País Valenciano: Ley de Concordia, cómo utilizar el pasado como arma política

El pasado 11 de julio se aprobó en les Corts Valencianes la llamada Ley de Concordia, que sustituye a la anterior Ley de Memoria Democrática de 2017, con los votos a favor de PP y VOX. Pese a la ruptura de ambas formaciones a raíz de la polémica sobre la Ley de Extranjería, los partidos conservadores no han dejado pasar la oportunidad de unirse una última vez para sacar adelante otra iniciativa reaccionaria. Aunque este hecho no es sorprendente, pues la proposición de ley lleva tramitándose meses, cuando aún no había problemas entre los partidos, es un síntoma de que, muy probablemente, el PP podrá gobernar en solitario si VOX apoya la mayoría de sus medidas, siempre que estas estén en sintonía con su agenda abiertamente nacionalista y reaccionaria.

El objetivo de esta norma es equiparar a todas las víctimas, tanto de la dictadura, como contemplaba la ley que deroga, como de la Segunda República, que empezó en 1931, y hasta la actualidad, incluyendo los atentados de ETA y el terrorismo islámico. Esta ley, que no hace ninguna alusión directa al franquismo y la represión posterior a la Guerra Civil, supone, según sus arquitectos, “la reconciliación frente al odio” y considera “por igual los derechos de todas las víctimas independientemente de qué manos y dónde fueron asesinadas”. Es decir, equipara la represión de un Estado fascista tras una victoria en una guerra civil sangrienta, con la represión de una República “democrática”, e incluso atentados de grupos ultraizquierdistas o fanáticos religiosos, cuyas acciones tuvieron un impacto infinitamente menor y unas intenciones muy distintas. En definitiva: El objetivo de PP y Vox es ocultar o hacer pasar a un segundo plano los crímenes de la dictadura y los asesinatos en masa y enterramientos en fosas comunes de decenas de miles de obreros y campesinos durante y después de la guerra civil.

La respuesta de los partidos de la izquierda parlamentaria ilustra a la perfección el fondo de la cuestión: el uso del pasado como un arma ideológica, para reafirmar el presente o, peor aún, preparar las trincheras para el futuro. PSPV y Compromís señalaron que la norma es un “panfleto franquista” que pretende igualar “dictadura y democracia”. Pero, ¿qué significa esto? Ambas formaciones critican la inclusión del periodo republicano en la norma, señalando que no es comparable al franquismo porque el primero fue “democrático”, pero no resuelven una duda: ¿niegan que hubiera violencia en la Segunda República, o afirman que sí la hubo, pero que la violencia de Estado bajo una “democracia” es tolerable?

Si sus palabras se refieren al primer caso, deberían ilustrar al pueblo acerca de qué fue la Comuna de Asturias en octubre de 1934. Un intento de revolución que fue aplastado por la burguesía durante la República, con miles de obreros masacrados y decenas de miles detenidos. Regulares del Ejército de África, así como la propia Legión, bajo el mando del mismísimo Franco, acabaron con la insurrección no sin antes darse un baño de sangre. La represión fue tan grande que muchas de las mujeres de los obreros fueron salvajemente violadas. Toda esta violencia quedó impune, y los republicanos burgueses jamás hicieron nada por reparar el daño causado. La izquierda oficial podría excusarse en que todo ello ocurrió bajo un gobierno derechista, pero la represión contra la Comuna de Asturias fue perpetrada por el Estado republicano.

El segundo caso es aún peor. Reconocer que en el periodo republicano hubo violencia contra la clase trabajadora y los campesinos pobres, pero que esta es tolerable en la medida en que fue inferior a la represión franquista, es una forma de decir que, bajo un régimen supuestamente democrático, puede haber violencia de Estado. Este argumento no es muy distinto al que se ha utilizado para defender el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Y no es un argumento muy progresista, precisamente. Lo que es común a todos los enfoques que hacen los “demócratas” sobre la violencia es que la tratan como algo inherentemente negativo: una categoría inmutable e inseparable del mal. Al hacer esto, ignoran convenientemente el fondo de la cuestión: quién recurre a la violencia y con qué objetivo.

La Ley de Concordia no va a afectar en gran medida a las vidas de la mayoría, por mucho circo que quiera montarse. La anterior Ley de Memoria Democrática sería más respetuosa con las víctimas, pero en este país, especialmente en Catalunya, sigue habiendo muchas fosas comunes sin desenterrar, y aquella ley no solventó este problema. Pero este conflicto permite sacar ciertas conclusiones. Con respecto a la derecha, queda claro que, en pleno siglo XXI, sigue teniendo problemas para condenar abiertamente el fascismo, y es por un buen motivo. Si se repitiera en el Estado español un proceso revolucionario como el de Asturias en 1934, no dudarían en mostrar su verdadera cara y, en nombre del orden constitucional y la convivencia, defenderían la represión más descarada contra cualquier alzamiento popular. Con respecto a la izquierda reformista, su rechazo infantil a la violencia les haría ocupar el mismo lugar, pero en nombre de la “paz social”. Ante todo, es necesario asimilar que esto no va de buenos y malos.

Si seguimos arrastrando desde hace más de 40 años todos estos debates acerca de qué supuso la dictadura franquista y cómo reparar el daño causado a sus víctimas es porque, en el Estado español, la transición hacia la “democracia” (burguesa) se hizo sin depurar al Estado de sus elementos franquistas. En otros países con dictaduras similares sí se hicieron esfuerzos (a veces más formales que reales) para acabar con cualquier vínculo entre la vieja sociedad y la nueva: no fue el caso de España. El Tribunal de Orden Público, clave en la represión de la dictadura, un día se acostó  franquista y al siguiente ya era un órgano “democrático”, la Audiencia Nacional. Gran parte del funcionariado siguió cumpliendo las mismas funciones. Incluso altos cargos políticos del franquismo salieron impunes, siendo especialmente llamativo el caso de Manuel Fraga, que pudo fundar un partido que hoy en día recibe el nombre de Partido Popular. El Régimen del 78 es, además de capitalista, franquista por naturaleza.

Los conflictos fundamentales son de clase, y los políticos parlamentarios, aunque tienen sus propios intereses, en el fondo no son más que los representantes de la clase dominante. Por ello hay que dejarlo claro: ninguna de las transformaciones necesarias que necesitan los trabajadores se puede llevar a cabo en el parlamento. El fracaso de proyectos de izquierda como Podemos es buena prueba de ello. El parlamento puede servir para hacer agitación, pero se muestra impotente a la hora de enfrentar las relaciones sociales que permiten que una minoría se apropie del trabajo de la mayoría. En la sociedad capitalista las cuestiones fundamentales siempre se dirimen en la calle, y hay que preparar a las masas para ese momento. Cuando la contradicción entre capital y trabajo llegue a su punto más alto, esa minoría, los capitalistas, llamarán al orden, con el fin de preservar su sociedad vieja y decadente, mientras la minoría explotada, los trabajadores, lucharán para, a partir de ella, construir un mundo nuevo. Solo los cínicos se detendrán a reflexionar sobre quien representa el bien y el mal.