Vox rompe los gobiernos autonómicos: ¿Qué hay detrás? – Contra el veneno del racismo, unidad de clase

La ruptura de los acuerdos de gobierno PP-Vox en cinco autonomías se produce en un momento muy interesante de la crisis del régimen del 78. Las razones para este giro brusco van más allá de la crisis migratoria, aunque esta sea su desencadenante y su principal motivación, y son de alcance tanto estatal como internacional.

Después de casi un año de movilización constante de la pequeña burguesía reaccionaria, con la amnistía a los presos políticos catalanes como punto de ataque, y de acoso judicial contra las izquierdas, el independentismo catalán y el propio entorno del presidente del Gobierno, la derecha y el sector más reaccionario del aparato del Estado han fracasado en su intento de derribar al gobierno. Las movilizaciones de la derecha se han ido agotando, las iniciativas judiciales se han revelado como verdaderas chapuzas y la burguesía y sus representantes más cualificados piden estabilidad y dejar gobernar en paz a un gobierno que en ningún momento ha dejado de defender los intereses esenciales del capital.

Una ruptura parcial

Vox ha roto los gobiernos autonómicos que salieron de las elecciones de mayo de 2023, cuando el avance de la derecha parecía imparable y Pedro Sánchez parecía estar, una vez más, contra las cuerdas. Desde su constitución, estos gobiernos lanzaron una verdadera ofensiva contra la izquierda y contra los derechos civiles de las minorías, entrando en una loca carrera de derogaciones y contrarreformas, adobada con la censura de espectáculos públicos y de libros y otras publicaciones que sus señorías consideraban indecentes o simplemente izquierdistas.

Fue precisamente el indisimulado afán revanchista de la derecha uno de los factores que más claramente movilizaron al electorado de izquierdas en las elecciones de julio de 2023, que se saldaron con una nueva derrota de la derecha, incapaz de conseguir una mayoría decisiva a nivel estatal.

Ahora, Vox abandona estas cómodas posiciones institucionales en respuesta al acuerdo entre el gobierno y las comunidades autónomas para acoger a los cientos de menores migrantes que en estos momentos se hacinan en Canarias. Esta decisión sólo puede entenderse como un movimiento de la dirección de Vox, recién resuelta su crisis interna con el triunfo del sector más reaccionario, para salvaguardar la defensa de su programa y su propia autoridad ante su base electoral, que quedaría seriamente dañada si se hicieran corresponsables de un acuerdo que va contra sus postulados racistas antiinmigración.

Aun así, el éxito de Abascal no ha sido completo. El PP ha logrado retener en sus cargos a buena parte de los consejeros de Vox, incluyendo al único que tenían en el gobierno extremeño. El giro no se ha dado sin dudas ni tensiones en el interior del partido. Pero a pesar de todo el ruido, esta no deja de ser una ruptura parcial; las mayorías de la derecha en las asambleas regionales van a permanecer inalterables, los presupuestos para 2024 ya están aprobados en la mayor parte de los casos y, de aquí en adelante, Vox va aprovechar su posición para aprobar o impulsar nuevas leyes reaccionarias (como ya está haciendo en Baleares, donde no formaba parte del gobierno pero sí tiene la presidencia de las Cortes). Además, la ruptura de los acuerdos con el PP no se va a extender a los ayuntamientos. El bloque de la derecha sigue existiendo en la práctica, aunque su forma concreta sea otra por el momento.

Se acabó la fiesta: a Vox le sale un competidor

Las elecciones europeas han supuesto la irrupción de una nueva fuerza de ultraderecha en el Estado español, Se acabó la fiesta, del pseudoperiodista Alvise Pérez, que ha obtenido más de 800.000 votos y tres escaños en el parlamento europeo. Pese a que Vox obtuvo unos resultados aparentemente buenos, apareciendo como una fuerza política ya consolidada y estructural en el sistema español de partidos, los de Abascal no han avanzado decisivamente, al menos no al compás de otras fuerzas de ultraderecha europeas, y no pueden dejar de sentirse amenazados por esta nueva fuerza que ha conseguido penetrar en buena parte de sus base social, especialmente en los sectores juveniles de las capas medias y entre otros jóvenes que, por falta de una alternativa seria en la izquierda, se dejan seducir por la demagogia liberal de Milei y la retórica justiciera de Bukele.

Se acabó la fiesta es la expresión política del submundo mediático que floreció durante la pandemia al calor de la ofensiva de las derechas contra el Estado de alarma y la política de Sánchez en general, una corte de provocadores y chulos de algarada que ha sido alimentada con mimo todos estos años por los dirigentes de Vox y que, a diferencia de sus mayores, están libres de cualquier compromiso con ningún partido del régimen. La competencia de Alvise es sin duda un factor para la ruptura de los pactos autonómicos, pero no necesariamente el más importante.

Acuerdo para la renovación del CGPJ: ¿El comienzo de una gran amistad?

Poco antes de la ruptura entre PP y Vox, se anunció el acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un asunto de extrema importancia para la estabilidad del régimen que, con el prolongado bloqueo del órgano de gobierno de los jueces veía debilitarse la autoridad de este poder esencial del Estado.

El acuerdo ha sido posible por una combinación de factores, entre los que claramente cuentan los resultados de las elecciones europeas y el pacto estructural de populares y socialdemócratas, el agotamiento, de nuevo, de la movilización reaccionaria contra la amnistía y los propios intereses corporativos de los jueces cuyos ascensos se veían imposibilitados por dicho bloqueo. El acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del CGPJ ha sido insistentemente reclamado por la Comisión Europea, y finalmente se ha firmado en los términos que esta exigía, garantizando tanto la renovación que exigía el PSOE como las concesiones al corporativismo judicial que exigía el PP.

El acuerdo puede ser interpretado como un primer paso en la vuelta a la normalidad institucional del régimen del 78, e incluso como el primer paso hacia una “gran coalición” entre PP y PSOE, al menos en lo que a “cuestiones de estado” se refiere, de forma análoga a la gran coalición de los populares europeos con los socialdemócratas y los liberales para repartirse las posiciones clave de la Unión (dejando fuera a la ultraderecha). Estos acuerdos han provocado la lógica indignación tanto de Sumar, Podemos y las izquierdas nacionalistas como de Vox. Pero la realidad, como demuestran los hechos y las declaraciones de los dirigentes de la derecha en las últimas semanas, es que la “gran coalición” propiamente dicha, el acuerdo global de gobierno entre socialdemócratas y conservadores, es imposible en el Estado español por el carácter de la derecha y por las tradiciones de la clase trabajadora.

El veneno racista de Vox y cómo combatirlo

El acuerdo para la reubicación de los menores migrantes es parte de este mismo camino de normalización política del régimen del 78 mediante el acercamiento entre el PP y el PSOE y ha terminado por dejar fuera de juego a Vox, que no podía dejar de reaccionar ante el mismo so pena de perder toda credibilidad ante sus votantes y quedar inhabilitado como alternativa reaccionaria. Desde su irrupción en las andaluzas de 2018, Vox ha hecho del racismo y de la criminalización de los trabajadores migrantes uno de los ejes de su agitación, discurso que se torna especialmente miserable cuando se lanza contra los menores no acompañados, construyendo toda una película de terror en torno a estos.

Por encima de todos los demás, este factor es el que más ha pesado para la ruptura de los pactos autonómicos. Vox busca reforzar su discurso antiinmigración en previsión de un giro reaccionario de masas por el que, por supuesto, ellos van a agitar. Para ello necesitan estar libres de compromisos con un PP que se acerca al PSOE en este y otros aspectos de la política general y a la vez neutralizar a Alvise como posible alternativa a su derecha. Vox trata por todos los medios de postularse como punta de lanza en la defensa de los intereses patronales a la hora de dividir a la clase obrera entre extranjeros y nativos.

Lo cierto es que, hasta ahora, las masas de la clase trabajadora española han sido impermeables a este veneno racista, pero las cabezas pensantes (si se les puede llamar así) de Vox insisten en que esto va a cambiar con la próxima crisis y que la cuestión de la inmigración, y del islam, llegará a ser tan decisiva en el Estado español como lo es en Francia. La realidad es que en Francia las masas han frenado a la ultraderecha de Le Pen, que ha quedado lejos de poder formar gobierno, y no nos cabe duda de que aquí pasará lo mismo, con la salvedad de que Vox es incomparablemente más débil que Ressamblement National.

El mejor seguro contra la penetración del veneno racista en nuestros barrios y pueblos es el pleno reconocimiento de derechos políticos a los trabajadores migrantes, para que todo aquel que trabaje en el Estado español tenga derecho al voto y a la actividad política y sindical en el Estado español; también lo es actuar de forma decisiva contra los empresarios que se lucran con la sobreexplotación de la mano de obra migrante, que son los más interesados en dividir a los trabajadores para aumentar sus beneficios; y, por encima de todo, el mejor seguro contra la reacción en todas sus formas es la construcción de un partido comunista de masas, con verdaderas raíces en los barrios y pueblos de todo el Estado. Sólo así derrotaremos definitivamente a la reacción y al sistema capitalista que la prohíja.