vascas) en Euskadi. Así que, cobrándose la cabeza de Zapatero, la burguesía persigue realmente cobrarse la cabeza de Sánchez; esto es, matar dos pájaros de un solo tiro.

Pese a todo, Zapatero no es de los nuestros

Dicho todo lo anterior, queremos dejar las cosas claras. Si bien en los últimos años, Rodríguez Zapatero se ha presentado como una persona redimida y un referente político y moral contra la derecha, generando indudable simpatía, sobre todo en una franja importante de votantes de izquierdas, debemos decir sin ambages que Zapatero no es de los nuestros, ni es un amigo en el que deba confiar la clase obrera.

Zapatero, que accedió a la secretaría general del PSOE en el año 2000, procedía originalmente del ala más derechista del partido y se vanagloriaba de ser un seguidor entusiasta del exdirigente laborista británico Tony Blair y de su “tercera vía”. En aquellos años de gobierno de Aznar, Zapatero se caracterizó por su oposición híper suave al PP, yendo muy por detrás de éste en todas las encuestas de opinión. Sólo fue a raíz del atentado islamista del 11 de marzo de 2004, que generó un ambiente insurreccional en todo el país por las mentiras de Aznar que trató de culpar a ETA por el atentado, lo que hizo que imprevistamente el PSOE ganara las elecciones del 14 de marzo de 2004, desbancando 8 años de gobiernos del PP.

A Zapatero le fue relativamente bien en sus años de gobierno, antes de la gran crisis de 2008: retiró las tropas españolas de la guerra de Irak y en medio del gran boom del ladrillo de aquellos años pudo otorgar algunas concesiones a las familias trabajadoras y hacer algunos avances sociales, como la ley del matrimonio igualitario, en los derechos al aborto y al divorcio, en la memoria histórica, en los derechos de las personas trans, en la violencia de género, entre otros. Sin embargo, este idilio con la clase trabajadora terminó abruptamente con la crisis económica mencionada. A partir de ahí, su gobierno fue actor de uno de los mayores ataques sociales a la clase obrera de las últimas décadas (sólo superado posteriormente por el gobierno del PP de M. Rajoy) plegándose completamente a los intereses del gran capital, y llevando un enorme sufrimiento a millones de familias obreras. Así, en 2009 subió el IVA del 16% al 18% para incrementar los ingresos del Estado a costa de las familias obreras. En 2010 se aprobó una reforma laboral que abarataba el despido, extendía las causas por despido procedente y permitía a las empresas “en crisis” desvincularse de los convenios colectivos, lo que provocó la convocatoria de una huelga general en septiembre de ese año. También en julio de 2010, el gobierno de Zapatero redujo el sueldo de las funcionarios un 5% y lo congeló en 2011, lo mismo que las pensiones. También redujo las pagas extra de los funcionarios en 2011, situación que se mantiene al día de hoy. En 2011 se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución, que establecía la prioridad del pago de la deuda pública sobre el gasto social, en connivencia con el PP. También en 2011 aprobó una reforma de las pensiones que subía la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO, ampliando de 15 a 25 años el periodo considerado para calcular la pensión, para rebajarlas, entre otras medidas regresivas. No es extraño que en las elecciones de noviembre de 2011 el PP arrasara en las elecciones generales y Zapatero abandonara la Moncloa completamente desacreditado. El PSOE pagó durante años esta traición a su base y sólo tras la debacle de Podemos con Pedro Sánchez pudo remontar el desierto pero sin volver al apoyo electoral que el partido tenía antes de 2008.

Por último, nos separa una enorme distancia moral. El sistema capitalista tiene mecanismos muy sutiles para corromper política y moralmente a los dirigentes y exdirigentes de la izquierda reformista, como son las prebendas que gozan en el cargo y posteriormente; sea como diputados, senadores y, sobre todo, como presidentes y expresidentes del gobierno. Aun así, no bastándole a Rodríguez Zapatero la pensión vitalicia de 80.000€ anuales, 2 asistentes pagados por el Estado a su cargo, coche oficial y viajes gratis, como reciben todos los expresidentes del gobierno, unos privilegios insultantes a costa de los impuestos que pagan los trabajadores, se embarcó tras su salida del gobierno en todo tipo de negocios, valiéndose de su cargo anterior, ingresando cientos de miles de euros al año para incrementar aún más su patrimonio personal y su vida lujosa, como cualquier político burgués al uso (González, Aznar, etc.). Está claro que Zapatero está muy lejos de sentir como un trabajador o joven cualquiera y de representar un peligro para el sistema capitalista. Al contrario, él debe al sistema capitalista, a los grandes negocios capitalistas a los que sirve, sus ingresos, privilegios y nivel de vida. Son estos políticos “progresistas” con una cierta autoridad ante sectores amplios de las masas trabajadoras, los que en momentos decisivos de crisis social y de amenazas revolucionarias para el sistema, son rescatados del ostracismo político por la clase dominante para que les ayude a apagar el incendio. Cuando ya no les sirven, o pueden ser utilizados para los cínicos cálculos políticos de la burguesía, como es el caso ahora de quitar de en medio al gobierno de Pedro Sánchez, los desechan y destruyen en interés del propio sistema. Esta es la lección más importante que debemos sacar. La clase obrera no puede depositar su confianza en gente ajena a ella, a sus intereses y condiciones de vida. Debe confiar en ella misma, en su fuerza y lucha, y construir una organización comunista que se proponga derribar este sistema de explotación, corrupción y violencia.

¿Qué perspectivas se abren?

 Ahora mismo existe una preocupación comprensible en millones de votantes de izquierdas en todos los territorios, sean o no afines al PSOE y a Pedro Sánchez, por el miedo a que esta arremetida del poder judicial, con su brazo policial de la UCO y la UDEF al frente, pueda conducir a la caída del gobierno y la llegada de la derecha al poder. La idea de que está fraguándose un “golpe judicial” está extendiéndose entre la capa más avanzada de trabajadores, jóvenes y votantes de izquierda. Independientemente de que tengan éxito con esto o no, es indudable que la autoridad del aparato del Estado (judicial y policial) ha sufrido un golpe irreparable ante estos millones, y este es un paso muy positivo en su proceso de toma de conciencia: desconfiar absolutamente, ver como un enemigo el brazo represivo de la clase dominante. Eso hará que la próxima oleada de la lucha de clases, que puede incluir un estallido social, incorpore elementos más resueltos, radicales y profundos, contra la arbitrariedad de los aparatos judicial y policial y la exigencia de su desmantelamiento.

Lamentablemente, las direcciones acobardadas de la izquierda reformista de PSOE, IU y SUMAR lejos de denunciar la corrupción del aparato judicial llaman a “confiar en la justicia”, a “dejar que haga su trabajo”, como si esta misma “justicia” no haya condenado a todo un Fiscal General del Estado sin pruebas y esté dando muestras clarísimas de acorralar al gobierno para hacerlo caer. ¿A quién puede extrañarle? Son la bota de izquierda del Régimen del 78 y no contemplan ninguna alternativa fuera de él.

La alternativa es llamar a la movilización activa contra esta arremetida de la derecha, pero no parece que podamos esperar ninguna iniciativa en este sentido de la izquierda del régimen. Aun así, no está descartado que aquella pueda producirse espontáneamente si la arrogancia del “partido judicial” supera un cierto límite. Hay ya un descreimiento muy extendido sobre los cargos que se imputan a Zapatero.

Nos interesa subrayar que los movimientos por arriba en la superestructura política y estatal no son un reflejo directo de la situación en la base de la sociedad. La insatisfacción con las condiciones de vida es evidente. Y aunque haya mucha frustración con el gobierno “progresista” tampoco existen expectativas hacia un gobierno de la derecha que, en cualquier caso, tampoco tienen ninguna solución al problema de la vivienda (más bien al contrario, ella es la máxima valedora de los rentistas), a la carestía de la vida y al deterioro de los servicios públicos. Estamos viendo una proliferación de conflictos laborales por el salario que van a ir a más.

La derecha y la burguesía pueden pagar cara sus prisas por llegar a la Moncloa. En el pasado, en 1996 y 2011, la victoria electoral de la derecha fue vista con cierta expectativa por una capa de la población y con resignación por la base de la izquierda, era la época del PP “centrista” o de “centro-derecha”. Hoy, la situación es radicalmente diferente. Hay una polarización que no existía en aquellos años. Hoy existe un odio ardiente hacia la derecha como nunca se había conocido en la base de la izquierda, incluso entre un sector de trabajadores y jóvenes que no se siente motivado para ir a votar. La arrogancia de los dirigentes del PP y Vox, sus discursos reaccionarios sobre todo tipo de asuntos generan un rencor indisimulado en millones de trabajadores y jóvenes. En este ambiente, un gobierno de la derecha amparado en un apoyo parlamentario de PSOE y PNV, como pretende la clase dominante, tras un eventual adelanto electoral, devorará a estos últimos. La variante alternativa, de  un gobierno PP-Vox, sobre la base de una desmovilización electoral significativa, se enfrentará en muy poco tiempo a la ira de millones de jóvenes y trabajadores. Será el gobierno que deberá enfrentarse a la crisis económica que se avecina y que acelerará la guerra de Irán, por sus consecuencias en los aumentos de precios, de la deuda pública y demás. Además de desmontar conquistas sociales y democráticas, deberá acometer agudos recortes en el gasto social y enfrentarse a un incremento significativo del desempleo. Todo estará servido para un conflicto social de una envergadura como no hemos conocido en años, y un potente giro a la izquierda en el terreno político y social. Es para esto para lo que debemos prepararnos. Por lo tanto, la construcción de una alternativa comunista revolucionaria adquiere un sentido de urgencia, no para cuando lleguen esos momentos, sino para ahora mismo.