¿Qué Ley de Dependencia necesitamos?
En diciembre de 2006 se aprobó la ley de la Dependencia. Una medida que si bien supuso un paso adelante para la situación de cientos de miles de personas dependientes en todo el Estado Español, después de 14 años vemos como en la práctica esta medida social no sólo no satisface completamente las necesidades de los dependientes sino que enmascara una forma de esclavitud para la mujer.
Actualmente hay alrededor de 1 millón de personas dependientes acogidas a esta ley que pueden elegir entre una ayuda económica a los cuidadores en el entorno familiar, la atención en centros residenciales, centros de día y de noche, ayuda a domicilio, o servicios de teleasistencia, entre otros.
Si nos centramos en el funcionamiento de la Ley de Dependencia cuando la atención se realiza en el propio domicilio, una persona dependiente puede elegir que un trabajador cualificado atienda en el domicilio las actividades básicas de la vida diaria que necesite la persona dependiente o que esas actividades las realice un familiar a cambio de una prestación que en ningún caso supera los 500€.
Según el observatorio de la Ley de la Dependencia, el 30,7% del total de prestaciones que otorga el Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia son a la realización de cuidados en el entorno familiar, frente al 18% que opta al servicio de ayuda a domicilio y el 13% por personal cualificado en su residencia.
De los dependientes atendidos por familiares, el 89% son atendidos por mujeres. Mujeres, hijas y madres que no tienen la cualificación necesaria y que dedican su vida al cuidado del familiar y a las tareas domésticas.
Además, desde el propio observatorio, se afirma que “muchas mujeres se convierten en cuidadoras no por libre elección, sino por imposición económica y social”. Familias con un miembro dependiente, con situaciones adversas se acogen a la ayuda porque simplemente es lo que les permite salir adelante.
Desde el movimiento feminista se reivindica la dignificación del trabajo que muchas mujeres realizan y desde hace años se reclama un salario para las mujeres que se dedican a las tareas domésticas y al cuidado de familiares. Sin embargo, con la ley de dependencia vemos perfectamente lo que podría suponer el salario para “amas de casa”. Lejos de ser un avance, significa perpetuar a la mujer dentro de la casa y apartarla en gran parte de la vida social ¿Tienen derecho a vacaciones las mujeres encargadas del cuidado de familiares dependientes, derecho al descanso, derecho a ponerse enfermas,… sin que estos derechos afecten al cuidado de la persona dependiente?
El verdadero progreso social y por lo que las mujeres debemos luchar es por un Plan de Dependencia público y gratuito a domicilio, con servicios suficientes y de calidad, realizados por profesionales asalariados capacitados, que atiendan integralmente todas las necesidades: cuidados de ancianos, enfermos crónicos, personas con discapacidad. Es decir, liberar a la mujer de la carga de los cuidados de forma que estos sean absorbidos por la sociedad.
Aquí también subyace una cuestión de clase ¿En una familia rica la mujer dejaría su vida en un segundo plano para dedicarse completamente al cuidado de un familiar, o contrataría al personal necesario y contaría con el equipamiento preciso para que su familiar estuviera en las mejores condiciones, en su propia casa y sin que ello perjudique al desarrollo de su propia vida?
Habrá quien piense que no se puede arrebatar estas ayudas a miles de familias, pues en buena medida dependen de ella para su supervivencia. Sin embargo, esto obedece a una visión reformista en la que hay que decidir entre lo malo y lo peor, de lo cual renegamos completamente.
Los marxistas defendemos la incorporación general de las mujeres al trabajo productivo fuera de casa y un subsidio de desempleo equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para toda mujer desempleada, el cual nunca estaría ligado a la realización de tareas domésticas ni al cuidado de familiares dependientes. Sólo de esta forma se garantizará una vida digna a las familias trabajadoras. Y en el caso de que estas familias cuenten con un familiar dependiente, este podrá ser atendido por un sistema que disponga de todos los recursos materiales necesarios para que a las personas dependientes sean atendidas de forma adecuada por trabajadores y trabajadoras con condiciones laborales dignas.
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