Un año de gobierno de la derecha en el País Valencià

Desde el pasado 28 de mayo de 2023, a raíz del resultado de las elecciones autonómicas, en el País Valencià hemos sufrido las consecuencias de un gobierno de estas características. Gran parte de lo ocurrido no es ninguna sorpresa, ya que ambos partidos, PP y VOX, presentaron un acuerdo conjunto de 7 páginas el 13 de junio con medidas a futuro en materia de “libertad”, economía, agua y patrimonio, entre otros. En este acuerdo las dos formaciones señalan la “necesidad de asegurar un gobierno de cambio en la Comunitat Valenciana”: nadie ha dicho que los cambios no puedan ser a peor.

El 21 de marzo de este año se registraron toda una serie de medidas reaccionarias que, pendientes de aprobarse de cara al verano, por supuesto no representan a la mayoría de la población. Una de las más destacadas es la eliminación del valenciano como lengua vehicular de cara al próximo curso. El objetivo es que sean las familias las que puedan decidir la lengua y no el consejo escolar. PP y VOX, como siempre, utilizan la excusa de apuntalar la familia como institución social predominante, como si estuviera amenazada. Lo que  supuestamente defienden, en nombre de la libertad, es que sean los padres, criados en un Estado que se unificó definitivamente mediante la violencia, donde el castellano es la lengua predominante, quienes tengan la opción de elegir qué lengua estudiarán sus hijos.

No hay que estar muy avispado para ver que, con esto, lo único que quieren es eliminar el valenciano de las aulas y, como en el franquismo, convertirlo en una lengua “vulgar” que solo se hable en la intimidad y no en los ámbitos públicos, con el objetivo último de favorecer su desaparición. La eliminación de la Oficina de Drets Lingüístics y el Consell de les Llengües son una buena prueba de todo esto.

La derecha ha utilizado el término “valenciano” como una forma de dividir a los que hablamos en catalán, para aislarnos e intentar borrar nuestra historia, la historia del País Valencià. La única forma de terminar con la opresión política y cultural es conseguir una igualdad efectiva. La defensa de los derechos democráticos es el primer paso. No se puede ceder terreno en ningún aspecto. No se puede permitir que se lleven por delante en cuestión de meses la lucha de tantas personas.

En materia económica, lo más destacable es la supresión del impuesto de sucesiones, una medida recurrente en los gobiernos reaccionarios que beneficia enormemente a empresarios, rentistas y grandes propietarios. Eso es lo que son. Los capitalistas ya se aprovechan del trabajo de la mayoría sin restricciones: la eliminación de este impuesto se hace con la excusa de que los pobres también heredan, pero es difícil comparar la casa en ruinas que hereda una familia trabajadora con las empresas y propiedades que puede heredar un capitalista.

Los ricos consideran que cualquier impuesto es equivalente a un robo. Así, ocultan conscientemente que su patrimonio proviene de la plusvalía, el trabajo no remunerado, y que en todo caso un impuesto es una forma de recuperar una pequeña parte. Si los empresarios se quejan de pagar impuestos, están afirmando abiertamente que no quieren que tengamos ni los servicios públicos más básicos.

También ha sido polémica la conocida como “ley de concordia”, implantada en otras comunidades gobernadas por PP y VOX, que sustituiría a la vigente ley de memoria democrática, acusada de promover una visión “unilateral” de la historia. La ley eliminaría la palabra “dictadura” a favor de hablar simplemente de “franquismo”, borraría el mapa de fosas comunes del País Valencià y retiraría las subvenciones a asociaciones que intentan preservar la llamada memoria democrática. La propuesta menciona que “no importa el bando, ni el origen, ni las creencias, el sufrimiento y la muerte fue la misma [sic] para todos”, porque “las víctimas fueron y son víctimas con independencia del lugar donde cayeron”. Así, ambos partidos intentan equiparar los muertos en la guerra civil y la represión franquista con los represaliados durante la Segunda República.

Pero, ¿a quiénes se refieren? ¿A los trabajadores que fueron perseguidos y asesinados para acabar con la Comuna Asturiana, por un gobierno ultraderechista, en una represión en la que el mismo Franco, con legionarios y regulares llegados desde Marruecos, estuvo implicado? ¿A sus mujeres, que fueron violadas impunemente tras la derrota? Claro que no. Es patético comparar a un ejército lleno de fascistas, apoyado por los nazis y la Italia de Mussolini, con el pueblo alzado en armas, que finalmente fue derrotado, humillado y exterminado. No se puede tolerar que, aun a día de hoy, la derecha intente reescribir la historia o equiparar a vencedores y vencidos en lo que fue una guerra civil cruel que dio paso a una dictadura larga y agónica.

Pero defender los derechos democráticos no es suficiente. Los derechos se deben conquistar. Y esto solo se puede hacer saliendo a la calle. Nada de lo que tenemos es un regalo. Nuestros derechos nacen de la lucha de la mayoría, que somos los trabajadores. La lucha por defender los derechos democráticos es, hoy en día, la lucha de los trabajadores. Solo nosotros podemos llevar a cabo una movilización sostenida en el tiempo que vincule la lucha por los derechos democráticos con las cuestiones más urgentes como el alquiler, que no debería superar el 10% del salario. Las grandes masas son las únicas que pueden derribar este gobierno de empresarios y nostálgicos del franquismo.

Esto no acabará nunca si no construimos un mundo igualitario. Y no podemos hacerlo en el contexto de una sociedad capitalista, donde una minoría vive, como un parásito, a expensas de la mayoría. Todo lo que tenemos, lo que necesitamos, y lo que podemos hacer, todo nace del esfuerzo conjunto de los trabajadores. Pero la propiedad de todo aquello que nos permite desarrollarnos es privada. Esta contradicción es irresoluble: la única escapatoria es romper con el capitalismo.

Conocemos las consecuencias de no hacerlo: hambre, miseria, explotación, guerras y barbarie. Las instituciones actuales no sirven para evitar estos problemas. Pero no podemos permitir, esperando un mundo mejor, que el actual acabe trágicamente. Ahora tenemos un gobierno de empresarios y franquistas, con elementos abiertamente reaccionarios, que no ha dudado ni un momento en cargar contra nuestros derechos democráticos, tergiversando nuestra historia y cultura para favorecer los intereses del nacionalismo español burgués y centralista. Sabemos quienes son. Y sabemos que no nos representan. Es el momento de enviar un mensaje: no vamos a permitir ningún retroceso. “Solo cuando los “de abajo” no quieren y los “de arriba” no pueden seguir viviendo a la antigua, solo entonces puede triunfar la revolución”.