Un balance sindical de la legislatura

La clase obrera saludó con cautela y un cierto grado de esperanza la irrupción del gobierno PSOE-Unidas Podemos que puso fin a la pesadilla de la legislatura del Partido Popular. Había grandes expectativas de que las profundas medidas antiobreras puestas en marcha por el Gobierno PP, especialmente la Reforma Laboral, las Reformas de las Pensiones, la ley Mordaza… fueran derogadas.

Así lo prometían todos los partidos de la izquierda que aseguraban, en el calor de los mítines, que serían las primeras medidas a tomar en la nueva legislatura. Ahora, en el último tramo de esta legislatura toca hacer balance, ver el impacto en las condiciones de vida de los trabajadores.

La reforma laboral

De las principales medidas acordadas con el Gobierno y la CEOE y su importancia real para los trabajadores, destaca por su relevancia la Reforma Laboral. Los trabajadores esperaban del gobierno PSOE-UP su derogación urgente, y de los sindicatos UGT y CCOO una presión constante para conseguirlo.

La poda rigurosa de los derechos laborales contenidos en la legislación social, y más específicamente en el Estatuto de los Trabajadores que significó la reforma realizada por el PP, permitió a las empresas un poder omnímodo sobre los trabajadores en los tres aspectos fundamentales del trabajo. Primero, la contratación, permitiendo la contratación a la carta y dando jugosas subvenciones públicas por contrato a las empresas. Esto llevó a que a partir de la reforma PP nueve de cada diez contratos fueran precarios, la eventualidad superase el 25% de los asalariados y estos trabajadores estuvieran “disciplinados” bajo la bota patronal, sin derechos y con miedo al despido.

En segundo lugar facilitó el cambio arbitrario de las condiciones de trabajo con el objetivo de adaptar las condiciones de trabajo: horario, jornada, salario, traslados… a las necesidades exclusivas del empresario, sin tener en cuenta la situación y necesidades de los trabajadores y eliminando las derechos de participación de los trabajadores y de arbitraje de la Autoridad Laboral. Como afirmó un colectivo de catedráticos de Derecho del Trabajo, la empresa, con esta limitación de derechos, se convirtió en un “campo de concentración”.

En tercer lugar está la regulación del despido. El abaratamiento del coste del despido. La eliminación de la participación de la autoridad laboral en los ERES provocaron, y siguen haciéndolo, millones de despidos arbitrarios y baratos.

Nada de esto cambió con la nueva reforma laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz y avalada por las cúpulas de UGT y CCOO. La valoración que hacemos y que ya publicamos cuando se firmó es, por tanto, negativa. La situación de los trabajadores no ha mejorado, la intensidad de la explotación de la mano de obra se mantiene y lo hace porque los elementos centrales de la Reforma del Partido Popular no han sido tocados en lo sustancial, excepto en el capítulo de la contratación, en el que se han realizado algunos cambios que mejoran la situación anterior pero no atajan la precariedad generalizada. La actitud de las direcciones sindicales, que aceptaron las condiciones impuestas por Bruselas, excluyendo de la negociación los aspectos centrales como el cambio sustancial de condiciones de trabajo o la regulación del despido, predeterminaron la vacuidad de la reforma y sus mínimos efectos efectos para los trabajadores. La reforma laboral del PP, contra la que se hizo una huelga general, ahora es buena para estos sindicatos. Son patéticos sus lamentos actuales exigiendo negociar de nuevo las indemnizaciones por despido. Tuvieron su oportunidad de hacerlo y cedieron a la patronal, el gobierno y las exigencias de la Unión Europea (UE). Podrían haberlas rechazado y haber llamado a la movilización de la clase obrera, es seguro que un llamamiento a una lucha decidida contra la reforma laboral hubiera tenido eco y la clase obrera hubiera tenido mejores resultados.

La reforma de las pensiones

La segunda reforma pactada por UGT y CCOO ha sido la reforma de las pensiones.

La situación de los pensionistas actuales y futuros después de la reforma, primero del PSOE, pactada con UGT y CCOO; y posteriormente con la del PP, condenaba a los pensionistas al empobrecimiento, al no revalorizar durante décadas con el IPC, el poder adquisitivo de las pensiones, también incluyó un mecanismo, el factor de sostenibilidad, que permitía reducir la cuantía de la pensión si aumentaba la esperanza de vida del trabajador. Tenemos que tener en cuenta la precaria situación de la mayoría de los pensionistas, y el impacto de estas medidas sobre sus pensiones. Según el Informe Económico Financiero de la S. Social, el 55.4% de los pensionistas no llegan a mileuristas, con especial énfasis en la situación de las mujeres trabajadoras. Esta situación insoportable impulsó la irrupción en las calles de un movimiento de los pensionistas de carácter inédito y muy combativo en defensa de las pensiones públicas frente a los planes privados de pensiones que el gobierno, la patronal y la UE quieren implantar, un movimiento que ha exigido permanentemente la derogación de las reformas regresivas del 2011 y 2013 y una pensión mínima de 1080 euros, la eliminación de la brecha de género, etc.

La actitud de UGT y CCOO en esta negociación, también condicionada por la UE, que exigió mantener las reformas existentes en lo sustancial, ha sido la de defender su reforma de las pensiones acordada con el PSOE en 2011. Esa reforma, que estos sindicatos valoran positivamente y a la que no quieren renunciar, amplió la edad de jubilación a los 67 años y el periodo de cálculo de 15 a 25 años, dos medidas que retrasan dos años el acceso a la jubilación, la primera, y cuando finalmente se jubila el trabajador lo hace con pensiones más pobres con la segunda de las medidas. Su objetivo en esta negociación ha sido revalorizar las pensiones con el IPC y eliminar el Factor de sostenibilidad incorporados por el PP en la reforma del año 2013. Pero el problema, la gran excusa que pende como amenaza sobre el futuro de las pensiones públicas, es lo que los burócratas de Bruselas, la patronal, el Gobierno y los propios sindicatos llaman la sostenibilidad del sistema. La ley establece que las pensiones públicas se pagarán con las cotizaciones sociales. Si los salarios son bajos, si las cotizaciones sociales están congeladas durante años porque la patronal lo considera un impuesto al trabajo, hay crisis económica y además se utilizan las cotizaciones sociales para usos ajenos al pago de las pensiones, como se hizo abundantemente subvencionando la contratación a los empresarios, pues tenemos la tormenta perfecta en la que las cotizaciones son insuficientes para pagar las pensiones. Por lo tanto, la derogación de las reformas de Pensiones de 2011 y 2013 son imprescindibles para el futuro de las pensiones públicas, Sin su derogación habrá excusas una y otra vez para desmantelar el sistema, empobrecerlo y hacer negocio de un derecho fundamental. UGT y CCOO han vuelto a aceptar como buena moneda las migajas concedidas por la UE. Y sin recurrir a los trabajadores, encerrados en los despachos ministeriales, han dado el visto bueno a una reforma que, si bien es cierto, no ha sido como las del PP, un tijeretazo a la cuantía de las pensiones, sin embargo no cuestiona el principio de que solo con las cotizaciones se pagan las pensiones, con lo cual dados los salarios cada vez más miserables y por lo tanto unas cotizaciones también miserables, la crisis del sistema y los mecanismos aprobados de ajuste de las prestaciones de jubilación a las cotizaciones recaudadas estarán a la orden del día. En esta negociación, la UE, el Gobierno, y los defensores de las pensiones privadas, con el aval de los dirigentes sindicales, han conseguido sus objetivos, han mantenido lo esencial de las reformas anteriores excepto la revalorización con el IPC medio, la edad de jubilación sigue en 67 años, el periodo de cómputo se amplía hasta 29 años, pudiendo descontarse los dos más desfavorables, y quedándose en esa cifra finalmente (27 años) como periodo de cómputo definitivo, y se introducen los planes privados complementarios.

La negociación colectiva

Estos acuerdos, en aspectos centrales para la vida de los trabajadores, muestran el alejamiento de estos dos sindicatos de las necesidades de los trabajadores. A ellos se podría añadir la pésima gestión de la negociación colectiva en un momento de crecimiento económico en el que ha habido beneficios récord por parte de las empresas y sin embargo se ha producido una pérdida enorme del poder adquisitivo de los salarios, acentuada por la inflación, que UGT y CCOO han avalado con su firma en muchos convenios sin recurrir a la movilización de los trabajadores.

Transformar los sindicatos

Es urgente transformar estos sindicatos, democratizarlos, crear corrientes antiburocráticas de oposición para convertirlos en potentes instrumentos de lucha de la clase obrera, preparados para las luchas.

Las luchas impresionantes que están teniendo lugar en Francia con motivo del alargamiento de la edad de jubilación y el hartazgo por la degradación de los derechos sociales nos anuncian la intensidad de las luchas que se avecinan. Los vivos debates en el congreso de la CGT francesa promovidos por la oposición de izquierda traslada al congreso las necesidades urgentes de la clase obrera en lucha y anuncia con decisión la necesidad de generalizar las luchas, de responder a la represión, de rechazar el sindicalismo de concertación y dialogo social, de defender el internacionalismo como la herramienta más poderosa y, en definitiva, luchar contra el capitalismo que nos condena a sobrevivir y destruye la vida en el planeta.