El Estado desenmascarado – el caso Kitchen vuelve al estrado

El lunes 6 de abril se inició el juicio del caso Kitchen, uno de los incontables escándalos de corrupción que conforman la historia reciente de nuestro Estado. El caso Kitchen investiga un montaje policial ilegal de espionaje, diseñado por el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, que tenía como objetivo a Luis Bárcenas, quien fuera tesorero del PP hasta 2009. Éste había sido acusado por investigaciones periodísticas a comienzos de 2013 de haber llevado una contabilidad paralela en las cuentas del PP y de haber pagado sobresueldos no declarados a altos cargos del partido. La dirección del PP, para no quedar salpicada, le soltó la mano y lo despidió. Poco después,  quedó preso de manera preventiva. En despecho, Bárcenas admitió los delitos y amenazó con tirar de la manta. 

Así pues, el objetivo del montaje policial era apropiarse y destruir  papeles, audios e informaciones en manos de Luis Bárcenas, aprovechando su estancia en prisión, que pudieran implicar al PP y al gobierno de Mariano Rajoy. A la cabeza de esta operación se encontraban los actuales imputados: el excomisario José Manuel Villarejo y el entonces DAO de la Policía Nacional (director adjunto operativo) Eugenio Pino, ambos de la cúpula dirigente de la Policía Nacional, entre otros.

Sergio Ríos, alias el chef (de quien proviene el nombre del caso), era el chófer de Bárcenas y el principal informante de Villarejo, quien le marcaba como objetivo encontrar y sustraer cualquier material que pudiera servir para la investigación en marcha. En uno de los audios hechos públicos, el excomisario dice textualmente que quería quitarle al extesorero “los papeles que puedan comprometer al presidente”, entonces Mariano Rajoy. Esta no fue la única medida para intentar ganar su silencio. Un tal Enrique Olivares entró por la fuerza en su casa en 2013, secuestró a su familia a punta de pistola y le pidió que le diera “los papeles”, muy probablemente los informes de la caja B del PP. El juez instructor del caso, García-Castellón, con sólidos vínculos con el PP,  no quiso encontrar en su momento la conexión entre esta acción y el caso Kitchen.

Más tarde, el extesorero  recibió en la cárcel una visita de Ignacio Peláez, abogado de muchos de los altos cargos del PP que podrían haber sido imputados, para ofrecerle una manera de “desmontar todo el caso”, a cambio de su silencio, unido a una amenaza de llevar a su esposa a la cárcel junto a él si llegaba a hablar.

En su declaración en este juicio, Luis Bárcenas, ha ratificado la corrupción interna del PP y ha confirmado la participación de Mariano Rajoy y demás dirigentes nacionales del PP en la misma. Varios policías que investigan el caso han confirmado la veracidad de los audios de Villarejo, donde éste se refiere a Rajoy como el barbas y el asturiano.

La podredumbre del aparato del Estado

Como apuntaba El País (13/04/2026), esta confusa trama se puede resumir en “la policía investigando a la policía por sabotear a la policía”. Además de la corrupción flagrante en el seno de la policía se puede añadir la el sabotaje de un sector del aparato judicial, que a efectos prácticos ha actuado como cómplice. El juez instructor encargado, Manuel García-Castellón y García-Lomas (de cuyo nombre podemos inferir su alineación de clase) dieron por finalizadas sus pesquisas sobre la trama en 2021, limitando toda la responsabilidad al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, negando cualquier tipo de conexión política que implicase al PP como organización, o a algunos de sus altos cargos, cuyos principales sospechosos eran la entonces ministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, e incluso Mariano Rajoy. De hecho, invalidaron como pruebas inculpatorias varios audios de Villarejo donde éste abordaba el asunto con García de Cospedal.

En los últimos años, docenas de audios grabados por Villarejo han sido filtrados (muchos por él mismo) del periodo que comprende 2013 y 2017, que  han arrojado luz y posibles nuevas pruebas de la implicación de políticos en la Kitchen, despertando una nueva tanda de vistas judiciales.  La Audiencia Nacional y el nuevo juez Antonio Piña (García-Castellón se jubiló en 2024) siguen esmerándose, a través de barreras burocráticas y frenos arbitrarios, para limitar el ámbito del juicio a Interior y Policía, excluyendo al Partido Popular y al gobierno de Mariano Rajoy como el centro de la actividad ilegal.

Todo esto, a pesar de que entre los principales imputados se encuentre Jorge Fernández Díaz, expolítico del PP y entonces ministro de Interior, o Ignacio Cosidó, Portavoz del grupo parlamentario del PP, que ha sido llamado al banquillo como testigo, no imputado, a pesar de haber sido el director general de la Policía entre 2012 y 2016, cuando ocurrieron los hechos. Niega saber nada o haber tenido nada que ver con el asunto, a pesar de que Eugenio Pino (el entonces DAO) afirmó sin ambages que “Cosidó lo sabía todo”. Ya en el pasado García-Castellón desestimó las sospechas de la fiscalía sobre Cosidó como demasiado generales y poco concretas, y nada apunta a que el nuevo juez tenga la intención de discrepar.

Casos como este desenmascaran al Estado burgués, le arrebatan todo el misticismo y la mitología que lo legitiman. Queda claro como el agua que la llamada separación de poderes de la que tanto cacarean es una farsa. Jueces, policías y políticos actúan en tándem, se cubren las espaldas para saquear el botín de las arcas públicas y los puestos del funcionariado, hacen negocios con las élites económicas, a quienes verdaderamente representan, y no rinden cuentas por estos  delitos más que aquellos caídos en desgracia, quienes ya no sirven a la burguesía porque su asociación con ellos resulta demasiado vergonzosa, pesada o farragosa. No hay límites para lo que están dispuestos a hacer para protegerse, como puede verse en el acoso a Bárcenas.

La alternativa comunista

El carácter mafioso de políticos, policías y jueces está lejos de ser un caso aislado. El Estado español, además, tiene la particularidad de haber heredado su aparato de las instituciones franquistas de la dictadura, con un pequeño lavado de cara, pero sin la menor reforma o rendición de cuentas a su estructura y su fondo. La clase obrera no debe confiar  en las investigaciones de la policía acerca de la policía, o los fallos de los jueces amigos de políticos sobre estos políticos. Mientras la clase obrera no dirija el poder del Estado, estaremos condenados a seguir viendo la impunidad de los poderosos y la criminalización de los trabajadores, especialmente de su vanguardia, pues son aquéllos quienes poseen y, por tanto, controlan el aparato del Estado. Solo un cambio en esa relación de propiedad nos puede traer justicia. Somos los obreros quienes debemos tener el control democrático sobre el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo, para lo que debemos desmantelar el actual Estado burgués y construir uno propio. Casi 50 años de “democracia” no han logrado cambiar lo podrido de nuestras instituciones. Solo la lucha revolucionaria por el socialismo puede hacerles rendir cuentas.