El Tribunal Supremo acusa de terrorismo a Puigdemont: una amenaza para nuestros derechos democráticos

El Tribunal Supremo ha decidido  que investigará al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont por terrorismo, en el denominado caso “Tsunami Democràtic”, una investigación, abierta desde hace años, por el juez  Manuel García-Castellón, con la hipótesis de que las protestas de octubre del 2019, justo después de la sentencia contra los dirigentes catalanes del Procés, había que tipificarlas como un delito de terrorismo. En el momento más tragicómico de este intento, el juez ha intentado presentar la muerte por infarto de un turista francés, en una zona del aeropuerto del Prat alejada de los piquetes, como directamente provocada por los manifestantes.

A demostración del carácter especialmente reaccionario de la justicia española y del papel del poder judicial en general en la sociedad burguesa, ahora el Tribunal Supremo asume la tesis del juez y acepta “sin duda alguna”, que las protestas de masas organizadas por Tsunami Democratic encajan en los artículos 573 y 573 Bis del Código Penal, artículos que definen como terrorismo “…la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, … el patrimonio… el medio ambiente, la salud pública, la falsedad documental… la tenencia, tráfico y depósito de armas… y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo…  cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª subvertir el orden constitucional

2.ª alterar gravemente la paz pública.

3.ª desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional

4.ª provocar un estado de terror en la población…”

Las leyes no son fórmulas aritméticas, se interpretan en base a la relación de fuerzas entre explotadores y explotados

Así definidos estos criterios dan espacio a los jueces para definir como terrorista la actuación de piquetes de huelga, un corte de tráfico, la ocupación de una fábrica por sus trabajadores, y muchas de las luchas obreras y estudiantiles que hemos visto en el estado español, desde la caída de la dictadura.

Como sucedió con la ley Mordaza, impuesta por el gobierno  del PP de M. Rajoy y que el PSOE después de haberlo prometido en campaña electoral, no ha querido derogar, la represión “judicial” intenta reducir los espacios de organización y lucha de los explotados, consolidando barreras “legales” cada vez más altas y espacios cada vez más reducidos para la libertad de expresión y la protesta social y política.

El Tribunal Supremo intenta con esta decisión jugar un papel decisivo en la campaña del PP contra la promulgación de la ley de Amnistía de los condenados e inculpados por la justicia española en Cataluña. Lo hace acusándoles de terrorismo, delito que no podría ser amnistiado, según el texto de la ley propuesta por el gobierno. De esta forma el poder judicial entra directamente en la arena política y se convierte en la punta de lanza de la campaña del PP y Vox, en la quinta esencia del nacionalismo español contra el nacionalismo catalán.

No es algo nuevo. La reaccionaria justicia española ha usado desde hace décadas la actividad terrorista de ETA como un elemento decisivo para justificar la represión de derechos fundamentales. Les ha ido muy bien en Euskadi durante un largo periodo y desde luego en el resto del Estado. Por ello, a más de 10 años de la disolución de ETA este frente reaccionario continúa usando el término “terrorismo etarra”, como un arma para atacar a sus oponentes, no solo en Euskadi, sino también en el resto del Estado español. Y las leyes han sido forzadas, interpretadas y si es necesario (Ley Mordaza) reforzadas, para convertir  otra vez en ilegal, lo que las luchas obreras y estudiantiles habían conquistado en los años 70 y 80 del siglo pasado.

En esta ocasión el Tribunal Supremo nos recuerda sentencias precedentes de “terrorismo callejero” a través de las cuales ha consolidado su doctrina sobre este delito.  Y añade: “El terrorismo no es, ni puede ser, un fenómeno estático, sino que se amplía y diversifica de manera paulatina y constante, en un amplio abanico de actividades, por lo que el legislador penal democrático, en la respuesta obligada a este fenómeno complejo, ha de ir ampliando también el espacio penal de los comportamientos, que objetivamente han de ser considerados terroristas”, recordando su propia sentencia sobre el caso “Herriko tabernas”, de 2015. Si ocho jóvenes de Alsasua, en Navarra, han sido acusados de terrorismo y sufren graves penas de cárcel (hasta 13 años), por una pelea en un bar en la madrugada del 15 de octubre del 2016, con dos guardias civiles de paisano, sin lesiones graves (la mayor de ellas sería un “trauma psicológico”), ello es debido a esta jurisprudencia.

A demostración del carácter reaccionario de toda la justicia burguesa, también en la “democrática Europa”, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admitió siquiera a trámite la demanda presentada por los condenados, rechazando entrar a analizar el proceso e investigar las posibles vulneraciones de los derechos humanos de los condenados.

La falta de principios (socialistas) pasa factura al PSOE

Por lo tanto, esta decisión del Supremo es coherente con el comportamiento de la justicia en todos estos años. La incoherencia la hemos visto en el presidente del Gobierno, que ahora intenta amnistiar a los dirigentes catalanes, cuando la política del PSOE durante los años del Procés justificó en lo esencial  todo el comportamiento del PP y de la justicia española. Por eso se encuentra ahora con graves problemas. El aparato del Estado y la burguesía a la que sirve, están utilizando la mitología del nacionalismo español para aglutinar una base social reaccionaria, contra la demagogia del “independentismo” de una parte de la burguesía catalana, que ha intentado usar la defensa formal de  los derechos democráticos de su población, para esconder su política anti-obrera desde el gobierno de la Generalitat,  en la crisis del 2008/2013. El PSOE se limitó a responder con  algunas concesiones formales (el nuevo Estatut) que a pesar de haber sido aprobado por el Parlamento catalán y el estatal, fue  profundamente enmendado por el Supremo.

El PSOE se ha mostrado incapaz de articular una política socialista al respecto. No es de extrañar, visto que la defensa del derecho a la autodeterminación desapareció del programa socialista, ya a finales del 1976, cuando se estaba gestando  el acuerdo político en el que los dirigentes del PCE y del PSOE aceptaban la Transición y la amnistía (una ley de punto final) que permitía que todo el aparato represivo del franquismo se pasase a definir democrático de la noche a la mañana. Coherente con este pasado y como buen defensor del “régimen del 78”, el PSOE ha negado el derecho a la autodeterminación de los habitantes de Cataluña e incluso ha apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cancelando la autonomía catalana. No ha objetado cuando la justicia española ha juzgado como sedición, una declaración propagandística, y sólo cuando nuevas elecciones autonómicas y generales le han obligado a buscar el apoyo de los votos de ERC y de Junts, ha comenzado a hablar de amnistía.

Los derechos democráticos se defienden en todos los casos… no son como los platos de un menú, “à la carte”. Y los dirigentes del PSOE, mientras se escandalizan del comportamiento del PP que bloquea la renovación del CGPJ, a su vez no han derogado la Ley Mordaza, que forma parte de la deriva reaccionaria de la justicia española, tanto como el bloqueo citado.

¿Qué nos enseña el comportamiento del Tribunal Supremo?

En una sociedad dividida en clases, donde existen explotadores y explotados, las leyes y el aparato del Estado en general, sirven para mantener la explotación de la mayoría, a favor de la minoría que controla la economía. La represión se contempla como última instancia, pero en las sociedades actuales, la base fundamental del dominio de la burguesía, es que una buena parte de la sociedad lo considere aceptable. Una mayoría de trabajadores puede aceptar que los accionistas de las empresas se hagan millonarios, siempre que sus salarios les permitan una vida relativamente digna, de que puedan aspirar a que sus hijos lleven una vida mejor que la suya, de que puedan confiar en una asistencia sanitaria decente, en una jubilación digna. Si todo esto se pone en discusión, si la dura realidad les demuestra cuánto son falsas estas promesas, entonces todo se puede y se debe poner en duda. Incluso el capitalismo, la monarquía, el orden social existente. Y no existe una ley y un poder judicial, ni un ejército o una policía, que puedan impedir a una mayoría social consciente de sus intereses y dispuesta a luchar por ellos de alcanzar sus objetivos. Fukuyama cuando hablaba del fin de la historia se equivocaba, sea a nivel mundial que respecto a Europa y al Estado español.

La judicatura debe asegurar y dar credibilidad a la “base legal” de la represión, pero para ser realmente eficaz debe hacer creer a la mayoría de la sociedad de que efectivamente es una justicia “justa”. Los tribunales burgueses deben “presentarse” como independientes e imparciales, y la ley debe “parecer” que “defiende el bien común”; solo de esta forma pueden presentarse como árbitros dentro del llamado “Estado de derecho”. La dictadura franquista castigaba con 6 años de cárcel la “propaganda ilegal”, con otros 6 años la “reunión ilegal” y con otros 6, la “manifestación ilegal”. Un grupo de obreros que intentaba reunirse y organizar una huelga para mejorar su convenio, se arriesgaban a ser reprimidos brutalmente por la “legalidad vigente”. Estas leyes dictatoriales cumplieron su papel durante décadas, pero a comienzos de los 70 y en particular desde enero del 1976, las masivas luchas obreras las hicieron inaplicables y las superaron en las fábricas y en las calles en pocos meses.

Bajo el capitalismo los derechos de los explotados estarán siempre en discusión

¿Qué podemos aprender de la historia? Que todos los derechos que los explotados hemos conquistado, no han sido regalados por los explotadores. Desde el derecho al voto, a la libertad de expresión, de organización o reunión, todo ha sido conquistado con la lucha. La respuesta a la justicia burguesa reaccionaria que hoy encarna el Tribunal Supremo, no vendrá de la justicia europea, que en última instancia defiende los mismos intereses de clase. Puede venir solo de la movilización consciente de las masas obreras y estudiantiles, de las fábricas y de los barrios donde trabajamos y vivimos los explotados.

Los jueces, y en particular en los puestos decisivos, son seleccionados a través de un complejo mecanismo de oposiciones y de grupos de presión, para ser los alfiles de la clase dominante. Sus orígenes de clase, sus salarios, su círculo de amistades les hacen ser una parte importante del bloque dominante de la sociedad capitalista.

Para jugar mejor este papel se esconden detrás de la “imparcialidad de la ley”. Por ello es significativo que en estos años hayamos visto como, en varias ocasiones, la judicatura ha presentado iniciativas decisivas en el terreno político, cuando el poder legislativo, que formalmente depende de los resultados electorales, no estaba en condiciones de hacerlo. En la medida que la Constitución les permite “interpretar” las leyes, sin  un  tercer poder que les controle, serían capaces de cualquier cosa. El CGPJ, el organismo que tendría el poder para supervisar el comportamiento de la judicatura, está bloqueado desde hace 5 años, con todos sus componentes que deberían ser sustituidos, porque el PP no quiere que su amplia mayoría reaccionaria pueda ser puesta en discusión. ¿Estamos ante un callejón sin salida? La respuesta depende de las soluciones que consideremos. Si nos limitamos a una protesta formal, seremos aplastados. El frente reaccionario tiene muy claros sus privilegios y está dispuesto a defenderlos con uñas y dientes. La alternativa no puede ser “la defensa de las libertades formales”. Construir un  frente político y sindical que pueda vencer a la caverna reaccionaria es posible sólo partiendo de la defensa intransigente de los intereses de la mayoría social explotada, ese 80% de la sociedad que está obligado a vender su fuerza de trabajo por un salario y que por ello sufre problemas comunes que objetivamente podrían permitir articular un frente de lucha común.

No se trata de repetir cansinamente que hace falta una revolución, se trata de construir las bases sociales y políticas para hacerla posible. Cuando en 2014 se presentó Podemos a las elecciones europeas y en los meses sucesivos hasta el 2015, encarnó esa esperanza de profundos cambios sociales de millones de personas en todo el Estado. Los resultados electorales en las principales ciudades y en las regiones más industrializadas, la afluencia de cientos de miles de activistas que deseaban organizarse y hacer actividad política regularmente han demostrado de forma inapelable, la potencialidad de un programa revolucionario. Pero ya en el primer congreso de Vista Alegre todo esto fue traicionado, optando por crear un partido sin una fuerte estructura articulada en el territorio y un programa que, en lugar de entrar en los detalles para articular luchas sociales importantes, se basaba en lugares comunes cada vez más abstractos.

Intentar sustituir esa fuerza social organizada con puestos en los ministerios ha provocado rápidamente la inversión de la parábola. Defender derechos individuales como la ley del “solo sí es sí” es importante y necesario, pero queda suspendido en el aire y a la postre puede ser vituperado como un “capricho progre”, si no se acompaña a una lucha intransigente por resolver los problemas que acomunan a la mayoría de la clase: salario digno, derecho a la casa, a la educación, a la salud y a la pensión. En la batalla política no bastan los discursos, ni siquiera tener razón… es necesario que cada propuesta construya a su alrededor un apoyo convencido, una fuerza social que esté dispuesta no solo a votarla, sino a defenderla con la movilización y la lucha. No existen atajos. Los resultados de Sumar en las elecciones gallegas y sus perspectivas para las elecciones vascas y europeas lo demuestran una vez más.

Vivimos tiempos convulsos. Nubes negras se adensan en el horizonte. Una vez más los ricos del mundo intentan usarnos como carne de cañón para que luchemos los unos contra los otros. Los comunistas estamos convencidos que es posible oponerse a todo ello, pero para ser creíbles, no se puede hacer solo propaganda. Las propuestas deben disponer de cuerpos y mentes que las defiendan ¡Sólo de este modo, lo que parecía imposible se hace creíble y luego necesario e ineludible! Únete a los comunistas y ocupa tu sitio en el campo de los que no nos resignamos y estamos dispuestos a luchar por un mundo sin explotadores ni explotados.