Doñana se muere ¡Paremos los regadíos ilegales y la sobreexplotación de sus acuíferos!

El pasado 12 de abril, el gobierno del PP en la Junta de Andalucía y Vox aprobaron la tramitación de una ley para legalizar los campos de regadíos ilegales que existen en el entorno del parque nacional de Doñana. En medio de una de las peores sequías en décadas, Juanma Moreno pretende regalar la poca agua disponible a las fincas de un puñado de propietarios.

El parque nacional de Doñana constituye uno de los enclaves naturales más importantes, no sólo de España, sino también de Europa. En él pueden observarse más de 300 especies de aves diferentes, que reposan en las marismas del Guadalquivir en sus migraciones entre África y Europa. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.

A pesar de su importancia, Doñana lleva décadas amenazado por numerosos problemas medioambientales. El más grave de ellos es precisamente la sobreexplotación de sus recursos hídricos mediante pozos ilegales. Por no hablar de los incendios forestales, el último en 2017.

Los pozos ilegales que el PP pretende legalizar suministran agua a cultivos intensivos de algodón, arroz y más recientemente de fresas. Según eldiario.es, apenas hay 10 inspectores encargados de supervisar la legalidad de las explotaciones en un entorno que ocupa 122.487 hectáreas. Frecuentemente lo hacen escoltados por la Guardia Civil por miedo a ser agredidos. Ya hubo un intento de asesinato a uno de ellos en 2018^[1].

Especialmente hipócrita en todo esto es la posición de gobierno central del PSOE, que ahora se posiciona como defensor de Doñana. En 40 años de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, con mayorías absolutas, jamás se han enfrentado seriamente a los propietarios de los pozos ilegales. Son tanto o más responsables que el PP por la destrucción de Doñana.

Lógicamente, las alarmas no han tardado en saltar entre otros sectores políticos relativamente más racionales. La Comisión Europea ha advertido con una multa de hasta 300 millones de euros al Estado español si la legislación sale adelante. El Estado español ya fue condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021, por las extracciones excesivas e ilegales de agua para los cultivos y por “no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración ocasionada” por estas captaciones sobre los hábitats prioritarios. De poco ha servido.

Es imposible evaluar toda la destrucción que ha sufrido Doñana y el campo andaluz en general en los últimos 40 años en este artículo. Sin embargo, daremos algunos datos. El acuífero de Doñana ha descendido 3 metros de media desde que se tomaran las primeras muestras en 1973 hasta 2020. Todas las masas de agua que componen Doñana han menguado. El descenso más acusado se ha registrado en la masa de agua Marismas, donde de media el nivel del agua ha decrecido 7,3 metros.

El nivel de agua de Doñana ha descendido paralelamente al crecimiento del cultivo de la fresa y la frambuesa. En este sector, las exportaciones alcanzaron un valor de 1.392 millones de euros durante la campaña de 2021/22. Estas fresas son recogidas por mano de obra migrante, principalmente mujeres marroquíes, que han denunciado numerosos abusos laborales y agresiones sexuales.

Este es el “desarrollo sostenible” de ASAJA y el resto de grandes empresas agrícolas que infectan el campo andaluz: la explotación sin límites de los recursos en pos de sus beneficios empresariales. Ciertamente, la avaricia de esta banda avergonzaría al sociópata más desequilibrado.

Ni el PSOE ni la Comisión Europea salvarán a Doñana de la codicia de los capitalistas agrícolas. La sentencia del TJUE apenas tuvo efectos, y las posibles multas ni siquiera estarían dirigidas contra los responsables directos. Doñana ya goza del mayor estatus de protección posible en el marco estatal y europeo, y eso no está impidiendo su lenta pero inexorable muerte.

No estamos en contra de la producción agrícola en Andalucía. El problema es la explotación masiva de los recursos naturales, fundamentalmente los acuíferos, que amenaza con convertir Andalucía en un desierto de aquí a pocas décadas. Existen medios tecnológicos para producir alimentos en nuestra tierra de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El problema es que estos propietarios no quieren gastar un céntimo en nada que no les resulte rentable. Estos “emprendedores” encuentran mucho más cómodo vivir de ayudas europeas mientras saquean y expolian los recursos naturales.

Aunque los regadíos juegan el papel más importante en la merma de los acuíferos, también la instalación turística de la cercana playa de Matalascañas, con su turismo masivo al cual no se pone coto, igualmente incide en el debilitamiento de aquéllos. Vemos aquí cómo el afán desmedido de lucro capitalista es una amenaza para el sostenimiento de un medio ambiente sano.

El cambio climático no es un mal divino que ha caído sobre la Tierra de una manera abstracta. Muy al contrario, hay responsables directos que perfectamente pueden ser enjuiciados y condenados. En este sentido, exigimos:

• Paro inmediato del proyecto de ley.
• Identificación y cierre de todos los pozos ilegales.
• Investigación minuciosa de todas las explotaciones.
• Expropiación sin indemnización de todos los propietarios que hayan robado agua del acuífero.
• Escrupulosa regularización laboral de todo el trabajo agrícola, especialmente el que envuelve trabajadores migrantes.
• Plenos derechos políticos y económicos para dichos trabajadores.
• Prohibición de nuevas construcciones en Matalascañas, e instalación masiva de plantas desalinizadoras como alternativa para el surtimiento de agua en esta instalación turística.

^[1] Ibídem.