¿Qué nos demuestran las infiltraciones policiales?
El pasado domingo día 12 se emitió en la televisión pública el reportaje Infiltrats, fruto de la colaboración entre 3Cat, La Directa y Polar Star Films, sobre cuatro casos de infiltración policial en varios movimientos sociales de Països Catalans. Teniendo en cuenta que desde que se destaparon estas infiltraciones -iniciadas en 2020, pero prolongadas algunas durante más de dos años- se han ido revelando otras en el Estado español, y que el éxito del reportaje ha entregado a la opinión pública el debate sobre tales métodos, es importante que nosotros también participemos para comprender cómo se está manifestando actualmente el antagonismo de clases y para guiarnos en las luchas que vendrán.
Queremos transmitir nuestro apoyo a todas las personas afectadas personal o políticamente por las infiltraciones: ¡Solidaridad y lucha de clases contra los abusos policiales!
Contenido
¿Qué tienen en común los cuatro casos?
La publicación de las sentencias del juicio del proceso reavivó, en octubre de 2019, toda una serie de movilizaciones a pie de calle en toda Catalunya. La posterior desmovilización política fue promovida de buen inicio por los propios partidos independentistas (ARA, 19/10/19) bajo el disfraz de una condena a las acciones “violentas” de ciertos manifestantes. El caso de las infiltraciones policiales y la agravación de las tensiones entre la clase trabajadora y los propietarios de nuestros medios de vida nos permitirán señalar a continuación quién son los que auténticamente ejercen la “violencia”.
Con la llegada de la pandemia y el confinamiento en marzo de 2020, hubo una parada en las luchas sociales, después de la cual fue necesario volver a organizarse. En este contexto, cuatro policías nacionales provenientes de la misma promoción fueron enviados a Girona, Barcelona y València como “agentes de inteligencia” con el objetivo de infiltrarse en varios movimientos y de conseguir información para perseguir a quienes querían “subvertir el orden constitucional” (SER, 02/02/23).
A la figura del “agente de inteligencia”, a diferencia del “agente encubierto”, que sí está claramente tipificada en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se le exige aval ni control judicial para ejercer sus funciones; si a esto le añadimos la ausencia, dentro del marco legal, de todo tipo de regulación clara de sus funciones y responsabilidades, nos damos cuenta que, curiosamente, ¡aquellos que defienden más enconadamente el orden legal existente son quienes nunca dudan a la hora de romperlo!
Los movimientos sociales “subversivos” que tanto preocupaban a la policía nacional eran el cine autogestionado “La Cinètika”, en el barrio de Sant Andreu; la asamblea por los derechos de la vivienda “Resistim al Gòtic”, en el barrio homónimo; el movimiento antirracista “Tancada per drets”, en Girona y, finalmente, el casal anticapitalista “Cuidem Benimaclet”, en València. Todos tienen en común ser espacios de iniciativa popular donde son particulares quienes toman al Estado el monopolio de aplicar “mejoras” sociales. Nunca ningún movimiento que muestre que es la clase trabajadora, y no el Estado, quien auténticamente lucha por el bienestar social, será etiquetado por la clase dominante de otra manera que “subversivo”. Es la lucha de dos intereses irreconciliables, en que la ganancia de uno significa la pérdida del otro.
A partir de estos espacios, los infiltrados tejían una red de contactos que les permitía controlar de bien cerca no solo las actividades de las organizaciones, sino también las vidas de quienes participaban en ellas. Su justificación: “la multimilitancia de los secesionistas radicales complica especialmente su vigilancia mediante otros medios” (SER, 02/02/23). Nótese que la necesidad de vigilar los elementos considerados “radicales” nunca es puesta en entredicho en ninguna declaración y que se justifica la infiltración policial como un método más de entre el posibles.
El método de la infiltración comporta la adopción de identidades falsas para integrarse dentro del grupo del que se quiere recabar información. No estando correctamente tipificado y operándose sin control judicial, todo daño psicosocial, todo abuso emocional “posible” que se produzca durante el periodo de infiltración, no es que sea considerado un daño secundario, es que ni siquiera se considera un daño, frente a la ganancia del Estado en “seguridad ciudadana”, en “la defensa del ejercicio de los derechos y libertades”, etc. Aparte, la “posibilidad” del daño emocional desaparece y acontece una certeza tan pronto como se advierte que el establecimiento de relaciones personales profundas para infiltrarse no es algo esporádico o accidental, sino el método programáticamente utilizado. Estamos ante un método maquiavélico de manual, frente al cual nosotros tenemos que mostrar que su fin no justifica los medios.
El Estado como finalidad y la finalidad del Estado
Se nos dice que las infiltraciones policiales garantizan la seguridad pública y el ejercicio de los derechos y libertades (Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo). Los movimientos sociales que han sido infiltrados, como hemos visto, también luchan por el logro de los derechos y libertades de las personas inmigrantes y de las nacionalidades oprimidas, aparte de implicarse en la lucha por la vivienda que, según el artículo 47 de la Constitución Española, no es solo un derecho de la población, sino un deber de los poderes públicos su fomento.
¿Qué tenemos aquí? ¿Una contradicción? ¿Que quizás no estamos entendiendo la situación correctamente y por eso hemos topado con un punto muerto contradictorio? La respuesta se encuentra en la comprensión del papel del Estado en la lucha de clases y en la tensión dialéctica que se encuentra dentro de la noción de “lucha” por los derechos y libertades.
De cara afuera, la policía se presenta como una de las fuerzas de seguridad que vela por el bienestar de la ciudadanía persiguiendo la criminalidad, el terrorismo, etc., y también, como hemos ido repitiendo, la que garantiza el ejercicio de los derechos y libertades. Ahora bien, viendo que la policía es la que ejecuta los desahucios, es decir, la herramienta con que se arrebata un derecho, y a la vez la encargada de controlar y reprimir las libertades -entre de ellas la de expresión y manifestación- empezamos a sospechar que los derechos, libertades, y bienestar que dicen salvaguardar no son los de la sociedad en conjunto, sino los de una clase social muy concreta, la dominante política y económicamente: la de los capitalistas y sus asociados.

Las infiltraciones policiales son uno de los métodos con los que los capitalistas pretenden conservar sus privilegios / Archivo
La historia de la monopolización de la fuerza a manos del ejército y de la policía se remonta hasta el origen del Estado: el establecimiento de la agricultura y ganadería sedentarias permite en cierto momento la creación de un excedente en la producción. Una parte de la población se apropia de este excedente y empieza a distanciarse cada vez más del resto de la comunidad por su riqueza, la cual le permite soportar mejor las crisis, ya sean las que naturalmente acontecen en una economía agricultora ligada a los cambios meteorológicos o las causadas por las guerras con los vecinos.
La propiedad privada, surgida de la apropiación del excedente por unos pocos, se empieza a salvaguardar y a extender socialmente con la aparición paralela de los primeros códigos legales -curiosamente promovidos por el mismo grupo social que se había apropiado el excedente-, y del ejército, que en aquel momento realiza a la vez las funciones internas de la moderna policía, es decir, la función de reprimir las revueltas a causa de las malas condiciones de vida.
A medida que pasa el tiempo, se va blindando ideológicamente el papel represivo del ejército y de la policía apelando a su vertiente “benefactor” hacia la sociedad, o a su necesidad natural (aduciendo que somos malos o egoístas por naturaleza, etc., y que por lo tanto necesitamos de un órgano represor). Del mismo modo, se nos dice que el Estado, realmente surgido como instrumento de la clase económicamente dominante para oprimir política y económicamente el resto de la sociedad, garantiza el equilibrio de los intereses en conflicto.
Para acabarlo de adobar, la experiencia acumulada por la costumbre de un Estado que tiene el monopolio de la violencia, en unión con los enjambres de ideólogos, tertulianos y demás que promueven las ideas de los capitalistas y de sus asociados, llevan a la moralización de la violencia, es decir, a considerar que toda violencia que provenga del Estado es justificable y en vistas al bien común, mientras que cualquier otra demostración de fuerza que no provenga de aquel es considerada fuera de lugar e indeseable por la “paz social”. El beneficio que los capitalistas sacan de esta concepción es más que evidente.
Si existe el Estado es porque siguen existiendo las clases sociales. El modo de producción capitalista las ha simplificado al máximo: por un lado, los capitalistas, amos de los medios de producción, quienes actúan en vista de sus beneficios privados; por otro lado, la clase trabajadora, las personas asalariadas que no disponemos de otro medio de vida que no sea nuestra fuerza de trabajo, las horas y horas que pasamos trabajando con la sola finalidad de cobrar y, de este modo, poder seguir viviendo.
La única vía que tenemos la clase trabajadora para ganar derechos es la fuerza; no porque queramos, sino porque los capitalistas nunca nos darán nada de balde. Nuestra ganancia en calidad de vida es su pérdida en beneficios. El Estado, bajo la bandera de la lucha por derechos y libertades, esconde una reacción feroz contra toda demanda real de la clase trabajadora. Cuando nuestra situación es tan asfixiante que nos volcamos en las luchas sociales -las únicas que nos han demostrado que ganan derechos- y el Estado teme que la máscara con que se legitima caiga y se revele su carácter opresivo, es entonces que se recurre a métodos como las infiltraciones policiales.
La organización de la clase trabajadora
Las infiltraciones policiales, más que una garantía del bienestar social, son uno de los métodos con los que los capitalistas pretenden conservar sus privilegios. Que sea necesaria la “infiltración” en movimientos sociales es un signo claro de la separación que existe entre las necesidades de las personas y los intereses del Estado: son dos ámbitos que se excluyen.
Por lo tanto, si el Estado no garantizará nuestro bienestar, hace falta que nos organicemos como clase con unas ideas claras y una dirección resuelta, capaz de extraer conclusiones de cada lucha y que nunca ponga en entredicho que solo cuando la economía esté bajo control obrero y responda a las necesidades reales de las personas y no a los ciegos intereses del “mercado”, solo cuando la clase capitalista haya perdido sus privilegios políticos, fundamentados en la propiedad privada de los medios de producción, será entonces que para la clase trabajadora los derechos y libertades no serán ya una meta futura, sino una realidad presente, y la mera mención de las “infiltraciones policiales” no será nada más que una anécdota del pasado.
Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: [email protected]
Para conocer más de la OCR, entra en este enlace
Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí