Más de lo mismo: la corrupción borbónica como lubricante del régimen del 78

La reciente creación de una fundación en Abu Dabi por parte del rey emérito Juan Carlos I para transferir su herencia a sus hijas es un episodio más en la larga saga de la corrupción borbónica que ha sido un pilar del régimen del 78. Lejos de ser un acto meramente administrativo, este movimiento refleja las complejas estrategias que utilizan tanto la monarquía como los ricos para proteger sus fortunas y evadir responsabilidades ante la justicia. Lo que queda claro es que, lejos de investigarse a fondo estos manejos, el Estado español sigue protegiendo a la Corona, reforzando la imagen de una justicia que solo actúa contra los desfavorecidos.

Los escándalos financieros que rodean a Juan Carlos I no son nuevos. Desde las comisiones millonarias recibidas de Arabia Saudí hasta cuentas opacas en Suiza, el rey emérito ha sido protagonista de una serie de casos que nunca han sido investigados a fondo. La creación de esta fundación no es un hecho aislado, sino otro paso en una cadena de maniobras para preservar su fortuna al margen de la ley. El uso de fundaciones en paraísos fiscales como Abu Dabi no hace más que reforzar la idea de que la monarquía sigue beneficiándose de los vacíos legales que le permiten blindar su riqueza y evitar cualquier tipo de control judicial o fiscal serio.

Esta estrategia no es solo un reflejo del comportamiento del rey emérito, sino que está profundamente arraigada en la estructura capitalista española. Mientras millones de personas luchan día a día por sobrevivir en un contexto de creciente precariedad y falta de oportunidades, la clase privilegiada, representada por la monarquía y los capitalistas, se asegura de que sus riquezas estén protegidas y alejadas de cualquier peligro. El caso de los Borbones es solo uno más en un sistema que está diseñado para perpetuar la desigualdad: mientras unos acumulan fortunas en paraísos fiscales, la mayoría trabajadora sigue luchando por derechos tan básicos como la vivienda o salarios dignos.

Un ejemplo claro de esta complicidad entre la monarquía y el aparato estatal se refleja en la respuesta del Gobierno español. A pesar de que figuras como Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales, han exigido una investigación sobre los manejos financieros de Juan Carlos, los principales partidos del régimen del 78, en particular el PSOE, han bloqueado sistemáticamente cualquier intento de abrir una comisión de investigación en el Congreso. Este silencio cómplice no hace más que subrayar la protección de la que goza la Corona, reforzando la percepción de que la monarquía está por encima de la ley.

A lo largo de la historia, los Borbones han acumulado riqueza y poder a través de privilegios heredados y pactos con sectores poderosos del capitalismo. Desde el escándalo de Alfonso XIII, involucrado en negocios oscuros con intereses bancarios y coloniales, hasta los más recientes de Juan Carlos I, la familia real ha sido símbolo de una clase privilegiada que sigue beneficiándose de un sistema diseñado para perpetuar sus privilegios. La fortuna personal de Juan Carlos I, estimada en miles de millones de euros, no es sino un reflejo de cómo la monarquía ha servido como intermediaria en negocios internacionales, siempre a costa de los intereses del pueblo trabajador.

Este nuevo episodio de evasión patrimonial por parte de Juan Carlos I es una evidencia más de la necesidad urgente de un cambio estructural. No basta con abolir la monarquía; la corrupción y la injusticia que perpetúan los privilegios de los ricos son inherentes al sistema capitalista. La instauración de una III república podría ser un primer paso, pero para que este cambio sea real y duradero, debe estar acompañado de una transformación profunda hacia una república socialista. Solo un sistema que redistribuya equitativamente los recursos y la riqueza entre la población trabajadora puede acabar con la corrupción y los privilegios que la monarquía y el capitalismo perpetúan.

La propuesta de una república socialista implica mucho más que la eliminación de la figura del rey: supone demoler las bases del actual sistema capitalista para garantizar que el poder y los recursos estén al servicio de la mayoría, no de una minoría que ha explotado al pueblo durante generaciones.