La ofensiva de la derecha y las perspectivas para el nuevo gobierno
Editorial del número 100 de Lucha de Clases – Se inicia la 13ª legislatura del Régimen del 78, con la reedición del gobierno PSOE-SUMAR (antigua Unidas Podemos) apoyado por independentistas y nacionalistas, exceptuando la derecha navarrista. Esta legislatura se anuncia como la más inestable en décadas, entre la campaña desestabilizadora de la derecha y las limitaciones políticas de un gobierno que aparece más virado a la derecha, y cuyo apoyo social se sustenta más en el rechazo a un gobierno PP-Vox que en las ilusiones hacia su política.
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Ofensiva de la derecha
Efectivamente, la derecha y la ultraderecha han lanzado una ofensiva feroz contra el nuevo gobierno, tratando de incendiar las calles, tomando como excusa la ley de amnistía a los condenados y encausados por el proceso independentista catalán. En esto, cuentan con un apoyo significativo de un sector de la burguesía, como la cúpula de la patronal CEOE, las eléctricas, algunos bancos, distribuidoras como Mercadona, o la principal empresa de seguros del país, MAPFRE cuyo presidente, Antonio Huertas, declaró, en referencia al acuerdo PSOE-Junts: “No podemos aceptarlo de ninguna manera. Me rebelo” (La Razón, 17/11/23). También, representantes de la jerarquía de la Iglesia han salido en respaldo de la derecha.
En su aventurerismo y desesperación, la derecha está conjurando fuerzas que pueden escapar a su control, enloqueciendo a su base social de burgueses y pequeñoburgueses histéricos reaccionarios. Aparte de incontables concentraciones y manifestaciones callejeras, algunas bastante nutridas, más de un centenar de sedes socialistas han sido vandalizadas en todo el país, y decenas de cargos públicos y dirigentes locales y nacionales del PSOE están siendo acosados en las redes sociales, en la calle y en sus domicilios. Grupos fascistas se enseñorean abiertamente en la calle, incluida gente armada, con insultos y amenazas, y vivas a la dictadura franquista. El aparato judicial en bloque se ha sumado a la cruzada, en defensa de su papel social y privilegios de casta, lo mismo que las fuerzas policiales. Como no podía faltar, decenas de altos oficiales militares en la reserva, han vuelto a reclamar un golpe de Estado, sin consecuencias penales. Claro está que su desapego a la democracia no surge repentinamente al día siguiente de jubilarse, sino que representa el pensamiento íntimo de toda la casta militar en activo. Aunque los casos de violencia física contra cargos públicos o militantes socialistas, o de la izquierda en general, han sido escasos hasta el momento, eso podría cambiar.
Movilizar a la clase obrera
A primera vista, estas fuerzas parecen imponentes, pero en realidad podrían ser barridas fácilmente si los millones que forman las masas de la clase obrera dieran un paso adelante y fueran convocados a las calles contra el gamberrismo derechista y la amenaza a nuestros derechos democráticos. Pero sienten una enorme impotencia y rabia contenida al ver que ese llamamiento no llega. Porque es, precisamente, la cobardía de las direcciones oficiales de la izquierda parlamentaria y de los sindicados UGT y CCOO, lo que está impidiendo este paso, favoreciendo así la continuidad de las demostraciones callejeras bravuconas de la reacción.
El objetivo de la derecha es claro. Tras el fracaso electoral del 23J, ambos aparatos de PP y Vox necesitan tener movilizada su base social para recuperar ante ella el prestigio perdido por la derrota, y desmoralizar la base social del gobierno y al gobierno mismo, y provocar fisuras en el aparato del PSOE. Quieren instalar un clima de ingobernabilidad y caos, con la ayuda de sectores de la burguesía, para forzar la caída del gobierno y una repetición electoral que les lleve, esta vez sí, al gobierno. El acuerdo de PSOE y Junts sobre la amnistía les viene perfecto para movilizar al aparato del Estado, que ve la amnistía y la vuelta de Puigdemont a Catalunya como una afrenta y una humillación, lo mismo que Felipe VI. Éste, apostó toda su autoridad institucional el 3 de octubre de 2017 para dar la señal de ataque al Estado y al gobierno de Rajoy para que actuaran contundentemente contra los independentistas catalanes. Tener que firmar ahora una ley de amnistía para ellos, no debe ser un plato sabroso para este monarca arrogante y nada empático, apareciendo como una figura decorativa impotente ante “su” gente: la casta militar, judicial y policial, y entre las masas de la población en general.
No obstante, la reacción está jugando con fuego, mientras acumula material explosivo a punto de estallar. Un paso en falso de la chusma reaccionaria, una agresión significativa, un caso de violencia inaudita, podría detonar un movimiento masivo espontáneo contra la derecha que sacara toda la rabia acumulada a las calles, aun sin una llamada desde arriba, creando una situación potencialmente peligrosa para la estabilidad del régimen.
Desconfianza en el aparato del Estado
Lo más probable es que las baladronadas de la derecha en la calle duren unos pocos días o semanas y no lleguen a la Navidad. La pequeña burguesía, por su carácter, es una clase inconsistente, se inflama fácilmente, pero cae rápidamente en la desmoralización si no ve alcanzados inmediatamente sus objetivos. En cualquier caso, lo vivido en estas semanas será una fuente profunda de enseñanzas y lecciones para la clase trabajadora. Y una de las consecuencias más importantes es que habrá consolidado aún más su falta de confianza en el aparato del Estado: en los jueces, militares, cuerpos represivos, a los que percibirá con profundo desdén e incluso odio, por su enésimo alineamiento abierto y descarado con la reacción. Este sentimiento se extenderá también a Felipe VI, que también es visto alineado con la reacción. Su rostro gélido y su trato distante y desconsiderado a Pedro Sánchez cuando, en su presencia, tomo posesión del cargo de presidente del gobierno en el Palacio de la Zarzuela, no habrá pasado inadvertido para los millones que lo vieron por TV. Las tendencias republicanas en la población, no harán sino aumentar.
Perspectivas para el gobierno
En este contexto, ¿cuál es la perspectiva para el nuevo gobierno? De entrada, éste tiene un carácter más derechista que en la pasada legislatura. En su composición predominan elementos derechistas, tanto del PSOE como de SUMAR. Pero hay otras razones para ello. La más importante no depende de la situación en casa, sino de la economía global y europea. Tras la borrachera del gasto público post-pandemia, la consecuente inflación disparada, la abultada deuda pública y el enfriamiento claro de la economía internacional, todo ello obligará a hacer recortes del gasto público que pueden convertir en papel mojado muchas de las promesas que Sánchez anunció en el debate de investidura. También el nuevo equilibrio de fuerzas parlamentario en el “bloque de la investidura”, con un mayor peso de los nacionalistas de derechas vascos y catalanes (PNV y Junts), será una justificación perfecta para que Sánchez modere su política económica. Por otro lado, el declive terminal de Podemos y su salida del gobierno, además, de imprimir un sesgo más derechista a SUMAR de Yolanda Díaz, también se hará sentir en el gobierno, aunque solo sea porque ya no habrá ninguna voz discordante en su interior.
Salvo la ley de amnistía, no habrá más concesiones a los derechos democráticos. Podemos anticipar que la ley mordaza apenas será retocada, para no indisponer más a los ultraderechistas que dominan la policía y la Guardia Civil. Ante la situación límite del sistema judicial, por la falta de nombramientos de jueces por el Consejo General del Poder Judicial, caducado hace 5 años y bloqueado por el PP, está por ver si el gobierno se atreverá a cambiar su sistema de renovación, para que no requiera el apoyo de 2/3 del Congreso, sino la mayoría absoluta. La campaña de la derecha contra esto también sería feroz. Seguramente, habrá aumento del Salario Mínimo, pero no lo suficiente como para indisponer más a los empresarios. Y continuará el alineamiento con el imperialismo de EEUU en todos los asuntos decisivos.
Lo que veremos será una edición aumentada de la legislatura anterior. Desestabilización de la derecha y del aparato del Estado para hacer caer al gobierno precipitadamente, tensiones territoriales por la cuestión catalana y la discusión de un nuevo sistema de financiación autonómico, la cuestión migratoria, incremento de conflictos laborales por la negativa patronal a hacer concesiones, e incapacidad del gobierno de dar solución duradera a los problemas de la clase trabajadora: vivienda, empleo estable, sanidad, etc. En definitiva, el gobierno se verá obligado a gestionar una crisis capitalista que es insoluble, mientras arrecia la provocación de la derecha reaccionaria.
Todo conduce a una agudización de la lucha de clases, y a una radicalización y polarización mayor. De lo que se trata es de formar una corriente comunista revolucionaria lo más fuerte y rápidamente posible que esté en condiciones de ofrecer una alternativa al caos y la barbarie capitalista, en el Estado español e internacionalmente.
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