41 años del asesinato impune de cinco trabajadores en Vitoria
3 de marzo. pan, trabajo, techo, justicia y dignidad – Cuarenta y un años después seguimos reclamando justicia para los cinco trabajadores asesinados, reivindicando el reconocimiento de nuestra aportación a la recuperación de las libertades, y socializando las lecciones de una lucha en condiciones extremas bajo la dictadura.
Que seis mil trabajadores de distintas empresas mantuviéramos una huelga de dos meses fue singular pero no casual. Dirección y organización fueron imprescindibles, ya antes de la huelga. La Coordinadora Obrera de Vitoria posibilitó que las reivindicaciones fueran comunes y que en cada asamblea se eligieran representantes al margen del sindicato franquista. La Coordinadora de las Comisiones Representativas (CCRR) ejerció la dirección conjunta, reforzando el compromiso de defender a nuestros representantes frente a la represión patronal y policial, extendiendo el conflicto a todos los sectores sociales, y organizando la solidaridad de los trabajadores y organizaciones obreras internacionales.
Las asambleas eran escuelas en las que rápidamente se adquiría conciencia obrera. No nos enfrentábamos a cada empresario en cada empresa sino a todos como clase social, a sus sanciones colectivas, a sus despidos, a sus leyes, instituciones, policía, y medios de comunicación. Veíamos que el sistema estaba organizado para explotarnos; como trabajadores, como consumidores, y como ciudadanos. Sólo esta conciencia, y especialmente el papel activo que jugaron miles de mujeres, permiten comprender por qué la represión estimulaba nuestra lucha en lugar de frenarla y por qué su miedo a que se extendiera propició la masacre.
Dice Benedetti: «Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas pero esas muertes queridas van escribiendo la historia». Rompimos los topes salariales, se reconocieron las asambleas de fábrica, se readmitió a los despedidos, e impulsamos de forma decisiva todos los procesos hacia la democracia. En abril se imponía el Congreso de la UGT, y su primera decisión, por aclamación, exigir la libertad de los cuatro delegados al congreso que estaban presos en las cárceles de Nanclares y Carabanchel, y la de todos los demás detenidos. En julio la “Asamblea de Barcelona” reunía a las CCOO, y en octubre ELA-STV en Eibar. Poco después se legalizaban los sindicatos, con una carencia total de medios, y sin instrumentos legales para intervenir, los trabajadores se afiliaban masivamente, y se sucedían duras huelgas en defensa de los primeros convenios sectoriales.
Se dice que “la alegría en casa del pobre dura poco”. En 1977, los dirigentes socialistas y comunistas firmaban los Pactos de la Moncloa que imponían nuevamente topes salariales, facilitaban el despido libre, y contenía promesas que nunca se cumplieron. La oposición en las organizaciones obreras se zanjó mediante expulsiones. Después vendrían las elecciones sindicales y el Estatuto de los Trabajadores, y más tarde el desencanto y la desmovilización social.
Desde entonces, derechos importantes se han ido quedando en la cuneta, a golpe de reformas laborales que han cronificado la temporalidad, abaratado el despido, facilitado los descuelgues de convenios, y debilitado la negociación colectiva. La política de moderación salarial y de pactos sociales seguida por los dirigentes de UGT y CCOO ni ha hecho frente a esta situación ni evitado el crecimiento de la precariedad, la desigualdad, y la pobreza. La sociedad civil ha reaccionado; el movimiento de los indignados, las marchas de la dignidad, las mareas contra los recortes en prestaciones públicas, las plataformas antidesahucios en defensa del derecho a una vivienda digna, pero aún así, las cifras de paro, la corrupción, la pobreza infantil, la pobreza energética, la privatización y deterioro de servicios públicos, o el desfalco de la caja de pensiones, son insoportables.
Ante la perdida de influencia y de prestigio los sindicatos no pueden seguir subordinados a las propuestas del poder político. Tienen que recuperar su carácter de clase y reivindicativo. Los salarios y dietas de sus dirigentes deben ser públicos y transparentes. Los ingresos no pueden depender de las subvenciones públicas. Los delegados en las empresas deben dar cuenta del uso de sus horas sindicales. Los sindicatos deben vincularse a las organizaciones sociales y trabajar juntas para cambiar de raíz una sociedad en la que cada día hay más sin techo, más sin papeles, y más sin derechos.
El 3 de marzo tiene hoy plena vigencia; las asambleas de fábrica, la participación de los trabajadores, los objetivos compartidos, la unidad de acción, la elección de las personas más validas como representantes, la extensión y generalización de las luchas. Ahí están, reclamando solidaridad, los trabajadores de la limpieza en Gasteiz, de las residencias en Bizkaia, los cien despedidos en STS-SERT en Alegría, la huelga estatal del nueve de marzo en la enseñanza, o la de los estibadores en el estado. “Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero”. ¡Ellarrekin ahal dugu!
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