Ayer, 23 de septiembre de 2026, se ejecutaba el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con un 50% de discapacidad, tras 3 intentos anteriores frenados por la presión del movimiento por la vivienda. A las 6 de la mañana, un aparato policial desproporcionado (15 furgones y decenas de efectivos) dispersó con violencia al más de medio millar de personas concentradas de forma pacífica desde la noche anterior y finalmente, sacó en camilla a Maricarmen de su casa. Estas imágenes han provocado una ola de indignación tal que esa misma tarde había 10.000 personas frente al “ático de Ayuso” en Madrid y concentraciones en una docena de ciudades por todo el Estado.

Movilización ayer en Madrid. Imagen: La Actualidad

El problema de la vivienda se ha convertido en un foco central para la lucha de clases. Este desahucio está siendo para muchos la gota que ha colmado el vaso, donde la culpabilidad se extiende mucho más allá del capitalista de turno, en este caso el fondo de inversión Urbagestión S.L, ¡queriendo subir el alquiler a Maricarmen más de un 400%! (de 500 a 2.650€). Esta vez ha quedado destapada la pasividad e inutilidad de los diferentes aparatos del Estado para “proteger a sus ciudadanos”, o directamente su completa complicidad con el capital: desde la policía al aparato judicial, desde el gobierno autonómico de Ayuso al central de PSOE-Sumar. Miles de trabajadores y jóvenes en todo el país están sacando conclusiones revolucionarias: para solucionar el problema de la vivienda, solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, pero también hay una pregunta que hace falta responder: ¿cómo avanzamos la lucha?

La vivienda debería ser un derecho, no una mercancía

El desahucio de Maricarmen, después de 71 años viviendo en su casa del barrio de Retiro, es solo uno de los miles que se producen anualmente en el Estado español: esta misma semana una mujer de 54 años se suicidaba cinco meses después de ser desahuciada en L’Hospitalet (Barcelona) y esa misma mañana ocurría el desahucio de David de uno de los bloques de la antigua Obra Social La Caixa en Vallecas (Madrid). Todo esto ocurre a la vez que hay unas 4 millones de viviendas vacías (INE, 2021) y más de 350.000 pisos turísticos, un 10% del mercado de alquiler (INE, 2024). El problema de la vivienda es parte intrínseca de la crisis del sistema capitalista y responde a la misma dinámica general: los más ricos están acumulando obscenas cantidades de riqueza a expensas de la creciente explotación y sufrimiento de la clase obrera y la juventud. La cuestión de fondo es que bajo este sistema, la vivienda es una mercancía, un objeto con valor de cambio con el cual generar beneficios mediante su compraventa.

Es así que a la clase capitalista, en medio de la crisis orgánica provocada por la sobreproducción de mercancías, le resulta mucho más lucrativo especular en vivienda que invertir en las fuerzas productivas donde se ha vuelto mucho más complicado sacar rentabilidad. En consecuencia, el principal motivo de dificultad para el acceso a la vivienda es el incremento de la diferencia entre salarios y el precio de los alquileres y de compraventa. En el Estado español desde 2008 los salarios han aumentado un 10,8% frente al 54% del precio de la vivienda  (CJE, 16/01/2025), con el alquiler alcanzando su máximo histórico de 1.176 € mensuales a finales de 2025, lo que requiere el 98,7% del salario medio de una persona joven (CJE, 26/05/2026).

Las fuerzas del Estado, agentes del capital

Está claro que el gobierno de Ayuso es el perro más fiel de la clase capitalista, especialmente la representada por los fondos buitre y de inversión extranjeros (ahí queda la prioridad nacional) como Blackrock, al que agradeció con gran ilusión la elección de Madrid como lugar donde celebrar su foro de inversión en octubre del año pasado, o Goldman Sachs-Azora, al que intentó vender 3.000 viviendas sociales por 201 millones de euros, operación que el Tribunal Supremo anuló en 2020 (Facua, 11/03/2020).

Pero la actuación más indignante a ojos de muchos trabajadores es la protagonizada por el gobierno progresista de PSOE-Sumar. Primero, algunos de sus representantes acudieron a sacarse fotos en la concentración frente al portal, a pesar de que fueron sus propios departamentos los que movilizaron a la Policía Nacional para el desalojo. A continuación, llegaron las primeras declaraciones a través de la red social X, echando los primeros balones fuera culpando al gobierno del PP en Madrid:

https://x.com/PSOEMadridAyto/status/2102487686795661719

Esto está ocurriendo solo una semana después de que el PSOE se abstuviera en el Congreso, bloqueando la proposición de ley de Sumar que buscaba prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas (El Confidencial, 15/09/2026). El debate sobre la vivienda no llega a ningún lado en un Congreso donde de los 350 parlamentarios, el 85% de los diputados del Congreso son dueños de alguna vivienda (entre los que se incluyen el propio Pedro Sánchez y su ministra de vivienda, Isabel Rodríguez) y el 20% tienen tres o más, declarando ingresos de su alquiler (Público, 26/04/2026).

Las declaraciones del presidente siguen la misma línea que las de su oposición, exculparse sin ofrecer ninguna solución: «Si hay administraciones competentes en materia de protección social de personas vulnerables en el ámbito de la vivienda, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas y, desgraciadamente, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid están más preocupados en comprar y vender con dinero público ‘aticazos’ con 200 metros de terraza». Este baile de acusaciones es fruto del miedo que le tienen al enorme potencial que está demostrado la clase trabajadora en su indignación y ganas de luchar por el derecho a una vivienda digna. Y la realidad es que ni el gobierno autonómico ni el central han hecho nada para frenar esta “tragedia social que no podemos aceptar», en palabras de Sánchez. Las medidas, bonos jóvenes y ayudas que se han aprobado en los últimos años son migajas completamente ineficaces. Ante el dilema planteado por la situación actual, entre la vivienda digna y universal para todos o los beneficios privados de un puñado de grandes capitalistas, el gobierno PSOE-Sumar, al aceptar y defender los intereses del capitalismo español y al estar a la cabeza de un Estado burgués, inevitablemente se posiciona a favor de los segundos.

Finalmente queda por destacar la arbitrariedad del aparato judicial, una herramienta más al servicio de la clase capitalista. Tras varios operativos judiciales y apelaciones, el magistrado Francisco Marín Castán del Tribunal Supremo sentenció el pasado marzo la extinción del contrato de alquiler, alegando que el 50% de discapacidad de la inquilina era insuficiente al estar por debajo del 65% exigido legalmente para mantener la protección. La ejecución del lanzamiento fue ordenada por la jueza Elena Cortina Blanco, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 90 de Madrid, tratando a una persona vulnerable como un mero trámite burocrático e ignorando que pagó puntualmente su renta durante décadas. Al calificar la discapacidad como un porcentaje, la ley burguesa deshumaniza a Maricarmen, cuya situación de vulnerabilidad es innegable, y se lava las manos de una decisión imperdonable.

Un programa revolucionario

Ha quedado demostrado que no podemos confiar en ninguna de las instituciones, ni acogernos a ninguna ley: cuando te enfrentas a los intereses de un fondo multimillonario, sus beneficios siempre se priorizan por encima de la vida de las personas. Solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas y organizarnos: nos hemos movilizado en la calle, hemos alzado la voz y hemos pedido a los partidos políticos que hagan algo, pero no existe ninguna esperanza en que las cosas cambien así. Entonces, ¿cómo avanzamos en la lucha?

Las principales demandas hasta ahora planteadas desde el movimiento por la vivienda son un punto de partida: bajada del alquiler, contrato de alquiler indefinido, fin de la compra especulativa y fin a los desahucios. Todo esto es necesario, pero hay que ir más allá, necesitamos atacar el problema de raíz. Como dice el Manifiesto Comunista, el principal problema es “el enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a expensas de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad”.

Necesitamos un programa revolucionario con demandas socialistas claras y firmes, la principal siendo la expropiación, sin indemnización, de todas las viviendas vacías en manos de grandes propietarios: bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, etc. También hacen falta recursos para construir viviendas de calidad y asequibles. Por eso es imprescindible la expropiación sin indemnización de la gran banca y empresas de la construcción, que han acumulado obscenas cantidades de beneficios, bajo control obrero, para poner en marcha un plan público estatal de construcción de viviendas según las necesidades sociales.

El programa de la Organización Comunista Revolucionaria (OCR) defiende las siguientes medidas fundamentales:

1. Expropiación sin indemnización de viviendas vacías de bancos, inmobiliarias y grandes tenedores (propietarios de más de 3 viviendas) para alquiler social.
2. Que ninguna hipoteca o alquiler suponga más del 10% de los ingresos familiares
3. Escala móvil de salarios en línea con la inflación
4. Prohibición de compra de pisos para el negocio del alquiler a fondos de inversión y particulares.
5. Prohibición de pisos turísticos
6. Expropiar bancos, constructoras y fondos buitre
7. Paralizar los desahucios
8. Por un plan estatal público de construcción según las necesidades sociales
9. ¡La vivienda bajo control de los vecinos y trabajadores!
10. ¡Coordinar y unificar la lucha por la vivienda en todo el Estado!

Los capitalistas y sus aliados políticos no van a regalar ninguna de estas medidas, solo podemos conquistarlas mediante la lucha organizada. La tarea consiste en elevar la conciencia de nuestra clase hacia la organización, la movilización y, sobre todo, la huelga general. El movimiento por la vivienda tiene muchísimo potencial, millones de personas han salido a la calle por ello en el último año, pero para extenderse, necesitamos conectar con las otras luchas que afectan a la clase trabajadora: los recortes en los servicios públicos, la precariedad, salarios bajos, crisis climática, militarismo, etc. Por eso, es crucial que el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a la cabeza de este movimiento, deje de apelar a los partidos políticos que claramente no tienen ningún interés en cambiar nada, y torne sus esfuerzos en un llamamiento persistente a los sindicatos, empezado por CCOO y UGT. Las organizaciones de la clase obrera, empezando por las mayoritarias, tienen que luchar contra estos ataques de empresarios y gobiernos; si sus dirigentes actuales no se muestran dispuestos a luchar, tendremos que apelar directamente a sus bases, creando presión desde abajo que les obligue a tomar alguna acción si quieren mantener su posición, como ocurrió con la huelga en solidaridad por Palestina en Italia y en España hace menos de un año.

Los que digan que esto es utópico, no se dan cuenta (todavía) que la crisis orgánica del capitalismo que venimos arrastrando desde 2008 es cada vez más aguda y que las medidas “realistas y prácticas” no son aplicables dentro de este sistema, donde la cuestión de la vivienda choca de frente con la de la propiedad privada. Encima, este proceso no se detendrá por sí solo, sino que continuará aumentando la desigualdad y la miseria, lo cual ya está provocando estallidos de lucha de clases cada vez mayores aquí y en todo el mundo. Ante esta perspectiva queda clara la necesidad de un partido revolucionario que pueda canalizar estos estallidos hacia la superación misma de este sistema podrido.

Si tú también quieres luchar contra estas injusticias, si quieres hacer que la vivienda devenga un derecho firme y deje de ser una mercancía que beneficia a unos pocos, únete hoy mismo a la Organización Comunista Revolucionaria por la lucha conjunta contra el capital y por una vivienda digna para todos. Para poder vivir, el capitalismo debe morir.