Fracasa el primer trámite de la Ley de Amnistía – Movilización popular contra el golpismo judicial

Junts ha votado contra la tramitación de la Ley de Amnistía, tras rechazar el Congreso las enmiendas que estos han presentado para eliminar del texto las excepciones de los delitos de “terrorismo” y “traición”. Estas enmiendas, que tenían por objeto blindar a los beneficiarios de la futura amnistía contra las maniobras del poder judicial, parece ser más de lo que el PSOE está dispuesto a admitir, al menos en este momento, para mantener sus acuerdos con Junts y ERC sin verse forzado a un enfrentamiento abierto con el aparato del Estado.

Aclaremos antes que nada que, con la votación del 30 de enero, ni el proyecto de Ley de Amnistía ha dejado de existir ni el gobierno PSOE-Sumar está al borde del precipicio. Antes de votarse la tramitación del texto, ha tenido lugar otra votación en la Comisión de Justicia del Congreso que ha aprobado por amplia mayoría el dictamen de constitucionalidad del proyecto de ley; con lo que, una vez rechazado el texto, éste vuelve a la Comisión de Justicia, donde puede volver a ser debatido y enmendado antes de ser devuelto al pleno.

Lawfare contra la amnistía

Desde que se constituyó el nuevo gobierno sobre la base de los acuerdos con Junts y con las izquierdas independentistas, Ley de Amnistía incluida, el Poder Judicial se ha lanzado con entusiasmo a la labor de torpedear la tramitación de la ley complicando cada vez más los procesos contra los dirigentes independentistas y contra los activistas de los CDR. La punta de lanza de esta ofensiva ha sido hasta ahora el juez estrella Manuel García-Castellón, con su imaginativa instrucción del caso Tsunami Democràtic, en la que insiste en imputar por terrorismo a todo bicho viviente. Y en los últimos días ha saltado a la pista el juez del juzgado de instrucción nº1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que ha resucitado la casi olvidada trama rusa del procés, añadiendo datos tan jugosos como que Puigdemont fue informado antes que nadie por Putin de su intención de invadir Ucrania.

Más allá de lo estrambótico que puede resultar que se atribuya a Puigdemont tan alto grado de importancia geopolítica, el asunto tiene no poca seriedad puesto que el delito de Traición, que es lo que se le podría imputar con estos datos, está expresamente excluido en el proyecto de Ley de Amnistía, como lo está el terrorismo que García-Castellón imputa a un buen número de activistas. Esta historia, que en manos de Alberto Rodríguez o Enrique Urbizu sería una buena película, en manos del Poder Judicial español es una verdadera amenaza para los derechos democráticos de la clase trabajadora, ya que se abre la veda para considerar cualquier acción de protesta como terrorismo.

La ofensiva judicial contra la amnistía demuestra, una vez más, que el Poder Judicial es un aparato reaccionario, fuera completamente de cualquier control popular, que sólo defiende los intereses de la clase dominante y sus propios intereses de casta; una verdadera dictadura de las togas amparada por el capital.  Ni el PSOE, ni Sumar ni el resto de la izquierda están dando una respuesta a la altura del desafío. Más allá de las críticas timoratas de la vicepresidenta tercera del gobierno Teresa Ribera y de las quejas en las redes sociales de los dirigentes de Sumar y Podemos y de sus periodistas afines, la izquierda no está movilizando a su base social en contra del golpismo judicial.

Los límites del gobierno

Precisamente las enmiendas de Junts tenían como objetivo ampliar el radio de acción de la Ley de Amnistía, eliminando las excepciones, para evitar precisamente que la acción consciente de los jueces dejara a la amnistía sin contenido real. En un primer momento, el PSOE se mostró dispuesto a revistar la cuestión del delito de terrorismo, lo que motivó la esperable reacción histérica de la derecha. El PSOE se ha acobardado una vez más ante la ofensiva de la derecha y del aparato del Estado, una claudicación a la que se han dejado arrastrar tanto Sumar como ERC y Bildu, que han rechazado las enmiendas de Junts y votado a favor del texto original.

Una vez devuelto el proyecto de ley a la Comisión de Justicia, el gobierno y Junts dispondrán de un mes para salir con un acuerdo definitivo, o quince días si se acepta el trámite de urgencia. Es el momento de comprobar si el PSOE es capaz de alcanzar un acuerdo que  blinde la amnistía en principio frente a la ofensiva judicial a o vuelve a dejarse intimidar por la campaña de terror de la derecha y, sobre todo, de la judicatura. El fracaso de la Ley de Amnistía sería el fracaso de la apuesta más alta de Pedro Sánchez, lo que minaría su autoridad de una forma tal vez irreversible y pondría un gran signo de interrogación sobre el futuro del gobierno PSOE-Sumar.

¡Por la amnistía y el derecho de autodeterminación! ¡Echar abajo el régimen del 78!

Los estrategas del capital saben que, a pesar de los gritos rabiosos de la derecha y de la resistencia numantina del Poder Judicial, la amnistía de los dirigentes independentistas, empezando por el propio Carles Puigdemont, es esencial para reintegrarlos al sistema político del régimen del 78. A los sectores decisivos del capital español les gustaría volver a la situación anterior al procés, con una derecha nacionalista catalana dispuesta a cooperar en la gobernación del Estado, apoyando ora al PSOE ora al PP como en los buenos tiempos de Pujol. Pero, si bien el reflujo de la movilización social por la independencia en Cataluña y el propio giro cada vez más pronunciado a la derecha de Junts podrían facilitar este escenario, los intereses de aparato del PP, la existencia misma de Vox y la actitud vengativa del aparato del Estado lo hacen extremadamente difícil en el corto plazo.

Nos encontramos en cualquier caso con los resultados de la claudicación de la izquierda en aquel octubre de 2017, cuando las direcciones de Podemos e IU se negaron a apoyar de forma decisiva la lucha por la República Catalana, extendiéndola al resto del Estado y dotándola de una dirección y un programa claros para derribar al régimen del 78. De esa claudicación provienen la desmovilización posterior que dio a la reacción la oportunidad de levantar la cabeza, con Vox como punta de lanza.

Los comunistas tenemos nuestras propias razones para apoyar la amnistía.  y a los que se quiere encarcelar por terrorismo, lo que es una grave amenaza para los derechos democráticos de toda la clase obrera, independentista o no, en todo el Estado. Como comunistas, saludaremos cualquier avance en los derechos democráticos del conjunto de la clase obrera y estaremos en contra de cualquier ataque contra los mismos por parte de los poderes del Estado. Pero lo fundamental es defender estos derechos democráticos en la calle con la movilización popular contra el golpismo judicial.