La asfixia a la universidad pública provoca la crisis en el gobierno de Ayuso

El 17 de febrero se reunió el Consejo de Gobierno de la UCM para discutir la aprobación del Plan Económico-Financiero (PEF) que tendrá vigencia hasta 2028. Se resume en dos medidas principales: la devolución del préstamo concedido por la Comunidad de Madrid (CAM) a la UCM en octubre del año pasado por un valor de 34,5 millones de euros, con sus intereses correspondientes de más de 4,1 millones, y un plan de recortes de 33 millones. Esto se traducirá en un “reajuste” en profesorado, asignaturas optativas, horas impartidas, subidas en las ratios de alumnos por profesor, suspensión de titulaciones, etc. Se trata de un ataque desvergonzado al derecho a la educación pública en la universidad más grande del Estado español, con cerca de 60.000 alumnos.

En la práctica este marco de recortes ya se está aplicando con restricciones a las contrataciones, reducción de las exenciones docentes, limitación de las sustituciones y recortes de derechos laborales, entre ellos la reducción en la nómina de los alumnos predoctorales. Es más, la subida salarial del 2,5% para funcionarios aprobada en 2025 no se verá en la universidad hasta finales de 2026. Además, la UCM no descarta continuar la dinámica de endeudamiento de la universidad con la CAM.

La asfixia puede sentirse en todo el ámbito de la educación pública madrileña: colegios, institutos, centros de FP y universidades en la comunidad autónoma más rica del país y que menos invierte proporcionalmente en su educación pública. Tanto la Universidad Complutense como la Universidad Rey Juan Carlos se ven incapaces de cubrir sus gastos con el presupuesto destinado por Madrid y los alumnos de instituto del sur de Madrid salieron a una huelga el 19 de febrero por la precariedad de sus aulas.

La aprobación del PEF es, a todas luces, una capitulación del rectorado ante los ataques constantes del gobierno del PP Madrid contra la educación pública. En lugar de exigir financiación, acatarán cabizbajos y obedientes. La comunidad universitaria, no obstante, no comparte esta pusilanimidad y salió a las calles a defender su derecho a la educación el pasado noviembre. El miedo a la movilización es latente entre nuestra clase dirigente; el lunes 16 de febrero, Ayuso destituyó al que fuera su consejero de educación, Emilio Viciana. Se ha justificado esta decisión por la presunta incapacidad del exconsejero de llegar a un acuerdo con los rectores de las 6 universidades públicas madrileñas, que no muestran su apoyo a la aprobación de la LESUC (ley sinónima de “recortes”). Sin embargo, fuentes de la Consejería afirmaron a El País (18/02/26) que esta decisión fue dilatada para no dar la impresión de que ha sido producto de las movilizaciones universitarias. No engañan a nadie; si los sumisos rectores no han accedido a dar su beneplácito a la ley para estrangular a la pública no es por su firme defensa de la comunidad a la que “representan”, sino por la increíble presión a la que son sometidos desde la base, por parte de los jóvenes y trabajadores.

El gobierno de la CAM no necesita su visto bueno para aprobar la ley, pero afirman el “peso moral” del rectorado, sin el cual no seguirán adelante. Este no es otro que el peso real de la movilización estudiantil y obrera, la lucha real en las aulas y la calle.

Tras la destitución de Viciana, han dimitido también Pablo Posse, encargado de la cartera de Educación de la Comunidad de Madrid, y los directores generales de Universidades y de Secundaria y FP, Nicolás Casas y M.ª Luz Rodríguez Lera, respectivamente. Todo esto supone una grave crisis en el seno del gobierno de Díaz Ayuso y apunta a su debilidad.

Como reacción directa a esta crisis y en un giro de los acontecimientos, el 3 de marzo Ayuso pactó con los rectores un nuevo modelo de financiación que movilizará más de 14.800 millones hasta 2031. Supone un aumento de 41% en la financiación. Esto significa que la LESUC no será aprobada en su redacción original, lo cual es un gran triunfo para la juventud universitaria y trabajadora. Aunque de ninguna forma soluciona el estado paupérrimo en que se encuentra la pública ni revierte las medidas austeras ya implementadas, no deja de confirmar la gran realidad de la cuestión: un movimiento unido de la juventud y los trabajadores universitarios ha hecho retroceder la ofensiva de Ayuso. Este no es el momento de vacilar y desmovilizarse, debemos exigir más y con mayor firmeza, pues queda demostrado que la comunidad universitaria unida impone su derecho a ser escuchada, a pesar de lo reaccionario del gobierno de la Comunidad.