Renovado el Consejo General del Poder Judicial sin renovación de la Justicia

En las últimas semanas se ha comentado mucho el que ha sido el último gran movimiento del Gobierno de Sánchez, que esta vez ha sido de la mano del Partido Popular de Núñez Feijóo: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Éste es el órgano que nombra a los jueces más importantes de todo el Estado (Tribunal Supremo, Tribunales Superiores, Audiencia Nacional, Presidentes de Audiencias Provinciales, etc.) y llevaba caducado desde diciembre de 2018^[1] por la necesidad de una mayoría de 3/5 en el Congreso y el Senado para nombrar a sus 20 miembros, y las evasivas del PP a llegar a un acuerdo. Varias han sido las polémicas despertadas por la renovación, desde lo beneficioso o no que puede ser este pacto para todo el país, hasta la ruptura de los Gobiernos autonómicos de PP y Vox y la calificación de este acontecimiento como el inicio de una gran coalición (entre PSOE y PP). Analizaremos aquí éstas y otras implicaciones de la renovación, así como las necesidades de la clase trabajadora en el ámbito judicial.

¿Qué supone esta renovación?

Partimos de la base de que, efectivamente, si ya de por sí el poder judicial está inmerso en la crisis en la que la democracia burguesa anda encallada a nivel mundial, la justicia burguesa española estaba entrando por la falta de nombramientos de jueces en una situación de ineficiencia muy evidente. Los datos señalan que en 2023 quedaron sin resolver 426.075 procedimientos^[2], sólo en el ámbito de lo social. Se resolvieron un 7,7% menos casos que en 2022. En algunos casos, esto ha provocado citaciones para resolver juicios de hasta 5 años de espera. Los sindicatos han llegado a advertir que la situación era intolerable y estaba provocando, por ejemplo, un aliciente para el abuso de los empresarios a los trabajadores. El nuevo CGPJ tiene pendientes más de 100 nombramientos de jueces en todo el Estado. Las altas instituciones de la Unión Europea también habían hecho ya varias llamadas de atención, tanto al Gobierno como a la oposición, instándoles a llegar a un acuerdo, y de hecho han sido mediadores para alcanzar el mismo. Sin embargo, el hecho de que, ciertamente, se vaya a desbloquear esta situación, no quiere decir que sea en favor de la clase trabajadora.

Como ya hemos analizado repetidamente, asistimos a una crisis mundial de la democracia burguesa, que por supuesto se expresa también en el poder judicial. En los últimos años, ha habido multitud de ocasiones en las que el poder judicial ha despertado la desconfianza y descrédito de las masas, que han acabado echándose a la calle para torcerle el brazo ante una sentencia injusta y donde se les ha visto el plumero en su posición de protección de los privilegios de la clase dominante. Especialmente notorio ha sido el sesgo machista del poder judicial en la cuestión de la emancipación de la mujer: caso de la manada, caso de Juana Rivas, las disminuciones de penas a violadores para derribar a Irene Montero como Ministra, etc. Pero también ha quedado clara la posición de clase del poder judicial en asuntos como las abusivas cláusulas suelo de las hipotecas, las sentencias a raperos y twitteros que llamaban a movilizarse contra el Rey y el Régimen del 78, el golpe suave^[3] que prohibió sesionar al poder legislativo en diciembre de 2022, todo lo concerniente a la autodeterminación democrática de Catalunya, el encarcelamiento de los presos políticos catalanes, y la posterior amnistía; o los servicios prestados a las cloacas del Estado y el lawfare, que ha tenido su último capítulo con los audios del juez Joaquín Aguirre, en lo que parece ser un caso claro de prevaricación contra los presos políticos catalanes; y un largo etcétera.

Si los secuaces de Úrsula von der Leyen en la U.E. hicieron ese llamamiento al entendimiento entre PSOE y PP, no fue por su preocupación por el bienestar de la clase trabajadora española, sino por miedo a que la situación rebasase cierto límite y provocase un estallido social. Y es que, ante la traición a la clase trabajadora de los sucesivos gobiernos de Sánchez (primero en solitario y después en coalición con Unidas Podemos y Sumar), la jugada de la derecha^[4] consistía en mantener los órganos judiciales sin renovar, esperar que el Gobierno cayera por sí solo en las urnas y posteriormente renovarlos nuevamente con mayoría de jueces conservadores.

Hay que decir que también ha sido la cobardía del Gobierno lo que ha contribuido a esta situación, ya que desde 2018 podría haber cambiado la ley para la renovación del CGPJ y reducir la mayoría de 3/5 a mayoría absoluta del Congreso para terminar con la mayoría conservadora y reaccionaria de dicho órgano, a pesar de que a la derecha no le ha temblado el pulso para imponer mayorías de jueces conservadores cuando ha tenido el Gobierno. La paciencia de Sánchez se estaba colmando tras el ciclo electoral cerrado con las elecciones europeas del pasado mes de junio, y ya había dado en los medios de comunicación un ultimátum al PP para pactar la renovación en el mes de junio o buscaría otras alternativas^[5].

El problema es que la renovación pactada tampoco ha sido una mayoría de jueces progresistas. Muy al contrario, el pacto firmado por el Ministro Bolaños reparte los vocales en el nuevo CGPJ al 50% entre PP y PSOE y concede al PP la posibilidad de veto en los nombramientos para los órganos superiores (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional…), ya que se ha firmado que deberán elegirse por mayoría de 3/5 de vocales del CGPJ. Debemos señalar también el enorme desprecio dado a los aliados parlamentarios del PSOE, a los que no se les ha cedido ningún vocal, como sí se ha hecho en el pasado, por ejemplo, con IU o el PNV. Además, se ha dado una patada hacia delante en lo que respecta al debate sobre la propuesta de la derecha de “que los jueces elijan a los jueces”, es decir, privando de elegirlos al Congreso, único poder que emana de la voluntad popular, aunque distorsionadamente.

El acuerdo recoge que será el propio CGPJ quien redacte una propuesta, en un plazo de seis meses, de cómo elegir el siguiente CGPJ en 2029, atendiendo a las legislaciones de otros países europeos. Esto quiere decir que el Gobierno ha renunciado a la unilateralidad de garantizar al Congreso la elección del CGPJ, que es la única manera de conseguir que una parte de ellos no sean de carácter totalmente reaccionario. Pues, de las cuatro asociaciones de jueces que suelen colocar miembros en el CGPJ, tres de ellas son conservadoras: Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco Vitoria y Foro Independiente Judicial; y sólo una de ellas es algo más progresista: Jueces y juezas para la democracia. Como ya analizamos en un artículo en 2018^[6], la tan cacareada independencia del poder judicial es completamente irreal. Sólo mediante la elección y revocabilidad directa de los jueces por parte del pueblo y la limitación de salarios, podríamos empezar a hablar de la democratización del poder judicial. No es de extrañar que Aznar, en un comunicado a través de FAES, aplaudiera el pacto a Feijóo, diciendo: “ha hecho lo que tenía que hacer, y lo ha hecho muy bien”.

¿Gran coalición?

El pacto ha sido criticado a izquierda y derecha de PP y PSOE pero, obviamente, por razones diferentes. La pataleta de Vox saliendo de los Gobiernos autonómicos^[7] en los que estaba con el PP, tras la renovación del CGPJ y el acuerdo de reparto de migrantes menores de edad entre las Comunidades Autónomas, obedece más a un movimiento internacional que a una gran coalición de facto entre PSOE y PP. Y es que el partido de Abascal, ante su estancamiento en las urnas, no sabe ya qué movimiento realizar para llamar la atención y tratar de hacer crecer su electorado. En un contexto internacional convulso, donde la extrema derecha europea se ha reagrupado en torno a las figuras de Viktor Orbán y Marine Le Pen, a lo que podría sumarse la victoria de Trump en las elecciones de otoño en EEUU; Vox ha decidido tirarse al río revuelto y esperar la ganancia de pescadores. Ante el avance (aunque limitado) de la extrema derecha rabiosa en diferentes países, en lugar de cumplir su papel de perro fiel del PP, han decidido mostrar oportunistamente una cara más “rebelde”. Veremos si realmente cesan los apoyos al PP en los parlamentos autonómicos, en el poder legislativo.

Por su lado, Podemos, tras su caída en picado del último ciclo electoral, ha abanderado la crítica al pacto considerándolo el inicio de una gran coalición, ya que ambos partidos han mostrado intención de renovar también las cúpulas del Banco de España, el Consejo de RTVE u otros. Ante esto, lo primero que deberíamos preguntar es ¿en algún momento PSOE y PP dejaron de estar de acuerdo en lo fundamental? Recordemos que fue en presencia de Podemos en el Gobierno cuando se mintió a los trabajadores al publicar la supuesta derogación de la reforma laboral de Rajoy. Fue también ante la presencia de ministros de Podemos cuando se fusionó Bankia, rescatada con dinero público, con La Caixa y se perdió la posibilidad de tener, si no todo el sector, al menos, un banco público del Estado español. O cuando se asesinó a 37 migrantes en Melilla, con la permisividad del Estado español, e Irene Montero cerró la boca a la orden de la portavoz del PSOE en rueda de prensa. El PSOE de 2024 no es más reaccionario que el de 2019, ni el PP lo es menos.

El único análisis materialista que se puede hacer de este acuerdo es que el Estado, como explicó Engels, se eleva sobre la sociedad con el objetivo de evitar que esta se devore a sí misma. Es decir, con el objetivo de apacentar la lucha de clases, por otro lado, inevitable. Es más, nada habría cambiado realmente de haberse cumplido los deseos de Pablo Iglesias, de nombrar a Victoria Rosell vocal del CGPJ. Ni siquiera, aunque hubiese habido mayoría progresista en el CGPJ. Las entrañas del Estado seguirían actuando en favor de la burguesía, y unas cuantas reformas positivas que nos concedieran con una mano, nos las quitarían de algún otro modo con la otra. La única manera de cambiar esa correlación de fuerzas en el Estado es mediante un proceso revolucionario que sustituya íntegramente el Estado burgués, con todas sus leyes y órganos, por un Estado proletario, con nuevas instituciones y nuevas leyes.

Hacia una justicia socialista

Como hemos explicado, la clase trabajadora no puede aspirar a su completa emancipación, y en ella, a una verdadera justicia proletaria, mientras no derribemos el Estado burgués. Sin embargo, sí que es importante luchar por medidas transitorias que arrojen luz en este sentido y allanen el camino a una revolución, también en el ámbito judicial. La clase trabajadora debe organizarse y continuar la senda que iniciaron las protestas contra la sentencia de la manada, o las concentraciones en las puertas de las sedes judiciales tras la sentencia de las cláusulas suelo. Debemos avanzar en medidas de control democrático sobre el aparato del Estado, aunque tengan un carácter parcial, como que todo juez sea elegible y revocable por elección directa mediante sufragio universal, así como la incorporación del jurado popular en los procesos judiciales. Acabar con los privilegios salariales que perpetúan esta casta judicial reaccionaria y eliminar el secreto judicial, tan necesario para llevar a cabo todos sus chanchullos. En el caso concreto del Estado español, además, como hemos visto en mil ocasiones, es vital la depuración de todos los elementos procedentes de la dictadura franquista, que aún habitan en la médula espinal del Estado español.

 

^[1] https://elpais.com/espana/2024-06-25/psoe-y-pp-se-citan-en-bruselas-con-la-comision-europea-para-cerrar-el-acuerdo-del-poder-judicial.html

^[2] https://www.publico.es/politica/atasco-juzgados-dirimen-despidos-pensiones-andalucia-causa-retrasos-citaciones-juicios-2029.html

^[3] https://www.comunistasrevolucionarios.org/responder-al-desafio-con-desafio-frente-al-golpe-judicial-no-acatar-y-desobediencia/

^[4] https://www.comunistasrevolucionarios.org/el-bloqueo-del-poder-judicial-agudiza-la-crisis-de-regimen/

^[5] https://elpais.com/espana/2024-05-26/el-gobierno-estudia-alternativas-para-renovar-el-consejo-del-poder-judicial-sin-el-pp-tras-2000-dias-de-bloqueo.html

^[6] https://www.comunistasrevolucionarios.org/la-eleccion-del-consejo-general-del-poder-judicial-y-la-falacia-de-la-justicia-independiente/

^[7] https://www.comunistasrevolucionarios.org/vox-rompe-los-gobiernos-autonomicos-que-hay-detras-contra-el-veneno-del-racismo-unidad-de-clase/