Illa investido President: acaba el procés, pero continúa la inestabilidad

Después de casi tres meses desde las elecciones al Parlament de Catalunya, el pasado jueves 8 de agosto, Salvador Illa fue investido President de la Generalitat. En medio de la fugaz vuelta de Puigdemont a Catalunya – sobre la que hemos escrito más en detalle aquí – y tras un acuerdo inicial con los Comuns, la investidura de Illa salió adelante gracias a un acuerdo entre ERC y el PSC. Este pacto culmina el camino iniciado por la dirección de Esquerra en 2017: el camino de regreso al autonomismo y el abandono de la lucha por la independencia.

Illa y el PSC

Cuando se plantea que Illa – con su homólogo Collboni, en Barcelona – representa al PSC más españolista y a la derecha de la historia, es completamente correcto. Desde el auge del movimiento independentista, y en especial desde 2017, el viraje del PSC hacia el nacionalismo español ha sido constante, formando un frente único con el triunvirato PP-C’s-VOX y Societat Civil Catalana, y avalando la represión del movimiento y los ataques a los derechos democráticos por parte del aparato del Estado. De hecho, el propio Salvador Illa lamentaba en 2018 que el 155 no se hubiera aplicado antes, el 6 y 7 de septiembre de 2017.

Asimismo, en el terreno económico, Illa ha sido abrazado por la patronal catalana como garante de «la estabilidad» frente a la inestabilidad del procés, destacando su compromiso firme en aquellas cuestiones fundamentales, como la defensa de la ampliación del aeropuerto, el Hard Rock, el Cuarto cinturón o la celebración de los JJOO de invierno en el Pirineo en un contexto de emergencia climática.

Así las cosas, durante la campaña electoral, los dirigentes de Esquerra expresaron en reiteradas ocasiones que no apoyarían a Salvador Illa. Para Junqueras, ERC y PSC eran «los partidos más antagónicos de Cataluña», definiendo este último como «el representante de una monarquía corrupta». En la misma dirección, Marta Rovira alertaba de que votar en el PSC es «defender un país obsoleto, que deciden las élites a 600 km de Catalunya».

Finalmente, sin embargo, ERC ha investido a Salvador Illa. Lo que justifica este aparente «cambio de guion», según los dirigentes de Esquerra, es la consecución de un «acuerdo histórico» con el PSC. ¿Cuál es el contenido de este acuerdo?

El acuerdo PSC-ERC

El primer elemento de este pacto es la llamada “financiación singular”. Éste prevé que Cataluña salga del régimen común, esto es, que sea la Agencia Tributaria Catalana quien gestione y recaude todos los impuestos. Sin embargo, significativamente, para su aplicación efectiva, el acuerdo “deberá formalizarse entre el Gobierno y el Estado durante el primer semestre de 2025”, previendo que la ejecución del primer tributo a recaudar, el IRPF, «se asegurará a lo largo de 2026». Esta poca concreción recuerda al anterior “acuerdo histórico” de ERC para la investidura de Sánchez el pasado año, en lo referente al traspaso integral de Cercanías que… todavía no ha empezado. Cabe añadir, además, que esta nueva financiación, que ya ha despertado la oposición de la derecha españolista y varios barones del PSOE, no sólo deberá ser aprobado en el Congreso de los Diputados, sino que previsiblemente el aparato del Estado intentará torpedearla por todos los medios a su alcance.

La segunda parte del acuerdo se refiere a la creación de un nuevo Departamento de Política Lingüística y la aprobación de un Pacto Nacional por la Lengua que cuente con 200 millones de financiación en su primer año. Si bien ERC habla de un adelanto en la «defensa y promoción del catalán», lo cierto es que en los últimos años el PSC ha abandonado la defensa de la inmersión, haciéndose suyo el modelo «trilingüe» de C’s y haciendo uso del castellano en la mayoría de mítines e intervenciones. Durante la campaña electoral, el propio Isla respondía a un cuestionario del 3/24 a los diferentes candidatos que si se le dirigen en castellano a Cataluña, responde en castellano. Sin embargo, no olvidemos que fue también con el apoyo de ERC y Junts que se aprobó el acuerdo por el catalán en la escuela que avaló la cuota del 25% de castellano en las aulas impuesta por el Supremo.

Por último, después de la Mesa del diálogo y la Comisión bilateral, llega la «Convención Nacional para la resolución del conflicto político». Como en los casos anteriores, lejos de hacer avanzar la lucha por la autodeterminación, esta nueva convención sólo puede servir para consolidar el retorno de ERC al autonomismo y al estrecho marco del régimen del 78.

El retorno al autonomismo y a «la estabilidad»

Para entender el significado político de este pacto, es muy útil comprobar cómo hablaba El País, representante de la burguesía española más inteligente, en su editorial del 31 de julio: “En los hechos, y no en la retórica, los pactos con los nacionalismos han rendido un gran servicio a la democracia ya la unión entre los ciudadanos y los territorios de España. Y no debiera ser distinto con el actual acuerdo. Hoy con mayor razón puede darse por cerrado el procés”. (énfasis nuestro).

En un sentido similar se ha pronunciado la burguesía catalana, expresada a través de Foment del Treball, que ha estado presionando a Esquerra para llegar a un acuerdo para investir a Illa, en favor de la estabilidad política y económica – esto es, estabilidad de los beneficios de los capitalistas. En palabras de su presidente, Sánchez Llibre: “[Es necesario] un gobierno que sea estable y que permita dejar atrás todas las complicaciones que ha generado el procés, recuperando para el territorio la ansiada “seguridad jurídica”. Y añadía: “El soberanismo no tiene suficientes números como para gobernar, que es lo importante”. (énfasis nuestro).

Estas líneas muestran cómo, pese a la histeria de la estúpida derecha española y el aparato del Estado, con sus acusaciones a Sánchez de “vender España a los independentistas”, la burguesía española y catalana más inteligente comprende que la acercamiento de los dirigentes de Esquerra y Junts al Partido Socialista – en el Congreso y en el Parlament –, lejos de suponer un peligro para la unidad de España, consolida su abandono de la lucha por la independencia y su encauzamiento, de nuevo, en las vías seguras del autonomismo.

Es por eso que El País ha apoyado decisivamente a Sánchez en su política del «diálogo» y, en especial, la reciente ley de amnistía, al tiempo que en Catalunya Foment del Treball se ha apoyado en el PSC y ERC en el plan político, contando con Junts a la hora de impulsar medidas económicas en el Parlament.

ERC y Junts

En cuanto se anunció el acuerdo alcanzado con el PSC por parte de los dirigentes de Esquerra, éste fue recibido por buena parte de la base independentista como una traición al movimiento – como, en efecto, lo es. Sin embargo, el acuerdo fue avalado por el 53,6% de la militancia de ERC. Más ignominiosa fue la decisión de Jovent Republicà de votar un «sí crítico» a la investidura a través de su única diputada en el Parlament, voto decisivo para lograr la mayoría de 68 votos a favor.

Las razones de fondo para el apoyo a este acuerdo no pueden desligarse de los malos resultados obtenidos por ERC, recogiendo los frutos de su capitulación abierta frente al régimen y su gestión pro capitalista al frente de la Generalitat. Una política que, lejos de «ampliar la base», la ha reducido hasta obtener los peores resultados desde el inicio del procés, pasando de 33 a 20 diputados. En este contexto y en medio de la crisis política que afecta al partido, la amenaza de unas nuevas elecciones que pudieran profundizar en el declive de ERC ha sido una presión bien real para la militancia a la hora de aceptar el acuerdo , compuesta en buena parte por los cargos del partido y en ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales,… cuyo cómodo modo de vida depende directamente de los resultados electorales. Lo mismo puede decirse de la dirección de Jovent Republicà, para quien la “fidelidad al partido” es garantía segura de carrera política y ascenso de posiciones en el aparato. ¡Esta es la cruda realidad parlamentarismo burgués!

Por otra parte, los aspavientos de Junts sólo buscan aprovechar políticamente el desgaste de ERC. La realidad es que Junts sólo sigue defendiendo la independencia de palabra. En los hechos, también abandonó la unilateralidad. Esto quedó plasmado en el famoso “acuerdo de Bruselas” con el PSOE, en el que se pactaron la investidura de Sánchez y la participación de Junts en la gobernabilidad de España a cambio de la ley de amnistía. En el acuerdo, Junts sigue defendiendo un “referéndum pactado”, a pesar de que toda la experiencia del proceso ha demostrado, una y otra vez, que éste no es posible.

En última instancia, no existen diferencias fundamentales entre la política de ERC y Junts. Ambos defienden la opción del referendo pactado y han abandonado la vía unilateral – o lo que equivale a lo mismo, la lucha por la independencia. La diferencia es que mientras Esquerra ha claudicado abiertamente, haciendo bandera del “pragmatismo”, Junts esconde la misma claudicación bajo la demagogia vacía independentista.

Todo ello fluye del carácter de la lucha por la independencia que, como hemos explicado en reiteradas ocasiones, es una tarea revolucionaria. De aquí se desprende, no sólo la oposición de la gran burguesía española y catalana a la independencia, sino que ésta no puede conseguirse bajo los límites de la democracia burguesa y el capitalismo. En los momentos álgidos la lucha en 2017 y 2019, o bien se avanzaba hacia un enfrentamiento frontal con el aparato del Estado y la clase dominante sobre la base de un programa revolucionario, o bien se claudicaba, aceptando los límites del Régimen del 78 y el capitalismo. Por su posición de clase de dirigentes pequeñoburgueses, vinculados a la propiedad privada y, como defensores del statu quo en oposición al movimiento de masas en la calle, los dirigentes de Junts-ERC estaban destinados a claudicar en los momentos decisivos, en ocasiones incluso jugando un papel activo en la represión del movimiento.

Perspectivas para el gobierno de Illa

Ya hemos planteado más arriba las credenciales pro capitalistas del PSC en todas las cuestiones fundamentales, así como la acogida de Illa por parte de la patronal como el candidato favorito para el mantenimiento de la estabilidad y la paz social. Cabe destacar también uno de los primeros nombramientos de Salvador Illa para formar parte de su gobierno, como es la elección como consejero de Presidencia en Albert Dalmau, hasta ahora mano derecha de Collboni en Barcelona en el despliegue del «Pla Endreça» y la consecución de la Copa América de Vela. Esto ya nos da una idea de cuál será el carácter de ese nuevo gobierno.

En su discurso de investidura, y sobre la base del acuerdo alcanzado con los Comunes, Illa prometió la construcción de 50.000 viviendas protegidas y la ampliación del parque público de alquiler en 5.000 viviendas. Otras propuestas destacadas son la inversión de 1.500 millones en las universidades públicas, o el aumento de presupuesto en cultura hasta el 2% del PIB. Según Illa, estas medidas se financiarían con un «aumento del gasto público». Lamentamos tener que informar al señor Illa que, si su intención es aplicar una política expansiva, ha llegado al poder en la época equivocada. Por el contrario, con la economía mundial encaminándose hacia una nueva recesión, en todas partes el dictado de la burguesía para los próximos años es precisamente los recortes y la austeridad, es decir, hacer pagar la crisis a la clase trabajadora a través de ataques a los servicios públicos y sus condiciones de vida.

La crisis del capitalismo es la crisis del reformismo. Ésta será la máxima que definirá el próximo gobierno de Salvador Illa, que será incapaz de resolver ninguno de los problemas fundamentales de la sociedad. Lejos de cumplir su programa, tendrá que gestionar la crisis del capitalismo, aplicando el programa de austeridad de la burguesía a la vez que intenta mantener la estabilidad social. En este contexto, éste será un gobierno débil desde el primer momento, que rápidamente caerá en la impopularidad y encontrará la oposición de la clase trabajadora y la juventud.

Construir el Partido Comunista

La crisis del capitalismo conduce a la humanidad a un futuro de guerras, cambio climático y ataques a nuestras condiciones de vida, expresión de un sistema que hace tiempo que ha caducado históricamente. Existen las condiciones objetivas para su superación, pero esto contrasta con la extrema debilidad del factor subjetivo. A nivel internacional, las direcciones oficiales de la clase trabajadora han degenerado durante un largo período y se encuentran dominadas por el reformismo.

Así, la crisis que ha conducido a la derrota en el movimiento independentista es la misma crisis que enfrenta a la clase trabajadora mundial, y la humanidad en su conjunto: la crisis de la dirección revolucionaria. En todas partes, en cada país y en cada lucha, los anhelos de cambio de la clase trabajadora y los oprimidos una vez que se ponen en movimiento se ven frustrados por la falta de una dirección a la altura, capaz de canalizar toda su energía hacia la transformación de la sociedad. Las heroicas luchas de masas en Kenia y Bangladesh en las últimas semanas son un ejemplo. Es nuestra tarea construir el partido revolucionario que, que armado con las ideas científicas del marxismo, pueda disputar la hegemonía del reformismo y dirigir a nuestra clase en su labor histórica: derrocar al sistema capitalista e inaugurar una nueva sociedad libre de toda explotación y opresión.