La DANA, tres meses después

Ante una catástrofe de la magnitud que tuvo la DANA, lo que hubiese cabido esperar una vez empezó la intervención del Estado sería una limpieza total de las poblaciones afectadas, utilizando toda la maquinaria disponible, y una valoración exhaustiva de los daños para poder indemnizar adecuadamente a las miles de personas afectadas. Sin embargo, esa imagen ha estado muy lejos de la realidad.

Limpieza insuficiente

Uno de los fracasos centrales en los meses posteriores a la catástrofe ha sido la limpieza de los garajes. El agua de la riada venía de Requena y Utiel, 70-80 kilómetros hacia el interior de la provincia, arrastrando todo tipo de materiales hasta llegar a l’Horta Sud; agua que, por la lentitud de la intervención estatal, se ha quedado semanas estancada. Por poco contacto que se tuviese con el barro de la DANA, era necesario llevar mascarilla, correr al centro de salud ante cualquier herida que te pudieses hacer y estar pendiente de síntomas como fatiga física o irritación en los ojos. ¿Qué podían esperar las personas que tenían ese mismo barro acumulándose durante semanas y semanas en un espacio cerrado debajo de sus casas?

Ante esta situación, se categorizó a los garajes y locales privados como “subsidiarios” y se priorizó la limpieza de espacios públicos, dejando en las manos y en los bolsillos de los vecinos la solución de un riesgo enorme para su salud.

Ayudas que no llegan

A día de hoy, más de tres meses después de la DANA, muchas familias se están recorriendo toda España para reemplazar los coches perdidos y siguen esperando unas ayudas económicas del Estado que no llegan. Concretamente, se han finalizado el 32,1 % de las solicitudes de ayuda, 111.509 de las 346.949 registradas hasta la fecha, aunque a día de hoy siguen surgiendo nuevas peticiones.

Este retraso se concentra sobre todo en las ayudas directas para los daños personales, materiales, viviendas y enseres. De ello solo se ha abonado el 5,62 % del total de las solicitudes, entregando 44,1 millones de euros a 2.069 familias. Esto ha supuesto que los mismos portales que antes se utilizaban para pedir comida, asistencia o limpieza a través de voluntarios ahora se demanden muebles o electrodomésticos que se perdieron en la riada. Del mismo modo que sucedió con la limpieza, la solidaridad obrera se utiliza para rellenar el hueco que no es capaz de llenar el Estado.

Además, hay que tener en cuenta que no solo ha habido pérdidas personales, sino también problemas estructurales en unos 37.000 edificios y viviendas. Según recoge el periódico Las Provincias, el Instituto Valenciano de Edificación ha dado la instrucción de que solo se realicen la revisión de daños en los edificios o viviendas que no dispongan de seguro.

La verdadera cara del Estado

Lejos de la idea con la que crecemos de que «el Estado somos todos», ha quedado demostrado a través de los hechos que el Estado está al servicio de empresarios y banqueros. Este hecho se está manifestando con total claridad en la reacción ante la DANA.

Mientras muchas familias habían perdido sus casas y no les llegaban los alimentos ni el agua suficiente, los hoteles subían precios con total impunidad y los almacenes de grandes supermercados seguían como si nada hubiese pasado. Cuando todavía no había sido capaz de enviar la maquinaria y los efectivos necesarios para limpiar las poblaciones afectadas, sí hubo una gran movilización militar y policial para proteger a los reyes, Sánchez y Mazón. Mientras miles de voluntarios caminaban kilómetros y kilómetros con escobas, los autobuses y la maquinaria de empresas privadas permanecían guardados sin que nadie se plantease su expropiación ante la gravedad de lo que estaba pasando. Muchas obras de reconstrucción, como el barranco del Poyo y tramos de la CV-50, han ido directas a las manos de condenados por la trama Gürtel.

¿Qué hacer?

La respuesta de la clase trabajadora valenciana ante la catástrofe ha sido inmensa. Desde la llegada a las zonas afectadas de miles de voluntarios hasta las manifestaciones masivas que se han ido dando lugar pidiendo la dimisión de Mazón.

Pero no es suficiente con quitar una pieza (que, además, se niega a dimitir). Las ayudas deberían salir de los beneficios acumulados de grandes empresarios y banqueros, no de los impuestos de todos los trabajadores. Las viviendas vacías en manos de fondos buitre y grandes propietarios deberían expropiarse para alojar a las familias que han perdido sus hogares. Además, tanto la banca como las grandes constructoras deberían expropiarse bajo control obrero, como única forma de garantizar que las decisiones se tomen por el bien de la mayoría y no por los beneficios de unos pocos.