El cambio climático propaga incendios forestales infernales

Durante finales de marzo y principios de abril, vimos grandes incendios forestales en al menos 8 provincias del país, desde la cornisa cantábrica hasta la punta gaditana de la península. Los peores casos a destacar son las 5.000 hectáreas carbonizadas en Teruel y Castellón, donde desalojaron 1.600 personas de 6 municipios durante 8 días, y los 116 incendios en 35 concejos de Asturias.

Estas incidencias representan la última ola de incendios que han contribuido a las 50.579 hectáreas totales arrasadas en el Estado español entre el 1º de enero y el 9 de abril de 2023 (El País, 11/04/23). Representa más de un 16% del total de 310.000 hectáreas de masa forestal carbonizada en 2022 en el Estado español, es decir lo equivalente a la provincia de Álava. 2022 fue el peor año del siglo actual, superando por cuatro veces la media de hectáreas quemadas en los últimos 15 años, y la cosa pinta peor para este año (El País, 22/03/23). Nuestros bosques y poblaciones rurales están en una situación muy grave.

Normalmente, “los incendios en primavera no suelen ser muy grandes” según Javier Madrigal, científico titular del Instituto de Ciencias Forestales del INIA-CSIC, y en el verano suelen quemar entre 500 y mil hectáreas en el norte. Pero Madrigal ha notado que “hay una tendencia a que haya cada vez más incendios de 500 hectáreas, cuando antes eran de 100 a 200”. Históricamente, ha sido muy poco habitual ver grandes incendios forestales (es decir, los que calcinan más de 500 hectáreas) durante esta temporada más fría, de noviembre a abril. De hecho, en los últimos 50 años solo el 10% de los grandes incendios forestales se ha producido durante este período. Los incendios que afectan más de 4.000 hectáreas son aún menos comunes, con solo 2 incidencias superando este nivel: en febrero de 1989 se quemaron 6.000 hectáreas en Asturias y en abril de 1994 se quemaron 7 mil en la Comunidad Valenciana. Pero ahora, gracias al cambio climático, el incendio de los bosques ibéricos es cada vez más frecuente y extenso. Comentando sobre los fuegos en Castellón, el experto en gestión forestal Ferran Dalmau-Rovira dijo que “ha sido muy agresivo y ha quemado el monte de forma muy rápida y muy intensa” y, de hecho, “ha estado varios días fuera de la capacidad de extinción” (El País, 31/03/23).

La causa principal del adelanto de estos fuegos son las temperaturas veraniegas en plena primavera. Están entre 7 y 14 grados más altas de lo normal, según la AEMET. Aparte del aumento de calor, el portavoz del Colegio de Ingenieros Forestales, José Ramón González Pan, subraya que vamos a presenciar “un escenario con mayor aridez, más escasez de agua y precipitaciones concentradas en menos días, lo que afecta a la vegetación”. González Pan indica que “todo esto puede favorecer la propagación excesiva de fuegos y convertirla en inabordable” (El País, 31/03/23).

Como solución, Greenpeace propone quemar 100.000 hectáreas al año bajo supervisión técnica y de baja intensidad para eliminar la acumulación de material combustible en los bosques, y de ahí atenuar el riesgo de incendios forestales masivos. Su propuesta implica menos daño a los ecosistemas y menos evacuaciones de ciudadanos, con una inversión estimada de 225 millones de euros. Greenpeace subraya que la misma superficie quemada en incendios no controlados alcanzaría mil millones de euros de coste.

Pero hay que ir más allá de las medidas preventivas que el gobierno debería llevar a cabo. Hay que expropiar las industrias contaminantes que alimentan el uso de los combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global, lo que resulta en más incendios forestales. Además de las masas forestales de alto interés ecológico que están en manos privadas. No basta con exigir acuerdos climáticos a los políticos y a las empresas, porque los tiran por la ventana cuando dejan de convenir a los intereses a corto plazo de la clase dominante, que solo quiere obtener beneficios. Hay que poner la gestión de los bosques y las palancas fundamentales de la economía bajo control obrero democrático para cubrir las necesidades de todos, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales y custodiar de forma sostenible la naturaleza.

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