Sentencia del caso Nóos: con los Borbones hemos topado
“Una sentencia de mínimos” es el cínico titular de hoy del diario El Mundo, refiriéndose a lo bien parada que ha salido la hermana del Rey Felipe VI de los delitos de que era acusada, y de los que ha resultado absuelta.
La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 6 años y 3 meses de cárcel al cuñado del Jefe del estado, Iñaki Urdangarín, por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales, junto con el pago de una multa de 513.000 euros. En el fallo, hecho público el viernes pasado, las magistradas de la Audiencia mallorquina han exonerado a la infanta Cristina, a quien la fiscalía (la representación del Estado) no acusaba de ningún delito, a pesar de que era la copropietaria de la empresa beneficiaria de la actuación ilegal.
En cambio, Iñaki Urdargarin y su exsocio Diego Torres, sí fueron juzgados de apropiación ilegal de hasta 6,2 millones de euros de dinero público, procedentes de diferentes administraciones gobernadas por el PP en Baleares, Valencia y Madrid. Además de todos los mencionados, también se juzgaba a destacados miembros del PP, como el expresidente de Baleares Jaume Matas (también condenado a 3 años de cárcel), y conocidos empresarios de Baleares.
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Los antecedentes
Han sido muy conocidos algunos aspectos de la instrucción previa del caso, llevada a cabo desde el año 2010 por el juez Castro, de Palma de Mallorca, a raíz de que el gobierno de izquierda balear sacase a la luz descuadres millonarios en las cuentas de construcción del palacio de deportes mallorquín Palma Arena. El juez Castro se atrevió a llamar a declarar a la Infanta Cristina, a pesar de recibir una presión descomunal por parte de la prensa y organismos varios del gobierno del PP. Castro ha declarado al conocer la sentencia “… el tribunal ha dado por bueno que Cristina de Borbón no se enteraba de nada, que firmaba el autoalquiler de su palacete de Pedralbes sin saberlo, que estaba en la empresa Aizoon siendo una ingenua… Yo con eso no estoy de acuerdo. Cuando la interrogué me contestó mil veces con evasivas y así es muy difícil que me pudiera convencer. A lo mejor si me hubiera contestado me habría convencido pero como no me contestó, no lo hizo».
En su momento, el juez Castro determinó que Urdangarín “difícilmente” pudo haber defraudado a Hacienda “sin cuanto menos el conocimiento y aquiescencia de su mujer”. Y es que mientras que su empresa daba pérdidas, en ella se cargaban todos los gastos personales de los duques: viajes al extranjero, la rehabilitación, decoración y suministros del palacete del exclusivo barrio de Pedralbes (su vivienda en Barcelona), los costes de seguridad social y salarios de los empleados del servicio doméstico, entre otros.
Este caso debe ser de los primeros del derecho español donde la principal responsable de una empresa no resulta responsable a todos los efectos de la obtención indebida de los beneficios de la misma.
La condena
La ex princesa resulta condenada a pagar una multa de 265.000 euros, pero como en su momento depositó una fianza de 587.000 euros, en los hechos, el Estado le va a devolver más de 200.000 euros. No sólo eso, la acusación particular (la asociación ultraderechista “Manos Limpias”) deberá correr con los gastos que le ha ocasionado el juicio.
Realmente, la condena ha sido también más que benévola para el propio Urdangarín, teniendo en cuenta que el fiscal pedía 18 años de cárcel. Ha tenido la “fortuna” de haber sido condenado sólo por sus negocios mallorquines, pero no por el resto y siempre con los mínimos agravantes en los 4 delitos en los que ha sido condenado, con penas de entre 7 meses y dos años en cada uno de ellos.
Ha resultado probado que algunos de los negocios efectuados por Urdangarín fueron concertados físicamente en Marivent, el Palacio de recreo que usa la monarquía Borbón cuando reside en Mallorca. Las juezas, en su fallo sobre la parte mallorquina de lo investigado, declaran que el ex duque de Palma ejercía “…una presión moral de entidad suficiente para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos” que “asumían sin cuestionamiento alguno sus pretensiones”. Esta extraordinaria capacidad de sugestión del ex duque, que casi nos transporta a los antiguos poderes divinos que emanaban de la autoridad real, según las juezas perdía fuerza una vez cruzado el Mediterráneo, porque, a pesar de que utilizando las mismas influencias lograse contratos de varios millones en tierras valencianas, sin embargo allí no se produjo delito según el fallo emitido el pasado viernes.
La explicación más prosaica que explica este diferente comportamiento se debe al hecho de que cuando estalla el caso Palma Arena hay descuadres millonarios y faltan facturas, mientras todos los “trabajos” efectuados por las empresas de Urdangarín, su socio Torres y la Infanta Cristina en las tierras del Turia (o en Madrid) sí tuvieron como consecuencia la celebración tangible de eventos deportivos con facturas que a juicio de las magistradas presentan más solidez, por más que la cuantía por el tipo de trabajo de representación efectuada sea, cuando menos, igual de sospechosa que en Mallorca.
Sí hay escarmiento
La condena principal recae sobre Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin. El tribunal le castiga con 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y multa de 1.723.843,10 euros por prevaricación, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, delitos fiscales y blanqueo. Diego Torres se convirtió en la práctica en un colaborador judicial, al revelar decenas de correos electrónicos que probaban la comnivencia por parte de Cristina de Borbón, como representante legal de la empresa Aizoon, co-beneficiaria de todos los negocios de representación de su marido. No sólo eso, había también correos dirigidos directamente a la Casa Real y al anterior Jefe del Estado, donde se le invitaba a éste a actuar de mediador en algunos de los negocios. También había correos varios entre Urdangarín y la señalada por los medios como ex- amante del anterior Jefe del estado, Corinna su Zayn-Wittgenstein.
En las investigaciones donde hay un colaborador que facilita datos de la investigación a la justicia, suele haber un cierto trato de favor con respecto a la fuente. No resulta difícil pensar que el juez Castro estuviese interesado en facilitar la mayor confianza posible en este sentido, dadas las declaraciones del investigado. Así, Diego Torres afirmó: “…Don Iñaki seguía detrás de los proyectos y esto tampoco era ajeno [a la Casa del Rey] (…) La recomendación era que se cubrieran las apariencias, pero no que no pudiera estar en la fundación…”; o también “…Tengo montones de comentarios del señor Urdangarín de sus conversaciones con su esposa, sus opiniones y absolutamente de acuerdo en la línea que se estaba tomando se cuidaran las apariencias y que simulara estar fuera de Nóos…”.
Los hechos son los hechos. Las señoras juezas deben haber considerado que todo esto son elucubraciones sin importancia o que no hay suficientes pruebas que demuestren nada. Ni siquiera que hay que seguir investigando estos hechos, que supuestamente no están efectuados por fulanito, sino que nada más y nada menos tocan a los dos últimos Jefes del estado español. Como bien ha dicho el coordinador de IU, Alberto Garzón “el ciudadano Juan Carlos de Borbón dijo que la ley era igual para todos. Como sucesor de Franco sabía que siempre hay ‘nobles’ excepciones”. El orden constitucional es el orden constitucional. Como bien escribe entre líneas toda la prensa burguesa la Monarquía ya purgó sus pecados con la dimisión de Juan Carlos de Borbón en su hijo Felipe. Y aquí paz y después gloria. La principal fuente reveladora de todo el entramado, Diego Torres, ha sido la principal condenada, en una peculiar derivada por parte de los poderes del Estado de la famosa sentencia “Roma no paga traidores”.
Irregularidad del proceso
En su momento, el Frente Cívico, dirigido por Julio Anguita, se quiso personar también como acusación particular, pero en el 2014 fue conminado a aceptar como procurador al de la asociación ultraderechista “Manos Limpias”, que se había personado como acusación particular con antelación. Correctamente, el Frente Cívico rehusó a ello, exponiendo públicamente su no confianza en “Manos Limpias” a la hora de llevar el caso hasta el final, y fue apartado por ello del caso. Hoy, Manos Limpias ha asegurado que no va a recurrir la sentencia, lo que demuestra proféticamente cómo la acusación de “Manos Limpias” fue un montaje.
De hecho, para quede aún más clara la irregularidad consentida de todo el procedimiento desde un punto de vista cabal, ya en 2014 el juez Pedraz llevó a cabo investigaciones que demostraron cómo la asociación ultraderechista “Manos Limpias” estaba en comnivencia con la obscura asociación de consumidores Ausbanc, para iniciar procedimientos judiciales falsos contra figuras públicas con el fin de extorsionarlas en privado. Lo vergonzoso de toda esta situación es que jurídicamente ya ha habido condenas contra los responsables de “Manos Limpias” desde hace meses ¡y no se les ha inhabilitado como acusación particular merced a una muy peculiar interpretación de la legislación española!
El juez Castro ha recordado hoy otros procesos judiciales ocurridos en los últimos años, señalando la discriminación en el trato entre aquellos y el que nos ocupa. Nosotros acabamos nuevamente con el compañero Garzón. Trabajador, trabajadora “Si TÚ firmas una cláusula suelo con el banco que te roba, eres culpable. Si la INFANTA firma corrupción y estafa es que no sabe lo que hace”. Pero esto no es nada nuevo, desde que hay clases sociales. Recientemente, un joven que estafó 79 euros con una tarjeta de crédito falsa ha sido condenado a prisión efectiva de 6 años, el vividor de Urdangarín ha estafado 6,2 millones de euros a los contribuyentes y recibe la misma pena. Como decía el viejo Solón de Atenas, que pergeñó la primera constitución ateniense: las leyes son semejantes a las telas de araña; los débiles quedan atrapados en ellas, y son deshechas por los fuertes y poderosos.
Los poderes públicos y privados llevan tiempo queriendo echar tierra encima de todo este proceso, que destapa nuevamente el insaciable apetito de lucro de los miembros tocados por el apellido Borbón, no repuestos aún de su etapa histórica de ostracismo fuera del Estado español, cuando fueron pedigüeños consentidos, lamiendo durante décadas las botas y las carteras de los especuladores, ladrones y aventureros más conocidos para asociarse a ellos y prosperar.
No nos van a engañar
Hoy es sábado de carnaval en Cádiz. No han sido ni una ni dos las agrupaciones carnavaleras que se han referido con ironía, desprecio y odio de clase contra estos crápulas, sino muchas. Varias de ellas han entrado a la final y han sido ovacionadas por el público puesto en pie. No. Por mucho que hagan, millones de personas han asumido que esta Monarquía, ligada al poder de los principales ricachones, y que simboliza el régimen de opresión en que vivimos, debe perecer. Todos los partidos del régimen: PP, Ciudadanos, y la gestora del PSOE. se han solidarizado con la sentencia y con la Monarquía. Les acompañarán en su caída. Honra a Unidos Podemos haber sido el único partido estatal en criticar abiertamente la sentencia.
La monarquía borbónica es una pieza fundamental para la estabilidad del sistema capitalista español y los intereses de la oligarquía que lo domina. No es casual que Telefónica le diera un puesto relevante a Urdangarín en Washington hace unos años, y que la infanta Elena esté a sueldo de La Caixa. La monarquía está dotada de poderes excepcionales, semiocultos en las Constitución, que pueden ser útiles en momentos de conmoción social. La burguesía española sabe que el desprestigio borbónico llevado a sus límites, como expresión de la descomposición del sistema, tal cual sucedió en 1868 y 1930, conduce directamente a conmociones revolucionarias y a la república. Estamos inmersos en un período parecido, y esta sentencia -a los ojos de millones- reafirma el pavimento del camino que nos conduce a ese destino.
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