Juicio político contra Rodea el Congreso: ¡Absolución de todos los encausados! ¡Que se sepa la verdad!

El juicio contra quince de los veintiún encausados por la movilización “Rodea el Congreso” de 2012 empezó este 18 de noviembre, después de que los restantes seis acusados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptan multas y penas menores de prisión. Para el resto, la Fiscalía pide penas que en total suman más de 112 años de prisión. Esta es la respuesta del Estado burgués a una de las movilizaciones emblemáticas y más avanzadas del que fue el periodo de luchas sociales más amplio, profundo y masivo desde la Transición.

El proceso que se inició con el movimiento 15M en mayo de 2011, y que culminó con las Marchas de la Dignidad, tuvo uno de sus ápices en el año 2012, uno de los años más duros de la crisis económica y en el que las políticas de austeridad y recortes ordenadas por la Troika, y que aplicaron el gobierno de Zapatero primero y el de Rajoy después aplicaron, seguían hundiendo la vida de la clase trabajadora y la juventud.

En aquel año se sucedieron las movilizaciones de masas bajo la forma de dos huelgas generales (29 de marzo y 14 de noviembre, esta última convocada a nivel europeo) y la gran huelga minera que culminó con la Marcha Negra y la gran manifestación en Madrid del 11 de julio. Todas estas movilizaciones tuvieron que enfrentar una brutal represión policial, como también la sufrieron otras movilizaciones como la Primavera Valenciana en respuesta a la represión policial contra una manifestación de los estudiantes del Instituto Lluis Vives.

Al mismo tiempo, los desahucios eran parte de la vida cotidiana, contra los que la PAH y otras organizaciones sociales llevaron a cabo una política de acción directa para tratar de impedir los lanzamientos y proporcionar una vivienda a los afectados que también tuvo que enfrentar un constante acoso y represión policial y judicial. Y en agosto, para denunciar la situación de pobreza y la responsabilidad de la patronal, el Sindicato Andaluz de Trabajadores llevó a cabo una expropiación de alimentos en varios supermercados de Mercadona de la provincia de Sevilla, acción por la que estos compañeros también tuvieron que sufrir un acoso mediático y judicial pocas veces visto.

Y a la crisis económica, los despidos, los EREs, los recortes y los desahucios se añadía el constante goteo de informaciones sobre los casos de corrupción del PP y de la Corona. A la trama Gürtel y el caso Rato se añadió, precisamente el 14 de abril de 2012, la noticia de la caída del ahora rey emérito en Botsuana, a donde se había trasladado para cazar elefantes mientras el pueblo sufría los recortes y la represión. La crisis económica había devenido en crisis de régimen y el país se movía rápidamente hacia una situación prerrevolucionaria.

Es en este contexto cuando surge la movilización de “Rodea el Congreso”, a la que se adhirieron prácticamente todas las organizaciones sociales y políticas de la izquierda madrileña de aquel momento, y que convocó su primera movilización para el 25 de septiembre. La iniciativa contaba con un precedente en Catalunya, donde el 15 de junio de 2011 se concentraron miles de personas en la puerta de Parlament en Barcelona en la convocatoria “Aturem el Parlament”, organizada para tratar de impedir la aprobación de unos presupuestos de recortes sociales por el gobierno de Convergència i Unió. Aunque no hubo grandes incidentes, ocho personas fueron procesadas por aquella movilización y, aunque primero fueron absueltas por la Audiencia Nacional, fueron condenadas en segunda instancia por el Supremo a penas de tres años de prisión que afortunadamente no han tenido que cumplir.

La convocatoria “Rodea el Congreso” tuvo que hacer frente desde el principio a un constante acoso mediático y policial. La entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes (más tarde víctima, ella misma, de las prácticas mafiosas del PP) y la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal tildaron a la convocatoria poco menos que de golpista, comparándola con el 23-F. Las asambleas preparatorias recibieron la visita de la policía y, finalmente, la propia manifestación sufrió la infiltración y provocación policial que fueron las que desencadenaron los graves incidentes.

Pese a todo, decenas de miles de personas se congregaron en la tarde del 25 de septiembre en la plaza de Neptuno, frente al vallado policial que protegía el acceso a la cámara baja por la Carrera de San Jerónimo. La imagen del Congreso de los Diputados vallado y custodiado por cientos de antidisturbios fue la imagen perfecta de la crisis del régimen del 78, la de una institucionalidad burguesa completamente divorciada de las masas y cuestionada por estas como nunca desde el final de la Transición. La policía comenzó a cargar a una hora escasa de haberse iniciado la concentración provocando decenas de heridos, varios de los cuales requirieron hospitalización. Los antidisturbios persiguieron incluso a un buen número de manifestantes hasta los andenes de cercanías de la estación de Atocha, en donde siguieron cargando y disparando pelotas de goma y practicando detenciones con la ayuda del personal de seguridad. La represión del 25S provocó una movilización mucho más importante cuatro días después, que también terminó con cargas y detenciones.

La provocación policial mediante infiltrados ya quedó en evidencia en aquel momento. Numerosos testimonios y grabaciones de aquella tarde dan cuenta de la presencia de policías infiltrados entre las filas de los manifestantes, perfectamente organizados y cuyo objetivo era reventar la manifestación y provocar las cargas y el mayor número de detenidos posible. El caso más evidente es el de un policía infiltrado que, cuando era arrastrado adentro del cordón para ser arrestado gritó a los antidisturbios “¡Que soy compañero, coño!”. La frase se convirtió en un símbolo de la provocación policial contra las movilizaciones sociales y fue ampliamente utilizada, con sentido del humor, en estas y en las redes sociales.

Tanto la prensa como la instrucción judicial han tratado de echar tierra sobre los hechos del 25 de septiembre, ocultando la responsabilidad del gobierno y de los mandos policiales en los incidentes. El aparato del Estado pretende descargar toda la responsabilidad de aquellos hechos en los organizadores y participantes en la movilización que ahora se sientan en el banquillo acusados de lesiones y desórdenes públicos. Los compañeros están encarando este juicio con el mismo valor y determinación con el que encararon la represión el 25 de septiembre de 2012.

La Organización Comunista Revolucionaria se solidariza con los compañeros encausados de “Rodea el Congreso” y denuncia este nuevo juicio político del régimen contra quienes han osado desafiarlo con la movilización social. Exigimos la libre absolución de todos los encausados y la completa depuración de todos los elementos reaccionarios del aparato del Estado, empezando por los principales implicados en la represión de las movilizaciones populares del periodo 2011-2014. Seguiremos empeñados en que se restituya la verdad histórica y en forjar la herramienta política que sea capaz de convertir el próximo auge de la lucha de clases en una revolución socialista.