La corrupción extrema que exhala el Partido Popular se ha convertido en un elemento principal de la crisis de régimen que atraviesa el Estado español. La última trama que ha saltado a la luz –la llamada “operación Lezo”– ha golpeado de lleno en el aparato judicial, al desvelar los mecanismos utilizados por el gobierno para influir en el nombramiento de jueces y fiscales a fin de limitar, ocultar o paralizar las investigaciones de las tramas corruptas en que está implicado el PP.

La reciente decisión de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, de aceptar las exigencias de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, respecto al presupuesto municipal, es la última muestra de la política institucionalista llevada a cabo por el equipo de Ahora Madrid cercano a la propia alcaldesa, que  dentro de los límites del reformismo lo alejan del “cambio” prometido hace apenas dos años.

“Una sentencia de mínimos” es el cínico titular de hoy del diario El Mundo, refiriéndose a lo bien parada que ha salido la hermana del Rey Felipe VI de los delitos de que era acusada, y de los que ha resultado absuelta.

Un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar diseñado para el lucro privado ¿Cómo pueden enriquecerse un grupo de privilegiados tomando de rehenes al conjunto de la sociedad con algo de lo que depende la vida y la muerte de millones? Más aún cuando la mayor parte del sistema eléctrico español era público, levantado por generaciones de trabajadores, y fue privatizado por los gobiernos PP-PSOE en los años 90 para enriquecer a sus compinches de la oligarquía capitalista que gobierna el país en la sombra.