Movilizaciones por la vivienda: ¡Expropiar a los rentistas y especuladores!

El brutal desahucio de Maricarmen Abascal ha transformado radicalmente el ambiente social. En Madrid, más de 100.000 personas se manifestaron el sábado 26 de septiembre por la tarde en protesta por el desalojo, tras la cual se inició una acampada en la Puerta del Sol. Desde el domingo, movilizaciones masivas contra el desalojo de Maricarmen y por el acceso a una vivienda digna y asequible para jóvenes y trabajadores se suceden de una punta a otra del Estado. Ahora, las acampadas en las plazas están extendiéndose a más ciudades. Todo esto es un huracán de aire fresco que se ha llevado de un plumazo el aire tóxico y estancado que la algarabía españolista reaccionaria de derechas había establecido tras la crisis migratoria de Ceuta.

La OCR en la acampada de la Puerta del Sol (Madrid)

La burguesía en pánico

La burguesía española y la derecha han entrado en pánico. Los Ayuso, Feijóo, Abascal, Marcos de Quinto, solo pueden vomitar espumarajos por la boca, en su impotencia. Los agitadores ultraderechistas en las redes sociales y los grupúsculos fascistas, tan crecidos con los acontecimientos de Ceuta, deben conformarse con comerse su rabia por dentro. Una reacción masiva y espontánea desde abajo contra el parasitismo capitalista no entraba en sus cálculos. La operación para instalar un ambiente reaccionario y, de paso, forzar la caída del gobierno de Sánchez, ha sufrido, al menos a corto plazo, un golpe demoledor. Como suele suceder, una vez las masas entran en acción las cosas se convierten en su contrario.

Una primera victoria del movimiento ha sido doblar el brazo al fondo buitre Urbagestión, que ha renunciado al desahucio de Maricarmen permitiéndole volver a su vivienda de toda la vida y mantener su alquiler de 500€ (¡quería llevarlo a 2.650€!). Es un hecho sin precedentes que un propietario renuncie a un desahucio ya ejecutado. La burguesía ha tocado superficialmente el agua social, y ésta quema al punto de ebullición.

Pero este movimiento masivo, que recuerda inevitablemente el fantástico movimiento del 15-M de 2011, también ha llevado el pánico al gobierno de Sánchez. Las reivindicaciones del movimiento: bajar los alquileres, prohibir y echar a los “fondos buitres” del mercado inmobiliario, contratos de alquiler indefinidos, entre otros, van contra la línea de flotación de los parches habituales en materia de vivienda del gobierno: rebajar impuestos a los rentistas y especuladores y prohibir temporalmente los desahucios de personas “vulnerables”, como si toda persona desahuciada por no poder pagar alquileres desorbitados no fuera “vulnerable”.

Ninguna alternativa bajo el capitalismo

Ahora todos derraman lágrimas de cocodrilo por la suerte de Maricarmen y el drama que padecen cientos de miles de personas, que deben destinar entre el 40% y el 70% de sus ingresos a pagar un alquiler o una hipoteca. Pero nadie tiene una alternativa real al problema de la vivienda porque éste hunde sus raíces en el propio sistema capitalista. Feijóo dice que hay que dejar tranquilo al libre mercado, como hasta ahora, y que la solución pasa por construir 1 millón de viviendas si llega al gobierno, pero esto es humo: ¿en qué plazo? ¿Quién las va a construir y en qué terrenos? Nada se dice. Y si fuera así, lo harán constructoras privadas, las únicas que hay, que edificarán para sacar beneficios no por interés social, en terrenos públicos o privados de las grandes ciudades en zonas superpobladas, donde se encuentra el 80% de la demanda, que tienen los precios por las nubes. De entrada, el coste capitalista, sea para el alquiler o para la compra, partirá de los actuales niveles de precios. Si a eso le sumamos el coste de las hipotecas, cuyo monto ya supera por término medio los 180.000 euros, con los tipos de interés subiendo, no habrá disminución alguna en el coste de la vivienda para los esquilmados bolsillos de los jóvenes y de las familias trabajadoras. En el otro lado, constructoras y bancos seguirán engordando beneficios escandalosos.

La alternativa de Vox es muy simple: no la tienen. Como un disco rayado, repiten con cansina monotonía el mismo mantra, sea para la vivienda como para cualquier otra cosa: la culpa la tienen los inmigrantes ¡Cómo no! Estos portavoces del gran capital nacional y extranjero callan ante el hecho de que son los grandes fondos de inversión los que acaparan cada vez más bloques enteros de viviendas para triplicar o quintuplicar el precio de los alquileres, igual que los ricachones individuales que se dedican a comprar viviendas para ponerlas en alquiler con los mismos precios abusivos. Son esta banda de parásitos, junto con las plataformas del negocio turístico de Airbnb y otras, las que imponen el precio del mercado del alquiler al que luego se ven arrastrados los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler. El crecimiento poblacional en el Estado español, a razón de 1 millón cada dos años, refleja una necesidad económica y material: un crecimiento de la actividad económica que necesita brazos y cerebros para ponerla en movimiento. Es lo mismo que ocurrió décadas atrás con la emigración masiva del campo a la ciudad entre los años 50 y 70 del siglo pasado y que obligó, tras enormes luchas vecinales a edificar cientos de miles de viviendas en todas las ciudades, junto a otros servicios sociales (red de transportes, ambulatorios, escuelas, etc.). La función de Vox es desviar la atención, fomentar la división y la discordia dentro de la clase trabajadora, mientras ocultan la responsabilidad de sus amos del gran capital.

Los decretos del gobierno son un parche

Los decretos que ha aprobado el gobierno, presionado por el movimiento, y que se votarán el viernes en el Congreso son solo un parche para escapar de la situación a corto plazo, y ni siquiera beneficia al conjunto de los inquilinos afectados por los precios de alquiler abusivos.

Se establece hasta 2030 la prohibición de desahucios de familias vulnerables, las que ingresan menor de 1613€ al mes, prorrogación de los alquileres 2 años más si finalizan antes del fin de 2028, prohibición de comprar viviendas a los fondos buitres por debajo del 70% del valor de mercado hasta 2028, impuesto del 10% a los pisos turísticos, aumento del IBI a viviendas vacías (sin cuantificar), y medidas vagas como “regulación del alquiler de temporada y de habitaciones”, más las habituales rebajas de impuestos a propietarios y, en algunos casos, a inquilinos. Un segundo decreto que, casi con toda seguridad será rechazado por el Congreso por la oposición de PNV y Junts, contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler sin límite temporal.

Aunque estas medidas son un paliativo temporal no abordan el problema principal y estructural: una reducción drástica del precio del alquiler que actualmente se lleva en la mayoría de los casos del 40% al 70% de los ingresos familiares y que conduce directamente a cientos de miles de familias y trabajadores a vivir en la pobreza. No contempla ningún plan de oferta masiva de vivienda barata y de calidad, y tampoco elimina la presencia en el mercado inmobiliario de los fondos buitre, sólo que tendrán que comprar viviendas un poco más caras, y solo hasta 2028 con esa limitación. Los cientos de miles de viviendas que gestionan actualmente no se verán afectados por estas medidas. Una burla.

Correctamente, el Sindicato de Inquilinas ha rechazado estas medidas por insuficientes, y las acampadas van a continuar. Y para este fin de semana se anuncian nuevas manifestaciones multitudinarias.

Un problema de clase

El problema de la vivienda es un problema de clase; es decir, afecta de diferente modo según la clase social a la que se pertenezca. La inmensa mayoría de la clase trabajadora no vive del rentismo sino de su trabajo. En el Estado español, sólo un 13% de las declaraciones del IRPF presenta rendimientos inmobiliarios, según datos de Hacienda. Es decir, los caseros son una minoría de la población, y en su inmensa mayoría son pequeños, medianos o grandes burgueses. Por lo tanto, es la clase trabajadora la gran afectada por el encarecimiento brutal de la vivienda.

Entre 2015 y 2025 la renta media por persona creció un 50%, pero los salarios solo lo hicieron un 30%, mientras que comprar una casa se encareció un 80% y alquilarla, un 87%. En la Comunidad de Madrid, los precios de venta han crecido un 99%, en Baleares un 95%, y en Catalunya un 88%. Es decir, ha habido un trasvase fabuloso de rentas desde los bolsillos de los trabajadores a los rentistas y especuladores. Desde 2018, se han duplicado el número de pernoctaciones en pisos turísticos, según Eurostat, y el Instituto Nacional de Estadística cifraba en mayo de este año en 341.000 el número de viviendas turísticas en España, que se alquilan por periodos muy cortos de tiempo, unos días o unas pocas semanas, a precios muy por encima del alquiler medio. Otro dato demoledor es que desde 2015, además de crecer exponencialmente los pisos turísticos, los extranjeros no residentes han comprado más de 500.000 viviendas, fundamentalmente para especular con ellas y alquilarlas a precios desorbitados.

Otro dato relevante, las empresas y entidades jurídicas acumulan 1.076.753 viviendas, un 4% del parque nacional, según se desprende del análisis de los últimos datos del Catastro, de 2025 (sin incluir Euskadi y Navarra). No obstante, el Banco de España atribuye a estas empresas el 8% del mercado del alquiler, si bien alcanza porcentajes de dos dígitos en las grandes ciudades, como Madrid, donde representan el 23,20% de los arrendadores.

CaixaBank es el mayor casero privado de España, con cerca de 22.000 viviendas alquiladas con fianza depositada. Le sigue de cerca Blackstone, con 19.600 viviendas alquiladas en España -13.000 de ellas en Madrid, donde es el mayor arrendador privado. Según estos datos, las sociedades con más de diez viviendas acumulan 562.513 viviendas, frente a las 178.000 viviendas de los ricachones individuales con más de 10 viviendas en propiedad. Es decir, solo los propietarios de más de 10 inmuebles acumulan ellos solos más de 740.000 viviendas.

Es interesante observar que hace unos días, la subgobernadora del Banco de España elevaba a 750.000 el déficit actual de viviendas, y a un millón para 2028 si no cambian las circunstancias.

Desde 2015, la población española ha aumentado en más de 3 millones, pero sólo se han construido 850.000 viviendas. Al ritmo de construcción actual, y sin contar con el incremento de población que se prevé para los próximos años, se tardaría más de una década en construir ese millón de viviendas que se necesitaría para 2028. Pero ¿por qué deberíamos esperar 12 o 15 años para adquirir una vivienda que ni siquiera estamos seguros de poder pagar por los abultados precios que tendrán? Vemos así como, sobre bases capitalistas, es imposible para millones acceder a una vivienda digna y asequible. Sobre bases capitalistas, la riqueza social y vital solo puede ser accesible si se enriquece el puñado de parásitos que viven del trabajo ajeno. ¿Por qué debemos tolerar esto? ¿Cómo es posible que los que trabajan no puedan tener un techo para vivir sin caer en la miseria, y los que no trabajan se llenen los bolsillos con nuestro sudor y sufrimiento? No puede permitirse que la única clase realmente productiva y progresista de la sociedad, la clase que sostiene todo el edificio social y económico de la sociedad, la clase que crea la riqueza, la clase trabajadora, deba descender hasta la miseria y la degradación social sólo por el hecho de tener que pagar por un techo para vivir. Lo que se necesita es una política socialista revolucionaria.

Un programa socialista revolucionario

Esto quiere decir que con solo expropiar a los grandes acaparadores, fondos buitres y rentistas que poseen más de 10 viviendas (740.000 inmuebles en total), tendríamos casi solucionado el problema de la vivienda en el Estado español a corto plazo, atendiendo al déficit de viviendas señalado por el Banco de España. Si a ello le sumáramos las viviendas en posesión de medianos y grandes tenedores que poseen entre 4 y 10 viviendas, que suman varios cientos de miles más, se podría solucionar el problema de la vivienda íntegramente y de un plumazo. Muchas de estas viviendas permanecen vacías y ociosas, en diferentes estados de conservación, que con una nula o poca inversión podrían estar listas para ser ocupadas. Esta gente ha amasado fortunas a lo largo de los años a costa de los trabajadores y los pobres, no deben ser indemnizados por la expropiación de sus viviendas, que deberían ser puestas bajo alquiler social por no más del 10% de los ingresos familiares, así las familias trabajadoras podrían disfrutar de la mayor parte del fruto de su trabajo en lugar de entregárselo a rentistas y parásitos. Esta enorme oferta barata de vivienda, que atendería prácticamente la demanda de vivienda existente, obligaría al pequeño propietario de una o dos viviendas a reducir el alquiler drásticamente para recibir un pago realmente justo y no abusivo, como ocurre actualmente.

Por supuesto, la construcción de vivienda residencial seguiría siendo necesaria, pero no podemos dejarla en manos de los buitres de las grandes constructoras. Para construir vivienda a precio barato es necesario expropiar estas grandes empresas bajo control obrero, sin indemnización, salvo a pequeños accionistas sin recursos. Y para conseguir los recursos financieros para acometer estas inversiones se necesita disponer del dinero de quien más se beneficia del negocio de la vivienda, los bancos. Los bancos deben ser expropiados, también sin indemnización salvo a pequeños accionistas sin recursos, y bajo el control de sus trabajadores. Esta nacionalización permitiría reducir al mínimo los tipos de interés y rebajar drásticamente el coste de las hipotecas actuales, pues un banco público dirigido por los trabajadores no tendría interés en enriquecerse sino en realizar una labor social. Este es el programa socialista que defendemos, el único programa realista para resolver de manera integral el problema de la vivienda.

Pero no son solo los tiburones inmobiliarios, bancarios y de la construcción los que nos chupan la sangre, ni los únicos rentistas y especuladores, ahí está el oligopolio energético de las petroleras y eléctricas que esperan ganar este año 20.000 millones de euros en beneficios, ¡el doble que en 2023! Ellos también deben ser expropiados sin indemnización, e integrados en un plan estatal de producción, junto con los demás sectores mencionados.

Por una huelga general por la vivienda y los salarios

Para avanzar en la realización de este programa se requiere una movilización desde abajo mucho más poderosa que la actual, se requiere poner en pie al conjunto de la clase trabajadora del Estado español. En las asambleas de acampadas está surgiendo con fuerza la consigna de la huelga general por la vivienda. Este debe ser el principal eje de agitación ahora. Estamos viendo un resurgir poderoso de la lucha sindical, fundamentalmente por la pérdida de poder adquisitivo, que va a ir a más. El 14 de octubre se inicia la huelga indefinida del sector educativo de Madrid que puede convertirse en un punto focal de referencia para otros sectores. Sólo en agosto la inflación interanual llegó al 4,9%, comiéndose casi todos los aumentos salariales otorgados este año. Hay que agitar en los sindicatos CCOO, UGT, CGT y también en los sindicatos nacionalistas de ELA, LAB y CIG, por la unificación de todas las luchas salariales y sectoriales para confluir en esta huelga general, incluyendo la reivindicación de la vivienda digna y asequible para todos. Las acampadas no deben ser un fin en sí mismo, sino el punto de encuentro de organización de la lucha, con piquetes volantes agitando a favor de la huelga general en cada rincón de la sociedad: los barrios obreros, los polígonos industriales, las escuelas y universidades.

Una huelga general bien preparada daría una envergadura colosal a la protesta ahora iniciada y es lo único que garantizaría concesiones serias a nuestros reclamos.

Los comunistas revolucionarios de la OCR vamos a estar en la primera línea de esta lucha, defendiendo nuestro programa revolucionario. Por eso decimos: ¡Expropiar a los especuladores y rentistas! Para poder vivir, el capitalismo debe morir.